México:

DECLARACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

1. Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62,1 de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente será aplicable a los hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de esta declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos.

3. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace con carácter general y continuará en vigor hasta un año después de la fecha en que los Estados Unidos Mexicanos notifiquen que la han denunciado.

(Firmado el 16 de diciembre de 1998)

(Declaraciones interpretativas y reserva hechas al ratificar la Convención)

El instrumento de adhesión se recibió en la Secretaría General de la OEA el 24 de marzo de 1981, con dos declaraciones interpretativas y una reserva. Tal reserva se notificó conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. El plazo de 12 meses desde la notificación de la misma se cumplió el 2 de abril de 1982, sin objeciones.

El texto de las declaraciones y reserva es el siguiente:

Declaraciones Interpretativas:

Con respecto al párrafo 1 del Artículo 4, considera que la expresión "en general", usada en el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida "a partir del momento de la concepción" ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados.

Por otra parte, es el concepto del Gobierno de México que la limitación que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que todo acto público de culto religioso deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, es de las comprendidas en el párrafo 3 del Artículo 12.

Reserva:

El Gobierno de México hace Reserva expresa en cuanto al párrafo 2 del Artículo 23 ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 130, dispone que los Ministros de los cultos no tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.

Con fecha 9 de abril de 2002, el gobierno de México notificó a la Secretaría General su intención de retirar parcialmente las declaraciones interpretativas y reserva, subsistiendo en los siguientes términos:

Declaración interpretativa

Con respecto al párrafo 1 del Articulo 4 considera que la expresión "en general" usada en el citado párrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida "a partir del momento de la concepción", ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados.

Reserva

C.5) Conclusión de la interpretación del artículo 4.1

264. La Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales han llevado a resultados coincidentes en el sentido  de  que el embrión no puede ser  entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana.  Asimismo, luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluyó  que la  “concepción” en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras “en general” que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es  gradual e incremental según su desarrollo, debido a que  no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general.

Básicamente: 

142. La Corte constata que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo “tradicional” de la misma. Al respecto,  el Tribunal reitera que  el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio166.

172. Respecto al concepto de familia, diversos órganos de derechos humanos creados por tratados, han indicado  que no existe un modelo único de familia, por cuanto éste puede variar192. De igual forma,  el Tribunal Europeo ha interpretado el concepto de “familia” en términos amplios. Respecto a parejas de diferente sexo, ha señalado reiteradamente que:

La noción de familia bajo esta norma no está circunscrita a relaciones basadas en el matrimonio y puede abarcar otros vínculos de „familia‟ de facto donde las partes están viviendo juntas fuera del matrimonio. Un niño nacido en tal relación es ipso jure parte de tal unidad familiar desde ese momento y por el mero hecho de su nacimiento. Por tanto, existe entre el niño y sus padres un vínculo que implica vida familiar. Además, el Tribunal recuerda que el goce mutuo de la compañía del otro entre los padres y el niño constituye un elemento fundamental de la vida familiar, aunque la relación de los padres esté rota, y[, en consecuencia,] medidas nacionales que limiten tal goce, conllevan una interferencia con el derecho protegido por el artículo 8 del Convenio193. 

NOTAS:

166 Opinión Consultiva OC-17/02, supra nota 122, párrs. 69 y 70. Ver asimismo: T.E.D.H., Caso Keegan Vs. Irlanda, (No. 16969/90), Sentencia de 26 de mayo de 1994, párr. 44, y Caso Kroon y otros Vs. Países Bajos, (No. 18535/91), Sentencia de 27 de octubre de 1994, párr. 30.

