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Ciudad de México, 1 de julio de 2015

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Secretaría de Economía (SE)

Folio de la Solicitud:  0001000056115 

Número de expediente: RDA 2793/15

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

El Caso: 

Un particular solicitó a la Secretaría de Economía conocer los trámites estatales y municipales para abrir empresas.

La secretaría refirió a las diversas disposiciones normativas sobre trámites federales y se declaró incompetente para conocer sobre trámites municipales y estatales.

Inconforme, el particular recurrió a este Instituto argumentando que la respuesta recibida no corresponde a lo que solicitó y ofreció el documento mencionado por el coordinador. En alegatos, la Secretaría de Economía reiteró su respuesta y, respecto al documento ofrecido por el particular, aclaró que se refiere a una estrategia que concluyó en 2012.

Relevancia del caso:

Este caso es relevante porque permite expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y de la transparencia para facilitar la obtención de ingresos a los ciudadanos por medio de la apertura de una empresa.

Posicionamiento:

El agravio del particular resulta parcialmente fundado porque:

a) Ante la Secretaría de Economía únicamente se gestionan los trámites federales para constituir empresas y no se realizan trámites o servicios que competen a los estados y municipios.

b) Sin embargo, a través de la Coordinación General de Delegaciones Federales y las Delegaciones Federales, el sujeto obligado implementa programas y promueve acuerdos y convenios con instituciones federales, estatales y municipales para fomentar la actividad económica.

La estrategia descrita en el documento remitido por el particular puede formar parte de estos programas y acuerdos. Se infiere que la Secretaría de Economía sí podría conocer sobre trámites estatales y municipales, sin que esto implique que estos deban gestionarse ante ella.

La economía de México enfrenta retos y desafíos. Por ejemplo, la baja productividad de las empresas mexicanas. El Banco de México calcula que la falta de competitividad tiene un costo estimado de 1% del crecimiento del PIB cada año. Entre las razones están la desigualdad, un sistema financiero poco desarrollado, mercados poco competitivos, la falta de innovación y un clima de negocios poco favorable.[1]

Otro ejemplo es que el 96% de las empresas del país son microempresas que emplean a un máximo de 9 personas y muchas de ellas operan en la informalidad, tienen acceso limitado al crédito, no cuentan con mano de obra calificada y les falta protección legal. Estas empresas sólo aportan el 18% de la producción nacional y tienen pocas posibilidades de convertirse en medianas o grandes.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 identifica la mejora de la productividad como un desafío prioritario. Ha incluido la democratización de la productividad como una de sus tres estrategias transversales.[2] Según el reporte Haciendo negocios 2014 del Banco Mundial, en México se han registrado importantes esfuerzos nacionales y locales en esta materia. El reporte reconoce una mayor colaboración entre los diferentes niveles de gobierno e institucionalización de las estrategias emprendidas. Sin embargo, casos como el expuesto evidencian que los avances logrados están limitados por deficiencias en materia de transparencia y acceso a la información pública. La información sobre trámites está dispersa y los canales para su difusión aún tienen diversas áreas de oportunidad.

Como ha demostrado la CEPAL, “si las leyes y regulaciones son claras, accesibles y trasparentes, al mismo tiempo que se puedan hacer cumplir ante un tribunal de justicia si fuera necesario, el empresario tendrá más confianza para arriesgarse a hacer negocios”. En otras palabras, garantizar el derecho de acceso a la información pública y fomentar la transparencia contribuirán a la democratización de la productividad y a la construcción de un Estado de derecho que dé certeza a todo aquel que desee iniciar una empresa.

Por el contrario, la falta o deficiencia de la información, reduce la certidumbre de los ciudadanos y los incentivos para continuar cualquier emprendimiento. Cuando se enfrentan trámites desconocidos, complejos y que involucran diferentes dependencias, se generan redundancias, retrasos y costos adicionales. Esto puede llevar también a la aparición de “intermediarios” que más que facilitar la gestión de trámites, encarecen el costo de apertura de una empresa. Varios de estos intermediarios no están regulados y facilitan actos de corrupción.[3]

La información es el insumo que reduce la brecha entre emprendedores y autoridades y genera un ambiente de confianza entre ellos. Existen diversas opciones para facilitar el acceso de la población a información sobre trámites regulatorios. Van desde la generación de carteles, diseño de portales de internet, hasta la constitución de registros generales que simplifican y facilitan la confluencia de varios trámites y dependencias. Además existen iniciativas nacionales e internacionales para el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los gobiernos de todos los niveles, tal como lo muestra el documento remitido por el particular para fortalecer su inconformidad.

Desde este Instituto, invitamos a los sujetos obligados que se ocupan de temas económicos a implementar el modelo de gestión de gobierno abierto. El INAI puede asesorarlos para generar mecanismos de transparencia regulatoria en cocreación con la población y expertos interesados, además de los diversos niveles de gobierno. De esta manera, la transparencia regulatoria no sólo servirá para publicar documentos, facilitará la obtención de ingresos a los ciudadanos por medio de la apertura de una empresa.[4]

Propuesta:

Dado lo anterior, esta ponencia propone MODIFICAR la respuesta de la Secretaría de Economía e instruirle realizar búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes de los trámites municipales y estatales que las empresas deben gestionar para la apertura, instalación, operación, ampliación y regularización de sus servicios, de los cuales tenga conocimiento. Si es el caso, para cada trámite deberá indicar si se realiza vía internet, o bien, en ventanillas municipales y estatales, de los cuales tenga conocimiento como resultado de la implementación de políticas y programas de la dependencia en las entidades federativas respectivas. En la búsqueda, no podrá omitir a la Coordinación General de Delegaciones Federales y a las Delegaciones Federales y, en caso de localizar la información, deberá entregarla al particular.

[1] http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/#economy=MEX

[2] http:// pnd.gob.mx/ y http://espanol.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Subnational-Reports/DB14-Mexico-spanish.pdf Las cifras ofrecidas en este posicionamiento fueron obtenidas de este documento.

[3] http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/50485069.pdf

Antecedentes Ciudad de México, 3 de junio de 2015

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud:  Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Folio de la solicitud:   1610100071715

Número de expediente: RDA 2219/15

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

El caso

El particular solicitó a la CONAGUA las bitácoras de vuelo de todos los helicópteros de la dependencia desde que David Korenfeld fungió como su titular.

La CONAGUA manifestó que la información es reservada porque su divulgación pondría en riesgo la vida e integridad física de los servidores públicos usuarios de los helicópteros.

Inconforme con esta respuesta, el particular presentó un recurso de revisión ante este Instituto. En alegatos, la CONAGUA reiteró la reserva de la información.

Antecedentes

El 29 de marzo pasado, un usuario de la red social Facebook publicó fotografías para denunciar al entonces titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), David Korenfeld, por utilizar un helicóptero de esa dependencia para uso personal.

La denuncia generó eco en los medios de comunicación e indignación en diversas redes sociales.

