LEGISLADORA MONTERO: “HAY UNA NEGATIVA POR PARTE DEL OFICIALISMO PARA PONER LA EXPLOTACIÓN ANIMAL COMO TEMA DE AGENDA”
Treinta y cuatro son los canódromos visibles que operan actualmente en la provincia de Córdoba, algunos de ellos han sido cerrados en el pasado mediante operativos policiales mientras que otros han sabido mantenerse en el tiempo sin ser clausurados ni desarmados. A pesar de los datos y los documentos arrojados por las organizaciones no gubernamentales que luchan día a día en busca de la prohibición de explotación animal, no ha habido respuestas ni soluciones concretas por parte del Estado para terminar con la tortura a la que se somete a los animales en la provincia. Liliana Montero, Legisladora Provincial por Córdoba Podemos, analiza cuales son las trabas que imposibilitan el tratamiento de leyes por los derechos animales en Córdoba y en el país.
Liliana Montero, Legisladora Provincial por Córdoba Podemos, abre su carpeta de proyectos de ley presentados y comienza a contarnos como llegó a sus manos la cuestión de los galgos y la explotación animal. Comenta que la idea fue impulsada por una promesa de campaña del ex Gobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota, quien había dicho en su momento que iba a prohibir las carreras en todo el territorio provincial.
Foto: Legisladora Provincial, Liliana Montero.
El proyecto originalmente fue presentado en 2014 por el ex Legislador Roberto Birri, “en aquel momento fui compañera de bancada de Birri, cuando se disputa el Código de Convivencia, ambos intentamos que la prohibición de las carreras fuera incorporada al nuevo Código pero el oficialismo se negó”, aclara.
Dos años después de la negativa de Unión por Córdoba, Montero volvió a presentar el proyecto de ley Nº 19386 ideado por Birri, con algunas modificaciones en la contravención, y aseguró que “no hay otra contravención que tenga una multa de 2000UM (Unidades de Multa), es la más alta dentro de las figuras del Código de Contravención”.
“Entendemos que esto es básicamente un negocio y lo mueven intereses meramente económicos, es por eso que el lugar en el que hay que pegar es en el castigo monetario”, justifica Montero.
La Legisladora explica que la falta de respuestas por parte del oficialismo es lo que imposibilita el tratamiento del proyecto de ley, “hay una negativa para poner el tema en discusión”, agrega.
“Hay una fuerte presión por parte de los galgueros desde el momento en el que de la Sota promete la prohibición de las carreras, para que Córdoba sea territorio liberado”, expone Montero, esta resulta una de las causas más grandes para que “los lugares vecinos como Santa Fe, en donde están prohibidas las carreras, muevan los canódromos hacia Córdoba y al rededores”.
Montero resaltó: “el diseño político de la Legislatura está hecho para que el que tenga el poder ejecutivo, tenga a su vez, la mayoría legislativa”, es por esto que la imposición del oficialismo impide que se ponga en la agenda el tema de la explotación animal y agrega que “esto es una complicación ya que no hay ni siquiera asomo de tratamiento del proyecto”.
Destaca el rol de las organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo la lucha para el tratamiento del proyecto a nivel nacional pero advierte que “las discusiones nacionales después deben ser bajadas a las provincias, que son las que cuentan con el poder coercitivo ya que la nación no tiene capacidad operativa para controlar el territorio, y al mismo tiempo, las provincias necesitan el compromiso de los municipios, esto tiene que ser un trabajo en conjunto entre los estados municipales, provinciales y el Gobierno Nacional”.
Con respecto al tema del servicio de salud pública para animales y el control de población animal mediante castraciones, la Legisladora Provincial comenta que “se trata de un problema sanitario que los Estados no logran entenderlo, que los costos económicos que tiene para la población el no tener una política de castración sostenida y sistemática, lleva a que tengamos mayores problemas de salud”.
El proyecto de ley que refiere al control de población animal y salud pública fue presentado por el bloque de la Unión Cívica en 2014, del cual formaba parte Montero, en el cual se preveía “una distribución de presupuesto a los municipios para afrontar los gastos de veterinarias móviles, un sistema de quita de cuestiones impositivas en adopciones y políticas que permitieran una estabilidad del sistema sanitario para animales”.
Montero sostiene que para llevar a cabo estas políticas debe haber “primero, la comprensión de que la problemática existente, y segundo, la decisión política de resolverlo”.
“Una política de este tipo es una gota de agua para el presupuesto de 80 mil millones de pesos con el que cuenta la provincia”, y agrega para finalizar que debe tratarse como un programa integral educativo y sanitario para concientizar a la sociedad que “es difícil de llevar adelante pero no imposible”.
