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La revista de pastelería Dulcypas promueve el incumplimiento del confinamiento por el CoronaVirus

En 1912, cuando se hundió el Titánic descubrimos nuevos límites en la vileza del ser humano al conocer como una situación tan trágica como lo que aconteció a los pasajeros y tripulantes del trasatlántico pudo generar un objetivo de beneficio económico entre algunos oficiales al «vender» plazas de los botes salvavidas menos concurridos en los últimos momentos antes del hundimiento.

Se dijo que todo ello formaba parte de la naturaleza humana, el aprovecharse de las peores situaciones para obtener ganancias de los que quedan en pie o pueden permitírselo.

Lo que no se podía esperar es que en pleno siglo XXI, hayamos tenidos que vivir situaciones similares como el retraso de las primeras comunicaciones del presidente del gobierno de nuestro país para que los medios de prensa digital pudiesen beneficiarse de la publicidad previa al evento (Antena 3 obligaba a ver 3 anuncios antes de la comparecencia indicando que al final se podría presenciar y el bucle de anuncios se hizo infinito durante 40 minutos), o como algunas empresas han cambiado su «actividad productiva» para incluir las que si les permiten abrir y obligar a sus trabajadores a cumplir sus horarios.

Pues si esto nos parecía poco, la última evocación del «titanismo» la ha protagonizado una revista de pastelería del país llamada «Dulcypas», perteneciente al Grupo editorial Vilbo, a la que no se la ocurrido otra invención que felicitar y promover una campaña para que no se suspenda la venta de «monas de Pascua» a pesar de la exigencia de toda la sociedad, los expertos sanitarios y el gobierno, por parte de un grupo de pastelerías de nuestro país.

Una vez más, está claro, el cuarto poder no puede perder la oportunidad de ganar dinero y si el crear una campaña para promover la asistencia de trabajadores a puestos innecesarios para los servicios básicos, les permite seguir obteniendo beneficios por publicidad, que importa poner en peligro no solo a ellos, sino a toda la cadena de ciudadanos implicados como transportistas, proveedores, mensajeros, clientes y familiares de todos ellos.

Si un hashtag promovido por la ciudadanía «#yomequedoencasa» no te da una vía de ingresos solo hay que pensar en crear uno que sí lo haga «#mesmonesquemai» (mas monas que nunca).

Felicidades por demostrarnos una vez más que tenemos la sociedad que nos merecemos. Así se consiguen los grandes éxitos… como estar por delante de China en muertes por el CoronaVirus (Covid19).

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A Estados Unidos le interesa mas el fútbol y las mujeres que el Coronavirus

Nuestro mundo esta lleno de curiosidades de todo tipo, pero las que superan la imaginación de los ciudadanos son las que surgen del mundo político y económico, fundamentalmente por que son las que se mantiene con un mayor ocultismo y encriptación.

Estados Unidos, la nación que lanzó la voz de alarma sobre el Coronavirus o la décima tentativa de pandemia mundial que va a terminar con el ser humano, es curiosamente el país que mayor número de inmigrantes de China tiene dentro de sus fronteras. Sólo en Nueva York hay más de «medio millón» de inmigrantes de origen chino.

Todos hemos oido hablar de ChinaTown (barrio de inmigrantes chinos), pero sabemos que hay un «Chinatown» en cada una de las principales ciudades de todos los estados de USA?.

Por lo tanto, como puede ser que se lance la voz de alerta sobre una pandemia que acabará con el mundo por parte del país que tiene más inmigrantes del foco de la misma y el propio Google, en su su servicio de palabras y términos más buscados por los usuarios a nivel mundial, nos desvele que lo más buscado en Estados Unidos es el Futbol Americano, el culo de Kim Kardashian o los estrenos de Taylor Swift?

Aunque lo mejor de todo es que hablamos de una pandemia mundial con fecha de caducidad programada, pues los países que están tomando las medidas de control sanitario más drásticas las anuncian con «fecha de finalización» (antes de sus principales épocas turísticas), sus síntomas no dejan de ser los propios de una «gripe agravada» o una «neumonía» y el número de víctimas no superan los que se padecen durante estas fechas cada año.

… Pero debemos entender que Trump el nuevo Felipe IV de Francia, la industria farmacéutica y el periodismo el papa Nicolas IV y China los nuevos Templarios.

Nuestro políticos actuales no son originales pero por desgracia sí que saben leer, que mejor solución para no pagar un crédito que eliminar a tu acreedor.

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Aumenta la larga lista de jueces suspendidos por el CGPJ

El nombre del juez Baltasar Garzón, suspendido hoy cautelarmente, se ha unido a una larga lista de magistrados a los que en las dos últimas décadas el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apartado provisionalmente de la carrera por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

Entre ellos figura otro juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño; presidentes de Audiencias Provinciales como el de Las Palmas, José Antonio Martín; o el magistrado de Murcia Fernando Ferrín Calamita, finalmente condenado por retrasar la tramitación del expediente de adopción de una niña por parte de la compañera sentimental de su madre.

Sin haber sido procesado formalmente, pero con el visto bueno de la Fiscalía, el CGPJ suspendió a Calamita en febrero de 2008 después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia admitiera a trámite la querella que la mujer presentó contra él.

Otros jueces sancionados por el Poder Judicial en los últimos 20 años fueron apartados de la carrera al ser procesados por presuntos delitos cometidos en el desempeño de su cargo.

Así, en julio de 1984 se acordó la suspensión cautelar de los jueces de Barcelona Joaquín García Lavernia y Carlos Lorenzo Penalva de Vega, procesados por prevaricación y cohecho, y que, cuatro años después, fueron condenados a penas de 5 y 4 años de cárcel y a 11 de inhabilitación, lo que les valió su expulsión definitiva.

Pero Garzón no ha sido el único magistrado de la Audiencia Nacional suspendido de forma provisional. En junio de 1999, el juez Javier Gómez de Liaño fue apartado de la carrera judicial por un año tras ser procesado por tres delitos de prevaricación durante la instrucción del «caso Sogecable», por el que luego fue condenado a 15 años de inhabilitación.

En agosto de 1990, el CGPJ suspendió cautelarmente al juez de la Audiencia de Granada José Cáliz Covaleda, procesado por presuntos delitos de cohecho y prevaricación tras realizar una operación antidroga, aunque en octubre de ese año fue levantada la sanción.

Otro de los magistrados apartados de forma provisional de la Judicatura ha sido el juez de Barcelona José Ramón Manzanares Codesal, suspendido en marzo de 2001 a raíz de que el TSJ de Cataluña le abriera juicio oral por delitos de prevaricación.

