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Residuos hospitalarios: 9 centros de salud de Puno incumplen normas seguridad

La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la DIRESA Puno detectó incumplimientos sistemáticos y generalizados de la Norma Técnica de Salud 144-MINSA/2018/DIGESA en nueve establecimientos supervisados. Las fallas abarcan todas las etapas de gestión de residuos sólidos, desde aspectos administrativos hasta disposición final, generando riesgo sanitario significativo para personal, pacientes y comunidad.

Los centros inspeccionados incluyen establecimientos públicos y privados que muestran deficiencias críticas en manejo interno. El Centro Médico Carlos Barriquelo y el Centro de Salud Mental Comunitario Dr. Alfredo Mendiguri presentan las situaciones más alarmantes al carecer completamente de empresa operadora de residuos sólidos autorizada.

La Clínica ProSalud Médica Integral obtuvo calificación «Aceptable» únicamente en aspectos administrativos y recolección externa. Sin embargo, registra deficiencias significativas en acondicionamiento, segregación, almacenamiento primario y transporte interno, requiriendo implementar recipientes con tapa y bolsas negras para residuos comunes en servicios higiénicos.

Establecimientos privados muestran fallas operativas críticas

El Centro Perio Implant Odontológico Especializado necesita acondicionar recipientes con tapa y bolsas de colores correspondientes en consultorios. La señalización de rutas de transporte interno resulta inexistente en la mayoría de centros supervisados, evidenciando falta de protocolos básicos de bioseguridad para el personal.

El Centro Médico Carlos Barriquelo presenta una de las situaciones más graves al no contar con contrato o convenio con empresa operadora de residuos sólidos. Esta deficiencia administrativa crítica impide la disposición final segura de residuos biocontaminados, representando alto riesgo sanitario directo para la población.

El Puesto de Salud Habith Humanity carece de Plan de Manejo de Residuos Sólidos y responsable designado formalmente. Las deficiencias administrativas comprometen la gestión integral, aunque mantiene servicio de recolección externa aceptable con empresa operadora autorizada para tratamiento final.

Centros públicos evidencian fallas generalizadas más severas

El Centro de Salud Mental Comunitario Dr. Alfredo Mendiguri Pineda recibió calificación «Muy Deficiente» en gestión administrativa. No presentó manifiestos de empresa operadora ni evidencia de contrato vigente, generando incertidumbre sobre el destino final de residuos peligrosos producidos.

El Centro Médico Endogastro Puno cumple aspectos administrativos y externos, pero requiere implementar señalización de rutas internas y acondicionar espacios de almacenamiento final con condiciones mínimas de higiene y seguridad establecidas por normativa vigente.

El Centro Médico Arcangel S.A.C. obtuvo calificación «Muy Deficiente» en tres áreas críticas: almacenamiento central, tratamiento y recolección externa. La ausencia total de espacio destinado para almacenamiento central y falta de empresa operadora constituyen violaciones graves de bioseguridad hospitalaria.

Centros rurales presentan deficiencias estructurales múltiples

El Centro de Salud Chejoña carece de bolsas para residuos especiales en laboratorio y farmacia. Los recipientes en tópico y obstetricia no poseen tapas adecuadas, mientras el almacenamiento final presenta revestimiento inadecuado con presencia de material punzocortante sin protección.

El Centro de Salud Capachica muestra «falta de organización» generalizada en todas las etapas operativas. Aunque cuenta con empresa operadora TIECO S.A.C., esta etapa también recibió calificación deficiente por incumplimientos en conservación de manifiestos y diagnóstico inicial.

Las inspecciones revelan que los incumplimientos sistemáticos convierten a los centros de salud en potenciales focos de riesgo. La falta de priorización de bioseguridad en manejo de residuos expone directamente al personal sanitario, pacientes, visitantes y comunidad general a contaminación cruzada y enfermedades infecciosas.