Dos semanas después, el 9 de abril, David Korenfeld presentó públicamente su renuncia al cargo que ocupaba.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de este funcionario.

El 30 de abril de 2015, la SFP resolvió que David Korenfeld cometió abuso de autoridad y le impuso una sanción económica de 638 mil 653 pesos, equivalente a tres veces el daño causado y beneficio obtenido por el uso de ese helicóptero.[1]

Relevancia del caso

Este caso es relevante de acuerdo con la cuarta perspectiva establecida por el pleno del INAI: expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y de la transparencia.

Posicionamiento

Del análisis se deriva que el agravio del particular es fundado porque:

Las bitácoras son un requisito para iniciar el vuelo y es obligación contar con ellas a bordo de la aeronave. Además,

a)     Los vuelos de la CONAGUA no se relacionan con actividades de combate a la delincuencia y, por lo tanto, los servidores públicos que laboran en ella no enfrentan situaciones de riesgo constantes. Las actividades de los helicópteros de la CONAGUA se relacionan con el desarrollo sustentable de los recursos hídricos del país. De ser el caso, el sujeto obligado debió atender las previsiones de Ley, formulando debidamente la prueba de daño probable, presente y específico, para acreditar la afectación que sufriría la integridad física de los servidores públicos. Situación que no sucedió.

b)     Es necesario planear los vuelos, pero éstos no son siempre iguales. Las rutas dependen de las condiciones meteorológicas y del tránsito aéreo. Conocer la frecuencia, el destino de los vuelos y los lugares de despegue y aterrizaje, no representa un riesgo a la seguridad de sus servidores públicos.

Elegí este recurso para discutirlo públicamente porque el caso es un ejemplo de como la información podría detonar la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Unas fotografías y la presión en medios y redes sociales obligaron a David Korenfeld a tratar de explicar los motivos por los que utilizó el helicóptero en cuestión. También es relevante porque evidencia que el inadecuado uso de recursos públicos puede tener consecuencias. Este recurso es un ejemplo para motivar a la población a ejercer su derecho de acceso a la información pública y detonar procesos de rendición de cuentas.

De acuerdo a la SFP, el extitular de la CONAGUA cometió abuso de autoridad y fue sancionado por utilizar el helicóptero de la dependencia para realizar un viaje con motivos personales. El abuso de autoridad es una situación basada en una relación de poder no equitativa, es decir, una autoridad utiliza su poder o jerarquía en beneficio propio o en perjuicio de sus subordinados y, con ello, viola el principio de representación democrática inherente a cualquier cargo público.

Los servidores públicos debemos entender que en los puestos que desempeñamos se nos confieren atribuciones para contribuir al bien público y que con los recursos que administramos debemos generar bienes y servicios que beneficien a la población, a la par de garantizar sus derechos, ya sea al agua o de acceso a la información.

Las reformas, los programas, los discursos, los boletines de prensa, son ríos de palabras que corren sin cauce si los servidores públicos no demostramos día a día que entendemos, precisamente, el sentido y la relevancia de la publicidad de nuestro servicio. Nora Rabotnikof lo plantea con claridad: lo público es lo común, lo accesible y abierto, así como lo conocido y verificable.

Ser servidor público implica saber que los recursos públicos no son nuestro botín y que nuestras decisiones u omisiones repercuten en el funcionamiento global de la sociedad. Por ello, debemos producir y entregar información sobre nuestras decisiones y acciones para demostrar que entendemos y atendemos las demandas ciudadanas mediante acciones que abonen a su beneficio. En pocas palabras, el servicio público demanda una ética de la responsabilidad, porque ser servidor público implica la conciencia que se es responsable ante la sociedad y no ante intereses particulares o propios.

Esta ética debe guiar nuestro desempeño profesional cotidiano. Día a día decimos que el vínculo de confianza entre sociedad y autoridades se debilita y que necesitamos restaurarlo. ¿Qué hacemos para que esto no sea sólo un discurso? Hago eco de una opinión reciente de Mauricio Merino: “Son los hechos cotidianos y los símbolos éticos que emiten con sus decisiones [los servidores públicos], las que pueden restaurar la legitimidad perdida en estos días.” Debemos transformar nuestras rutinas e ir más allá de las palabras, incorporando la ética de la responsabilidad a nuestras prácticas cotidianas.

Es responsabilidad de este Instituto hacer saber a la población que el derecho de acceso a la información y la transparencia son una vía para exigir la práctica de dicha ética de la responsabilidad. Por eso hoy, esta ponencia propone revocar la respuesta del sujeto obligado, porque no es posible justificar la clasificación de información que puede detonar un proceso de rendición de cuentas sobre si recursos públicos fueron aprovechados para el beneficio personal o de la sociedad.

Si el titular de la CONAGUA fue sancionado por abuso de autoridad,[2] es previsible que haya suspicacia respecto a la existencia de situaciones similares al interior de esa institución. Si esto no es así, ¿por qué no informar sobre ello? ¿Por qué insistir en obstaculizar el principio de máxima publicidad cuando lo que hace falta es todo lo contario?

Para restaurar el vínculo de confianza con la población, CONAGUA podría hacer públicos documentos como la relación de pasajeros o el plan de vuelo y así dar plena certeza del adecuado uso de los recursos públicos, en este caso, los helicópteros, que administra.[3]

Propuesta 

La ponencia a mi cargo propuso REVOCAR la respuesta de la Comisión Nacional del Agua e instruirle entregar al particular las bitácoras o libro de bitácoras de todos los helicópteros de la autoridad, desde que David Korenfeld fungió como su titular, a saber, del 04 de diciembre de 2012 a la fecha de la solicitud, 06 de abril de 2015.  

En caso de que las bitácoras contengan información susceptible de clasificarse y sea necesario elaborar versiones públicas, éstas deberán realizarse conforme a lo dispuesto en los artículos 43 de la Ley Federal de Transparencia, 41 y 70 fracción IV de su Reglamento, y en términos de los Lineamientos para la elaboración de versiones públicas por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Esto bajo el entendido de que en dichas versiones públicas no podrá testarse el nombre de servidores públicos que laboren en CONAGUA, ni de particulares contratados directamente para prestar sus servicios en los helicópteros, pues son receptores de recursos públicos en términos de los artículos 7, fracción 13, y 12 de la ley en la materia.  

En este sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 56, párrafo segundo de la Ley Federal, este Instituto verificará las versiones públicas que elabore la Comisión Nacional del Agua previo a la entrega de la documentación al particular. 

[1] http://rsps.gob.mx/Sancionados/publica/buscapublicas.jsp y http://www.monitornacional.com/wp-content/uploads/2015/05/photo3010772532760335.jpg

[2] http://rsps.gob.mx/Sancionados/publica/buscapublicas.jsp

Ciudad de México, 27 de mayo de 2015.

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud:  Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Folio de la solicitud:  4220700004915

Número de expediente: RDA 1659/15

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

El caso

El particular solicitó conocer, de 2010 a 2014, el número de quejas contra la Secretaría de Salud del Distrito Federal que han sido conciliadas, arbitradas, pendientes o que requirieron indemnización, así como el número de personas que las han interpuesto.

