Javier Moreno: “Rebajar impuestos es lo último en lo que deberíamos pensar”
(Recupero de forma puntual el Minutario para ampliar la entrevista que apareció días atrás al investigador del CIS Javier Moreno Fuentes en Heraldo)
¿Cuál es el estado del estado del bienestar en España?
Debilitado… y desenfocado. Sigue protegiendo, y a algunos colectivos muy bien, como los mayores o el grueso de la población en términos de sanidad, pero luego hay otros colectivos muy mal cubiertos, como los desempleados de larga duración o los jóvenes y niños; los primeros porque tienen muchas dificultades para insertarse en el mercado laboral y los segundos porque crecen en entornos de pobreza severa. El estado del bienestar no hace lo suficiente para reducir esas dificultades.
Se suele destacar el papel protector de la familia en España. Pero eso también tiene otras consecuencias: el Estado delega parte de sus responsabilidades.
Esa es una de las características del sistema de bienestar español: un carácter muy familista. El problema es que sobre la familia se ponen demasiadas cargas, que a veces no puede llegar a atender. Además, la familia ya no es lo que era, ni por su estructura, solidez y capacidad de responder a los retos, ni en su propia composición. La ley de dependencia fue un intento de responder a una realidad: la familia ya no puede proteger del mismo modo a los dependientes. Pero llegó la crisis y la ley quedó debilitada.
¿No hemos adaptado a la incorporación de la mujer al mercado laboral de las últimas décadas?
No. De nuevo, la realidad social ha cambiado mucho y el Estado no se ha adaptado a ello. Se hicieron algunas políticas durante la época de Zapatero para impulsar la natalidad, como el plan Educa 3, pero de nuevo se congeló con la crisis. Los gobernantes deben darse cuenta de que tenemos un problema demográfico muy gordo.
¿Cómo afectaría extender los permisos de paternidad?
Es muy importante en términos de facilitar a las familias la posibilidad de diseñar estrategias para responder a esa necesidad de conciliar, y también permitirá avanzar en la igualdad de género. Lo cual es relevante, porque seguimos siendo una sociedad en la que hombres y mujeres no se implican por igual en las tareas domésticas. Pero son políticas de coste cero, prácticamente; es necesario que se acompañe de otras iniciativas de gasto, de apoyo a las familias con hijos.
¿Qué medida ve prioritaria?
Lo más urgente es garantizar unos ingresos mínimos a familias en situación de vulnerabilidad, especialmente con niños. Algo que fortalezca las políticas que existen, muy parciales y segmentadas, como las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas.
En Europa ya hay iniciativas de ese tipo.
La mayor parte de países europeos ya tienen un programa que podríamos llamar de mínimos. En España es muy pequeño e incompleto; necesitamos desplegar una malla mínima de seguridad que garantice unos ingresos. No se trata de nada que desincentive a las personas a trabajar, sino de que las saque de debajo del umbral de una vida digna, y que saque a sus hijos de la pobreza extrema. Algo que tendrá costes futuros para la sociedad, en forma de fracaso escolar, dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, delincuencia… La Unión Europea lo tiene claro: lo llama políticas de inversión social. En España, el Estado del bienestar tiene que reorientarse, que recalibrarse.
Con un gasto social muy por debajo de la media europea, ¿le parece adecuada la bajada del IRPF?
Cualquiera que enfoque el asunto de la política fiscal en España tiene que asumir que no se puede bajar impuestos; entre otras razones, porque ya los tenemos varios puntos por debajo de la media de la UE. Pero, sobre todo, si lo que se pretende es ser una economía más competitiva, en estos momentos hay que invertir, y es el Estado el que en buena medida debe hacerlo. No es el consumo el que va a permitir que seamos una economía más competitiva en el futuro, sino la inversión; en investigación, en garantizar la cohesión social, etc. La gente es perfectamente capaz de entenderlo: los impuestos son lo que permite hacer funcionar la máquina del Estado, que es lo que intenta lograr el bien común y el desarrollo en aquellas inversiones que nos harán más competitivos. La rebaja de impuestos es lo último en lo que deberíamos pensar; antes debería estar la lucha contra el fraude, la eliminación de los agujeros fiscales, la mejora del impuesto de sociedades y de la recaudación por IVA, etc.