El juez de primera instancia e instrucción número 2 de La Palma del Condado (Huelva), Justo Gómez, fue suspendido en octubre de ese mismo años después de que el TSJ andaluz abriera una investigación penal contra él, que culminó con una condena de dos años de cárcel y 18 años y medio de inhabilitación.

El que fuera presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín y Martín, fue apartado de forma provisional de la Judicatura en enero de 2006 hasta aclarar su presunto trato de favor a un narcotraficante, hechos por los que resultó condenado en 2009 a un año y medio de suspensión, aunque el TS lo absolvió en enero de este año y un mes después el CGPJ levantó su suspensión.

Uno de los últimos jueces suspendido ha sido el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga), Francisco Javier de Urquía, que fue apartado de sus funciones en julio de 2007 al ser investigado en el «caso Malaya» por supuestos delitos de prevaricación y cohecho, por los que fue condenado a 21 meses de suspensión.

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Las cartas de referencias evitan contratar personal tóxico

Hace años se exigían la cartas de referencias en las entrevistas de selección de personal, lo que permitía a los empresarios conocer la vida laboral, experiencia previa y datos de las empresas en las que habia trabajado el postulante a un nuevo puesto de trabajo.

Con el tiempo y por un motivo desconocido los empresarios no solo han dejado de exigirlas sino que no les dan la importancia precisa para evitar problemas futuras.

Actualmente y gracias a la moda del «vamos a demandar que algo sacaremos» impuesta por la manada de los cientos de abogados laboralistas y graduados sociales que han visto en la permisividad y saturación de los juzgados sociales una forma forma fácil y efectiva de ganar dinero se ha vuelto a imponer la necesidad de exigir e incluso comprobar las «cartas de referencias laborales» para evitar la contratación de personal tóxico en las empresas.

Los primero que debe hacer es revisar las fechas de las contrataciones y tiempos de desempeño en los empleos redactados en la «carta». Si hay un gran número de empresas y tiempos de duración cortos… alarma, el trabajador tiene como objetivo conseguir contratos y poder demandar a las empresas por cualquier motivo que su abogado/comisionista le pueda plantear.

Lo segundo es desconfiar de los largos plazos vacíos entre contrataciones, suele deberse a contrataciones con las empresas a las que se ha demandado y quiere evitarse que el contratante contacte con ellas para conocer el verdadero perfil del solicitante.

Lo tercero y más importante es solicitar con el curriculum el «informe de vida laboral», puede parecer exagerado, pero si se siguen todas estas normas más algunas llamadas a varias de las empresas del curriculum nos aseguraremos futuras visitas el CEMAC y sobre todo a los Juzgados de los Social.

Recordemos que nuestro país tiene el sistema judicial laboral más permisivo hacia el trabajador y más inquisitivo hacia los empresarios de toda europa.

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Cada vez más jueces inhabilitados por prevaricar

Baltasar Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación, al ordenar la grabación de las conversaciones en la cárcel de los cabecillas del caso Gürtel y sus abogados. Antes que él han sido apartados de la carrera judicial otros magistrados por el mismo delito: dictar, a sabiendas, sentencias o resoluciones injustas.

Javier Gómez de Liaño, 15 años Uno de los casos más mediáticos fue el de Javier Gómez de Liaño, compañero entonces de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Liaño fue condenado a 15 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo el 15 de octubre de 1999 por prevaricación en el caso Sogecable.

Liaño investigó a la empresa Sogecable (Canal Plus) por supuestas irregularidades contables y por utilizar «indebidamente» la garantía depositada por los abonados. El caso fue finalmente archivado y el juez condenado después de haber sido suspendido por el CGPJ el 19 de junio de 1998, informa Efe.

El alto tribunal hacía referencia en su sentencia a tres resoluciones en concreto que «constituyen solo la manifestación de una instrucción en forma contraria al derecho, sin sujeción a la ley vigente». La sentencia afirmaba que no es que la causa se archivara en falso, sino que «Liaño la abrió en falso».

Las decisiones en las que prevaricó Liaño, según la sentencia, eran las siguientes: mantener el secreto del sumario cuando la Audiencia le había pedido ya que lo levantara, la prohibición a los directivos de Sogecable de salir de España y la imposición de una fianza de 200 millones de pesetas de las de entonces a Jesús de Polanco.

En el juicio declaró precisamente como testigo Baltasar Garzón, quien aseguró en su declaración que Liaño y el fiscal Ignacio Gordillo habían mentido al Tribunal y acusó a la fiscal María Dolores Márquez de Prado, esposa y abogada defensora del juez, de haber dicho cuando se admitió la denuncia por el caso Sogecable que iban «a hacer la resolución judicial para acabar con el sistema político corrupto y con el felipismo».

En aquella época Liaño también instruía el caso del asesinato de los etarras Lasa y Zabala por parte de los GAL. De hecho, cuando Liaño fue suspendido Izquierda Unida denunció que había una «operación» para separar al juez de otros «asuntos de importancia, relacionados con la guerra sucia» contra ETA.

Javier Gómez de Liaño fue finalmente indultado por el Gobierno de José María Aznar en diciembre de 2000 y el CGPJ decidió readmitirle en la carrera judicial dos años después. Sin embargo, no ha vuelto a ejercer.

En julio de 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a pagar 5.000 euros a Liaño al considerar que no había tenido un juicio imparcial.

Pascual Estevill, seis años de inhabilitación Antes de Liaño solo había habido un precedente, el del exjuez Pascual Estevill. El Tribunal Supremo condenó a seis años de inhabilitación en julio de 1996 al entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por un delito continuado de prevaricación y dos de detención ilegal.

La sentencia consideró probado que Estevill adoptó decisiones a sabiendas de que eran injustas por «íntimas convicciones extraprocesales», entre ellas el ingreso en prisión de tres personas, según informó entonces El País.

Años después, en enero de 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le condenó a nueve años de prisión por delitos de cohecho y prevaricación en el proceso de corrupción más grave detectado hasta entonces en España.

Según la sentencia, Estevill atemorizó a empresarios y banqueros aprovechando su condición de juez instructor para extorsionarles bajo amenazas de enviarles a prisión y que dictó resoluciones injustas, informa Efe. El Supremo confirmó la sentencia en septiembre de 2006.

Justo Gómez Romero, 18 años de inhabilitación En julio de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó a dos años de prisión y 18 años de inhabilitación al juez de la Palma del Condado (Huelva) Justo Gómez Romero por cohecho, prevaricación impropia y exacciones ilegales cometidos en 1996.

El Tribunal Supremo confirmó la condena a Romero en agosto de 2004. El alto tribunal consideró probado que el juez recibió dinero por evitar el desahucio de un mesón de esta localidad. Prevaricó por no inhibirse en un proceso de ejecución hipotecaria de una entidad cuyo presidente era familiar y por rechazar suspender una subasta pública de un complejo turístico. Además exigió 300 euros a un vecino por dos certificados de nacimiento y matrimonio.

