Claudio Loyola __________________

Tendríamos la capacidad de conectar modelo normal, esa que permite hacer conexiones comunes, y por tanto, en vez de realmente generar un avance sustantivo, solo permite estar al nivel. Algo así como un sistema de información para las finanzas, producción, o para la gestión de personas, cada uno bien armado, entregando las soluciones lógicas.

También podríamos encontrar la capacidad de conectar más avanzada, que sin duda sería más cara, pero que permitiría encontrar espacios más allá de los comunes y lograría algunas decisiones de mayor impacto. Esta se parecería un poco a un ERP, conectando a todas las áreas de una organización. Finanzas y personas no andarían tan separados, y podríamos hacer decisiones de inversión óptimas para la cadena de abastecimiento.

Por cierto, encontraríamos en el mercado también la capacidad de conectar en su versión pirata, esa que permitiría algunos de los resultados anteriores, pero por tiempo limitado. Aquellas organizaciones que adquirieran la versión pirata estarían adquiriendo un ERP sin la gestión de cambio, logrando resultados de corto plazo, apalancados en las POC respectivas.

A modo de ejemplo, a través de Analiza.cl, en un par de minutos, un empresario podría identificar la región en la que más se comercializan los productos o servicios que ofrece, cuál ha sido el monto transado en esa industria, cuáles son los principales competidores y el historial de negocios de cada uno de ellos, para determinar en qué licitación participar.

Sin embargo, estamos conscientes de que Analiza.cl no es la única posibildiad de explotar el valor de la información de las compras públicas. Sin duda, a partir de esta información es posible construir múltiples soluciones para facilitar la participación de empresas en las compras públicas, pero además, considerando como evoluciona la necesidad de transparencia y acceso, y como avanzan las tecnologías, creemos que esta información es una importante fuente para generar valor público.

Considerando además las crecientes necesidades de menores barreras, mejor información y mejores decisiones de negocio, junto con el desafío de fortalecer la competitividad y eficiencia de los proveedores del Estado, creemos que propiciar un espacio de colaboración para dar cuenta de esta necesidades es un buen camino, y ese es el foco de la API de ChileCompra: generar más valor público a partir de la información de nuestros sistemas.

La recientemente implementada api.mercadopublico.cl no sólo es una plataforma que se hace cargo del sentido literal de su definición: permitir el desarrollo de aplicaciones  (Application Programming Interface o Interfaz para Programación de Aplicaciones) sino que está orientada a ser un motor de co-creación, a través del cual aparezcan más plataformas como Analiza.cl o que se creen otras soluciones no sólo de negocios, sino también de visualización de datos, de información ciudadana, o que propicien mejor coordinación y colaboración entre instituciones respecto de la información de las compras públicas.

En el ámbito público, concluir respecto del ahorro que se genera por una determinada estrategia de abastecimiento y un sistema de compras específico, es quizá más delicado, no sólo por las complejidades propias de los posibles modelos de medición, sino además por la dificultad de contar con información pertinente y suficiente para realizar estimaciones realistas.

En este contexto, en Chile hemos realizado esfuerzos tendientes a diferenciar los beneficios de realizar compras públicas a través de un sistema electrónico. Mientras en los inicios de ChileCompra nuestra meta fue identificar el ahorro general, tanto por precios como por mejores procesos, con el paso del tiempo hemos avanzado hacia un modelo que permite un análisis de la tendencia del ahorro en precios.

Considerando que a mayor competencia aumenta la probabilidad de que aparezca un postor más económico; que si los postores saben que hay más competencia reducen sus precios para aumentar la probabilidad de adjudicación; y que más participantes desincentiva la colusión; a nuestro entender, el ahorro en precios es una función de la competencia del mercado. Bajo este concepto, hemos construido un modelo que permite obtener un porcentaje de ahorro en precios , a partir de los niveles de competencia del mercado que se generan en las transacciones efectuadas a través de la plataforma de licitaciones de ChileCompra, www.mercadopublico.cl. Cabe recordar que más de 850 organismos del Estado chileno –incluyendo ministerios, servicios públicos, hospitales, universidades, fuerzas armadas y municipios- efectúan sus compras a través de esta plataforma electrónica, generando transacciones por más USD 8.000 millones al año en las que participan más de 100 mil, el 90% de las cuales se adjudican negocios.