Puno

Médico desmiente renuncia telefónica a comisión y 270 postulantes se ponen en riesgo por posible usurpación de funciones

Irregularidades en el proceso de contratación de la Dirección Regional de Salud de Puno ponen en riesgo la selección de 35 plazas con 270 postulantes, luego que el doctor Juan Carlos Espinoza desmintiera categóricamente su supuesta renuncia telefónica como presidente suplente de la comisión evaluadora. La controversia surgió tras declaraciones del director regional Fredy Velásquez Angles, quien justificó cambios urgentes en la comisión.

Velásquez Angles había explicado que Espinoza presentó renuncia vía telefónica por motivos personales, generando la necesidad de designar una nueva comisión para evitar perjuicios en el concurso. Sin embargo, el médico refutó estas afirmaciones, donde confirmó haber recibido únicamente una llamada del jefe de Recursos Humanos sin especificar motivos claros.

«Yo no renuncié, me di con la sorpresa de una nueva comisión», declaró Espinoza, quien reveló desconocer el cronograma del proceso y nunca haber sido notificado formalmente sobre el término de su designación. El profesional confirmó que le solicitaron reunirse, pero sin detallar específicamente los motivos de la convocatoria.

La designación original establecía al doctor Juan Carlos Mendoza como presidente titular y Espinoza como suplente mediante acto resolutivo, situación que permanecía vigente hasta el cambio sorpresivo. El médico cuestionó la falta de comunicación previa y documentación formal que respalde su supuesto retiro del proceso de selección.

El gobernador regional Richard Hancco Soncco ya habría tomado conocimiento de la situación y evaluaría acciones correctivas, incluyendo la posible anulación del proceso de comprobarse las irregularidades denunciadas. Esta medida afectaría directamente a los 270 postulantes que compiten por las 35 plazas ofertadas bajo la modalidad 276.

Espinoza enfatizó que nunca fue informado del cronograma ni de las entrevistas personales realizadas, situación que el director regional calificó como falta administrativa. El médico sostuvo que desconocía totalmente el desarrollo del proceso, limitándose únicamente a la llamada telefónica recibida desde Recursos Humanos.

La nueva comisión designada por la Diresa argumenta que Espinoza renunció telefónicamente, versión que el médico rechaza tajantemente, asegurando que solo manifestó su poca disponibilidad para reunirse por encontrarse en Juliaca. Esta discrepancia genera dudas sobre la transparencia del proceso de contratación en la entidad de salud.

Las autoridades regionales evalúan medidas para esclarecer las contradicciones surgidas entre las versiones oficiales y los testimonios del doctor Espinoza. La resolución del conflicto determinará la continuidad o anulación del proceso que involucra 35 plazas laborales estratégicas para el sector salud en Puno.

Puno

Designación "express" de presidente de comisión en concurso de la Diresa pone a 270 postulantes en riesgo

270 postulantes para 35 plazas de personal administrativo y asistencial en la Dirección Regional de Salud de Puno enfrentan la posible anulación de su proceso de selección tras una designación «express» irregular del presidente de la comisión evaluadora. El consejero por la provincia de Chucuito-Juli, Abad Vizcarra Estrella, intervino durante las entrevistas personales al detectar anomalías en el reemplazo del titular de la comisión permanente del concurso público.

La irregularidad se centra en el reconocimiento de la comisión permanente del concurso público para contrato de personal administrativo y asistencial de la Dirección Regional de Salud Puno, modalidad de reemplazo, suplencia y contrato administrativo de servicios CAS para el ejercicio fiscal 2025. El proceso corresponde al decreto legislativo 276 número 001 del 2025, que regula las contrataciones temporales por reemplazo en el sector salud.

Juan Carlos Espinoza debía asumir la presidencia de la comisión tras la renuncia del presidente principal, sin embargo, fue reemplazado en cuestión de horas después de supuestamente no presentarse el día de las entrevistas personales. En su lugar se nombró a Fermín Antonio Olazábal el mismo día, previo al inicio de las entrevistas, en un proceso que el consejero califica como irregular por su inmediatez.

