En la carta de renuncia enviada el 11 de mayo al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, los civiles en el comité aseguran que el Gobierno nunca compartió con ellos un documento oficial sobre la metodología para seleccionar a los hogares que resultaron beneficiados con el bono de $300. La única referencia a información de este tema está en el acta del 3 de abril. “El ministro de Hacienda explicó que el gobierno iba a solicitar un reembolso de 450 millones del ‘Fondo de Emergencia’, porque la transferencia de $300 a los hogares vulnerables dejó desfinanciada la deuda pública del semestre", dice el acta.
De fondo, el acceso a los 450 millones de dólares para la entrega del subsidio, y la definición de la metodología para seleccionar a los beneficiarios no termina de quedar clara y gotea irregularidades. A la Asamblea Legislativa, el secretario privado Ernesto Castro solo presentó un “informe” de dos páginas que no ahonda en detalles. El monto total invertido, además, está lleno de contradicciones. Mientras en declaraciones públicas el presidente Bukele y otros funcionarios aseguran que se invirtieron 450 millones de dólares, el Acuerdo Ejecutivo 388 de Hacienda reseña que para el Programa de Transferencias Monetarias Directas se inyectaron “$400 millones”. Al Comité, el ministro de Hacienda informó de manera verbal que se iba a solicitar un “reembolso” de $450 millones para reponer lo invertido con el subsidio. El 30 de abril, a la Asamblea Legislativa, el mismo ministro de Hacienda dio otra cifra en el “Informe de ejecución financiera de recursos del Fondo de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) durante la emergencia por Covid-19”. En ese documento, Hacienda asegura que para entregar el subsidio el Gobierno erogó 375 millones de dólares.
En un informe de la Corte de Cuentas remitido a la Asamblea Legislativa el 6 de mayo, el ente contralor asegura que el Gobierno usó $350 millones para beneficiar a 1.2 millones de personas. La cifra, sin embargo, tampoco cuadra. Si el universo de beneficiarios ha sido 1.2 millones, significa que el Gobierno tuvo que haber invertido 360 millones de dólares para cumplir con la entrega de $300 para cada beneficiario. El Faro intentó obtener una reacción de la Corte de Cuentas por esa diferencia, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. También se buscó una reacción de Casa Presidencial a través de la secretaría de Prensa, pero al cierre de esta nota tampoco hubo respuesta.
La Corte de Cuentas, sin embargo, encontró otra diferencia que ha provocado la denuncia de un grupo de diputados de oposición. Entre los beneficiarios, los auditores detectaron que existe un grupo de 100,000 personas “que por el momento se desconoce cómo fueron seleccionados” para recibir el bono de $300 (para un total de $30 millones)”.
