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Por Adalberto de la Rosa SANTO DOMINGO.-El abogado y periodista Radhamés Rodríguez, demandó al Congreso la modificación de la Ley de Condominios 5038, del 21 de noviembre de 1958, al considerar que resulta insuficiente para enfrentar los conflictos que actualmente se generan en edificaciones residenciales del país. Continue reading Abogado propone reformar Ley 5038 de Condominio por…

EsSalud Puno propone regreso de exgerente denunciado por facilitar nepotismo y malos manejos

EsSalud propuso a Juan Carlos Mendoza Velásquez como gerente de la Red Asistencial Puno mediante Nota N°001796-GCOP-ESSALUD-2025 elevada a Lima el 1 de septiembre. Este sería un retorno a la institución ya que el médico asumió la gerencia durante el período 2018-2020 enfrentando múltiples denuncias.

La propuesta fue enviada bajo el expediente 0003820250000361 a Martín Colca Ccahuana, gerente general de EsSalud. Mendoza reemplazaría a Richard Escobar Encinas pese a las denuncias penales desde 2014 hasta 2022 en archivos del Ministerio Público.

La documentación revela que EsSalud omitió considerar las múltiples denuncias por favorecimiento a familiares en procesos de selección. Abel Mamani Calixto denunció que «vienen ingresando a laborar solo familiares» de funcionarios y trabajadores durante su gestión anterior.

Se obvió también el Informe de Control N° 107-2020-OCI/0251-SVC del 22 de mayo 2020 determinó sobrestock de medicamentos próximos a vencerse en el almacén central del Hospital Base III Puno. La Contraloría identificó falta de adecuado control y revisión de cantidades entregadas bajo supervisión de Mendoza. las observaciones incluyen mal rotulado y ubicación de medicamentos además de carencia de equipamiento para conservación adecuada. El almacén presentaba falta de control de temperatura y deficiente gestión para consultorios externos e IPRESS durante su administración.

Los archivos del Ministerio Público registran denuncias contra Mendoza por delito contra la fe pública teniendo como agraviada principal a la Dirección Regional de Salud. Las imputaciones incluyen abuso de autoridad, negociación incompatible y aprovechamiento indebido durante diferentes períodos de gestión.

El funcionario enfrenta acusaciones por lesiones leves, resistencia a la autoridad y desobediencia según documentación oficial. Las denuncias se extienden desde 2014 hasta 2022 evidenciando un patrón constante de cuestionamientos sobre su desempeño administrativo.

Las imputaciones más graves incluyen concusión, colusión con defraudación patrimonial y peculado según registros del ministerio. Este extenso rosario de denuncias cuestiona severamente la idoneidad del funcionario para dirigir nuevamente la Red Asistencial Puno

A esto se suman denuncias graves de nepotismo donde se detalla que Mirian Cáceres Ampuero, trabajadora en ese entonces del área de adquisiciones, «ayudó a ingresar a toda su familia» en concursos durante la gestión de Mendoza. Sus familiares Yolanda y Zulma Armaza Cáceres obtuvieron plazas laborales irregularmente.

José Tadeo Armaza Cáceres ingresó como digitador asistencial siendo ingeniero geológico cuando las bases exigían técnico en computación. Teodoro Rojas colocó a su hijo Bryan Rojas Ortiz como médico en el concurso PS.003-CAS-RAPUN-2020 evidenciando favoritismo sistemático.

Las denuncias ciudadanas desde enero 2020 fueron archivadas sin investigación pese a evidencias documentales. Los denunciantes exigían «inmediata reestructuración» por contravenir lineamientos contra la corrupción en el sector público.

Pero a pesar de las evidencias Edilberto de la Cruz Salazar Zender, Gerente Central de Operaciones de EsSalud, firmó la propuesta calificando a Mendoza como «profesional que cumple con las competencias» según Resolución N° 925-PE-ESSALUD-2024. La evaluación omite completamente el extenso historial de denuncias penales y observaciones de control institucional.

La decisión de proponer nuevamente al funcionario cuestiona los criterios de selección de autoridades en EsSalud. La institución priorizó supuestas competencias técnicas sobre la probidad y transparencia requeridas para cargos de responsabilidad pública sanitaria.

Los antecedentes documentados desde 2014 evidencian un patrón sistemático de irregularidades que compromete la confianza institucional. La ciudadanía merece autoridades sanitarias sin sombras que garanticen gestión transparente y eficiente de recursos públicos destinados a salud.

Puno