Todo sobre TIPNIS

Aquí les dejamos los documentos con los nuevos directorios.

Nuevo Directorio APG4.pdf

El día Lunes 6 de enero 2014, el CONAMAQ liderado por Cancio Rojas Colque Arquiri Apu Mallku y Nilda Rojas Huanca, Consagracion suministrada por Tata Kuraka Victor Toara y Kuraka Kuraka Fransico Ibarra en la mañana consagraron a las nuevas autoridades Originarias en el Jatun Ayllu Chaqui - Potosí, del Suyu Qhara Qhara, donde participaron alrededor de dos mil personas. Horas mas tarde también fueron consagradas nuevas autoridades originarias en el Jatun Ayllu Yura en el mismo departamento Potosino. Mientras que en Potosí Hilarion Mamani fue silbado y abucheado delante del Presidente Evo Morales en un acto de posesión a las autoridades sindicales de ese departamento según reporte de radio ACLO-Potosí.

Realizamos un Escrache y Denuncia contra la retardación de Justicia en La Paz, Bolivia en el día de los derechos humanos, después de 20 días de huelga.

La militante de derechos humanos, y familiar de desaparecido en la dictadura, Olga Flores recurrió a el escrache y denuncia acompañada por activistas en DD.HH. en un acto oficial del estado Boliviano en donde había representantes de Derechos Humanos.

Al cumplirse el 19 día del ayuno voluntario contra la retardación de justicia, cuando por fin la huelga había logrado visibilizarse en el escenario nacional y romper el silencio, el aislamiento al que la sometieron la mayoría de los medios, se presentaron en el piquete de huelga los dirigentes indígenas Adolfo Chavez, Presidente de la CIDOB, Fernando Vargas, de la Subcentral de TIPNIS, Emilio Noza, Subcentral Secure TIPNIS para pedir a Olga Flores que suspenda la huelga, con el argumento de que sus gestiones habían logrado desbloquear la inacción de Ministerio Público, prueba de ello, la presencia de los fiscales en Trinidad con la consecuente toma de declaraciones a una treintena de víctimas y la inspección de obras y la evaluación de esas diligencias era muy positiva!!

La medida, que empezaba a tomar cuerpo en las ciudades y a crecer las muestras de simpatía, era imposible de continuar, si los principales dirigentes indígenas estaban en desacuerdo y se oponían a que sus bases se solidaricen con la misma. 

Por otra parte, también se hicieron presentes también en el piquete los líderes indígenas Marcial Fabricano y José Luis Antezana del TIPNIS para respaldar la huelga y fundamentalmente para exigir JUSTICIA para los pueblos indígenas, recordando que la primera marcha indígena era por “Territorio y Dignidad” y dignidad debe entenderse a un trato igualitario y justo hacia los indígenas. Es pues inaceptable que pese a tener abundantes leyes de igualdad y protección, sin embargo en el Estado Plurinacional de Bolivia los indígenas no tienen acceso a la justicia, ya que a dos años y dos meses de la represión a la VIII Marcha, no han logrado encausar un proceso judicial contra los autores, no ha concluido ni siquiera la investigación, PERO yendo contra toda lógica, el Ministerio Público ha emitido una resolución en la que se excluye del proceso al ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti.

La huelga concluyó con toda una JORNADA DE VIGILIA y ayuno por la JUSTICIA el día internacional de los Derechos Humanos, esperando que esta medida de presión haga su efecto en la conciencia de quienes administran justicia y la ciudadanía toda. 

Sigamos pues caminando junto al TIPNIS, hasta alcanzar justicia.

LOGROS DE LA HUELGA:

Logró que el TIPNIS esté en la agenda permanente.

Demostró que en el estado Purinacional los indígenas no tienen derecho a la justicia.

Denunció cómo opera el sistema judicial, como órgano de represión del gobierno.

Puso en evidencia que de la palabra a la acción hay mucho trecho.