“Desde 2008 la desigualdad en España ha estado creciendo a un ritmo nunca visto en Europa desde la era Thatcher”, ha dicho.
En España, el mercado ha estado generando desigualdad a mucha más velocidad que en otros países, y eso tiene que ver con el desempleo, con la baja calidad del empleo que se ha creado y con la débil capacidad del estado del bienestar para reducir esas desigualdades. Nuestro sistema es de los menos redistributivos que existen; tiene un componente muy fuerte de seguridad social, de aseguramiento social, y esto significa que damos a la gente una prestación en función de lo que han contribuido. El Estado interviene muy poco para proteger a los grupos más vulnerables, lo que nos coloca en una de las situaciones más extremas dentro de los países de la OCDE. Habría que reequilibrarlo.
Hay una teoría recurrente: que para que sea el Estado el que gestione el dinero, mejor que lo hagan los propios particulares.
Es el discurso clásico neoliberal. Los datos no lo avalan en absoluto; lo que está detrás de esto es la lógica de que el dinero, cuando lo usan los particulares, va descendiendo por capilaridad al resto de la sociedad y esto dinamiza la economía. Pero eso no es verdad. Por sí solo, el mercado no genera un sistema eficiente; prima el cortoplacismo y los intereses individuales. Debe haber un equilibrio, y deberíamos converger con los países a los que deseamos parecernos. Esa es la clave.
De todos modos, ese argumento nunca ha dejado de tener presencia.
En los primeros años de la crisis, Sarkozy dijo aquello de “refundar el capitalismo”, y se quedó en nada. Los intentos de regular el sistema bancario que impulsó Obama en Estados Unidos los está desmontando Trump. El discurso neoliberal no ha desaparecido nunca, pero incluso grandes instituciones como la Unión Europea son conscientes de que hay que volver a un modelo neokeynesiano, en el que el Estado tenga un papel central en garantizar la inversión para el futuro y una mínima cohesión social que permita que nuestras sociedades nos provean de los servicios públicos que tanto valoramos. Porque luego, a los ciudadanos les preguntas hasta qué punto quieren sanidad o educación públicas y mayoritariamente dicen sí, porque hay unos servicios de gran calidad a un coste muy razonable. Cuando observamos aquellos países que han privatizado los sistemas de bienes públicos, vemos que son sistemas desiguales, el doble de caros y que encima no resultan eficientes.
¿Cómo ve el modelo público-privado de la sanidad en Cataluña?
Ahí se ha implantado un sistema de provisión privada, pero la regulación y la financiación siempre ha sido pública. Ese es otro debate; no tanto cómo se financian o se regulan los bienes públicos a quién provee esos servicios. Efectivamente, determinadas formas de colaboración público-privada pueden ser eficientes para mejorar el coste-efectividad de los bienes.
¿Cuáles son las claves para que suceda?
Por una parte, que el Estado sea un actor fuerte, inflexible en la supervisión de esa provisión, para que se asegure que no se producen nuevas formas de desigualdad, que no se derivan recursos hacia un lucro de los actores privados o que la calidad de los servicios es la contratada. Y ahí hay peligros muy grandes, como lo que se conoce como la captura del regulador: cuando los actores privados encargados de la provisión de un bien son más fuertes que el regulador, se abre la puerta al fraude o la corrupción, y de ahí las puertas giratorias, los contratos fraudulentos, la sobrefinanciación… Volvemos a la cuestión de la calidad de las instituciones.
Tradicionalmente se ha pensado que los inmigrantes en España detraen más recursos de los que aportan. Pero los estudios no avalan eso.
Está demostrado que no es así; es justo lo contrario. Durante los primeros años de su llegada, los inmigrantes son en general jóvenes en edad de trabajar y que quieren labrarse un futuro. En esos años, contribuyen varias veces más de lo que consumen en términos de servicios públicos. Incluso los sin papeles, que no pagan Seguridad Social ni IRPF, sí aportan en forma de IVA. Y las personas de los escalones económicamente más bajos son las que más pagan en impuestos indirectos, proporcionalmente a sus ingresos. ¿Por qué? Porque casi todo lo que tienen se lo gastan para cubrir sus necesidades vitales. Por eso se dice que el IVA es un impuesto regresivo. De este modo, esos recursos que detraen los indocumentados, como la sanidad, los pagan con creces. Con el tiempo, esos inmigrantes convergen con la sociedad autóctona, y su reducción neta se convierte en neutra.