La CONAMED proporcionó vínculos electrónicos con información dispersa que no contesta directamente la solicitud del particular. Además, declaró inexistente la información sobre servicios médicos de la Secretaría de Salud del GDF.

Inconforme con esta respuesta, el particular interpuso recurso de revisión. En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta.

Antecedentes

La CONAMED ofrece medios alternos para la solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos; promueve la prestación de servicios de calidad y contribuye con la seguridad de los pacientes.

Ofrece servicios de orientación y asesoría, gestión de la atención inmediata y atiende quejas por posibles irregularidades en la prestación o negativa de prestación de servicios médicos. Para llevar el control de la atención a dichas quejas cuenta con el Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED), el cual opera desde 1996.

En 2014, se recibieron 2 mil 50 quejas. 58.9% fueron interpuestas por mujeres y en 40.9% por hombres. [1] El mayor número fueron recibidas en el Distrito Federal (mil 338 quejas, de las cuales mil 65 fueron concluidas).

De las quejas concluidas, es decir, que tuvieron solución, las principales causas que las motivaron fueron: diagnósticos erróneos (47%), relación médico-paciente inadecuada (32.4%), tratamientos médicos incorrectos (8.6%) y deficiencias administrativas en los proveedores de servicios médicos (7%).[2]

Asimismo, de las quejas concluidas, el 72% fue dirigido contra instituciones médicas del sector público; 11% contra instituciones que atienden a población sin seguridad social y de éstas, 6% contra instituciones de servicios estatales de salud.[3]

Relevancia del caso

Este caso es relevante de acuerdo con la segunda perspectiva establecida por el Pleno del INAI: 

ii) exponer públicamente casos en función de su importancia y su utilidad con respecto a los derechos de las personas.

Posicionamiento

Del análisis se deriva que el agravio del particular es fundado:

a) El sujeto obligado cuenta con el Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes, del que podría obtener la información solicitada.

b) La respuesta a una solicitud previa[4] con estadística proporcionada respecto de unidades médicas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, evidencia que el sujeto obligado dispone de información con un nivel de desglose mayor al que tiene la información de los vínculos electrónicos que proporcionó.

El recurso ejemplifica cómo el derecho de acceso a la información pública puede ayudar a mejorar la vida de las personas; en este caso, contribuye a recibir mejores servicios médicos.

La CONAMED es una institución de buena fe, esto significa que sus servicios son gratuitos y no tiene facultades vinculantes. Contribuye a mejorar los servicios médicos que reciben las personas, a la búsqueda de soluciones en caso de conflictos y promueve la calidad en el desempeño de las instituciones y profesionales médicos, pero no tiene atribuciones para sancionar.

Frente a esta limitante, ¿qué alternativas tiene la CONAMED para incentivar a los prestadores de servicios médicos a mejorar? Una opción es proveer a la población de información. De este modo, estaría no sólo rindiendo cuenta de que cumple con sus atribuciones, sino estaría ofreciendo herramientas para que los interesados dispongan de evidencia para defender su derecho a la salud, sobre todo ante instituciones públicas que atienden a población de bajos recursos y, en muchos casos, sin seguridad social.

En el caso que nos ocupa, al particular le interesa información relacionada con este tipo de instituciones, en particular, sobre la Secretaría de Salud Pública del Distrito Federal. Permítanme utilizar un ejemplo. La audiencia recordará el caso del hospital de Cuajimalpa en que se produjo una explosión de gas y varios menores de edad perdieron la vida. Como consecuencia, hubo expresiones ciudadanas y del personal exigiendo a esta dependencia mejor monitoreo de la calidad y la seguridad de la infraestructura y los servicios proporcionados.

Estas expresiones demandan información no sólo sobre el caso en específico, sino sobre las acciones que las instituciones médicas llevan a cabo para ofrecer servicios adecuados. Si la CONAMED no tiene facultades para supervisarlos y sancionarlos, podría contribuir a difundir información sobre el tipo de quejas que recibe, casos relevantes que contribuye a solucionar y las instituciones médicas contra las que más quejas se interponen.

Sin embargo, este caso evidencia que presenta áreas de oportunidad en el control de las quejas que recibe. ¿Cómo es posible que manifieste no contar con información relacionada con la Secretaría de Salud Pública del DF cuando, por un lado, cuenta con un sistema de información que le permite atender los datos requeridos por el particular y, por otro lado, existe evidencia de que en solicitudes previas sí ha ofrecido respuesta? ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en ella si la propia CONAMED se contradice en sus respuestas y no gestiona correctamente la información con la que cuenta?

Propuesta

Se propone REVOCAR la respuesta del sujeto obligado y se instruye realizar una nueva búsqueda del número de personas que se han quejado de los servicios médicos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal ante la CONAMED, desglosado por año (2010-2014), número de quejas conciliadas, quejas pendientes, número de quejas que requirieron indemnización, quejas resueltas por arbitraje, en todas la unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Dirección General de Calidad e Informática así como la consulta al “Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED)” y entregue la información estadística al particular.

[1] http://www.conamed.gob.mx/estadistica/estadistica_2014.php

[2] Cfr. nota 1

[3] Cfr. nota 1

Ciudad de México, 13 de mayo de 2015.

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Folio de la solicitud: 0064100379615

Número de expediente: RDA 1001/15

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

El caso

El particular solicitó información del 2009 a la fecha, acerca de las aportaciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para cubrir las cuotas del seguro social de los jubilados de Luz y Fuerza.

El IMSS manifestó que si contara con la información, ésta sería reservada por secreto fiscal. Es decir, clasificó por adelantado una información cuya inexistencia debe probar. Asimismo, respondió que los documentos, datos e informes proporcionados por los trabajadores, patrones y otros sujetos en cumplimiento de sus obligaciones, no pueden comunicarse o darse a conocer en forma nominativa o individual.

Antecedentes del tema 

El 11 de octubre de 2009, el Ejecutivo Federal emitió el decreto para extinguir Luz y Fuerza del Centro, la cual conservaría su personalidad jurídica sólo para efectos del proceso de liquidación.[1]

Se confirió al SAE la atribución de liquidador. Entre sus responsabilidades está hacer el pago de jubilaciones a los trabajadores retirados de Luz y Fuerza.

Una razón del gobierno federal para extinguir Luz y Fuerza es que al 2008 registró un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales 160 mil millones correspondieron al personal jubilado y solamente 80 mil millones a trabajadores en activo.[2] Luz y Fuerza pagaba a sus jubilados el doble que a sus trabajadores en activo.