Calamita y Serrano, los últimos casos En diciembre de 2009, el Supremo aumentó de dos a diez años de inhabilitación la condena al juez Fernando Ferrín Calamita por prevaricación al retrasar la adopción de una menor que había sido solicitada por parte de la compañera sentimental de la madre biológica.

El pasado mes de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó al juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano a dos años de inhabilitación por prevaricación culposa al prorrogar el régimen de visitas de un padre divorciado a su hijo.

Por su parte, el juez de Marbella Javier de Urquía fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a 10 años de inhabilitación, pero el Supremo le absolvió de este delito en marzo del 2009 y solo confirmó la pena de dos años de prisión por cohecho al aceptar dinero del exasesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca.

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Cierran por quiebra 25 de los restaurantes del famoso Chef Jamie Olivier

El cocinero más conocido de Reino Unido, popular por sus programas de televisión y sus libros de recetas, colocó su negocio en manos de administradores. Si no se consigue un comprador, al menos 23 de ellos cerrarán, con cerca de 1.000 empleados.

El negocio de restaurantes del chef Jamie Oliver ha tomado medidas para iniciar los procedimientos de insolvencia, poniendo en peligro 1.300 puestos de trabajo, al no lograr mejorar sus resultados.

La compañía del famoso cocinero británico presentó una notificación ante el Tribunal Superior que coloca el negocio en manos de administradores. El proceso afecta a 25 Jamie’s Italian, asadores Barbecoa y restaurantes Fifteen en el Reino Unido pero no a la división internacional.

Oliver ha intentado reanimar su negocio de restaurantes durante los últimos años en medio de un difícil mercado de consumidores, una competencia intensa y el aumento de los costos. El año pasado, el chef, que ha logrado una gran audiencia de televisión, completó un acuerdo voluntario de su marca italiana Jamie. El procedimiento le permitía cerrar establecimientos y reducir los alquileres, pero eso no fue suficiente.

«Estoy profundamente triste por este resultado y quisiera agradecer a todo el personal y a los suministradores que han puesto el alma y el corazón en este negocio durante más de una década. Me doy cuenta cuán difícil es esto para todo el mundo afectado«, señaló el cocinero en un comunicado.

El chef, que se hizo popular en la televisión británica con sus programas de cocina, añadió que la cadena fue puesta en marcha con la intención de servir platos hechos con ingredientes de calidad y agradeció al personal que compartió con él «la pasión por la buena comida y el servicio».

Los problemas que afrontaba la cadena obligaron el año pasado a cerrar 12 de 37 restaurantes, mientras que el cocinero se vio condicionado a aportar 13 millones de libras (más de USD 16 millones) de su fortuna personal para salvar el negocio.

Los medios británicos afirmaron que sus restaurantes fueron puestos bajo administración judicial del gabinete KPMG, que ahora buscará a uno o varios compradores para toda o una parte de la actividad. Si nadie retoma el negocio, los establecimientos cerrarán.

Los restaurantes de Oliver son las víctimas más recientes de un cambio de tendencias que ha afectado al sector de restaurantes sencillos después de golpear a cadenas como Applebee’s, TGI Friday’s y Ruby Tuesday en Estados Unidos. En Gran Bretaña locales como Byron Hamburgers, Gaucho, Carluccio’s, Prezzo y Strada han tenido que reestructurarse en los últimos años.

Además de sus recetas, Oliver se hizo popular por apoyar una fuerte campaña destinada a mejorar la calidad de la comida que se sirve en las escuelas del Reino Unido.

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Comienza el juicio a los periodistas acusados de revelación de secretos oficiales

Los periodistas de ‘eldiario.es’ que destaparon el caso máster declaran hoy acusados de descubrimiento de secretos

Los periodistas de ‘eldiario.es’ Ignacio Escolar y Raquel Ejerique declararán hoy como investigados por la publicación de la noticia que destapó el pasado 21 de marzo el caso sobre las presuntas irregularidades en el máster que cursó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). La citación del juez de Instrucción número 29 de Madrid se produce en el marco de la querella presentada contra ellos por la propia expresiden …

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La alcaldesa de Madrid se opone a una sentencia judicial que le obliga a declarar si tiene patrimonio privada no declarado

Un juzgado falla que la alcaldesa tiene que informar sobre el nombre de las empresas de las que es accionista.

Un ciudadano denunció que Carmena no rellenaba todos los datos de su declaración de bienes

La alcaldesa tiene un patrimonio que roza los 2,5 millones de euros

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid ha ordenado al Ayuntamiento que proceda a tramitar una petición de información pública sobre el patrimonio societario de Manuela Carmena y, en particular, que confirma o desmienta si tiene una supuesta Sicav.

Sin embargo, tal como ha podido confirmar OKDIARIO, la regidora va a recurrir para no tener que informar sobre el tema.

Los hechos se han sucedido de la siguiente forma: el ciudadano madrileño Guillermo Rocafort pidió al comienzo de la legislatura, en febrero de 2016, que la alcaldesa, como el resto de ediles, desglosara su patrimonio societario.

En su escrito apuntó que, por ejemplo, el concejal del PP Pablo Cavero sí incluyó el nombre de las sociedades y la fecha de adquisición. Algo que no hizo Carmena.

A continuación, el Ayuntamiento inadmitió la petición de información. Aseguraba que Carmena ya había incluido su declaración de bienes en el Portal de Transparencia siguiendo el formulario oficial.

Tras ello, el solicitante de la información denunció a los tribunales que la razón que esgrimía el Consistorio para inadmitir la petición no es una de las que recoge la Ley de Transparencia.

Finalmente, el juez Ángel Ardura, en una sentencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, falla “estimar en parte el recurso contencioso-administrativo ordenando retrotraer las actuaciones administrativas al momento anterior al dictado de la resolución recurrida, para que por el Ayuntamiento se proceda a la tramitación de la solicitud presentada por el demandante”.

Fuentes del entorno de Carmena dicen que “no es una Sicav, es una cartera de acciones”

Sin embargo, fuentes oficiales del entorno más próximo de la alcaldesa confirman a OKDIARIO que recurrirán la sentencia y añaden que “no es una Sicav, es una cartera de acciones”.

La petición de información que el juez obliga a cumplir pide que “se informe sobre el nombre de la Sicav o Sicavs, o en su defecto fondos de inversión, donde la alcaldesa tiene invertidos los 430.000 euros que declara especificando la fecha de adquisición”.

