#abusodeautoridad

Todo ello confluye en la policia misionera, y en especial, en la figura del comisario Marcelo Chimiski. La provincia acumula varios casos recientes en los que las fuerzas de seguridad repiten las peores prácticas de la represión estatal. La imagen es del estado de WhatsApp de un policía en funciones: el comisario inspector Marcelo Chimiski, jefe de la Unidad Regional XI de Policía de Aristóbulo del Valle, municipio ubicado en el centro de Misiones.

Según informó el colega Daniel Villamea en “El Territorio”, cuando las autoridades policiales se enteraron iniciaron un sumario interno, pero Chimiski continúa en actividad. Tal vez la reivindicación del dictador Videla haya sido un acto fallido de Chimiski. Lo cierto es que de la Unidad Regional que tiene a su cargo depende la comisaría de Campo Grande, una localidad de 6.000 habitantes donde el fin de semana hubo un llamativo intento de suicidio de un adolescente que hoy está internado en terapia intensiva. Su mamá, Nélida Ferreyra, denuncia que a Gabriel (17) lo venían persiguiendo desde hacía semanas por la acusación de un crimen que no cometió. “Tengo la cabeza llena de globos por los golpes que me dieron”, llegó a decirle unos días antes en el Juzgado de Paz de Campo Grande, donde le ordenaron una reclusión de veinte días por una contravención (ruidos molestos). “La ropa de Gabriel estaba mojada”, dice Nely sobre un bolso con prendas que se llevó de la comisaría donde tenían alojado al joven. Su sospecha es que el cuadro actual de salud de Gabriel (infección pulmonar y dificultad para oxigenar la sangre) no haya sido por un intento de suicidio, sino por una práctica policial que viene de la época de Videla: el submarino, que consiste en sumergir la cabeza envuelta en una bolsa de la persona torturada. Previamente, mientras la Policía buscaba a Gabriel, detuvieron a su hermana (con quien convivía en Campo Grande) y también la sometieron a la misma tortura para que hablara. “Tengo la cabeza llena de globos por los golpes que me dieron”, llegó a decirle Gabriel a su mamá días antes de que lo internaran por un supuesto intento de suicidio. “Gabriel se había ido a esconder al monte, no podía estar en la casa porque siempre estaba rodeada de policías”, dice Nely, quien reconoce que su hijo “no es un santo” y tiene problemas de adicciones. El motivo de su persecución era un caso de asesinato que sucedió en Campo Grande (“la comisaria me dijo que él no había sido”). Por sus antecedentes, Gabriel era perseguido día y noche. Su mamá quería llevarlo a Oberá, donde vive el resto de la familia (marido, cinco hijxs y cinco nietxs). Lo detuvieron el lunes 20 de junio. Nely viajó a Campo Grande y el miércoles 22 se econtró con Gabriel en el Juzgado de Paz. Allí, entre susurros, su hijo le dijo: “No me dejaron marcas en el cuerpo, pero tengo la cabeza llena de globos por los golpes que me dieron”. La jueza le ordenó reclusión por una contravención por ruidos molestos: veinte días de detención. Gabriel quería hacer la denuncia judicial por los maltratos una vez que saliera en libertad. El sábado a la madrugada, Nely recibió un llamado policial: a Gabriel lo trasladaban por una supuesta taquicardia. Desde entonces está en terapia intensiva con asistencia respiratoria. Recién en las últimas horas, Gabriel respondió a las palabras de su mamá apretando la mano. El cuadro de salud es muy delicado. 

El prevaricato consiste en una actividad en la que un juez, autoridad o funcionario público pronuncia una resolución de manera arbitraria en un ámbito administrativo o judicial bajo pleno conocimiento de la injusticia en la decisión.