Posicionamiento sobre recurso vs. Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social sobre información de un ex servidor público (RDA 2881/14)
Dependencia: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS)
Folio de la solicitud: 3670000011714
Número de expediente: 2881/14
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez
Un ciudadano solicitó al Órgano de Prevención información sobre los resultados de los estudios psicométricos, psicológicos y médicos realizados a Dámaso López Núñez, quien fuera Jefe de Seguridad y luego Subdirector de Vigilancia y Custodia en el Penal de Puente Grande, Jalisco, durante la década de los noventa, período en el que escapó Joaquín Guzmán Loera, líder del cartel de Sinaloa.
En su respuesta,el sujeto obligado clasificó la información por referirse a la vida privada y datos personales de un particular, la seguridad nacional y la seguridad de terceros (los últimos argumentos fueron agregados en alegatos). Exhibió dos documentos: el Índice de expediente laboral de Dámaso López y un Certificado médico. El primero muestra que estuvo exento de exámenes psicométricos al ingresar al servicio público de la entonces Dirección General de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación hasta el mes de noviembre del año 2000.
Asimismo, el sujeto obligado explicó que cuando Dámaso López ingresó a dicha Dirección (que hoy es el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social) no se realizaban exámenes de control de confianza.
En la solución de los problemas de seguridad nacional resulta crucial la política penitenciaria que tiene como objetivo, entre otras cosas, la prevención y readaptación social de quienes han sido procesados, así como la administración de instituciones y los servidores públicos responsables de la detención de personas, ejecución de sentencias y aplicación de tratamientos de readaptación.
El caso es relevante, ya que responde a la segunda perspectiva establecida por el Pleno para discutir los asuntos en público:
ii) Exponer públicamente casos en función de su importancia y su utilidad con respecto a los derechos de las personas
El análisis realizado la Ponencia indica que la clasificación invocada por el sujeto obligado es válida sólo en lo que se refiere a datos personales, ya que no fundamentó objetivamente cómo afectaría la seguridad nacional o pondría en riesgo a terceros.
Sin embargo, en esta ponencia consideramos que atender la solicitud del ciudadano permitiría rendir cuentas sobre el proceso de contratación de un ex servidor público presuntamente implicado en la fuga de un delincuente. Dicha respuesta también daría certeza acerca de los controles que realizaba y hoy realiza el Órgano de Prevención para poder valorar su efectividad al paso del tiempo.
Finalmente, la implementación de la política penitenciaria nacional debe estar a cargo de servidores públicos de probada vocación de servicio, integridad y profesionalismo, pues del adecuado desempeño en sus cargos depende la ejecución de las sentencias y la reinserción social de quienes han cometido delitos. Por lo tanto, es transcendental disponer de mecanismos efectivos de selección, ingreso, capacitación, evaluación y promoción de los mismos.
Por lo anterior, se propone MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y se le instruye a que proporcione a la particular, respecto del C. Dámaso López Núñez, versión íntegra del Índice del expediente laboral que se encuentra en la Dirección General de Administración de las Oficinas Centrales de Readaptación y Prevención Social, así como versión pública del Certificado médico expedido por los Servicios de Salud de Morelos, de fecha 15 de marzo de 1998, en el que únicamente podrá testar la información relativa al sexo, edad, domicilio particular, tipo sanguíneo y estado de salud general del paciente por tratarse de información confidencial en términos de los artículos 3 fracción II y 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Asimismo, el sujeto obligado deberá proporcionar a la particular la resolución mediante la cual su Comité de Información de manera fundada y motivada, confirme la clasificación de la información testada en la versión pública, en los términos señalados en la presente resolución.