Ejecución de sentencia

Por su parte, el ciudadano que demanda avanza a OKDIARIO que va a pedir la ejecución de la sentencia.

Considera que si Carmena no tiene nada que esconder debería aportar el nombre de sus sociedades.

La sentencia está fechada a 14 de noviembre por lo que acaba de cumplirse el mes establecido por la Ley de Transparencia para contestar su petición tras el aval judicial que supone la sentencia.

Sin embargo, Carmena no ha cumplido.

Carmena en 2016 afirmó que esos 430.000 euros son “una cartera de renta variable con acciones de distintas sociedades en Bankinter”.

“Esta cartera de acciones comenzó a nutrirse hace más de 50 años con las que mi padre fue adquiriendo en vida para cada una de sus hijas. Más adelante las que heredé al fallecimiento de mi padre y después las que he ido adquiriendo en distintas fechas como consecuencia de la gestión ordinaria de la cartera”, relataba.

Se trata de unas explicaciones que no convencen al demandante.

Excusas del Ayuntamiento

Por su parte, para poder ocultar el patrimonio societario de Carmena, el letrado municipal esgrimió varios puntos en un escrito remitido al Juzgado al que ha accedido OKDIARIO. Entre otras razones expone que “debe prevalecer el respeto a los derechos a la protección de datos personales o a la intimidad, protegidos constitucional (artículos 18.1 y 105.b) y legalmente (leyes de transparencia, régimen jurídico y procedimiento administrativo).

Asimismo, el escrito dice que “en todo caso, se aplicará atendiendo a un test de daño y de interés público en la divulgación”.

Mas información:

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La presidenta de ADIF gasta 500.000 € en "modernizar" los muebles de las oficinas de la entidad

El Gobierno ha sacado a licitación el ‘suministro e instalación de mobiliario en los espacios de oficinas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), por un importe de 512.401,12 euros.

El contrato, que depende de la Presidencia de la entidad pública, dirigida por Isabel Pardo de Vera, y que se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se divide en tres lotes (mobiliario de despachos, mueble de oficina general y sillería). El pliego de prescripciones técnicas especifica que su finalidad es “avanzar en la homogeneización de la imagen y entorno laboral de los espacios administrativos” de Adif “dando respuesta a la necesidad de suministro e instalación de mobiliario y enseres de oficina en ambas entidades”.

Pero además, se añade, “considerando los últimos cambios organizativos y movimientos de personal en ambas entidades, se prevé la sustitución de mobiliario aprovechando esta coyuntura para realizar el cambio en la imagen, pasando de un mobiliario obsoleto, escasamente compatible con los nuevos modelos de espacio de trabajo a elementos más funcionales y adaptables”. El contrato incluye también la dotación de espacios auxiliares como las salas de reuniones, salas de espera, áreas de vending, almacenes, vestuarios, archivos o salas de office.

Adif justifica el contrato en la necesidad de “pasar de un mobiliario obsoleto a elementos más funcionales”

Según el pliego, los “criterios ergonómicos y ecológicos” serán determinantes en la adjudicación. Pero también toda una serie de requisitos técnicos, materiales e incluso decorativos. Así, por ejemplo, en las mesas principales de los despachos de dirección se indica que “la estructura metálica o de madera aportará un alto nivel de diseño y estética contemporánea”, al igual que los sofás. Las alfombras podrán ser “lisas o estampadas siguiendo directrices estéticas actuales”.

“Acabados en color wengue, roble, nogal y ceniza”

Aunque en el pliego original se exigía que las sillas de dirección habrían de estar tapizadas “en piel”, esta condición se ha modificado recientemente por “poli piel”, en color negro. Eso sí, se indica que, en el caso del mobiliario de despachos de altos cargos “deberá presentarse carta de colores y acabados a elegir sin variación de precio, tanto en elementos metálicos como en maderas, que de forma obligada deberán contener acabados en color wengue, roble, nogal y ceniza“. En el muestrario de acabados de la sillería de despacho se deberá incluir también “carta de colores”, con “de forma obligada” acabados de tapizado en negro, azul, gris, verde o rojo.

El contrato incluye la dotación completa de mobiliario para los despachos de altos cargos y oficinas. En el primer caso, se comprarán mesas principales y auxiliares, bloques de cajones y mesas de reuniones. “Los muebles podrán ser de diferentes materiales, como madera, acero, cristal o cuero”, se indica. “Los armarios, librerías, mesas auxiliares, extensiones, la mesa de reuniones y el resto de elementos guardarán uniformidad de acabados”.

“Sillas 24 horas ergonómicas”

Entre los muebles de oficina general se incluyen mesas de distinto tipo, armarios, taquillas y roperos, archivadores, papeleras, percheros, luminarias de sobremesa y hasta alfombras, cortinas, estores y biombos. El tercer lote lo compone únicamente la ‘sillería’: se renovarán sillas de despacho, oficinas y para visitas y reuniones, además de sofás, sillones o taburetes. También se comprarán “sillas 24 horas ergonómicas”.

El pliego establece estrictas condiciones para aceptar el material, avisando de que se rechazarán aquellos muebles “cuyos canteados no son continuos” o “son de tonalidad o diseño distintos a simple vista a los del tablero”, “si hay arañazos” o “si alguna superficie es rugosa”, entre otros. El acabado de las mesas de despacho debe ser “mate con el fin de minimizar los reflejos, y su tono debe ser preferiblemente neutro” y tendrán posibilidad de incluir un faldón “en madera, cristal templado o cerámica, manteniendo la línea estética del conjunto”.

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El periodista Ignasi Jorro del diario digital Crónica Global obligado a rectificar sobre las difamaciones a una Plataforma de Trabajadores

El Sr. Ignasi Jorro ha accedido a rectificar sobre el artículo que aseveraba que un empresario “Engatusa” a 90.000 Camareras dejando entender con el fin de lucrarse y/o vender camas.

Espero que aquellas personas que de forma maliciosa e interesada torpedeen la Plataforma que he creado sin ánimo de lucro y atente contra mi honor especulando sin ninguna prueba sobre mis intenciones se atenga a las consecuencias.

Todos hemos de aceptar críticas pero de ninguna forma aprovechar estas para enturbiar una iniciativa que reitero es altruista y nacida desde la conciencia y el cariño a un Colectivo abandonado a suerte.

La interpretación que hace el Sr. Ignasi sobre la petición que hago de convocatoria de Huelga no se ajusta a la realidad donde está escrito que pido la opinión de Las Camareras para que se realice una petición formal a los Sindicatos.

También merece una aclaración cuando el Sr. Ignasi Jorro escribe “Las Limpiadoras” cuando La Plataforma defiende precisamente la Titularidad de Las Camareras de Pisos en las funciones y trabajo que siempre han realizado en el Sector Hotelero para que no existan confusiones al respecto con el único propósito de que se realice el mismo trabajo a un menor precio y fuera del convenio de hostelería.