192Cfr. Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 21 (13º período de sesiones, 1994). La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, párr. 13 (“La forma y el concepto de familia varían de un Estado a otro y hasta de una región a otra en un mismo Estado. Cualquiera que sea la forma que adopte y cualesquiera que sean el ordenamiento jurídico, la religión, las costumbres o la tradición en el país, el tratamiento de la mujer en la familia tanto ante la ley como en privado debe conformarse con los principios de igualdad y justicia para todas las personas, como lo exige el artículo 2 de la Convención”); Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 7. Realización de los derechos del niño en la primera infancia, supra nota  171, párrs. 15 y 19 (“El Comité reconoce que „familia‟ aquí se refiere a una variedad de estructuras que pueden ocuparse de la atención, el cuidado y el desarrollo de los niños pequeños y que incluyen a la familia nuclear, la familia ampliada y otras modalidades tradicionales y modernas de base comunitaria, siempre que sean acordes con los derechos y el interés superior del niño. […] El Comité observa que en la práctica los modelos familiares son variables y cambiantes en muchas regiones, al igual que la disponibilidad de redes no estructuradas de apoyo a los padres, y existe una tendencia global hacia una mayor diversidad en el tamaño de la familia, las funciones parentales y las estructuras para la crianza de los niños”); Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 19 (39º período de sesiones, 1990). La familia (artículo 23), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), párr. 2 (“El Comité observa que el concepto de familia puede diferir en algunos aspectos de un Estado a otro, y aun entre regiones dentro de un mismo Estado, de manera que no es posible dar una definición uniforme del concepto”), y Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 16 (32º período de sesiones, 1988). Derecho a la intimidad (artículo 17), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), párr. 5 (“En cuanto al término „familia‟, los objetivos del Pacto exigen que, a los efectos del artículo 17, se lo interprete como un criterio amplio que incluya a todas las personas que componen la familia, tal como se entienda ésta en la sociedad del Estado Parte de que se trate”).

66.     En principio, la familia debe proporcionar la mejor protección de los niños contra el abuso, el descuido y la explotación. Y el Estado se halla obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. En este sentido, “[e]l reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad”, con derecho a “la protección de la sociedad y el Estado”, constituye un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrado por los artículos 16.3 de la Declaración Universal[1], VI de la Declaración Americana, 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[2] y 17.1 de la Convención Americana[3].

  67.     Las Directrices de Riad han señalado que “la familia es la unidad central encargada de la integración social primaria del niño, los gobiernos y la sociedad deben tratar de preservar la integridad de la familia, incluida la familia extensa. La sociedad tiene la obligación de ayudar a la familia a cuidar y proteger al niño y asegurar su bienestar físico y mental […]” (apartado duodécimo).  Asimismo, el Estado debe velar por la estabilidad del núcleo familiar, facilitando, a través de sus políticas, la prestación de los servicios adecuados para éstas[4], garantizando las condiciones que permitan alcanzar una vida digna (infra 86).

  68.     El artículo 4 de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (1969), proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2542 (XXIV), de 11 de diciembre de 1969, estableció:

  La familia, como unidad básica de la sociedad y medio natural para el desenvolvimiento y bienestar de todos sus miembros, especialmente los niños y los jóvenes, debe ser ayudada y protegida para que pueda asumir plenamente sus responsabilidades en la comunidad. Los padres tienen el derecho exclusivo a determinar libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos.

  69.     El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se refirió a la titularidad de los  derechos consagrados por los artículos 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[5]. Es importante considerar el alcance que tiene el concepto de familia para radicar los deberes y facultades a los que hacemos referencia. La Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido en diversas ocasiones que el concepto de vida familiar “no está reducid[o] únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio”[6].

  70.     La Corte Interamericana ha abordado el punto desde la perspectiva de los familiares de la víctima de violación de derechos. A este respecto, el Tribunal estima que el término “familiares” debe entenderse en sentido amplio, que abarque a todas las personas vinculadas por un parentesco cercano[7].

[1]           La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

  [2]           La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

  [3]           La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

  [4]           En la Directriz de Riad No. 13 se establece que:

  Los gobiernos deberán adoptar una política que permita a los niños criarse en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar. Deberán facilitarse servicios adecuados a las familias que necesiten asistencia para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto.

  [5]           Caso Aumeeruddy-Cziffaand others v. Mauritius. 09/04/81, CCPR/C/12/D/35/1978, para. 92 (b).

  [6]           Eur. Court H.R., Keegan v. Ireland, Judgment of 26 May 1994, Series A no. 290, para. 44;y Eur. Court H.R., Case of Kroon and Others v. The Netherlands, Judgment 27th October, 1994, Series A no. 297-C, para. 30.