La Paz, 9 de diciembre 2013 Desde el piquete de huelga de hambre ubicado en el auditorio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia

Carta a las organizaciones de derechos humanos, de defensa de los pueblos indígenas, de defensa de la Amazonia, los bosques y los ríos, y a todas las personas que aman la vida y la libertad:

Estamos en nuestro 19 día de huelga de hambre por JUSTICIA, hemos recurrido a esta extrema medida luego de peregrinar dos años y dos meses por tribunales pidiendo que se procese a los responsables de la brutal represión a la VIII Marcha Indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure TIPNIS, el 25 de septiembre de 2011. Paradójicamente esa represión se produjo durante el gobierno de Evo Morales, que se proclama como indígena y defensor de la Madre Tierra.

Permanecen aún vivas en nuestra memoria las imágenes de “Las agresiones físicas, psíquicas y morales provocadas por los efectivos policiales en la intervención del 25 de septiembre, tenían por objeto producir en las víctimas, no sólo dolor físico, sino además sentimientos de miedo, angustia, inferioridad, humillación, de tal forma que mediante dichos actos, se quiebre su resistencia física o moral, como cuando se amordazó a mujeres y hombres; se persiguió mujeres con hijos pequeños, obligándolas a internarse en el monte; se les impidió a los detenidos llevar sus pertenencias, agua y alimentos; se separó por la fuerza a madres detenidas de sus hijos, dejando a éstos últimos al desamparo; se mantuvo niños lactantes sin comer por más de cuatro horas; se empujó y golpeó a marchistas sin importarles además que algunos estuviesen heridos, se les despojó de prendas de vestir, mientras los detenidos estaban indefensos y neutralizados. Lo que se traducen inequívocamente en tratos crueles, inhumanos y degradantes que violan el derecho a la integridad”. (Informe Defensor del Pueblo)

Buscamos y no renunciaremos, que los responsables de estos delitos de lesa humanidad sean debidamente procesados y sancionados. Denunciamos que Ministerio Público en vez de promover la acción legal está encubriendo y dilatando, ya que no ha concluido la investigación en el plazo que manda la ley y una actuación ilógica e irregular, sin haber concluido la investigación ha emitido una resolución que excluye del caso a Sacha Llorenti,  ex Ministro de Gobierno, actual embajador de Bolivia ante la ONU. De acuerdo a nuestra Constitución “Art. 252 Las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno” y además se tienen testimonios y pruebas que evidencian que el ex Ministro de Gobierno organizó aquel operativo que desplazó más de medio millar de efectivos policiales.

La importancia de sancionar a los autores de esas violaciones a los derechos humanos, estriba en la alta vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas, a pesar de ser Bolivia un “estado plurinacional” y  que es urgente protegerlos del asedio del gobierno que “si o si”, quiere construir una carretera ilegal que destruiría una área protegida de inmensa biodiversidad y afectaría la existencia de tres pueblos indígenas: el mojeño, el tsiman y el yuracare.

La impunidad de estos hechos represivos supone la transgresión por parte de Bolivia de leyes y convenciones que protegen a los pueblos indígenas y al medio ambiente.

Denunciamos ante la comunidad internacional que en Bolivia se vienen sucediendo flagrantes violaciones a los derechos humanos, como los sucedidos el 25 de septiembre de 2011, no se trata de un hecho único o aislado, sino de una política represiva reiterada que se ampara en la impunidad que deviene del encubrimiento que hace el sistema judicial, carente de toda independencia.

Al conmemorarse este 10 de diciembre el día internacional de los derechos humanos, hacemos un apelo a las organizaciones de derechos humanos, de defensa de los pueblos indígenas y de defensa del medio ambiente, a condenar el uso excesivo y arbitrario de la fuerza pública que hace el gobierno de Evo Morales, así como la denegación de justicia a las víctimas de la represión del 25 de septiembre de 2011 por parte del estado plurinacional de Bolivia.

Invocamos su solidaridad y permanecer alertas para impedir que no se produzcan nuevas violaciones a los derechos humanos en Bolivia y pedimos sumarse a las diferentes campañas que se vienen haciendo para exigir al gobierno de Evo Morales el respeto a los derechos humanos.

Nuestra huelga de hambre permanecerá hasta que se active el proceso actualmente paralizado irregularmente.