Muchas gracias. Fdo. José Manuel Martín Ruiz. Presidente Fundador de La Plataforma Nacional de Camareras de Pisos.

Más información:

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Dos periodistas de 'El Mundo' imputados tras la denuncia de Mas y Pujol por calumnias

Barcelona. (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ha imputado a los periodistas de El Mundo Eduardo Inda e Esteban Urreiztieta, tras admitir a trámite la querella por calumnias e injurias presentada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, contra el citado diario.

Mas y el expresidente catalán Jordi Pujol presentaron el pasado día 19 sendas querellas en el Juzgado de guardia de Barcelona contra el diario El Mundo por las informaciones publicadas sobre un supuesto borrador policial que les acusaba de desviar fondos a cuentas en el extranjero.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez Elisabet Castelló cita a declarar como imputados a Inda y Urreiztieta el próximo 19 de diciembre y les requiere que aporten toda la documentación de que dispongan sobre la información publicada, que ha marcado el debate político en la última semana de la campaña electoral catalana.

La juez también pide al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía que informen “en la mayor brevedad y en todo caso en el plazo máximo de 10 días” sobre la existencia de un supuesto documento de la Policía relativo a Artur Mas y, que en caso de existir, lo remita al Juzgado.

En el auto, la magistrada subraya que los artículos periodísticos analizados contienen “expresiones y frases que en principio podrían configurar un delito de calumnia y/o injurias (..) por contener afirmaciones que lesionan la dignidad y menoscaban la fama de otra persona”, en referencia al presidente de la Generalitat.

La juez argumenta que es competente para llevar las diligencias porque, según la jurisprudencia, el delito de injurias y calumnias “se consuma en el lugar que las percibe el ofendido y el lugar de presentación de la denuncia”, en este caso Barcelona, independientemente de dónde tenga la sede la empresa editora del medio en el que aparecen las informaciones, en este caso Madrid.

Otro juez les imputa por las acusaciones a los Mossos El titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona también ha citado como imputados a los periodistas de El Mundo a raíz de la querella presentada por el departamento catalán de Interior por una noticia en la que apuntaban que los Mossos destruyeron pruebas del “caso Palau”.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez ha decidido abrir una investigación al aceptar a trámite la querella por calumnias e injurias presentada por el departamento de Interior contra el periódico El Mundo y los dos reporteros que publicaron la información en portada, el pasado 19 de noviembre.

El juez ha citado a los dos periodistas para que declaren como imputados el próximo jueves 20 de diciembre, justo un día después en el que también han sido citados como imputados por las informaciones publicadas sobre un supuesto borrador policial que acusaba al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de desviar fondos a cuentas en el extranjero.

En el auto, el juez considera que la noticia publicada por el periódico El Mundo, en la que se apuntaba que mandos de los Mossos d’Esquadra destruyeron pruebas relacionadas con el “caso Palau”, atentaría, de ser falsa, al “buen nombre y la reputación” de la policía catalana, “poniendo en duda su profesionalidad y credibilidad”. El juez ha decidido declararse competente para aceptar a trámite la querella porque entiende que, aunque el periódico El Mundo tiene su sede en Madrid, el delito pudo cometerse “en cualquier lugar donde se produjo la difusión del hecho calumnioso, esto es, cualquier lugar donde la noticia llega a entrar en contacto con el lector”.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el mismo juez ha decidido también aceptar la trámite la querella que el conseller de Interior Felip Puig interpuso contra El Mundo y ambos periodistas, que en base a un borrador policial -sin firma ni fecha-, apuntaron que pudo cobrar 250.000 euros en comisiones a través del Palau de la Música.

Tras la decisión de los juzgados de instrucción número 31 y 33, tan sólo falta por resolver la querella que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol interpuso contra el periódico El Mundo y los dos mismos periodistas, que por reparto se adjudicó al titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona.

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Imputados por un delito de injurias y calumnias el director y una periodista de El País

MADRID.- El Juez de Instrucción nº 29 de Madrid ha citado a declarar en calidad de imputados para el próximo 10 de noviembre a Antonio Caño, director de El País, y a la periodista Rosario García Gómez, como consecuencia de la querella presentada por Mediapro por las informaciones publicadas por este periódico que vinculaban a Jaume Roures con supuestas cuentas bancarias en paraísos fiscales.

El juez admitió a trámite la querella el pasado agosto, al constatar que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de los delitos de injurias, calumnias y uso de documento falso para perjudicar a Jaume Roures.

El director de El País, Antonio Caño, ha remitido al juzgado un recurso en el que pide ser excluido de la querella “al no ser el autor de la información” que publicó su periódico, según fuentes conocedoras del recurso presentado por su defensa.

Caño pasa la pelota a su redactora Rosario García Gómez, para lo cual se ampara en la “responsabilidad en cascada o escalonada” que regula el artículo 30.2 del Código Penal.

Las mismas fuentes indican que el director de El País señala que las personas querelladas tienen que ser quienes realmente redactaron el texto; esto es, la autora del artículo y no él aunque sea su director.

Por su parte, Mediapro ha presentado un recurso en el que se opone a las pretensiones de Antonio Caño, al considerar que el director de El País es coautor del delito de calumnias porque es el responsable de controlar el contenido de sus publicaciones, y quien decide qué noticias se publican en su diario.

El recurso de Mediapro destaca, según las mismas fuentes, que la noticia calumniosa apareció en la portada del periódico El País y, en su interior, el artículo tenía una considerable extensión. Además, la portada de un diario es también responsabilidad de su director, tanto de las noticias que se incluyen en ella como de las que se excluyen.

Mediapro resalta en su recurso que las noticias calumniosas fueron publicadas por El País en un contexto de supuestos intereses espurios, no en vano el Grupo Prisa, al que pertenece dicho diario, es competencia directa del Grupo Mediapro en la pugna por los derechos televisivos para la retransmisión de los partidos de la Liga de Fútbol Profesional, como así se relaciona en el propio artículo del periódico.

El recurso recuerda que en esas fechas estaba pendiente de resolverse una demanda que afectaba a ambos grupos empresariales, por las discrepancias surgidas en torno al acuerdo de 2006 respecto a la retransmisión de los partidos de fútbol, de ahí que entienda que existió un ánimo de dañar la imagen de la empresa y de sus representantes legales.

Es más, dos días después de la publicación del primer artículo, el 16 de diciembre de 2014, Roures convocó una rueda de prensa y emplazó al director de El País a que publicara los documentos en los que se basaba su información o se retractara públicamente. Sin embargo, Antonio Caño ni publicó los documentos ni se retractó.