Consejero por la provincia de Chucuito-Juli, Abad Vizcarra Estrella | Foto: NVC

Espinoza renunció únicamente mediante una llamada telefónica que no fue registrada oficialmente, situación que agrava las irregularidades del proceso de selección. Esta modalidad de renuncia no cumple con los protocolos administrativos establecidos para cambios en comisiones evaluadoras de concursos públicos, generando dudas sobre la legitimidad del reemplazo efectuado por las autoridades de la DIRESA.

Vizcarra Estrella se entrevistó personalmente con los miembros de la comisión y recabó documentos para determinar la situación irregular que podría derivar en la anulación del proceso. El consejero exhortó a la comisión a llevar este proceso de la mejor manera, advirtiendo sobre las consecuencias legales de mantener una designación tan irregular en la presidencia de la comisión evaluadora.

La intervención del consejero busca garantizar la transparencia en un proceso que involucra recursos públicos y oportunidades laborales para cientos de profesionales de la salud en la región. Las 35 plazas disponibles representan oportunidades importantes para personal administrativo y asistencial que requiere la DIRESA Puno para fortalecer sus servicios durante el ejercicio fiscal 2025.

El proceso de selección enfrenta el riesgo de anulación debido a las irregularidades detectadas en la designación del presidente de la comisión evaluadora. Esta situación afectaría directamente a los 270 postulantes que participan en el concurso público, quienes han invertido tiempo y recursos en cumplir con los requisitos establecidos para las diferentes modalidades de contratación temporal.

Las autoridades de la DIRESA deben resolver inmediatamente las observaciones planteadas por el consejero para evitar la anulación del proceso y garantizar que la selección de personal se desarrolle con total transparencia. La documentación recabada por Vizcarra Estrella será fundamental para determinar las acciones correctivas necesarias que permitan continuar con las entrevistas personales bajo estricto cumplimiento normativo.

Puno

Freddy Velásquez mantiene cargo en la DIRESA, pero bonos irregulares continúan generando tensión

Freddy Velásquez Ángeles continúa como titular de la Dirección Regional de Salud tras descartar su intento de renuncia o disposición del cargo. El gobernador regional Richard Hancco confirmó que no existe documento alguno respecto a cambios en la dirección de DIRESA, aclarando que las conversaciones giraron únicamente en torno a pedidos que exceden las facultades legales del funcionario.

El principal problema recae en bonos de alimentación mismos que fueron observados por la Contraloría que ya sancionó funcionarios por este trámite irregular que se dio de forma similar en otros departamentos, mientras trabajadores administrativos de DIRESA presionan para obtener pagos de 200 soles mensuales que carecen de respaldo legal y presupuestario. El caso del ex gerente de GERESA Arequipa, sancionado tres años por este mismo tema, marca un precedente que complica las exigencias actuales en la región Puno.

Hancco reveló que Velásquez manifestó su disposición a «dar un paso al costado» si ello facilitara el cumplimiento de las exigencias laborales, evidenciando la presión ejercida por trabajadores administrativos. Sin embargo, la autoridad regional enfatizó que estos bonos fueron declarados irregulares por la Contraloría, generando un obstáculo jurídico insalvable para cualquier funcionario que pretenda autorizarlos.

Los trabajadores administrativos exigen el bono de alimentación desde enero, argumentando su derecho legítimo ante las bajas remuneraciones del sector salud. No obstante, el gobernador regional advirtió que aprobar estos pagos constituiría una irregularidad que podría generar responsabilidades administrativas y penales para quienes suscriban dichas autorizaciones, considerando los pronunciamientos previos de los órganos de control.

El antecedente del exgerente de GERESA Arequipa, sancionado tres años por bonos similares, refuerza la posición del gobierno regional sobre la ilegalidad de estos pagos. Hancco explicó que las acciones de control en otros departamentos han establecido una «opinión generalizada» sobre la irregularidad de estos beneficios, además de la falta de normativa que los respalde actualmente.