España se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los países con mayores tasas de inmigración en Europa, y sin embargo hay poca conflictividad social. ¿Por qué ha sido así?
Es algo muy bueno, de lo que debemos en parte congratularnos, porque tiene que ver con la forma de ser de los españoles, de sus valores. Pero también hay que pensar que ese aumento rápido de la inmigración se produjo durante el ‘boom’ económico, y que esos inmigrantes llegaron porque había una demanda de mano de obra. En 2007 llegaron a España tantos inmigrantes como refugiados fueron a Alemania en el pico de la crisis de refugiados; aproximadamente un millón. Y mientras que en Alemania se planteó como algo extraordinario, en España casi ni se habló de ello. Porque aquí no se concibió a esa población como un grupo al que dar una atención específica, pero al mismo aislar, sino que esas personas se buscaron su trabajo, se buscaron su vivienda y se insertaron en la sociedad española. Lo hicieron por la vía social y económica, aunque no por la vía estatal. No hizo falta que los polideportivos se convirtiesen en centros de acogida. A partir de 2008, los flujos se congelaron.
En materia laboral, contemplamos a las nuevas tecnologías con pavor.
Está bien que se señale la posibilidad de que vamos a hacer frente a grandes transformaciones en nuestro sistema productivo, pero creo que tampoco hay que caer en el alarmismo. Siempre ha habido revoluciones tecnológicas, en las que determinados sectores se han quedado obsoletos y han emergido otros que absorben buena parte del empleo. Es verdad que vamos a tener que ser flexibles, y volemos a la capacidad de invertir en formar a los trabajadores para adaptarse mejor a las nuevas situaciones. También sabemos que se van a generar nuevas formas de desigualdades, y de nuevo necesitaremos que el Estado esté ahí, para proteger a aquellos grupos que hayan quedado en situación más vulnerable y para reorientar el sistema económico y productivo para aprovechar estos nuevos nichos que surgen.
Pero la überización parece que está aquí para quedarse.
Sí que estamos observando una precarización muy fuerte del mercado laboral. Aquí ¿qué necesitamos? Un Estado regulador, que proteja a los trabajadores. Es cierto que algunas de estas nuevas formas de trabajo deben ser más flexibles, y puede resultar hasta positivo que lo sean. Pero al mismo tiempo debemos asegurarnos de que no caminamos hacia una depauperización del empleado; gran parte de estos nuevos empleos se parecen mucho a los antiguos, solo que con una flexibilización extrema, convirtiendo a los trabajadores en falsos autónomos. El Estado nación quizás ya no sea capaz de responder a esto, pero por fortuna nosotros nos hemos dado un sistema de integración socioeconómico y político, como es la Unión Europea, que sí que tiene la capacidad de poner límites a estos procesos de hiperflexibilización del mercado de trabajo.
¿Qué papel tiene en este caso la UE?
Debe poner límites para garantizar unos derechos laborales mínimos y, al mismo tiempo, proteger lo que llamamos el modelo social europeo, un sistema de protección que garantiza sociedades más cohesionadas. Aquí también el estado del bienestar quizás deba repensarse y desarrollar una pata europea; de hecho, es algo que se está ya planteando, aunque a un nivel aún teórico. En el futuro, si vamos a desarrollar una UE mucho más integrada económica y fiscalmente, también debemos avanzar hacia una Europa más integrada socialmente. Y esto requiere el desarrollo de políticas sociales europeas que complementen a las de los Estados nación, en aquellos lugares que se identifiquen como más prioritarios. Por ejemplo, lo que tenga que ver con la inversión social: invertir en niños o en formación.
¿Marcar unos estándares mínimos?
No solo eso: pensemos en una Unión Europea que financie una parte de esos programas. Ya se está discutiendo que la UE garantice un ingreso mínimo para los niños. Y también hay iniciativas que ya se están desarrollando, como programas de inserción de jóvenes en el mercado de trabajo a través de la formación, y con dinero europeo.
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