Este pasivo laboral tiene consecuencias hasta la actualidad. En 2014, el 40.6% de las pensiones y jubilaciones que el gobierno federal transfirió al SAE corresponden a extrabajadores de Luz y Fuerza. Dentro de estas cuotas una parte se destina para que estos tengan acceso a los servicios de salud del IMSS.[3]

Relevancia del caso

Este caso es relevante de acuerdo con la segunda y cuarta perspectivas establecidas por el pleno del INAI: 

ii) exponer públicamente casos en función de su importancia y su utilidad con respecto a los derechos de las personas.

iv) expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y de la transparencia.

Posicionamiento

El particular recurrió la respuesta del IMSS ante este Instituto y del análisis del caso se desprende que su agravio es fundado porque:

a) El IMSS no confirmó si cuenta o no con la información solicitada. Por tanto, no se puede afirmar que agotó la búsqueda de la misma.

b) No procede la posible clasificación invocada por el IMSS porque:

La información solicitada no afecta sus atribuciones como órgano fiscal autónomo ya que no se trata de una actividad de recaudación: el pago de las cuotas es una transferencia de recursos del SAE a los jubilados.

Luz y Fuerza ya está extinta, por lo tanto, ha perdido su calidad de patrón que aporta cuotas de sus trabajadores. Ahora estas aportaciones llegan al IMSS a través del SAE mediante transferencias del gobierno federal a la cuenta individual del jubilado y no por pago al IMSS en su calidad de organismo fiscal autónomo.

La sola transferencia de recursos públicos exige al sujeto obligado a publicitar esa actuación. Con ello, se garantiza que se destinan los recursos para el pago de las pensiones de los trabajadores jubilados.

Como ya dije, el caso es relevante por dos razones. En primer lugar y en materia de transparencia, hace visible la necesidad de mostrar que el SAE está transfiriendo las cuotas para pago de pensiones y jubilaciones, incluyendo las de servicios de salud de retirados de Luz y Fuerza.

Al extinguir Luz y Fuerza, el gobierno federal debe garantizar que los jubilados y pensionados reciban servicios de salud durante su retiro. Por lo tanto, debe demostrar que está cumpliendo con este derecho. ¿Por qué entonces el IMSS no cumple con la obligación de comprobar que recibe del SAE los recursos necesarios para brindar estos servicios de salud? Llamo la atención sobre la actitud del IMSS: ¿por qué se “cura en salud” clasificando una información cuya inexistencia no ha probado?

En segundo lugar, el caso nos muestra la utilidad de la transparencia y del derecho de acceso a la información para salvaguardar otros derechos. El derecho a la pensión de los jubilados de Luz y Fuerza y otros adultos mayores estarían en riesgo debido a que las finanzas públicas podrían no soportar más su pago.

El derecho a recibir una pensión o una jubilación al término de la vida activa es un derecho laboral. Sin embargo, el pago de estas cuotas va en aumento. Consideremos que para 2020, el número de personas en edad de recibir una pensión aumentará 14%, pasará de 10.1 millones a 14.4.3 A los pensionados y jubilados actuales se sumarán los adultos mayores que, una vez llegada la edad requerida, reclamarán este derecho laboral. Además están los adultos mayores que quedarían vulnerables por no reunir los requisitos para acceder a una pensión; por ejemplo, aquellos que no trabajan en el sector formal.

El pago de las pensiones y las jubilaciones implica no sólo acceder a un monto que permita el sustento de quien alguna vez fue trabajador en activo, sino a otros beneficios, como los servicios de salud.[4] Un estudio de la organización del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) explica que en México el pago de pensiones y jubilaciones podría estar en riesgo. Gran parte son pagadas con recursos públicos y su incremento está llevando a una situación de inviabilidad económica. Desde 2012, este gasto etiquetado como “Protección Social” ha representado entre 21% y 23% del Presupuesto de Egresos Federal.[5]

En 2014, las pensiones y jubilaciones de extrabajadores de las extintas Luz y Fuerza y Ferrocarriles Nacionales, y del IMSS, ISSSTE e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas a cargo del gobierno federal son el 7.5% del total del presupuesto aprobado para pensiones; es decir, 36 mil 014 millones de pesos.[6]

La transparencia es la vía más legítima y oportuna para que los adultos mayores de hoy y del futuro conozcan que sus derechos a pensión o jubilación y a la seguridad social están y estarán garantizados. ¿Qué acciones están tomando los sujetos obligados involucrados para asegurar el pago cabal de las pensiones y jubilaciones a que están obligados? ¿Qué acciones realizan para controlar el riesgo de inviabilidad que se avecina? Para contestar a esta pregunta es indispensable que provean a la ciudadanía de información al respecto.

Propuesta

Por lo anterior, se propone REVOCAR la respuesta del sujeto obligado e instruirle realizar una nueva búsqueda de la información y, en su caso, entregar aquella información que dé cuenta de las aportaciones que realiza el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para cubrir las cuotas del seguro social de los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro de manera individualizada, del periodo 2009 a la fecha de la solicitud de información que nos ocupa.

[1] http://www.sae.gob.mx/es/Empresas/Liquidacion/Relacion/LFCL/Atencion/Paginas/default.aspx

[2] http://www.asf.gob.mx/trans/informes/ir2011i/Grupos/Gobierno/2011_0158_a.pdf

[3] http://ciep.mx/entrada-investigacion/pago-de-pensiones-a-cargo-del-gobierno-federal/

[4] http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/2_ssocial.htm

[5] El Ramo 19 “Aportaciones a seguridad social” del presupuesto de egresos federal 2015 contiene las transferencias fiscales, a cargo del Gobierno Federal, destinadas a cubrir el pago de pensiones, cuotas, aportaciones, subsidios, apoyos y otras erogaciones de seguridad social.

Ciudad de México, 07 de mayo de 2015.

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Folio de la solicitud: 1816400012115

Número de expediente: RDA 0973/15

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

El caso

Un particular solicitó información de las reuniones de consulta de opinión sobre el proyecto sostenidas en diciembre de 2014 con los indígenas de la Comunidad de Rosarito, Municipio de Rosamorada, Nayarit.

La CFE clasificó la información como reservada aludiendo a un proceso deliberativo con las comunidades indígenas y el gobierno de Nayarit. Esta reserva motivó el recurso de revisión que hoy discutimos.

En alegatos, el sujeto obligado agregó que, el 07 de marzo de 2015, recibió una petición de las autoridades representativas de las comunidades en la que se solicita que no se hagan públicos los resultados y la documentación generada, porque se podría hacer uso inadecuado de ella y su vida podría estar en riesgo.

Antecedentes del tema 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsa el proyecto hidroeléctrico conocido como “Las Cruces”. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se presentó en diciembre de 2013 y en septiembre de 2014 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó de manera condicionada la hidroeléctrica, se menciona como primera condicionante la consulta a los pueblos originarios de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. Actualmente, la Secretaría de Energía evalúa este proyecto,[1] cuyo inicio de operaciones se prevé para 2018.

El 60% de los habitantes en la zona, aproximadamente 70 mil personas, son de origen indígena: coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros. Esta zona alberga sus centros ceremoniales y sitios religiosos.