COMITÉ CIUDADANÍA POR LA DEFENSA DEL TIPNIS

Evo pretende aislar al movimiento indígena amenazando a las ONGs.

"A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota" Madre Teresa de Calcuta.

Solo con repartir estos volantes en tu Barrio, Escuela, Universidad, Trabajo, donde sea que puedas difundilo vas a estar ayudando a cambiar el mundo, a que en Bolivia gane el pueblo y se haga JUSTICIA!

Jamás sabes lo que podes despertar en otra persona solo entregandole un papel, si estamos juntos podemos lograr que justicia, y que nuestra dignidad sea respetada.

Es igual de clave que Olga este en huelga, como usted reparta estos volantes, Olga sin alguien que reparta volantes, no tiene como difundir su Huelga y que lograr Justicia por Chaparina, usted sin Olga, no tiene quien este luchando en Huelga de Hambre. 

Este volante lo reparte por su dignidad, por la del vecino, por la de su amigo, por la de sus familiares.

Se ha cumplido el décimo día de huelga hambre por Justicia de Dignidad que lleva adelante Olga Flores Bedregal,  activista de derechos humanos y víctima de la represión a la VIII Marcha Indígena en Chaparina. Esta extrema medida, a la que se sumará el dirigente indígena de CONAMAQ, Rafael Quispe,  es asumida toda vez que el Ministerio Público no sólo ha hecho retardación de justicia, sino a decir del Dr. Leon, abogado de Quispe no es retardación sino encubrimiento y la evidencia de que esto es que el Ministerio Público ha emitido una resolución de rechazo CFDLP No. 01/2012 en julio de 2012, la misma que fue impugnada en agosto y hasta la fecha no ha sido resuelta. Esta irregularidad es de amplio conocimiento del Fiscal General, quien no enmienda esta situación

SOLICITAN INTERVENCIÓN AL DEFENSOR DEL PUEBLO 

Las víctimas de la represión de Chaparina, hace más de un mes, solicitaron audiencia a la Presidenta del Senado, Gabriela Montaño y la Presidenta de la Cámara de Diputados para interponer denuncia sobre la conducta del cabeza de Ministerio Público, Dr. Ramiro Guerrero, sin embargo hasta ambas autoridades no tienen la disposición de tiempo. Por lo que solicitaron al Defensor del Pueblo Rolando Villena, que dentro del ámbito de competencia de que confiere el Art. 11 nrl. 3 de la Ley 1818, solicite información a estas dos autoridades sobre las razones por las que se rehusan a recibir a las víctimas, en consecuencia a recibir su denuncia. 

APOYO A LA HUELGA DE HAMBRE POR JUSTICIA 

La extrema medida cuenta con el respaldo de la ciudadanía que se identifica con esta acción

Los pueblos indígenas también han expresado su respaldo.

Se tienen actividades para sensibilizar a la población sobre el tema 

ver: 

www.TipnisSomosTodos.org

La Comunidad de Nueva Lacea en el  TIPNIS representados por nuestro corregidor don Fernando Roman, mediante el presente voto resolutivo resolvemos:

Primero.- apoyar la huelga de hambre que se está llevando a cabo en la ciudad de La Paz, en sus tres puntos:

1.- Contra la brutalidad de la policía.

2.- Contra la impunidad  y el encubrimiento que hacen los fiscales que llevan el caso Chaparina

3.- Exigir un juicio un Responsabilidades contra el, Dr. Ramiro Guerrero, Fiscal General de la Nación por incumplimiento de sus funciones y de su compromiso de solucionar la retardación de la justicia en el caso de la represión de Chaparina.

Segundo.- exigir que la dirigencia haga saber al piquete de huelga de hambre  de la ciudad de La Paz  que la Comunidad de Nueva Lacea y las demás comunidades del TIPNIS que participamos en la VIII Marcha apoyamos y organicemos refuerzo del piquete.

Tercero.-  Solicitar que las dos Subcentrales mantengan informada a nuestra comunidad de todos los acontecimientos que tengan que ver con el TIPNIS para que las bases tomemos nuestras propias decisiones.