La normativa vigente prohíbe expresamente este tipo de bonificaciones, según confirmó Hancco al referirse a los cambios implementados en el tiempo. Esta situación coloca a los funcionarios en una disyuntiva entre satisfacer las demandas laborales y cumplir con el marco legal establecido por los órganos de control del Estado.

El gobernador regional descartó que existan documentos formales presentados por el sindicato respecto a la situación de Velásquez, confirmando que las conversaciones se mantienen en un plano informal. Hancco subrayó que no han manifestado ningún interés particular en cambios administrativos, contradiciendo versiones que circularon públicamente sobre posibles modificaciones en la dirección de DIRESA.

La falta de presupuesto regional para financiar estos bonos constituye un obstáculo adicional para materializar las exigencias de los trabajadores administrativos. Esta limitación económica, sumada a las observaciones de Contraloría y la ausencia de marco normativo favorable, configura un escenario complejo que mantiene en tensión las relaciones laborales dentro de la institución de salud regional.

Puno

DIRESA Puno incumple plazo legal y no responde solicitud de acceso a información pública de residuos sólidos

La Dirección Regional de Salud de Puno no ha respondido la solicitud de acceso a la información pública realizada por Pachamama radio, por más de 30 días hábiles, a pesar de que la Ley exige un plazo máximo de 10 días hábiles para entregar la información.

Se solicitó datos sobre resoluciones, opiniones técnicas, estudios y sanciones relacionadas con la disposición final de residuos de los distritos de Puno, y hasta la fecha no recibe respuesta por parte de la entidad, situación que genera incertidumbre en la población interesada.

El solicitante dejó constancia de su trámite ante el responsable designado por la DIRESA Puno, Víctor Saavedra Aguilar, desde el 17 de julio de 2025, utilizando los canales oficiales que establece la Ley de Transparencia, sin éxito hasta este momento.

La solicitud incluye información sobre proyectos, estudios y medidas aplicadas a la gestión de los residuos sólidos, aspecto que afecta directamente a la ciudadanía, considerando la relevancia de un manejo adecuado y transparente sobre este tema.

El pedido también abarca detalles sobre clausura de infraestructuras para disposición final y documentos que la DIRESA Puno debió emitir sobre la seguridad en rellenos sanitarios en los distritos, lo que denota una preocupación por el bienestar del entorno.

La falta de respuesta impide conocer resoluciones y opiniones técnicas, que son de interés público para verificar el cumplimiento de normativas y acciones sobre residuos sólidos en Puno, afectando la transparencia informativa que exige la ley.

Se entregó su pedido formalmente con toda la documentación necesaria, solicitando que la información se le remita vía correo electrónico, modalidad que simplifica el acceso y la recepción de archivos según las normativas vigentes.

La Dirección Regional de Salud no ha justificado el retraso ni comunicado razones sobre la omisión de respuesta, lo que evidencia desinterés institucional frente a solicitudes legítimas y constituye una falta a la ley en cuanto a plazos establecidos.

La falta de acceso impide el análisis informado sobre la gestión de residuos, deja en el aire medidas administrativas y sanciones que, de conocerse, podrían aportar a la mejora de la calidad ambiental y la seguridad sanitaria de Puno.

Puno

Renuncia de Fredy Velásquez en la DIRESA de Puno tras deuda y protesta de 160 servidores administrativos

La falta de acuerdos y una deuda de S/ 200 soles mensuales por concepto de alimentación provocaron la renuncia del director de la Dirección Regional de Salud de Puno, Fredy Velásquez, quien enfrentó la presión de 160 trabajadores administrativos que declararon huelga indefinida.

El origen del conflicto se remonta a enero, cuando la deuda por vales de alimentación aumentó a S/ 13 diarios por persona, generando protestas entre los servidores, quienes rechazan además el traslado institucional para construir el hospital Manuel Núñez Butrón.