México se ha comprometido internacionalmente con el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Estos determinan que el Estado debe garantizar el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado de las comunidades indígenas frente a proyectos que puedan afectar su territorio, recursos naturales y forma de vida.

Además, nuestro país también firmó el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (Convención Ramsar) y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, los cuales establecen el derecho de acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones para controlar o mitigar los efectos ambientales de proyectos de inversión o infraestructura.

Relevancia del caso

Este caso es relevante de acuerdo con la segunda perspectiva establecida por el pleno: 

ii) exponer públicamente casos en función de su importancia y utilidad con respecto a los derechos de las personas.

Posicionamiento

Del análisis se desprende que el agravio del particular es fundado porque:

a) Existe información, como listas de asistencia, que no documenta opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos.

b) En el caso de información que sí documenta un proceso deliberativo con las comunidades indígenas, se considera de interés público conocerla porque permite verificar que el Estado garantiza su derecho a ser consultadas en decisiones que impactan su forma de vida.

c) El sujeto obligado no aportó elementos suficientes que acreditarían el daño potencial con la publicación de la información.

d) La información podría contener datos personales que pudieran hacer identificables a quienes participaron en las reuniones, por lo que debe generarse versión pública de la información.

Una labor de este Instituto es tutelar el derecho de acceso a la información de la población para conocer los posibles riesgos en proyectos de inversión o infraestructura y las medidas que los sujetos obligados prevén para mitigarlos.

En relación al caso de la hidroeléctrica Las Cruces existen varios precedentes. El 04 de marzo este pleno resolvió el recurso de revisión RDA 0309/15, sobre los resultados de las consultas públicas realizadas. Se consideró de interés público conocer los resultados del proceso de consulta. La CFE no dio cumplimiento a la resolución de este recurso aludiendo a la solicitud de comunidades indígenas para no publicar la información y, posteriormente, entregó un documento donde se describe de manera general la metodología utilizada para las consultas.

En 2014 se resolvieron otros casos relacionados con este proyecto. El recurso RDA 1609/14 contra SEMARNAT respecto a los dictámenes realizados a las evaluaciones de impacto ambiental y el RDA 2156/14 contra la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) respecto a los protocolos, directrices y lineamientos para llevar a cabo las consultas. En ambos casos se instruyó a los sujetos obligados entregar lo solicitado en aras de privilegiar el derecho de acceso a la información.

El pasado 10 de abril, durante una reunión de representantes de pueblos indígenas y de la sociedad civil organizada denunciaron que proyectos como el de Las Cruces han sido impuestos por empresas y el Estado sin respetar los derechos de las comunidades afectadas[2] y sin las consultas públicas que debieron realizarse por legislación nacional e internacional. Organizaciones de la sociedad civil como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) confirman lo anterior.[3]

Un reporte de la AIDA ante relatores de la ONU, advierte lo siguiente, cito: “El Estado mexicano no garantizó el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas … en la aprobación de los estudios de exploración y factibilidad del proyecto …, ni lo ha garantizado durante la etapa de aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental.”[4]

El mismo reporte indica que la CFE solicitó permiso a autoridades indígenas para realizar estudios de exploración y factibilidad de la hidroeléctrica, pero esto no significa que se haya hecho una consulta pública efectiva. ¿Cumplió con la obligación de acercarse a los representantes del gobierno tradicional e instituciones indígenas? ¿Brindó intérpretes de las lenguas indígenas de la zona? Además, se desconoce si la CFE ha brindado información del proyecto en un formato entendible y públicamente accesible.

Según jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,[5] si se omite lo anterior, México incumple la Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Para garantizar el derecho de acceso a la información y la participación pública en evaluaciones de impacto ambiental opera un portal con información de consultas públicas de 2015, como parte del compromiso 25 de la Alianza para el Gobierno Abierto, “Protección Participativa del Medio Ambiente”.[6] Sin embargo, aún está pendiente satisfacer las necesidades de información de años previos, como en el caso que nos ocupa.

Si la CFE garantizó el derecho a la información y participación pública en las comunidades afectadas, ¿por qué no demostrarlo? La vida cotidiana de los habitantes de la zona en que se desarrollará el proyecto se verá afectada y tienen derecho a contar con información completa sobre ello. Sin este requisito, no es posible afirmar que se han previsto las medidas de mitigación necesarias.

Antes de concluir me permito hacer un llamado a los sujetos obligados respecto a la clasificación de información y en relación a las justificaciones de la CFE para reservar la información de este caso argumentando una prueba de daño insuficiente.

En este sentido, la recién aprobada “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” señala que para clasificar información se debe aplicar en todo momento una prueba de daño. Particularmente, el artículo 104 establece parámetros puntuales que deben cumplirse para aplicarla. El llamado es a los sujetos obligados a no esperar la entrada en vigor de esta Ley, sino a garantizar desde ahora el derecho de acceso a la información respetando sus principios.

Propuesta

Se propone REVOCAR la respuesta del sujeto obligado e instruirle a que ponga a disposición del particular en versión pública lo relativo a las actas notariales, constancias, minutas, listas de asistencia, video o audio grabaciones en que consten las reuniones de consulta de opinión sobre el Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, realizadas en la Comunidad Rosarito, Municipio de Rosamorada Nayarit, durante el mes de diciembre de 2014.

Relevancia del caso Ciudad de México, 29 de abril de 2015.

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Folio de la solicitud: 0610000054514

Número de expediente: RDA 0077/15

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

El caso

El particular solicitó el expediente de la autorización para operar como Banco, así como documentos de las visitas de inspección, hallazgos, observaciones, requerimientos, sanciones y trámites para su autorización.

La CNBV reservó parte de la información aludiendo a un proceso deliberativo que no ha concluido y por contener datos personales. En cuanto a los avalúos solicitados, declaró que son inexistentes. En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta y agregó que la información sobre sanciones también es inexistente.

Antecedentes del tema

En agosto de 2012, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó a la Unión de Crédito Nuevo Laredo, S.A. de C.V. a operar como institución de banca múltiple con el nombre de Banco Bicentenario.[1]

Dos años después, en julio de 2014, la CNBV revocó la autorización. La institución financiera ya no era solvente.[2]

Los depósitos del 40% de los ahorradores de Banco Bicentenario están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). No se cubrirá al resto por tratarse de socios, accionistas o funcionarios.[3]

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la liquidación de Banco Bicentenario tiene un impacto mínimo en el sistema financiero, pues sólo participaba con 0.027% de los créditos totales del sistema y tenía una captación de 0.025%.[4]

Relevancia del caso

Este caso es relevante de acuerdo con la cuarta perspectiva establecida por el Pleno del IFAI para su discusión en público: 

iv) Expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y de la transparencia.

Posicionamiento

Fue necesario realizar dos requerimientos de información adicional para poder clarificar con qué información cuenta el sujeto obligado y especificar el proceso deliberativo al que se refería. Se trata de un juicio de amparo promovido por el Banco para impugnar la revocación de la CNBV.

