Posicionamiento de recurso vs. @Tu_IMSS relativo al pago de cuotas para jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro
Ciudad de México, 13 de mayo de 2015.
Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Folio de la solicitud: 0064100379615
Número de expediente: RDA 1001/15
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez
El particular solicitó información del 2009 a la fecha, acerca de las aportaciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para cubrir las cuotas del seguro social de los jubilados de Luz y Fuerza.
El IMSS manifestó que si contara con la información, ésta sería reservada por secreto fiscal. Es decir, clasificó por adelantado una información cuya inexistencia debe probar. Asimismo, respondió que los documentos, datos e informes proporcionados por los trabajadores, patrones y otros sujetos en cumplimiento de sus obligaciones, no pueden comunicarse o darse a conocer en forma nominativa o individual.
El 11 de octubre de 2009, el Ejecutivo Federal emitió el decreto para extinguir Luz y Fuerza del Centro, la cual conservaría su personalidad jurídica sólo para efectos del proceso de liquidación.[1]
Se confirió al SAE la atribución de liquidador. Entre sus responsabilidades está hacer el pago de jubilaciones a los trabajadores retirados de Luz y Fuerza.
Una razón del gobierno federal para extinguir Luz y Fuerza es que al 2008 registró un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales 160 mil millones correspondieron al personal jubilado y solamente 80 mil millones a trabajadores en activo.[2] Luz y Fuerza pagaba a sus jubilados el doble que a sus trabajadores en activo.
Este pasivo laboral tiene consecuencias hasta la actualidad. En 2014, el 40.6% de las pensiones y jubilaciones que el gobierno federal transfirió al SAE corresponden a extrabajadores de Luz y Fuerza. Dentro de estas cuotas una parte se destina para que estos tengan acceso a los servicios de salud del IMSS.[3]
Este caso es relevante de acuerdo con la segunda y cuarta perspectivas establecidas por el pleno del INAI:
ii) exponer públicamente casos en función de su importancia y su utilidad con respecto a los derechos de las personas.
iv) expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y de la transparencia.
El particular recurrió la respuesta del IMSS ante este Instituto y del análisis del caso se desprende que su agravio es fundado porque:
a) El IMSS no confirmó si cuenta o no con la información solicitada. Por tanto, no se puede afirmar que agotó la búsqueda de la misma.
b) No procede la posible clasificación invocada por el IMSS porque:
La información solicitada no afecta sus atribuciones como órgano fiscal autónomo ya que no se trata de una actividad de recaudación: el pago de las cuotas es una transferencia de recursos del SAE a los jubilados.
Luz y Fuerza ya está extinta, por lo tanto, ha perdido su calidad de patrón que aporta cuotas de sus trabajadores. Ahora estas aportaciones llegan al IMSS a través del SAE mediante transferencias del gobierno federal a la cuenta individual del jubilado y no por pago al IMSS en su calidad de organismo fiscal autónomo.
La sola transferencia de recursos públicos exige al sujeto obligado a publicitar esa actuación. Con ello, se garantiza que se destinan los recursos para el pago de las pensiones de los trabajadores jubilados.
Como ya dije, el caso es relevante por dos razones. En primer lugar y en materia de transparencia, hace visible la necesidad de mostrar que el SAE está transfiriendo las cuotas para pago de pensiones y jubilaciones, incluyendo las de servicios de salud de retirados de Luz y Fuerza.
Al extinguir Luz y Fuerza, el gobierno federal debe garantizar que los jubilados y pensionados reciban servicios de salud durante su retiro. Por lo tanto, debe demostrar que está cumpliendo con este derecho. ¿Por qué entonces el IMSS no cumple con la obligación de comprobar que recibe del SAE los recursos necesarios para brindar estos servicios de salud? Llamo la atención sobre la actitud del IMSS: ¿por qué se “cura en salud” clasificando una información cuya inexistencia no ha probado?
En segundo lugar, el caso nos muestra la utilidad de la transparencia y del derecho de acceso a la información para salvaguardar otros derechos. El derecho a la pensión de los jubilados de Luz y Fuerza y otros adultos mayores estarían en riesgo debido a que las finanzas públicas podrían no soportar más su pago.
El derecho a recibir una pensión o una jubilación al término de la vida activa es un derecho laboral. Sin embargo, el pago de estas cuotas va en aumento. Consideremos que para 2020, el número de personas en edad de recibir una pensión aumentará 14%, pasará de 10.1 millones a 14.4.3 A los pensionados y jubilados actuales se sumarán los adultos mayores que, una vez llegada la edad requerida, reclamarán este derecho laboral. Además están los adultos mayores que quedarían vulnerables por no reunir los requisitos para acceder a una pensión; por ejemplo, aquellos que no trabajan en el sector formal.
El pago de las pensiones y las jubilaciones implica no sólo acceder a un monto que permita el sustento de quien alguna vez fue trabajador en activo, sino a otros beneficios, como los servicios de salud.[4] Un estudio de la organización del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) explica que en México el pago de pensiones y jubilaciones podría estar en riesgo. Gran parte son pagadas con recursos públicos y su incremento está llevando a una situación de inviabilidad económica. Desde 2012, este gasto etiquetado como “Protección Social” ha representado entre 21% y 23% del Presupuesto de Egresos Federal.[5]
En 2014, las pensiones y jubilaciones de extrabajadores de las extintas Luz y Fuerza y Ferrocarriles Nacionales, y del IMSS, ISSSTE e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas a cargo del gobierno federal son el 7.5% del total del presupuesto aprobado para pensiones; es decir, 36 mil 014 millones de pesos.[6]
La transparencia es la vía más legítima y oportuna para que los adultos mayores de hoy y del futuro conozcan que sus derechos a pensión o jubilación y a la seguridad social están y estarán garantizados. ¿Qué acciones están tomando los sujetos obligados involucrados para asegurar el pago cabal de las pensiones y jubilaciones a que están obligados? ¿Qué acciones realizan para controlar el riesgo de inviabilidad que se avecina? Para contestar a esta pregunta es indispensable que provean a la ciudadanía de información al respecto.
Por lo anterior, se propone REVOCAR la respuesta del sujeto obligado e instruirle realizar una nueva búsqueda de la información y, en su caso, entregar aquella información que dé cuenta de las aportaciones que realiza el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para cubrir las cuotas del seguro social de los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro de manera individualizada, del periodo 2009 a la fecha de la solicitud de información que nos ocupa.
[1] http://www.sae.gob.mx/es/Empresas/Liquidacion/Relacion/LFCL/Atencion/Paginas/default.aspx
[2] http://www.asf.gob.mx/trans/informes/ir2011i/Grupos/Gobierno/2011_0158_a.pdf
[3] http://ciep.mx/entrada-investigacion/pago-de-pensiones-a-cargo-del-gobierno-federal/
[4] http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/2_ssocial.htm
[5] El Ramo 19 “Aportaciones a seguridad social” del presupuesto de egresos federal 2015 contiene las transferencias fiscales, a cargo del Gobierno Federal, destinadas a cubrir el pago de pensiones, cuotas, aportaciones, subsidios, apoyos y otras erogaciones de seguridad social.
[6] http://ciep.mx/entrada-investigacion/pago-de-pensiones-a-cargo-del-gobierno-federal/.
