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Cuando la burbuja explotó (debido al parón de transferencias del dinero de la banca alemana, contaminado por los “productos tóxicos” de la banca estadounidense), la banca española quedó estancada con sus propios productos tóxicos, las hipotecas, que no se podían pagar y continúan sin poder pagarse. Tales activos representan 150.000 millones de euros (equivalente al 15% del PIB). Y ahí está el problema, que requiere para su solución una intervención pública que el Estado español es reacio a tomar debido al enorme poder de la banca. Debería haberse resuelto a base de llenar estas casas vacías con familias que pagaran alquileres o hipotecas asumibles, penalizando a los bancos que se resistieran a tales medidas (en Dinamarca se multa a la vivienda que esta vacía durante más de seis semanas). Y muchos bancos deberían haber sido nacionalizados, con anulación de la deuda privada en gran número de casos. En lugar de ello, el Estado español ha escogido ayudar a los bancos a costa de los intereses de la población. Y de esto es de lo que no se habla. Las raíces de la crisis financiera -el excesivo poder de los ricos y de los súper ricos en España y de sus bancos- no se está ni siquiera tocando. Y así estamos.

El Grupo de Investigación sobre el Acceso a la Vivienda, colectivo multidisciplinar y multinacional de expertos, tiene al frente al catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre, de la Universidad pública de Tarragona Rovira i Virgili. Pocas economías familiares pueden afrontar el pago de una vivienda en Madrid y menos en Londres. Allí hay dos posibilidades. La primera, la adquisición progresiva de la vivienda, libre o protegida. Se empieza por comprar un 25%, y la familia compradora va demostrando paulatinamente su capacidad de pago. Y segunda posibilidad: ¿por qué comprar de por vida una casa que solo se quiere utilizar, por ejemplo, durante la vida profesional? La respuesta es la propiedad temporal. Al cabo de los años, la propiedad de la vivienda revierte al vendedor; hasta ese momento, el comprador temporal es el propietario a todos los efectos: es una inversión y puede venderse e hipotecarse libremente, al igual que sucede con la compra parcial. El derecho comparado también aporta alternativas como la cooperativa con cesión de uso. La propiedad del inmueble es de la cooperativa, y el miembro de esta puede abandonar el inmueble y recuperar la participación social que le ha dado derecho a disfrutar del piso. El préstamo se hace a la cooperativa, que se gestiona de forma democrática (una persona, un voto). El modelo danés y el de Canadá parecen los más exportables. El Gobierno canadiense, que estableció una legislación que define los derechos fundamentales de los cooperativistas, avala los préstamos y da subvenciones a las cooperativas que no tienen ánimo de lucro. Las propuestas que elabora se podrían plasmar en una modificación en el Código Civil catalán de 2004. Y si cuaja, también podría tener que modificarse la legislación de ámbito estatal.

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