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LEY DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Do Away With Physical Hearings at Appellate Tribunals Like NCLAT, Recommends Parliamentary Panel

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The Parliamentary Standing committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice is headed by BJP MP Bhupender Yadav.

The committee, headed by BJP MP Bhupender Yadav, said that virtual court proceedings can become a permanent feature for several quasi-judicial tribunals since physical presence of litigants or lawyers is not required for adjudication of disputes.

CNN-News18

L…

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por fin detalló en febrero por que acciones serían juzgados los últimos cinco ex presidentes del país, en caso de que el pueblo lo solicite en una consulta.

 En el caso del ex presidente Ernesto Zedillo, fue acusado por López Obrador de convertir en deuda pública la deuda (privada) de los bancos que padecieron la crisis financiera de 1994.

Aunque el presidente no señaló alguna base legal, cabe recordar que Zedillo violó la Constitución General de la República al autorizar el rescate de los bancos por un monto inicial de 8 mil millones de pesos (que ahora se ha más que duplicado), sin solicitar la autorización y lograr la aprobación del Congreso que marca el  Artículo 73.

 El  ex presidente mexicano tomó una decisión aún más de derecha que cualquiera que haya hecho jamás algún presidente de Estados Unidos al realizar un rescate bancario, como el efectuado por George W. Bush a raíz de la aún más grave crisis financiera global de 2008.

 El estadounidense entregó 700 mil millones de dólares del dinero de los contribuyentes a los bancos, pero como garantía de pago les pidió a cambio un monto de acciones por un valor equivalente, cómo fue la propuesta del entonces diputado perredista Pablo Gómez en México.

La estrategia rechazada en los noventas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), le valió más tarde a los estadounidenses recibir no sólo el dinero prestado, sino también ganancias que empresas como General Motors fueron generando con el tiempo, al haber aumentado el valor de sus acciones antes de ser vendidas por su gobierno.

 Al ex presidente Vicente Fox le tocó poner en marcha más tarde un mecanismo, inválido dentro de cualquier orden jurídico pero que fue aceptado por ambos partidos, para “legalizar” la deuda convirtiéndola en pública, a través de una norma secundaria que fue aprobada también por el Congreso, a pesar de ser inconstitucional.

 Poco antes Fox, el primer presidente de oposición luego de 70 años y con la esperanza de cambio puesta por el país sobre sus espaldas, se aseguraba con la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) y su ley, de que los ciudadanos contribuyeran por siempre a todos los rescates por venir.

 La ley del IPAB impone a la Cámara de Diputados la obligación de aprobar las aportaciones con dinero de los impuestos que requieran los bancos, en caso de que un rescate requiera un monto mayor que el que integra el seguro de depósitos creado con sus propios recursos. Esta norma también es inconstitucional.

 Es cuando menos discutible si el ex presidente Ernesto Zedillo pueda ser acusado hoy penalmente por traición a la patria a causa de la violación constitucional, así como si existe aún un recurso legal que pueda cancelar la deuda de la Nación con los bancos.

 Sin embargo, el hoy presidente con mayoría en ambas cámaras del Congreso, puede impulsar eliminar la disposición inconstitucional de la ley del IPAB que contraviene al menos cuatro artículos de la Constitución:

El 25, que ordena al Estado a velar por la estabilidad de las finanzas públicas. El 28, que prohíbe subsidios que afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El 31, que sólo impone a los ciudadanos la obligación de contribuir a los gastos públicos y nada más. Finalmente, el 74 que señala que la aprobación del Presupuesto será anual, cuando la ley del IPAB impone obligaciones multianuales a la Cámara de Diputados.

Es muy probable que los accionistas de los bancos mantengan la contribución que hacen los ciudadanos a sus finanzas por el rescate bancario de los noventas. Sin embargo, también lo es que no puedan apoyarse en ellos en crisis financieras futuras y ahora sí tengan que pagar por la ayuda otorgada con los impuestos de todos.

Era el único independiente entre los vocales “independientes”. El Congreso había creado cuatro, para que vigilaran que el rescate surgido de la crisis financiera de 1994 fuera ejecutado conforme a la ley por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Sin embargo, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, a partir de 1999 maniobró poco a poco para nombrar a sus leales en esas posiciones, pervertir la voluntad de los legisladores y con la perdida de su independencia, desperdiciar los recursos destinados a sus salarios.

Pero Gil Díaz nunca imaginó que uno de ellos se convertiría en una piedra en su zapato, empeñado en no validar una polémica auditoría al Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (Fobaproa) ordenada por la Cámara de Diputados.

El llanero solitario del sistema financiero cuestionó las decisiones del IPAB y contribuyó anónimamente a la crítica del rescate creada por la izquierda mexicana en la prensa.

Todo esto sería sólo historia reciente, sino fuera porque él, Adalberto Palma, tiene altas probabilidades de convertirse en la autoridad máxima del sistema financiero mexicano, como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) del próximo gobierno.

Los grandes bancos globales recibieron pagarés por más de 800 mil millones de pesos, sin haber quebrado ni el deber de devolverlos al erario público, tiempo después de que Gil Díaz forzó a Palma a renunciar.

Posteriormente, el ex funcionario del IPAB fue llamado por el magnate de la televisión Ricardo Salinas Pliego para crear una asociación que defendiera los intereses de los bancos medianos y pequeños, entre ellos su Banco Azteca.

Contratado para cabildear por la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex), yo mismo logré junto con Palma obtener menos requisitos para la capitalización de los bancos pequeños y medianos, así como una mayor protección para sus ejecutivos contra injusticias en el campo del lavado de dinero.

Sin embargo, quedaron pendientes modificaciones mucho más trascendentes que el próximo Gobierno Federal podría proponer al Congreso.

Una de ellas es limitar las comisiones y la compra de papel gubernamental, con el fin de propiciar una mayor oferta de crédito.

Otra más, ampliar las fuentes de fondeo de los bancos a partir de la banca de desarrollo.

Asimismo, la inclusión financiera podría tener un significado distinto, ya que el todavía presidente de Unifimex considera que la bancarización que impulsa hoy la CNBV sólo aumenta los puntos de acceso para los usuarios existentes, pero no procura la entrada de más personas al sistema financiero.

Finalmente, el gobierno podría buscar rechazar el otorgamiento de recursos públicos para rescates bancarios futuros o al menos pedir a los bancos entregar acciones en garantía para retornar con ganancia lo invertido por el Estado.

Es momento que los bancos globales tomen sus precauciones, porque Adalberto Palma es una persona con padre militar y que sabe navegar bajo las peores tormentas.