Al 2011, el porcentaje señalado alcanzó en Chile al 3,5%, y mes a mes, dependiendo de la cantidad de licitaciones que se publican en el sistema y de la cantidad de ofertas recibidas, este porcentaje se mueve entre bandas del 2,5% y el 4%. [1]

Con todo, un determinado porcentaje de ahorro no es en sí mismo una señal de si estamos o no haciendo bien las cosas. En este sentido, cabe preguntarse ¿qué tan bueno es este porcentaje si se compara con los ahorros que logran otras empresas e industrias?

Por otra parte, el ahorro en precios no es la única variable a medir, sobre todo, en el entendido que el ahorro en precios tiene un costo intrínseco. ¿Cuánto cuesta la evaluación por parte de los compradores de una oferta adicional por cada licitación? Para garantizar la trasparencia y por tanto fomentar la participación de más empresas ¿en qué costos adicionales debemos incurrir?

Asimismo, no debemos olvidar que el fin no es el ahorro, sino facilitar una mejor inversión de los recursos públicos. En un sentido amplio, el Estado no necesariamente debe ahorrar, sino ser más eficiente en la producción de bienes y servicios para los ciudadanos.

Por tanto, no podemos leer el ahorro sólo como la capacidad de obtener los insumos que se necesitan para generar productos y servicios a menor costo, sino que se debe tomar en consideración la evolución de las industrias y de los mercados, en paralelo a la discusión respecto del ahorro. En este contexto, es relevante compartir metodologías de medición de ahorro y eficiencia, a fin de permitir comparaciones pertinentes, que incorporen de la mejor forma posible las distintas condiciones, y faciliten el intercambio de buenas prácticas entre nuestros países.

“Estimar ahorro” no es sólo verificar cómo ha disminuido el gasto entre un periodo y otro. Resulta además del todo relevante la discusión en torno a cuáles son las agencias que de mejor forma ejecutan sus recursos, o qué calidad de insumos están adquiriendo y, por cierto, incorporar en el análisis el beneficio logrado por mejoras en los procesos. Esto no se reduce sólo a si compramos por catálogo o si utilizamos un determinado tipo de subasta e, incluso, es una discusión que excede a si el canal es o no electrónico, dado que esa materia forma parte ya del mínimo que se requiere en un sistema de compras moderno.

Las agencias de compras públicas no deben perder el foco. Asumiendo que en cierto sentido las compras públicas han madurado y logrado el mínimo requerido en términos de transparencia,  tenemos la oportunidad de aportar a la eficiencia de gestión pública de mejor forma, en la medida que nos acercamos a las organismos y los apoyamos a fin de que, no sólo logren ahorros, sino que sean eficientes. Debemos avanzar hacia un modelo en que las instituciones den cuenta no sólo de la velocidad con que ejecutan sus recursos, sino también de la calidad de esta gestión, concepto que supera la simple valoración de la diferencia del gasto en un lapso de tiempo.

La transversalidad normativa anteriormente señalada tiene una bajada operativa uniforme, a través de un único sistema de compras, que canaliza todas las compras de bienes y servicios  de las instituciones y agencias señaladas.  Este contexto permite lograr impacto relevante a través de ajustes normativos, y también posibilita implementación de decisiones de política que alcancen a todas las agencias e instituciones del Estado.

Adicionalmente, la normativa de compras públicas chilena establece la obligación a las instituciones de utilizar como primera opción de compra el catálogo electrónico que opera ChileCompra, cuyos productos se incorporan previa licitación pública realizada por la señalada institución.  Actualmente el mencionado catálogo representa el 20% del monto anual de las compras públicas en Chile, ofreciendo por tanto un importante canal para la implementación de políticas públicas a través de ChileCompra, organismo que realiza las licitaciones correspondientes para poblar el catálogo.

Asimismo, cabe señalar que la normativa le ha entregado la responsabilidad a ChileCompra de acreditar las competencias de los funcionarios de los organismos públicos para realizar compras públicas, y por tanto, ésta debe implementar programas de capacitación, cuyos contenidos deben estar acorde con las definiciones implementadas en el mercado público.