Del análisis se desprende que el agravio del particular es parcialmente fundado porque:

a)  No procede la reserva invocada por la CNBV ya que:

i. No se acredita la existencia de algún proceso deliberativo en curso. La supervisión de la CNBV ha concluido y ya se tomó la decisión de revocar la autorización.

ii. Si bien Banco Bicentenario impugnó mediante juicio de amparo la revocación de la CNBV, la información solicitada debe ser pública para rendir cuentas a los ciudadanos sobre el cumplimiento de sus facultades en materia de verificación para que las entidades financieras cuenten con la solvencia, liquidez y seguridad operativa requeridas. Además, esta información se difunde en el Diario Oficial de la Federación.

iii. La legislación correspondiente dispone que la información referente a las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados a instituciones bancarias sea pública.

b)  Sin embargo, deben protegerse datos confidenciales del Banco y personas físicas que aparezcan en los registros.

El caso es fundamental en materia de transparencia porque:

Los servicios financieros son mecanismos apropiados para ahorrar, pedir prestado y prever financieramente. Son, por tanto, una opción para elevar el bienestar de la población, lo que es fundamental en la agenda económica del país. Esto último se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que prevé medidas para democratizar el acceso al financiamiento.[5]

Existe un largo camino por recorrer en términos de equidad económica y social en nuestro país. [5] La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2012 reveló que el 36% de la población adulta en México usa al menos un producto de ahorro formal y el 29% utiliza algún mecanismo de crédito formal. Además, el uso de servicios financieros formales es menor en localidades de menos de 15 mil habitantes. Dada esta “escasez” de servicios financieros, desde el sexenio pasado se llevaron a cabo acciones para fomentar la inclusión financiera. Dentro de las cuáles:

i.  Se formalizó la regulación para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP), las cuales, junto con las Sociedades Financieras Populares (SOFIPO) constituyen las Entidades de Ahorro y Crédito Popular. Estas instituciones se ubican principalmente en zonas rurales y semiurbanas y brindan sus servicios a las personas tradicionalmente excluidas por la banca tradicional.

ii. Se incorporó al sistema financiero la figura de los “bancos de nicho”, que siguen la misma regulación que la banca tradicional pero el requerimiento de capital para constituirse es menor y realizan un número acotado de operaciones.

A esta nueva figura pertenecía el Banco Bicentenario. Si se le autorizó para constituirse como institución de banca múltiple debió ser porque la CNBV verificó que cumplía con los requisitos previstos para el efecto. Esto podría confirmarse con el expediente de la autorización respectiva, que es el objeto del recurso de revisión que hoy nos ocupa.

Aunque tenía una representatividad mínima en el sistema financiero, el cierre de Banco Bicentenario aseguró de que el mal manejo de este banco no afectará a sus ahorradores y acreditados. La información de este proceso también debe ser pública. La ciudadanía tiene derecho a conocer que la CNBV cumple cabalmente con sus obligaciones, sobre todo si se considera que con sus impuestos se constituye el IPAB y, si es necesario, se podría “rescatar” a algún banco de la quiebra.

Es crucial que la CNBV y los sujetos obligados relacionados actúen en coordinación para mantener informada oportunamente a la sociedad sobre las acciones que realizan para garantizar que en el futuro no se den casos como el de Banco Bicentenario o el de la SOFIPO Ficrea; dado que ambas correspondían a instituciones financieras reguladas por la Comisión e impulsadas en el marco de la inclusión financiera.[6]

¿Cuáles fueron las razones por las que se le revocó la autorización de operación a Banco Bicentenario? ¿Qué afectaciones tuvo esto para sus clientes? Para evitar que actúen de forma irresponsable y poner en riesgo a sus acreditados y ahorradores, la inclusión financiera y la regulación del sector deben ir acompañadas de mayor transparencia y rendición de cuentas.

Propuesta 

Se propone MODIFICAR la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de la clasificación de los documentos que obran en sus archivos e instruirle a efecto de realizar versión pública de los documentos relacionados con la información requerida por el solicitante, en donde se deberá testar la información que en esta resolución se especifica.

Asimismo, deberá elaborar y entregar una nueva resolución emitida por su Comité de Información, debidamente fundada y motivada, en la que confirme la clasificación de las partes que hayan sido testadas en la versión pública y la inexistencia concerniente a la documentación relativa a las sanciones impuestas a la entidad financiera que nos ocupa y a los avalúos, toda vez que el acta emitida en un principio es incorrecta.

[1] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5261996&fecha=01/08/2012

[2] Es decir, no cumplía con los requerimientos de capital establecidos por la Comisión respecto al índice de capitalización mínimo requerido. Según la CNBV, el índice de capitalización ayuda a medir la solvencia de un banco; las instituciones de crédito deberán mantener un monto de capital neto acorde con el monto de los activos sujetos a riesgo. http://www.cnbv.gob.mx/PRENSA/Paginas/Alertas-Tempranas.aspx

[3] http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2014/07/23/y-los-clientes-del-banco-bicentenario

[4] http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_058_2014.pdf y

[5] http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/An%C3%A1lisis%20Descriptivo%20ENIF%202012.pdf

Ciudad de México, 22 de abril de 2015.

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)

Folio de la solicitud: 1612100001815

Número de expediente: RDA 0532/15

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

El caso

El particular solicitó al INECC los estudios de valoración económica, ambiental y/o de riesgo ambiental realizados sobre el derrame tóxico provocado por la minera de Grupo México en ríos de Sonora.

En respuesta, el sujeto obligado contestó que el gobierno federal conformó una Comisión Especial para dar seguimiento al tema y, dado que fue coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), le orientó a dirigir su solicitud a ella.

El particular se inconformó ante este Instituto arguyendo que, a pesar de dicha Comisión, el INECC es el órgano facultado para realizar los estudios de su interés. En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta y agregó que consultó a la unidad administrativa que podría ser competente, la cual, aclaró que en sus archivos no cuenta con la información solicitada.

Antecedentes del tema

El recurso se relaciona con un tema ya discutido públicamente por este pleno. En enero, esta ponencia presentó el recurso RDA 5240/14 relacionado con el peor desastre ambiental en la historia moderna del país, según lo calificó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

El 06 de agosto de 2014, ocurrió un derrame tóxico en los ríos Bacanuchi y Sonora ocasionado por la mina Buenavista del Cobre concesionada a la empresa Grupo México. Los daños causados ascienden a por lo menos mil 800 millones de pesos y afectaron a 24 mil personas, según análisis del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).[1]

Para subsanar estos daños, Grupo México propuso un programa de remediación del cual se ha avanzado en la atención de una de 5 zonas en riesgo. La empresa también debió constituir un fideicomiso de 2 mil millones de pesos que incluye entrega de apoyos económicos, los cuales debieron ser entregados en su totalidad el 15 de febrero de este año.[2] Otras acciones son limpieza de los ríos, monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas de los pozos utilizados por la minera, atención médica a población, etcétera.