Documento Completo

14. En lo que se refiere al derecho a la protección de la familia del niño, reconocido en el artículo 17 de la Convención Americana, esta Corte ha destacado que el mismo conlleva  que el Estado está obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente medidas de  protección de los niños, conforme al artículo 19 de la Convención, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar38. Por ende, la separación de niños de su familia podría constituir, bajo ciertas condiciones, una violación del citado derecho de protección a la familia39, pues inclusive las separaciones legales del niño de su familia biológica solo proceden si están debidamente justificadas en el interés superior del niño, son excepcionales y, en lo posible, temporales40. Además, dado que en su primera infancia los niños ejercen sus derechos por conducto de sus familiares41y que la familia tiene un rol esencial en su desarrollo42, la separación de los padres biológicos de un menor de edad puede afectar su derecho a la integridad personal, contenido en el artículo 5.1 de la Convención, en la medida que puede poner en riesgo su desarrollo43.

Notas:

38 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párrafo 66; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párrafo 141; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párrafo 157, y Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párrafo 125. 

39 Cfr. Opinión Consultiva OC-17, supra nota 38, párrafos 71 y 72 y Caso Gelman Vs. Uruguay, supra nota 38, párrafo 125.

40 Cfr. Opinión Consultiva OC-17, supra nota 38, párrafo 77 y Caso Gelman Vs. Uruguay, supra nota 38, párrafo 125.

41 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, supra nota 38, párrafo 129.

42 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, supra nota 38, párrs. 66 y 71 y Opinión Consultiva OC-17, supra nota 38, párrafo 53, 66 y 71. En el mismo sentido, el artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo de San Salvador” dispone que “[t]odo niño tiene el derecho de crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre”.

43 Cfr. TEDH, Case of Mikulić v. Croatia Nº 53176/99, 7 de febrero de 2002, párrafo 53; Case of Botta v. Italy Nº 153/1996/772/973, 24 de febrero de 1998, párrafo 32, mutatis mutandis, Comité de los Derechos del Niño. Observación General 7: Realización de los derechos del niño en la primera infancia, 40° período de sesiones,  U.N. Doc. CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 de septiembre de 2006, párrafos 6.b, 10, 16, 18 y 36. B;  Naciones Unidas, Asamblea General, Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional, Resolución 41/85 de 3 de diciembre de 1986, artículo 2.

SIGUE:

18. En atención a lo anterior, el mero transcurso del tiempo puede constituir un factor que favorece la creación de lazos con la familia tenedora o acogedora50 que, en una eventual decisión sobre los derechos del niño, podrían a su vez erigirse en el fundamento principal para no cambiar la situación actual del niño51, principalmente debido  a que se incrementa el riesgo de afectar seriamente el balance emocional y psicológico del mismo 52.

En otros términos, el paso del tiempo se constituiría inevitablemente en un elemento definitorio de vínculos afectivos que serían difíciles de revertir sin causar un daño al niño o niña. Esa situación comporta un riesgo que no sólo resulta inminente sino que ya podría estar materializándose.  Por ende, la mayor dilación en los procedimientos, independientemente de cualquier decisión sobre la determinación de sus derechos, puede determinar el carácter irreversible53

o  irremediable54de la situación de hecho actual y volver nugatoria y perjudicial para los intereses del niño L.M, cualquier decisión en contrario55.

NOTAS:

50 Cfr. Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño, Observación General  7: “Realización de los derechos del niño en la primera infancia”, Doc. CRC/C/GC/7/Rev.1, de 20 de septiembre de 2006, párrafos 16 y18 y mutatis mutandis TEDH, Affaire Clemeno e autres c. Italie, Nº 19537/03, de 21 de octubre de 2008, párrafos 53 y 60.

51 Cfr. TEDH, Case of H, supra nota 47, párrafo 89.

52 Cfr. TEDH, Case of Sommerfeld, supra nota 43, párrafos 65, 88 y 90 y Case of Mikulić, supra nota 43, párrafo 53. 

53 Cfr. TEDH, Case of H, supra nota 51, párrafos 85 y 89, y B. V. The United Kingdom, Nº 9840/82, de 8 de Julio de 1987, párrafo 63.