En este contexto, y considerando además que la normativa permite que los organismos públicos consideren dentro de sus procesos de decisión criterios de evaluación relacionados con el impacto social y medioambiental de los productos y servicios que contratan,  canales reales para lograr que las compras públicas sean un vehículo para potenciar el desarrollo de más productos, servicios, y en general, soluciones sustentables:

i.                    Capacitación: con la incorporación en los planes de capacitación, y en las instancias de acreditación de competencias en compras públicas, de materias relacionadas con compras sustentables, se logra que los compradores públicos incorporen en sus procesos de decisión conceptos que incentiven a las empresas a incorporar la sustentabilidad, y no sólo en sus productos y el TCO de éstos, sino en sus procesos productivos en general y en sus servicios conexos.

ii.                  Implementación en licitaciones: a través de la incorporación de conceptos de sustentabilidad, directamente en las plataformas del sistema de compras públicas chileno, es posible incentivar el desarrollo de más productos y servicios sustentables. En el formulario de bases de licitación genérico ofrecido por la ChileCompra, es posible incorporar criterios de evaluación y clausulas genéricas para cada rubro, mientras en el catálogo electrónico la incorporación de sellos y certificaciones asociadas a productos y empresas es una opción viable.

Considerar no sólo de aspectos económicos, sino también de aspectos sociales y ambientales en los procesos productivos y de prestación de servicios no sólo facilita la obtención de la licencia social para operar, sino además, en el largo plazo, resulta en un beneficio económico para las empresas, que ven cómo se abren posibilidades en nuevos mercados, y descubren nuevos nichos de productos no abordados.

Con todo, avanzar hacia mercados cada vez más sustentables depende en gran medida de cómo los consumidores asumen el desafío, e incorporan en sus proceso de decisión no sólo el costo inicial de sus consumos, sino el costo que se genera durante todo de ciclo de vida del bien o servicio, o TCO[1], logrando con esto decisiones económicamente más rentables, cuyos beneficios aunque mayoritariamente son visibles en el mediano y largo plazo, pueden también percibirse, en algunos casos, en el corto plazo.

La dinámica de consumidores informados y responsables por sus decisiones se ha instalado paulatinamente, sin embargo, un importante impulso puede ser realizado desde el Estado, que como uno de los consumidores relevantes de nuestra economía, puede dar una importante señal a las empresas en esta materia, y por tanto apoyarlas a mejorar su competitividad y a prepararse para estos nuevos consumidores.

Sin embargo, la implementación de  compras sustentables es un proceso coordinado en el que deben  participar de forma transversal instituciones públicas, representativas del gobierno en los distintos ámbitos de la sustentabilidad, pero también organizaciones privadas, capaces de dar cuenta de las necesidades y capacidades de las empresas para avanzar hacia una oferta de productos y servicios sustentables, y organizaciones sociales, que deben cuidar una correcta representación de la ciudadanía en los distintos ámbitos de acción. 

Adicionalmente, es relevante que centros de investigación y organismos encargados de generar innovación e inclusión de nuevas tecnologías formen parte del núcleo que se ocupe de coordinar la implementación de compras sustentables en la economía, a fin de lograr decisiones con un fuerte componente técnico y que incorporen lo  ya avanzado.

El Gobierno tiene la responsabilidad de dar señales de hacia dónde se quiere avanzar, y cuáles son los intereses país, en virtud de la necesidad de orientar el desarrollo de la economía de forma armónica con el desarrollo sustentable. Naturalmente, agencias cuyo rol se relaciona directamente con compras públicas deben tener un rol preponderante, sin embargo, es relevante representación transversal.

Agencias relacionadas con el empresariado deben garantizar una alineación correcta entre las políticas de desarrollo empresarial y la política de compras sustentables, agencias coordinadoras de estándares deben establecer desafíos acordes con la normativa y estándares vigente en el país, agencias medioambientales deben velar por la minimización de impacto y agencias relacionadas con la seguridad social y la normativa laboral tienen la responsabilidad de incorporar los conceptos sociales y garantizar el correcto direccionamiento en torno a los derechos de las personas.

Asimismo, se requiere una efectiva representación de los organismos compradores, quienes tienen un rol de gran relevancia en la implementación de las compras sustentables. Una correcta relación entre organismos compradores y los estamentos encargados de instalar competencias de los profesionales que ejecutan las compras públicas es vital para la implementar compras sustentables.

El rol de las organizaciones privadas encargadas de representar a las empresas es de gran importancia para determinar el plan de acción y real posibilidad de implementar SPP. El mundo empresarial, a través de sus organizaciones representativas, tiene la responsabilidad de  trasmitir las posibilidades que tiene la industria de responder a compras sustentables. Mientras, las organizaciones sociales deben velar por representar los intereses finales de la ciudadanía y ejecutar un rol de contrapeso a los intereses empresariales.

Velar por que la implementación sea realizada en concordancia con estándares internacionales y rescatando la experiencia comparada es parte de la función de universidades, centros de investigación y de la academia en general, quienes deben velar por la consistencia técnica de las decisiones en materia de compras públicas sustentables.