El mes pasado (marzo) surgió el movimiento “Todos unidos contra Grupo México”, conformado por pobladores de la zona y mineros de la Sección 65 del Sindicato Minero Nacional, el cual tiene apoyo de representantes de otros grupos nacionales e internacionales como Yaquis, Padres ABC y United Steelworkers (USW). El movimiento organiza foros de información para los afectados, aunque sus demandas van más allá de ello. Exige atención a los afectados cuyos pagos fueron suspendidos dada la temporada electoral, así como la revisión de las condiciones laborales de los mineros. Han desarrollado acciones de protesta como bloqueo de carreteras y pozos utilizados por la minera, por lo que han sido denunciados por Grupo México ante probable robo, despojo y daños a los pozos de agua.[3]

Relevancia del caso

Este caso es relevante de acuerdo con la segunda perspectiva establecida por el Pleno del IFAI para la discusión de los recursos en público: 

ii) Exponer públicamente casos en función de su importancia y utilidad con respecto a los derechos de las personas.

Posicionamiento

De acuerdo al análisis, el agravio del particular resulta fundado porque:

a) La Ley General de Cambio Climático dispone que el sujeto obligado es competente para atender la solicitud del particular. Está facultado para realizar estudios de investigación científica o tecnológica en materia de protección al ambiente y colabora con la SEMARNAT en la cuantificación de costos por contaminación al ambiente.

b) El Ejecutivo federal, así como la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, conformaron comisiones especiales para atender la problemática ambiental a que se refiere este caso. En este marco, el INECC participó en el análisis de dictámenes para cuantificar el daño causado. Esta ponencia localizó un boletín de prensa de la Cámara de Diputados que lo corrobora.[4]

En materia de transparencia, el caso es fundamental para visibilizar que las consecuencias de un daño ambiental van más allá de las pérdidas económicas y que la sociedad exige y requiere información sobre cómo y cuándo los gobiernos actuarán para reducir las consecuencias de estos daños en sus vidas cotidianas.

Los recursos mineros pertenecen a la sociedad mexicana. El uso y destino de los mismos deben ser decididos por la sociedad en general. Sin embargo, dado que su explotación implica afectar las zonas cercanas, sus habitantes deben poder conocer los efectos y su magnitud, así como los riesgos latentes. Cito un estudio de Fundar, “la actividad extractiva ha agudizado los problemas de marginación y exclusión social, debido principalmente a la afectación de las actividades productivas tradicionales, los daños al medio ambiente, la contaminación y el incremento de los precios que [esta actividad] ha traído consigo.”[5] ¿Cómo pueden enterarse las comunidades de estos riesgos? La respuesta es: con información.

El gobierno mexicano ha reconocido lo anterior con compromisos internacionales que prevén acciones para facilitar el acceso a información que promueva la participación ciudadana en la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de las comunidades cercanas a lugares de explotación de recursos naturales:

a) En primer lugar, México es firmante de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 en América Latina y el Caribe, celebrada en junio del 2012.

b) En segundo lugar, están los compromisos 23 “Minería para todos”, 24 “Cuidado al medio ambiente basado en evidencia” y 26 “Adhesión de México a la iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas” de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Vale la pena mencionar que, precisamente, la semana pasada (el martes 15 de abril) se llevó a cabo en las instalaciones de este Instituto la “Segunda reunión de presentación de avances de los compromisos del Plan de Acción de la AGA 2013-2015”. Entre otras actividades, se realizaron mesas de trabajo en las que gobierno y sociedad civil organizada evaluaron conjuntamente el nivel de cumplimiento de los compromisos. En cuanto al cumplimiento de los compromisos listados previamente, se admitió que se tenía un nivel parcial de cumplimiento.

Dicho “nivel parcial de cumplimiento” es evidente en el caso en cuestión. ¿Cuánto dinero se destina para atenuar los daños? ¿Cuál es el grado de contaminación que aún se presenta? ¿El agua de los pozos es apta para consumo humano y de animales? ¿Qué pasa con la fauna y flora de la zona? ¿Los suelos siguen siendo aptos para sembrar? ¿Cambiarán las actividades económicas tradicionales de la zona? Si los sujetos obligados involucrados responden a las preguntas realizadas por los afectados y las personas en general, atenderán su derecho a mantenerse informados y participar a lo largo del proceso de toma de decisiones, es decir, desde la identificación de posibles soluciones, pasando por su implementación y hasta su evaluación posterior.

Organizar ruedas de prensa o instalar mesas de atención temporales no es suficiente para asegurar la transparencia de las acciones gubernamentales llevadas a cabo para subsanar los daños ecológicos. Frente a contingencias ambientales, es necesario proporcionar información de forma constante, organizada y de acuerdo a las necesidades de la población. Las autoridades federales, estatales y municipales deben estar coordinadas de modo que, favoreciendo el principio de máxima publicidad, estén en capacidad de contestar lo que esté bajo sus atribuciones, algo que el INECC no realizó en este caso.

Propuesta

Esta ponencia proponga REVOCAR la respuesta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático e instruirle a realizar una búsqueda exhaustiva de los estudios de valoración económica, ambiental y/o de riesgo ambiental realizados respecto del accidente ocurrido en agosto de 2014, donde se derramaron sustancias contaminantes en ríos y arroyos del Estado de Sonora, en todas sus unidades administrativas competentes entre las que no podrá omitir a la Coordinación General de Crecimiento Verde y la  Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental, y los entregue al particular.

[1] Greenpeace, “Toxic spill in Sonora, the tip of the iceberg”, Dirección URL: http://greenpeaceblogs.org/2014/09/15/toxic-spill-sonora-tip-iceberg/

[2] http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/rio_sonora_28_enero.pdf

[3]http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/yaquis-y-padres-abc-se-unen-a-movimiento-contra-grupo-mexico-1086547.html; http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/gm-buenavista-cobre-denuncia-1085366.html; http://quidnoticias.com/?p=1706; http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/denuncia-grupo-mexico-pobladores-rio-sonora-1090960.html

[4] Boletín no. 4356, en el que se da a conocer que el costo del derrame tóxico en el río Sonora ascendió a mil 870 millones de pesos, “de acuerdo con los dictámenes analizados por el INECC”. http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Octubre/09/4356-Detalla-Navarrete-Prida-ante-diputados-problematica-generada-por-el-derrame-de-sustancias-contaminantes-en-el-rio-Sonora

Ciudad de México, 15 de abril de 2015.

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Folio de la solicitud: 0000400030415

Número de expediente: RDA 0420 /15

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

El caso

El particular solicitó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) conocer el número de policías municipales, estatales y federales asesinados en 2013 y 2014, segmentando por zona del país y cargos.

En respuesta, el sujeto obligado declaró incompetencia y orientó al particular a dirigirse al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que se interpuso recurso de revisión ante este Instituto.