54 Cfr. TEDH, Case of V.A.M., supra nota 47, párrafo 134 y Case of Monory, supra nota 47, párrafo 82. 

OPINIÓN CONSULTIVA OC-4/84  DEL 19 DE ENERO DE 1984 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA 

RELACIONADA CON LA NATURALIZACIÓN SOLICITADA POR EL GOBIERNO DE COSTA RICA 

64.  El cuarto párrafo del artículo 14 del proyecto otorga ciertas consideraciones 

especiales para la obtención de la nacionalidad a "la mujer extranjera que case con 

costarricense". En este aspecto, se mantiene la fórmula de la Constitución vigente, 

que establece la incidencia del matrimonio como determinante en el cambio de la 

nacionalidad solamente de la mujer y no del varón. Este criterio o sistema se ha 

basado en el llamado principio de la unidad familiar, que descansa en dos 

postulados: por una parte, la conveniencia de que todos los miembros de la familia 

ostenten la misma nacionalidad y, por la otra, la "potestas" paterna en relación con 

los hijos menores, por depender éstos normalmente del padre e inclusive la potestad marital que otorga facultades privilegiadas al marido, por ejemplo en lo referente a la autoridad para fijar el domicilio conyugal o para administrar los bienes comunes. 

De este modo, el privilegio femenino para la obtención de la nacionalidad se presenta como una consecuencia de la desigualdad conyugal.  

65.  En el primer tercio del presente siglo se inicia un movimiento contra estos 

principios tradicionales, tanto por el reconocimiento de la capacidad decisiva de la 

mujer, como por la difusión de la igualdad de los sexos dentro del concepto de la no 

discriminación por razón del mismo. Esta evolución, que se puede comprobar con un 

análisis de derecho comparado, encuentra su impulso determinante desde el plano 

internacional. En el ámbito americano, el 26 de diciembre de 1933, se celebró el 

Convenio de Montevideo sobre la Nacionalidad de la Mujer, que en su artículo 1 

estableció: "No se hará distinción alguna, basada en el sexo, en materia de 

nacionalidad, ni en la legislación ni en la práctica" ["Séptima Conferencia 

Internacional Americana, Montevideo, 3-26 diciembre 1933". En  Conferencias 

Internacionales Americanas, 1889-1936. Washington, Dotación Carnegie para la 

Paz Internacional, 1938, pág. 452]. También el Convenio sobre Nacionalidad suscrito en la misma fecha, en Montevideo igualmente, determinó en su artículo 6: "Ni el matrimonio ni su disolución afectan a la nacionalidad de los cónyuges o de sus hijos" 

[Ibid., pág. 454]. Por su parte, la Declaración Americana en su artículo II estableció: 

"Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los deberes y derechos 

consagrados en esta Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra 

alguna". Estos mismos principios han sido incorporados en el artículo 1.3 de la Carta 

de las Naciones Unidas y en el artículo 3.j) de la Carta de la OEA.  

66.  En esa tendencia se inscribe lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Convención, 

según el cual  Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la 

igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En  caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 

Concordando esta disposición con la norma general que establece la igualdad ante la ley, según el artículo 24, y la prohibición de toda discriminación en razón de sexo 

prevista en el artículo 1.1, puede establecerse que este artículo 17.4 es la aplicación concreta de tales principios generales al matrimonio.  

67.  En consecuencia, la Corte interpreta que no se justifica y debe ser 

considerada como discriminatoria la diferencia que se hace entre los cónyuges en el 

párrafo 4 del artículo 14 del proyecto para la obtención de la nacionalidad 

costarricense en condiciones especiales por razón del matrimonio. En este aspecto, 

sin perjuicio de otras observaciones que se hicieron al texto de la resolución 

propuesta por los diputados dictaminadores, [cf. supra, párrs. nos. 45 et seq], ésta 

expresa el principio de igualdad conyugal y, en consecuencia, se adecúa mejor a la 

Convención. Según ese proyecto tales condiciones serían aplicables no sólo a "la 

mujer extranjera" sino a toda "persona extranjera" que case con costarricense.  