El director de El País elude su responsabilidad y descarga toda la culpa en la redactora autora de la información

Los hechos se remontan al 14 de diciembre con la publicación por El País, en portada y en páginas interiores, de una información titulada Roures posee 250 millones en 150 cuentas, un tercio en paraísos fiscales.

Pese a las repetidas peticiones por parte de Mediapro para que El País hiciera públicos los documentos que avalaban la información o, en caso contrario, se retractara públicamente, hasta este momento el periódico no ha aportado ninguna documentación que autentifique los datos publicados.

En el juicio por la demanda de rectificación, celebrado en Barcelona el pasado 27 de febrero, Ediciones El País únicamente aportó un supuesto informe sobre la situación financiera de Jaume Roures que, además de su burda elaboración, está plagado de errores.

El juez ha admitido también la prueba documental solicitada por Mediapro por la que se requiere a la Delegación de Hacienda de Catalunya para que remita la documentación que El País le envió ante sus requerimientos, así como las respuestas facilitadas por dicha entidad.

Paralelamente, Mediapro ha presentado recurso contra la desestimación, en primera instancia, de su demanda de rectificación.

La declaración como imputados del director de El País y de Rosario García Gómez está prevista para el próximo 10 de noviembre.

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Movistar instala su servicio de contestador en Tombuctú

El operador de telefonía móvil parece haber instalado sus servicio de contestador telefónico en Tombuctú, algo extraño pues es un servicio digital automatizado que no requiere de atención ni respuesta por parte de teleoperadores “humanos”.

Lo última moda para los operadores es “trasladar” sus centros de atención al cliente y teleservicios comerciales a países extranjeros con menores costes de personal para evitar los impuestos que existen en nuestro país para el manteniemiento de las “flotillas de personal”.

Lo que no tiene mucha lógica es trasladar también al extranjero un servicio digital y automatizado que solo requiere personal técnico.

Esta es la conclusión a la que llegan los clientes de la compañía cuando ven en sus facturas de líneas móviles el cargo mensual por “llamadas al contestador”, algo realmente ilógico si se tiene en cuenta que hablamos de facturas de los “planes con llamadas nacionales incluidas”.

Cuando se llama al centro de atención al cliente de Movistar se quedan con la misma perplejidad, primero por que no saben porque se esta cobrando este servicio como “extra” al plan contratado y en segundo lugar cuando te responden que “debe ser un servicio atendido en el extranjero”. Pero dónde y porque no se avisa al cliente en los contratos?

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La Ministra de Sanidad Maria Luisa Carcedo puso su piso de Madrid a nombre del hijo para seguir cobrando dietas de viaje

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, puso su piso de Madrid a nombre de su hijo en enero de 2013, para poder seguir cobrando las dietas de alojamiento que el Congreso de los Diputados abona a los parlamentarios procedentes de otras circunscripciones.

Carcedo obtuvo por primera vez un escaño en el Congreso de los Diputados, como candidata del PSOE por Asturias, en las elecciones generales de marzo de 2004. Dos años después, en 2006, se compró un piso de 60 metros cuadrados en el barrio madrileño de la Latina, dado que necesitaba permanecer en la capital al menos cuatro días a la semana para atender sus labores como parlamentaria. Para poder adquirir esta vivienda, obtuvo una hipoteca de 60.000 euros.

Y pese a ello, siguió cobrando las dietas de alojamiento que el Congreso abona a los diputados que proceden de fuera de Madrid, que en la actualidad ascienden a 1.874 euros al mes, en 14 pagas al año. Desde entonces, Carcedo ha cobrado alrededor de 150.000 euros en dietas de alojamiento (primero del Congreso y luego del Senado).

En enero de 2013, la asociación Democracia Real Ya (DRY), vinculada al movimiento 15M, presentó ante el Tribunal Supremo una querella contra 63 diputados nacionales por incurrir en esta misma irregularidad: es decir, por cobrar las dietas de alojamiento del Congreso teniendo una casa propia en Madrid. Entre los querellados se encontraba la actual ministra de Sanidad.

Tres semanas después de ser denunciada

La noticia de esta denuncia salió publicada en todos los medios nacionales el 4 de enero de 2013. Tan sólo tres semanas después, el 24 de enero, María Luisa Cardedo acudió a una notaría situada en el barrio de Salamanca de Madrid para “donar” su piso de La Latina a favor de su hijo Gumersindo. Al hacerlo, se benefició de la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que había aprobado un año antes el Gobierno regional de Esperanza Aguirre.

Es decir, la actual ministra de Sanidad fue denunciada ante el Tribunal Supremo por cobrar las dietas del Congreso de los Diputados mientras tenía una casa propia en Madrid. Y su reacción fue acudir al notario para poner la vivienda a nombre de su hijo, con el fin de poder seguir cobrando las dietas sin que le pudieran hacer ningún reproche.

En aquel momento, ya había logrado amortizar buena parte de la hipoteca y sólo le faltaba devolver 24.542 de los 60.000 euros que le prestó el banco para comprar la vivienda. El año anterior, 2010, María Luisa Carcedo había tenido unos ingresos de 106.389 euros como presidenta de la Agencia Española de Evaluación, un cargo que ocupó entre 2008 y 2011 por designación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011).

Sin embargo, el piso de La Latina desapareció de la declaración de bienes que Cardedo presentó en el Congreso el 16 de mayo de 2013: lo había “donado” a su hijo (empadronado y residente en Gijón) cuatro meses antes. En la declaración que publicó en la web del PSOE en abril de 2015, la actual ministra aparece como titular de otras dos viviendas: una casa en Gijón comprada en 1987 (cuyo valor catastral es de 262.464 euros) y la cuarta parte de otra casa situada en una finca rústica de Asturias, que había obtenido como herencia.

Como ha informado OKDIARIO, la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo posee una cartera de inversiones de más de medio millón de euros: 212.523 euros invertidos en un plan de pensiones, otros 250.083 euros en un fondo de inversión y 57.994 euros en un plan de ahorro. Durante los últimos meses, antes de asumir la cartera de Sanidad, ha sido Alta Comisionada para la Pobreza del Gobierno de Pedro Sánchez.

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Provocar el cierre de empresas con políticas populistas aumentan las filas de los partidos de izquierdas con los parados que generan

El ocaso de los de las democracias actuales se basa en en llevar a la política el “marketing total”, crear un producto vendible a la mayor parte de la población favorece a corto plazo a aquellos políticos que anhelan el poder con el único fin del bien personal.

