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La vida en la playa.

Redactada por Juan Gabriel Moctezuma Castellanos

Colima, México, Avanzada (20/03/2026).- La presidenta del Patronato de Bomberos Voluntarios de Colima, Blanca Yanet Ursua Blanco, acusa al Gobierno del Estado de incumplir un acuerdo firmado para la permuta de un terreno que históricamente perteneció a la institución. Advierte que la falta de respuesta no solo afecta a bomberos, sino que pone en riesgo la atención de emergencias en la zona conurbada.

En entrevista, Ursua Blanco expone que el predio ubicado en Emilio Carranza 550 —hoy utilizado como estacionamiento del C5— fue donado en su momento por la exgobernadora Griselda Álvarez a favor de los bomberos, quienes operaron ahí durante años.

“Ese terreno era de bomberos. Se entregó de buena fe al Gobierno del Estado bajo un acuerdo: nosotros cedíamos el predio y ellos construirían una nueva estación en otro punto”, explica.

Detalla que el convenio se formalizó durante la administración pasada, cuando el patronato aceptó trasladarse a un terreno ubicado sobre el Ejército Mexicano, donde se proyectaba concentrar servicios de emergencia como Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos. Sin embargo, la segunda parte del acuerdo —la construcción de la nueva estación— nunca se concretó.

“Se firmaron los documentos, el gobierno tomó posesión del terreno, pero nosotros seguimos esperando. Ha pasado el tiempo, cambió la administración y no hay avances”, señala.

Ursua Blanco afirma que, desde hace un año, ha buscado gestionar el tema con distintas instancias estatales, sin obtener resultados.

“Me acerqué con autoridades, toqué puertas, pero no pasa nada. No sé si hay desinterés por tratarse de un acuerdo de la administración anterior, pero esto no es político: es un compromiso con una institución y con la ciudadanía”, sostiene.

La presidenta del patronato advierte que el incumplimiento podría derivar en acciones legales o medidas de presión social.

“Si no nos van a dar el terreno o la estación, entonces que nos paguen lo que era nuestro. Hay un sustento legal. No es un capricho”, enfatiza.

Respecto al valor del predio, indica que, aunque en su momento tenía un valor catastral cercano a los 700 mil pesos, actualmente supera el millón; no obstante, subraya que el problema va más allá de lo económico.

“El tema es funcional. La ubicación original era estratégica: permitía atender emergencias en el centro de la ciudad en minutos. El nuevo terreno está más alejado; implica hasta siete minutos adicionales de traslado, que en un incendio pueden ser la diferencia entre perderlo todo o salvar una parte”, explica.

Ursua Blanco también advierte sobre la fragilidad del sistema de atención a emergencias en la entidad, donde los bomberos operan como una institución voluntaria que apoya a los municipios.

“Los gobiernos municipales no tienen la capacidad para atender emergencias por sí solos. Nosotros coadyuvamos, pero si mañana cerramos, la ciudadanía quedaría en una situación de vulnerabilidad”, afirma.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades a resolver el conflicto con voluntad política.