Carmen Parejo Rendón* Mientras las potencias europeas y sus aliados se reunían los días 7 y 8 de julio en Ankara, en una nueva cumbre de la OTAN destinada a ratificar la escalada armamentística y el aumento del gasto militar, otro mapa de Europa se dibujaba lejos de los salones oficiales. De Portugal a España, de Francia a Bélgica, las huelgas en la sanidad y la educación escenifican una crisis más profunda: la guerra contra la pérdida de derechos sociales conquistados durante décadas de lucha obrera y popular. La falta de personal sanitario, el deterioro de la enseñanza pública, la precarización laboral y el aumento de las listas de espera forman parte de una ofensiva contra lo común iniciada mucho antes del actual rearme, pero que amenaza con agravarse cuando el dinero negado para sostener la vida aparece, de pronto, para financiar armas, ejércitos e industrias militares. Recordemos que estos derechos no fueron una concesión generosa de las élites ni el resultado natural del desarrollo capitalista. Fueron conquistados mediante décadas de huelgas, movilizaciones y organización del movimiento obrero europeo. También respondieron al equilibrio surgido tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el prestigio de la Unión Soviética —decisiva en la derrota del nazismo y referencia de una alternativa social posible— obligó a las clases dominantes occidentales a realizar concesiones para contener el avance comunista y evitar una salida revolucionaria. A ello se sumó un elemento frecuentemente omitido: parte de aquel pacto social se sostuvo con las ganancias del expolio colonial y neocolonial del llamado Tercer Mundo. El capital europeo aceptó repartir dentro de sus fronteras una fracción de la riqueza extraída fuera. El Estado social fue así una conquista de clase, una respuesta defensiva frente al socialismo y una construcción parcialmente financiada mediante la explotación de otros pueblos. La falta de personal sanitario, el deterioro de la enseñanza pública, la precarización laboral y el aumento de las listas de espera forman parte de una ofensiva contra lo común iniciada mucho antes del actual rearme, pero que amenaza con agravarse cuando el dinero negado para sostener la vida aparece, de pronto, para financiar armas, ejércitos e industrias militares. La ofensiva contra ese frágil equilibrio no comenzó con el actual rearme. La crisis financiera de 2008 fue utilizada para convertir una deuda creada por bancos y grandes capitales en una factura impuesta a las mayorías. Bajo el lenguaje técnico de la austeridad y la disciplina fiscal, se recortaron presupuestos, se congelaron salarios, se eliminaron plazas y se abrieron nuevos espacios a la privatización. La Organización Mundial de la Salud documentó que la reducción de los presupuestos hospitalarios aumentó las listas de espera en países como Grecia y Letonia. Años después, la pandemia encontró unos servicios públicos debilitados por la desinversión. La educación siguió una trayectoria semejante: entre 2015 y 2022, su peso medio en los presupuestos públicos de los países de la OCDE cayó del 10,9 % al 10,1 %. Los hospitales saturados y las aulas masificadas reflejan así las cicatrices visibles de estas decisiones políticas prolongadas. En España, el malestar ha convertido la educación pública en uno de los principales frentes de esta guerra social. En la Comunidad Valenciana, 78.000 docentes fueron llamados en mayo a la primera gran huelga indefinida del sector desde 1988. Tras veintiún jornadas de paro, el profesorado suspendió temporalmente la movilización, pero rechazó por insuficiente la propuesta de la Generalitat. Cataluña ha vivido meses de protestas y ha convocado un nuevo paro para el 8 de septiembre, lo que puede condicionar el inicio del curso lectivo. Madrid y Aragón también han sido escenario de movilizaciones, mientras el personal de las escuelas infantiles protagonizó una jornada estatal de huelga. El capital europeo aceptó repartir dentro de sus fronteras una fracción de la riqueza extraída fuera. El Estado social fue así una conquista de clase, una re...
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