La relación este los políticos populistas con los padres que permiten a sus hijos ver la televisión hasta altas horas de la madrugada, beber a edades tempranas sin ningún tipo de control o disfrutar de los placeres de la noche sin limitaciones les convierte en “padres” o mejor dicho “políticos enrollados”. No es importante que el país vaya a la ruina, las empresas se marchen, las inversiones desaparezcan o el futuro de los pensionistas caiga en el olvido, todo vale si a corto plazo pude seguir haciendo tu vida y ganando dinero mientras tu hijo te mira con ojos de admiración porque le permiten fumar a los 14 años como un descosido.

Cuando tenga cáncer ya le atenderán los médicos y en el mejor de los casos ya no tendrás que pasarlo a su lado porque ya habrás “cesado como padre”.

Adelante sociedad que aún queda mucho monte por quemar.

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Hacienda aumentará los impuestos sobre los vehículos diésel

Los nuevos vehículos que se están poniendo en circulación en España cada vez emiten más CO2, elemento contra el que están luchando las instituciones públicas por sus efectos nocivos y su contribución al cambio climático.

Así lo demuestran los datos de la Agencia Tributaria, que está viéndose beneficiada por esta circunstancia, ya que está elevando la recaudación por el impuesto de matriculación, que grava en función del dióxido de carbono.

Así, en el mes de julio y sobre todo en agosto, la aportación media por coche vendido se ha disparado hasta los 412 euros, una cifra no vista desde hace más de cinco años.

Además, la cuota de vehículos exentos de pagar este tributo (todos aquellos que emiten menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro) se ha reducido hasta el 62%, nivel que no se registraba desde antes de 2013. Hacienda empezó a cobrar desde 2008 en función de las emisiones de cada vehículo.

Se rompe la tendencia histórica Este nuevo fenómeno rompe la tendencia histórica. Hasta este año, el número de vehículos por debajo del mínimo exento de tributar en el impuesto de matriculación siempre había ido en aumento (cada vez, los coches nuevos vendidos emitían menos CO2), algo que ha cambiado repentinamente.

Aunque los datos tributarios de agosto son especialmente relevantes, ya que se trata de un mes récord en ventas por las ofertas lanzadas por el sector antes de que entrara en vigor las nueva normativa impuesta por Bruselas, la tendencia hacia un mayor número de vehículos emisores de CO2 es cada vez más pronunciada.

Estos datos de 2018 contrastan con los obtenidos en la primera mitad de 2017. Hace un año, la aportación media por vehículo bajó a mínimos: estaba por debajo de 300 euros, con lo que ha repuntado en un año casi un 40%. Además, los coches exentos de tributar por matriculaciones llegaron a rozar el 80% del total el año pasado.

Detrás de este repunte está el hundimiento de ventas de vehículos diésel, que están siendo sustituidos por automóviles propulsados por gasolina, cuyas emisiones de CO2 son superiores a las de sus homólogos movidos por gasóleo. Los vehículos alternativos aún son un porcentaje residual.

La campaña contra el diésel, promovida, entre otros, por algunos miembros del actual Gobierno, como la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con la intención de eliminar esta tecnología por sus efectos contaminantes, está generando un efecto medioambiental contraproducente, a tenor de los datos que muestra Hacienda.

Hay un alto porcentaje de coches que en diésel estarían exentos y sin embargo al pasar a gasolina no ocurre lo mismo (los de gama media). Por ello, al contabilizar el total de automóviles diésel la recaudación media crece con fuerza, ya que dentro de este grupo muchos de los que antes no pagaban ya no están. Esos vehículos de gama media que se han pasado a gasolina sí tiene que tributar en la mayoría de los casos por emitir más CO2, con lo que la recaudación global crece.

Mientras los vehículos diésel están experimentando una caída media del 15% en lo que va de 2018, los automóviles de gasolina aumentan más de un 40%, tal y como detalla la asociación Aniacam. Las diferentes patronales del sector automovilístico, como Anfac, Ganvam o Faconauto, vienen advirtiendo desde principios de verano de que los vehículos de gasolina emiten más CO2 que sus homólogos propulsados por gasóleo.

Esta reacción del sector automovilístico surgió después de que la ministra Ribera dijera que el diésel “tenía los días contados”. Tras algunos mensajes contradictorios de los miembros del Gobierno respecto al aumento de la tributación de este carburante, la ministra de Hacienda aseguraba la semana pasada que el impuesto al diésel subirá menos de cuatro céntimos por litro de gasóleo.

Además, cabe destacar que los vehículos de gran cilindrada, conocidos como SUV o ‘crossover’, cada vez son más demandados, lo que genera que el nuevo parque automovilístico cada vez sea también más contaminante, sobre todo si —como está sucediendo— el usuario opta más por la modalidad de gasolina.

Todo ello se enmarca en un escenario de reforma de la tributación del automóvil, que en estos momento está debatiendo el Gobierno, tal y como adelantó El Confidencial.

A partir de este mes de septiembre, la medición de las emisiones de los vehículos ha cambiado por mandato de Bruselas. El nuevo protocolo es más exigente y fue una iniciativa lanzada tras el escándalo de Volkswagen con el ‘dieselgate’. No obstante, el Gobierno eximirá hasta 2021 a una gran parte de los vehículos que se vean afectados por unas mayores exigencias tributarias debido a este impuesto.

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Ganar dinero con las críticas negativas en Amazon

Jesús tiene 31 años y trabaja en una empresa tecnológica española. A mediados de marzo de este año, compró en Amazon una pulsera inteligente para controlar el ejercicio que hacía. Como no estaba seguro de si le daría mucho uso, optó por una de una compañía china que le costó cerca de 65 euros. Sin embargo, su experiencia fue muy mala: la pulsera no medía bien su actividad, se quedaba bloqueada y no conectaba debidamente con su móvil.

Jesús escribió un comentario muy negativo sobre este producto en Amazon y, como suele dejar reseñas de otros productos en el portal, su crítica quedó por encima de muchos otros elogios. A los pocos días le llegó un mensaje del fabricante a través de Amazon preguntándole por su mala experiencia, pero, casi al unísono, un compañero de trabajo le dio un aviso: “Oye, me ha llamado un amigo que trabaja en [la empresa en cuestión], que ha visto tu comentario, te ha identificado, ha visto que trabajamos juntos y me ha pedido tu teléfono. ¿Se lo doy?”. Jesús, sorprendido por la coincidencia debido al sector en el que trabaja, accedió.

Pocas horas después, recibió la llamada de marras: “Mira, es que hemos visto tu queja sobre nuestra pulsera. Todavía estamos abriendo mercado en España y nos está costando un poco, así que, hombre, nos viene bien tener buenas reseñas”. Tras un breve intercambio de opiniones sobre la pulsera, el representante de la marca china fue al grano: “Yo te hago una propuesta, a ver qué te parece: podemos devolverte el dinero, pero a cambio de que quites ese comentario en Amazon”.