Ante esta situación, la DIRESA habilitó una licitación para regularizar el pago, pero la Contraloría observó el proceso por errores en la documentación, exigiendo que se levantaran las observaciones en un plazo de 21 días, lo que no fue aceptado por los trabajadores movilizados.

Fredy Velásquez sostuvo que el comité de la licitación debía responder prontamente ante las observaciones presentadas, sin embargo, la presión aumentó hasta que los trabajadores exigieron su renuncia como medida inmediata ante la falta de solución.

La crisis llegó al máximo durante una reunión en el auditorio institucional, donde Velásquez puso su cargo a disposición frente a los integrantes del SUTRESS, marcando su salida con una declaración directa ante las demandas sindicales.

Luego de las palabras de Velásquez, el director se retiró sin alcanzar resoluciones concretas con el sindicato y reconoció que las negociaciones no generaron acuerdos eficaces para superar el conflicto por los vales de alimentación.

Máximo Charaja, secretario sindical, consideró la renuncia como un primer avance e indicó que la licitación observada será anulada, permitiendo retomar el proceso para regularizar los beneficios y los pagos adeudados que los trabajadores demandan.

La situación en el sector salud de Puno permanece incierta hasta la aceptación de la renuncia por parte de las autoridades regionales, mientras continúan las protestas de los servidores administrativos por la garantía de sus derechos laborales y soluciones a la crisis.

Puno

Puno continúa sin línea de emergencia, SAMU mantiene deuda impaga desde 2024

Una deuda acumulada desde enero de 2024 mantiene sin servicio telefónico al Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) en Puno, donde la línea 106 permanece inoperativa desde hace dos semanas, dejando a la población sin acceso inmediato a emergencias médicas y poniendo en riesgo la vida de quienes requieren atención urgente.

La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Puno enfrenta versiones contradictorias sobre las causas del colapso del servicio. El director Freddy Velásquez Angles inicialmente atribuyó la falla a la presunta salida de Telefónica del Perú, sin embargo, el administrador Alipio Calla reveló posteriormente que la verdadera causa es una deuda pendiente que data desde inicios del presente año.

La situación crítica afecta directamente la respuesta ante accidentes de tránsito, emergencias médicas domiciliarias y casos que requieren intervención inmediata del personal especializado del SAMU. Los pacientes que necesitan asistencia urgente no pueden comunicarse a través del número 106, generando retrasos peligrosos en la atención médica de emergencia.

Las autoridades sanitarias regionales trabajan en negociaciones con la empresa Claro para el traslado y restablecer el servicio telefónico, aunque hasta el momento no han logrado reactivar la línea. La búsqueda de alternativas tecnológicas se desarrolla mientras persiste la incertidumbre sobre los plazos de restablecimiento del servicio esencial para la población puneña.

La revelación de la deuda acumulada durante meses expone deficiencias en la gestión administrativa de la DIRESA Puno, donde el pago oportuno de servicios básicos no se cumplió adecuadamente. Esta situación pone en evidencia la falta de planificación financiera para mantener operativos los servicios críticos de salud en la región.

Los funcionarios responsables del área administrativa, junto con ex directores que conocían la existencia de la deuda, podrían enfrentar procesos administrativos por la negligencia en el cumplimiento de obligaciones financieras. La falta de pago oportuno generó el corte definitivo del servicio telefónico por parte de la empresa proveedora.

La población puneña queda temporalmente sin acceso directo a emergencias médicas a través del tradicional número 106, obligando a buscar alternativas. Esta situación irregular compromete los tiempos de respuesta establecidos en los protocolos nacionales de atención de emergencias.

La crisis del SAMU Puno refleja problemas estructurales en la gestión de servicios públicos esenciales, donde la falta de previsión financiera impacta directamente en la seguridad sanitaria de más de un millón de habitantes que dependen de este sistema de emergencias médicas para situaciones críticas que requieren respuesta inmediata.

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