Es dado en la comunidad de Nueva Lacea a los veintitrés días del mes  de noviembre del año 2013.

La Comunidad de Villa Fátima del TIPNIS tenemos conocimiento que ayer 21 de noviembre de 2013 en la ciudad de La Paz ha comenzado una Huelga de Hambre en demanda de los siguientes puntos:

1.- Contra el uso abusivo de la fuerza policial

2.- Contra la impunidad y encubrimiento que hacen los fiscales que llevan el caso Chaparina

3.- Exigiendo un juicio de Responsabilidades contra el Fiscal general de la Nación, Dr. Ramiro Guerrero puesto que ha fallado en su compromiso de dar solución a la retardación de justicia en el caso de la represión de Chaparina.

Ante esto hechos la  Comunidad de Villa Fátima representados por nuestro corregidor don Hilario Noto emitimos los siguientes puntos del presente voto resolutivo y resolvemos:

PRIMERO.-  Apoyar a la huelga de hambre que  ha empezado los hermanos en la ciudad de La Paz, en sus tres puntos de demanda.

SEGUNDO.- Exigir a la dirigencia de las  dos subcentrales  TIPNIS y Secure  que mantengan informadas a las comunidades de todo lo que acontezca en el país acerca de los intereses del TIPNIS y que den a conocer el presente voto resolutivo a los medios de prensa para que el país conozca nuestra posición.

TERCERO.- Que las demás comunidades del TIPNIS se pronuncien con sus respectivos votos resolutivos  en apoyo a la huelga de hambre que se está llevando a cabo en la ciudad de La Paz..

Es dado en la comunidad de Villa Fátima a los 22 días del mes de noviembre del año 2013

Huelga de Hambre por la Justicia y contra la Impunidad, para la reparación de los indígenas del TIPNIS brutalmente reprimidos!

La Política del Presidente Evo Morales, a su vez Presidente de las 6 Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, orientada a fortalecer un modelo extractivista colonial e ilegal, basado en la expansión de los cultivos de coca, utilizando el pretexto de la necesidad de la  construcción de una carretera, para el “desarrollo nacional” que atravesaría por el corazón del parque, está arremetiendo sistemáticamente contra los pueblos indígenas Yuracaré, Tsiman y Moxeño Trinitario, guardianes ancestrales del TIPNIS, con la intencionalidad de distribuir el inmenso territorio y rico hábitat de diversas especies, para convertir las tierras en campos de cultivo de coca ilegal. Como respuesta ante esta política de avasallamiento y de violación de sus derechos, los indígenas del TIPNIS han realizado heroicas marchas de  mas de 600 Kms , caminando con sus niños, mujeres incluso embarazadas y ancianos hasta la sede de gobierno en la VIII y IX marcha desde sus territorios ubicados a 300 m sobre el nivel del mar, hasta 3.600 m sobre el nivel del mar de la sede del Gobierno en La Paz, poniendo en riesgo su salud y sus vidas. 

El Comité de Defensa del TIPNIS, denuncia ante la comunidad nacional e internacional que  durante la VIII marcha pacífica, la caravana de marchistas fue brutamente reprimida por fuerzas militares y policiales. Después de 2 años y 2 meses de la brutal represión infligida a niños, mujeres, ancianos y hombres de las comunidades indígenas del Parque Nacional Isiboro Sécure, por fuerzas policiales y militares del Estado Plurinacional de Bolivia en fecha 25 de septiembre de 2011, y después de intensos tramites administrativos y judiciales ante todas las instancias  nacionales, sin obtener ninguna respuesta, a pesar de los esfuerzas de las víctimas de trasladarse continuamente clamando justicia desde sus lejanas comunidades; las autoridades del Estado plurinacional han hecho oídos sordos y han desplegado un manto de impunidad y han puesto en marcha un proceso sistemático de desinformación y desprestigio, combinando este accionar con acciones ilegales de avasallamiento, intentos de cooptación e intentos de validar procesos denominados “consultas” a los pueblos indígenas, sin observar los preceptos establecidos en los convenios y convenciones internacionales. 