Antecedentes del tema

El artículo 21 constitucional señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. La Constitución señala que la actuación de las instituciones policiales debe regirse por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Las policías son las instancias de seguridad más cercanas a la ciudadanía y representan en muchos casos el primer rostro del Estado encargado de hacer cumplir la Ley.[1]

La legislación de la materia prevé que para mejorar el desempeño de los policías, se les apliquen exámenes de confianza y se implementen acciones para mejorar sus condiciones laborales, capacitarles y dotarles de equipo adecuado. Al respecto se identificó que:

a) El gobierno federal concluyó la aplicación de exámenes de confianza en noviembre de 2014, proceso en el que invirtió 5 mil 770 millones de pesos. Sin embargo, en estados como Veracruz, Sinaloa y Baja California Sur, más del 30% de los policías estatales y municipales reprobaron estos exámenes y deberán ser retirados de sus funciones.[2] Por otro lado, el Informe País sobre Calidad de la Ciudadanía en México de 2014 advierte que 66.7% de los mexicanos considera que el desempeño de las policías estatales o municipales ha sido poco o nada efectivo.[3]

b) En cuanto a condiciones sociolaborales, organizaciones de la sociedad civil como #PropuestaMx2014, Fundación Friedrich Ebert Stiftung y CIDAC – Centro de Investigación para el Desarrollo, han documentado que los policías del país están sometidos a jornadas de trabajo largas; algunos perciben menos de 4 mil pesos por mes; el 68% sólo cuenta con educación básica y el 2% es analfabeta. Además, el 60% padece enfermedades graves vinculadas a la hipertensión, diabetes, miopía y gastritis y al menos el 41% de los policías son médicamente obesos.[4]

c) Respecto a su capacitación, en marzo de 2009 se creó el Sistema Integral de Desarrollo Policial (SIDEPOL), que contempla acciones de profesionalización, un servicio policial de carrera, un nuevo régimen disciplinario y un sistema de seguridad social digno.3 Por otra parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos[5] informó que hasta 2013, Estados Unidos ha proporcionado capacitación a más de 4 mil 500 oficiales de la Policía Federal y que las policías estatales y municipales han recibido capacitación como parte de la Iniciativa Mérida. Entre febrero y junio de 2013 fueron entrenados mil 498 agentes.[6]

Relevancia del caso

El caso es relevante de acuerdo a la cuarta perspectiva establecida por el Pleno del IFAI para su discusión pública: 

iv) Expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y la transparencia.

Posicionamiento

De acuerdo al análisis, el agravio del particular resulta fundado porque:

La SEGOB es competente para proporcionar parte de la información solicitada. A través del Comisionado Nacional de Seguridad, debe generar, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticas y del personal policial de las unidades y órganos administrativos adscritos a él.

Si bien el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también es competente para atender la solicitud, ello no exime a la SEGOB de proporcionar la información con la que cuenta. En caso de tener competencias concurrentes con el Secretariado, la SEGOB debe agotar la búsqueda de información, proporcionar la que tenga en sus archivos, o bien, fundamentar y motivar debidamente la inexistencia de la misma. Sin embargo, el sujeto obligado no ofreció certeza jurídica de haber hecho búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes.

En materia de transparencia el caso es relevante, ya que:

De acuerdo a un reporte de la Policía Federal, en 2013 se registraron las bajas de 83 elementos por fallecimiento y 76 en 2014.[7] No se cuenta con registros estadísticos de las policías estatales y municipales. La ausencia de estos datos nos permite plantear al menos las siguientes interrogantes. En primer lugar, ¿por qué la SEGOB, en el marco del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no ha elaborado una base de datos sobre las bajas por fallecimiento de policías de los tres niveles de gobierno? En segundo lugar, ¿las bajas en los cuerpos policiales se deben a falta de capacitación, a superioridad de armamento de los delincuentes, o hay otras razones? Ante la falta de información no es posible responder a estas preguntas.

Otros cuestionamientos que pueden surgir a partir de este recurso y de los datos mencionados son: ¿qué está haciendo el Estado mexicano para incentivar a los policías a mejorar su desempeño? ¿Cuántos policías hay asignados a cada zona del país? ¿Cuántos han fallecido y por qué motivos? ¿Qué medidas hay "por zona" para fortalecer su formación y proteger su vida? La población en general debería tener acceso a esta información para poder hacer propuestas y estrategias para incrementar la seguridad en el país. Este recurso evidencia que tal información no existe o no está disponible.

En diciembre de 2014, el Ejecutivo Federal anunció una reforma a los cuerpos policiales en respuesta a la crisis de confianza en ellos. Dicha iniciativa busca combatir la inseguridad, la incapacidad y la infiltración policial, sobre todo en los cuerpos municipales. Se previó el fortalecimiento del Sistema Integral de Desarrollo Policial[8] y para 2015 se asignaron recursos por más de 15 mil 844 millones de pesos, tan sólo de transferencias federales a los estados y municipios, para acciones que incluyen el fortalecimiento de los cuerpos policiales.[9]

Este tipo de reformas deben realizarse con transparencia. Organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa y PropuestaMx advierten que, hasta ahora, no se puede afirmar que las reformas propuestas estén basadas en evidencia dada la falta de información pública que permita la rendición de cuentas y el debate público en la materia.[10] La sociedad tiene derecho a saber sobre lo anterior. El derecho a la seguridad es primordial para la sociedad mexicana; hace falta transparencia y rendición de cuentas de las acciones realizadas por los diferentes niveles de gobierno como las relacionadas con el fortalecimiento del actuar de las policías en México. Si no hay información de los elementos caídos en cumplimiento de su deber, ¿cómo confiarán los ciudadanos en otro tipo de cifras como, por ejemplo, las de desaparecidos o civiles muertos?

Propuesta

Se propone REVOCAR la respuesta de la Secretaría de Gobernación e instruirle que realice una búsqueda exhaustiva, sobre el número de policías municipales, estatales y federales asesinados en los años 2013 y 2014 indicando la zona del país y cargo que tenían, en todas sus unidades administrativas competentes entre las que no podrá omitir a la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, a la Unidad de Planeación, Prospectiva y Evaluación, a la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional, a la Dirección General de Seguridad Privada, a la Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación y a la Dirección General de Apoyo Jurídico, así como que entregue al particular la información que obre en sus archivos.

[1] http://bit.ly/1CQ6XUm

[2] http://bit.ly/1anzEki

[3] http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

[4] #PropuestaMx2014 (2014) “Diez propuestas para mejorar la seguridad pública en México” http://redaccion.nexos.com.mx/?p=6599#_ftn3

[5] Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA): Centro de estudios y promoción de los derechos humanos en las Américas

[6]http://bit.ly/1qxzWpI

[7] http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1172165//archivo

[8] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378383&fecha=13/01/2015

[9] Más de 8 mil 190 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Federal; más de 2 mil 759 millones de pesos para subsidios a policías estatales y más de 4 mil 893 millones de pesos para Subsidios a la Seguridad en los Municipios-. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377963&fecha=02/01/2015; http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382023&fecha=13/02/2015; http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5379981&fecha=30/01/2015