Jesús se negó, así que su interlocutor subió la apuesta: “Te devolvemos el dinero y además te regalamos uno de nuestros móviles de gama media. Tiene 3GB de RAM, 32GB de disco duro… está muy bien, y si no te interesa puedes vendérselo a alguien, a nosotros nos da igual”. El precio actual de ese móvil por entonces rondaba los 200 euros.

Jesús nos cuenta el final de la historia con sinceridad: “Acepté. Me devolvían mis 65 euros y además me regalaban un móvil de 200 euros. Yo compro mucho en Amazon y soy sincero con los comentarios. Otras veces alguna empresa me ha ofrecido devolverme el dinero a cambio de borrarlos, pero yo no quería. Pero si me quedo la pulsera, me devuelven el dinero y además me regalan un móvil que puedo vender… pues acepto, qué quieres que te diga”.

El caso de Jesús no es tan raro ni aislado como parece, sino que describe una práctica que, sin ser mayoritaria, empieza a ser frecuente entre ciertas empresas que venden sus productos en Amazon y que son conscientes de que no pueden permitirse una mala reseña por parte de un usuario descontento. Porque hasta ahora sabíamos que poner (falsos) comentarios positivos sobre un producto es un buen negocio, pero ahora resulta que también pueden sobornarte para que borres los malos.

“No se preocupe por el regalo, no le mentiré” El caso de Jesús podría parecer anecdótico, ya que la coincidencia en el sector laboral podría haber propiciado el soborno, pero lo cierto es que las empresas que recurren a este tipo de prácticas lo hacen con cualquier tipo de usuario. A Miguel, un ingeniero informático de Ciudad Real, le pasó exactamente lo mismo hace pocas semanas con otra empresa.

Poco después de poner un comentario negativo sobre un protector de móvil que llegó con una pelusa, la empresa le mandó un ‘e-mail’ (en el que ponía en copia a otros muchos usuarios) y fue al grano: “Lamentamos mucho que el producto no haya cumplido con sus expectativas. Haremos nuestro mejor esfuerzo para resolver los problemas que ha reflejado. Además, para compensarlo, le voy a reembolsar el importe completo y enviaré un altavoz Bluetooth como regalo”, le aseguraban por ‘e-mail’.

Eso sí, todo tiene una condición previa: “Por supuesto, primero tiene que cambiar el comentario. Ahora Amazon llevará mucho tiempo para procesar el comentario si se ha cambiado. No se preocupe por el regalo, no le mentiré”.

Miguel ha hecho el cambio: “Si fuera un producto que sé que es malo y que la gente lo va a comprar ‘gracias’ a mi comentario, no lo habría aceptado. Pero, pese a este error con mi pedido, sé que es una empresa que suele hacer cosas de calidad, así que no me importó cambiar el comentario”. Ahora, Miguel está esperando su altavoz.

“Si un producto no tiene críticas… cuidado” También sucumbió a este tipo de trampas Alicia, una pontevedresa de 27 años que trabaja en el sector de las conservas de pescado: hace poco más de un año, compró unos auriculares Bluetooth de 120 euros y, tras observar su rendimiento, dejó una reseña visiblemente negativa en Amazon. Pocos días después, en su propio buzón de Amazon, recibió un mensaje de la empresa que se los había enviado: “Me ofrecían devolverme el dinero, quedarme con los auriculares y además regalarme otro producto: podía elegir entre una tarjeta SD o un teclado inalámbrico de más de 100 euros. Elegí el teclado y luego lo vendí”.

A lo largo de este reportaje no hemos encontrado casos de usuarios que recibiesen este tipo de ‘ofertas’ y las rechazasen. Alicia nos da precisamente la clave de que este tipo de sobornos funcionen tan bien: “Mira, te soy sincera. Yo siempre hago reseñas de todo lo que compro en Amazon, pero ni me creo más importante por eso ni soy ‘influencer’ ni nada por el estilo. Si una empresa me devuelve el dinero y además me regala algo para que borre la crítica negativa que le he hecho… pues lo acepto”.

Eso sí, la lección se la lleva aprendida: “Desde que acepté el regalo, cuando me interesa un producto de Amazon y veo que no tiene ninguna opinión negativa, pero ni una sola, ya sé que ese producto es una mierda, porque deduzco que han quitado las negativas a base de regalos”.

“A veces me dan ganas de comprar productos así solo para quejarme después y que me regalen algo”, nos reconoce, pero lo cierto es que “yo no me fiaría de ni una sola reseña de productos que vea en Amazon. Muchas empresas ‘sobornan’ a los usuarios para borrar los comentarios negativos y a nosotros nos da igual borrarlos, así que las reseñas de Amazon son de todo menos fiables. Ahora, cuando quiero ver opiniones sobre un producto, me voy a cualquier sitio que no sea Amazon”.

Empleados sobornados en China y EEUU Este periódico ha contactado con Amazon España para conocer su visión al respecto: “Amazon no tolera las prácticas engañosas y de abuso comercial en los comentarios, ya que pueden confundir y manipular las decisiones de otros clientes. Les pedimos a todas aquellas personas que sospechen que se está llevando a cabo una manipulación de contenido o que se están incumpliendo de alguna forma nuestras pautas que nos lo notifiquen. Investigaremos el asunto a fondo y tomaremos las medidas pertinentes”, nos asegura la compañía.

Pero hay una cosa que a Amazon sí le consta: los sobornos que las empresas vendedoras hacen no a los usuarios, sino a los propios empleados del gigante del ‘e-commerce’. Hace apenas un mes, el ‘Wall Street Journal’ destapaba una trama en la que los empleados de la compañía eran sobornados por diversas empresas, que les pagaban entre 80 y 2.000 dólares.

A cambio de esta ‘mordida’, los trabajadores de Amazon no solo borraban las reseñas negativas de los productos, cobrando 300 dólares por cada ‘review’ eliminada, sino que además daban a los vendedores datos confidenciales de los compradores. Amazon acabó confirmando estos hechos, que sucedieron de manera mayoritaria en China, aunque también se detectaron casos en Estados Unidos.

Lo peor es que, como hemos podido ver, a veces ni siquiera hace falta llegar a esos extremos. Para las empresas que venden sus productos en Amazon, borrar los comentarios que hablan negativamente de sus productos es tan sencillo como sobornar a dichos usuarios, a los que, por lo general, no les importa borrar un simple comentario si a cambio van a recibir regalos. Ahora, la pregunta es otra: ¿qué fiabilidad tienen las reseñas de los productos que se encuentran en Amazon?

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