No obstante, de existir abundante prueba fotográfica y grabaciones de distintos medios de prensa, así como informes del Defensor del Pueblo y testimonios de las centenas de víctimas por una parte, y por otra testimonios de servidores públicos que han identificado a altas autoridades del poder ejecutivo como responsables de la represión a los indígenas marchistas de la VIII Marcha en defensa del TIPNIS; el Presidente Evo Morales como respuesta ha premiado a los agresores y responsables directos de dicha represión, el Ministro de Gobierno de ese entonces  Sacha Llorenti fue nombrado Embajador de Bolivia ante la ONU, el Director de Inteligencia de la Policía que dirigió los luctuosos hechos, Cnl. Victor Maldonado, fue nombrado Comandante Nacional de la Policía, así como el Gral. Alberto Aracena que como otros funcionarios,  también fue favorecido con ascensos.

El informe del Defensor del Pueblo de diciembre de 2011, señala textualmente que se han vulnerado diversos instrumentos nacionales e internacionales de Derechos Humanos , como el Art. 5to. De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Art. 7mo. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Art. 5to. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Art. 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y los Arts. 1, 2 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, además de la violación de los arts. 15 y 114.1 de la Constitución Política del Estado.

Ante semejante impunidad, el Comité de Defensa de Derechos de los indígenas del TIPNIS, ha tomado la decisión indeclinable de iniciar una huelga de hambre exigiendo el procesamiento y encarcelamiento de los represores de Chaparina por delitos de lesa humanidad y por encubrimiento e incumplimiento de deberes del señor Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, pasible a un juicio de responsabilidades. El primer piquete de huelga esta ubicado en el auditorio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos desde el día miércoles 20 de noviembre y se extenderá con la participación activa de dirigentes y comunarios del TIPNIS y del CONAMAQ.

Teniendo en cuenta que, se cuenta con leyes y convenios internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, pedimos su solidaridad, para que exija al gobierno de Evo Morales y a la Asamblea Legislativa de Bolivia el respeto de los derechos humanos y de todos los pueblos indígenas.

La Paz, 25 de noviembre de 2013.

Habiendo agotado todos los recursos legales para que se haga justicia en el caso de la represión a los indígenas en Chaparina iniciamos un piquete de huelga de hambre para que la Asamblea Legislativa inicie juicio de responsabilidades al fiscal general Ramiro Guerrero por la conducta dolosa y encubridora del Ministerio Público y paralelamente exigimos la inmediata imputación de los responsables de la violenta e ilegal represión del 25/09/2013 comenzando por el ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti hasta el actual comandante de la Policía Boliviana Alberto Aracena.

Esta huelga es CONTRA:

La retardación de justicia

La impunidad del abuso policial

El encubrimiento de la fiscalía a la represión estatal

LLAMAMOS A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LA JUSTICIA DE TODO EL PAÍS A PLEGARSE A ESTE PEDIDO Y EXIGIR JUSTICIA YA!

RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO SOBRE POSIBLES AGRESIONES Y REPRESIÓN A NUESTRO PIQUETE DE HUELGA DE HAMBRE.

Antecedentes

A más de dos años de los sucesos de Chaparina no se ha abierto el proceso penal contra los autores de aquellas violaciones a los derechos humanos. El Ministerio Público que de oficio debió investigar de manera manifiesta incurre en retardación y denegación de justicia con lo que y encubre a los autores que son importantes funcionarios públicos.

Constituye delito el incumplimiento de la ley, el Ministerio Público no ha cumplido con los plazos que señala el Código de Procedimiento Penal que dice que la investigación debe realizarse en seis meses prorrogables en caso de excepción a 18 meses, lo que ya se ha cumplido superabundantemente.

El Fiscal General está al tanto de todas las irregularidades cometidas por los fiscales Angel Ponce Rivas, Patricia Santos, Roger Velazquez, así como de los fiscales del Distrito de La Paz,, Betty Yañiquez y Ängel Ponce Rivas, sin embargo ha hecho omisión de denuncia

Al tratarse de delitos in fragatti, cometidos ante la vista de todos los bolivianos. Exigimos la imputación de los responsables.