68.  Por consiguiente, en respuesta a las preguntas del Gobierno de Costa Rica 

sobre la compatibilidad entre el proyecto de reforma a los artículos 14 y 15 de su 

Constitución Política y los artículos 17.4, 20 y 24 de la Convención,  la Corte es de opinión:

Por unanimidad  

5.  Que sí constituye discriminación incompatible con los artículos 17.4 y 24 de la 

Convención estipular en el artículo 14.4 del proyecto condiciones preferentes 

para la naturalización por causa de matrimonio a favor de uno solo de los 

Family Life

The right to respect for family life is grounded in the protection of family integrity. Family can be based inter alia on blood ties, economic ties, marriage and adoption. The European Court has generally considered family to consist of husband and wife and children who are dependent on them. The relationships between brothers and sisters and in some instances relationships with grandparents are protected under Article 8 (seeVermeire v. Belgium, Application No. 12849/8, Judgement of 29 November 1991). Some weight is also placed on de jure family life through marriage, but more on de facto family life through daily practice, leaving the option to evaluate each family unit claim on a case-by-case basis. Given modern changes in the social and cultural patterns of family life, this flexibility is important. In Berrehab v. The Netherlands (Application No. 10730/84, Judgement of 21 June 1988), the Court held that in case of a lawful and genuine marriage:

It follows from the concept of family life on which Article 8 is based that a child born of such a union is ipso jure part of that relationship; hence, from the moment of the child’s birth and by the very fact of it, there exists between him and his parents a bond amounting to “family life”, even if the parents are not living together.

Although the Court did not see cohabitation as a sine qua non of family life between parents and minor children, ‘irregular’ living arrangements have complicated determination of the existence of family life and the states’ obligations towards the individual.

The Human Rights Committee has in General Comment 16 interpreted the term family broadly ‘to include all those comprising the family as understood in the society of the State party concerned.’ In Hopu and Bessert v. France , the Committee discussed the definition of family.

...

Although the European Court appears to favour vertical family relationships (children/parents/grandparents) over ‘horizontal’ relationships (siblings/nephews/nieces), siblings may have a right to enjoy family life with each other (see Olsson v. Sweden , Application No. 10465/83, Judgement of 24 March 1988). The Court has also established that family encompasses de facto relationships in addition to those established by marriage. Whether a relationship can be said to amount to ‘family life’ depends on a number of factors such as whether the couple lives together, the length of their relationship and whether they have demonstrated their commitment to each other by having children together or by any other means (see Marckx v. Belgium , Application No.6833/74, Judgement of 13 June 1979,Keegan v. Ireland   , Application No.16969/90, Judgement of 26 May 1994 and Kroon et al. v. The Netherlands  , Application No. 18535/91, Judgement of 27 October 1994). In the case of Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. The United Kingdom, the Court found that ‘this does not mean that all intended family life falls entirely outside [Article 8’s] ambit’. In X.Y.Z v. The United Kingdom, the European Court established that family is not limited to relationships established by blood or marriage. 

...

It is worth noting that Article 5 of Protocol No. 7 to the European Convention   sets out equality of rights and responsibilities of spouses, both during marriage and after its dissolution. A state must always make its decisions according to the best interests of the child standard, under either case-law or the Convention provisions. Although the Court considers that states may determine which parent should have custody of a child, it also maintains that the other parent has a right of access in order to preserve the right to family life under Article 8. The Court confirmed this position in  Hokkanen v. Finland   (Application No. 19823/92, Judgement of 23 September 1994) in which a father contested custody and access issues with the child’s grandparents. On the death of the mother, the father had surrendered their child to the care of the grandparents. Although he had a right of custody and access, the Finnish authorities did not enforce these rights: he ultimately lost custody to the grandparents. The European Court found a violation of Article 8 on the access issue but held that the transfer of custody fell within the state’s margin of appreciation. In K. A. v. Finland  (Application No. 27751/95, Judgement of 14 January 2003) the European Court concluded that there had been a violation of Article 8 as a result of the state’s failure to take sufficient steps to reunite the applicant and his children. (See also Venema v. The Netherlands  , Application No. 35731/97, Judgement of 17 December 2002). The case of Hansen v. Turkey   is demonstrative; here the European Court found that Turkey had violated the right to respect for family life by failing to ensure the applicant’s rights of access to her two daughters.