Probada la responsabilidad penal de:

Sacha Llorentti Soliz, Ministro de Gobierno, Jorge Santiestaban Claure, Comandante de la Policía Nacional, Oscar Muñoz Colodro, Subcomandante de la Policía Nacional, Modesto Palacios, Edwin Foronda Franco, Victor Santos Maldonado, ex director de Inteligencia, Marcos Farfán Farjat, Vice Ministro de Régimen Interior y Policía, Boris Villegas Rocabado, director de Régimen Interior y Tito Gandarillas Salazar, Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana.

Responsabilidad Ministerio de Gobierno

“De esta forma, resulta evidente el incumplimiento de obligaciones del Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; ex Viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán Farjat; el director general de Régimen Interior, Boris Villegas Rocabado; la consultora de línea de Revisión, Análisis y Seguimiento de Documentos Legales en Temas Inherentes a Conflictos Sociales, del Ministerio de Gobierno, Karolina Vertiz Arancibia; el jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Ramiro Delgado; el responsable de Bienes y Servicios, Edwin Contreras y todos los demás implicados que directa o indirectamente incurrieron en actos de violación de derechos por incumplimiento de obligaciones.” Informe defensor del Pueblo pag. 107

Responsabilidad Policía Nacional

“Además, se debe tomar en consideración que la planificación y desplazamiento de contingentes policiales, necesariamente tuvieron que ser de conocimiento del Comando General de la Policía, Gral. Jorge Santiesteban Claure, máxime si tomamos en cuenta la presencia de varios miembros del Estado Mayor Policial en el lugar como los generales Óscar Muñoz, Modesto Palacios y Edwin Foronda Franco, así como de jefes policiales tal es el caso de los coroneles óscar Chávez, Alberto Aracena, Tcnl. Henry Terrazas Verduguez, entre otros.

Asimismo, respecto a la represión mediante el uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos indefensos y su posterior detención ilegal, estas inconductas generaron una responsabilidad jerárquica en la máxima autoridad policial de acuerdo a las previsiones establecidas en los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

Finalmente, el traslado en condiciones inhumanas de los marchistas, que fue de conocimiento y connotación pública, implicaba que el Comandante General debía asumir una acción inmediata, que tenga por objeto poner fin a la vulneración de derechos, no dejando transcurrir varias horas hasta que sus subalternos se vean obligados a liberar a las personas detenidas por la presión de la población de Rurrenabaque.

Todos estos aspectos, conducen a evidenciar que además de los autores materiales que ejecutaron actos de vulneración de Derechos Humanos, el Comandante General, aplicó y consintió los mismos, resultando de esta manera aplicable lo determinado por el Art. 114 de la Constitución Política del Estado. Informe Defensor del Pueblo, pag. 110

Responsabilidad de las Fuerzas Armadas

“Sobre éste particular, el informe de 31 de octubre de 2011, correspondiente al Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Gral. Tito Gandarillas Salazar, intenta inicialmente deslindar responsabilidad señalando que la Fuerza Aérea no tuvo ningún grado de participación en el operativo. No obstante, líneas más abajo admite expresamente que su Comando dispuso el empleo de tres aeronaves para el traslado de personas ilegalmente detenidas, esto al señalar que:

―(…) No se instruyó el uso de aviones para el traslado de marchistas exclusivamente, sino también para el traslado de personas que se encontraban en el lugar (…)‖

De esta forma, al tiempo que el Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Gral. Tito Gandarillas Salazar, dispuso de bienes del Estado, como aeronaves, combustible además de personal para el traslado de los marchistas detenidos ilegalmente, asumió una acción de cooperación directa en un hecho antijurídico que implica la violación de Derechos Humanos, emergiendo responsabilidad del citado funcionario, mismo que no puede tratar de encubrir su accionar buscando términos como supuestos vuelos solidarios que tendrían por objeto prestar ayuda humanitaria ―trasladando detenidos‖.

Informe Defensor del Pueblo, pag. 111