En los últimos días se multiplican comunicados, comentarios y peticiones en contra de la situación en que queda la enseñanza musical en la escuela con la LOMCE. Más allá de que no sea del todo cierto que la nueva ley elimine la obligatoriedad de la música en el sistema educativo (en realidad, lo que hace es delegar la decisión sobre esa cuestión a los responsables de cada comunidad autónoma), a nadie parece importarle lo peor de esta nueva disposición, que no es otra cosa que su carácter de ley de partido. El sectarismo que envenena la vida española desde hace demasiado tiempo juega a sus anchas en un terreno como este, tan dado a la manipulación y a la imposición ideológica. En dos o en seis años el PP pasará a la oposición y el nuevo gobierno cambiará otra vez las reglas del sistema, y así no se puede; así no se hace. Una sociedad que tenga como metas la libertad y el progreso debería tener claras al menos un par de cosas en este sentido: 1) Que la articulación del sistema educativo solo puede apoyarse en las evidencias científicas y en un amplio consenso que lo deje al margen del manoseo político diario; y 2) que en educación, investigación y ciencia no se recortan recursos, nunca, aunque, eso sí, haya que fiscalizar y vigilar hasta el último euro invertido, porque nada es gratis.
Nada es gratis. Los recursos son siempre, por definición, escasos. Lo que se invierte o se gasta en algo se detrae de otro sitio. En Andalucía, el sector de la educación musical sabe mucho de esto. Hace más de diez años que la Junta decidió embarcarse en un proyecto de imagen llamado Fundación Barenboim-Said y Escuela de Estudios Orquestales mientras el estado de los conservatorios de la región (nuestras escuelas de estudios orquestales) rozaba lo paupérrimo. Acaba de saberse que la misma Junta de Andalucía que invierte anualmente varios millones de euros en la FBS ha renunciado a construir finalmente en el barrio de Nervión de Sevilla el conservatorio conjunto de danza y música que proyectó en 2008 y para el que al Ayuntamiento de la capital (entonces regido por Alfredo Sánchez Monteseirín) había cedido generosamente un solar de 4000 metros cuadrados. El Conservatorio de Danza seguirá así en el Pabellón de Argentina, sobre el que se hubo de intervenir hace unos años de urgencia por el estado ruinoso de una parte del edificio; el Conservatorio Profesional Cristóbal de Morales (que atiende a más de mil alumnos) continuará en la calle Jesús del Gran Poder, lo que no se sabe muy bien es cómo, pues la Junta ha consignado para el centro menos presupuesto este año, con las instalaciones extendidas a un tercer edificio desde el curso anterior, que cuando se sustentaba en solo dos. Que este invierno haya habido que prescindir algunos meses de la calefacción, que los viernes haya que cerrar el Edificio Albéniz y que la compañía de electricidad llegara a cortar unas horas el fluido eléctrico por impago son solo anécdotas: los edificios en que se imparten las clases no son solo inadecuados para su función, sino que se encuentran en un estado lamentable.
En estas condiciones resulta de verdad sorprendente, casi milagroso, que el número de alumnos matriculados en los conservatorios andaluces no deje de crecer y que de ellos salgan músicos de muy notable calidad, como demuestran día a día como solistas o miembros de orquestas y grupos variadísimos. Y es que, por suerte, no todo es catastrófico. Hay iniciativas admirables, institucionales e individuales, proyectos privados y públicos de gran valía, tanto en el terreno de la formación como en el de la organización y producción de eventos. En los últimos años, han desaparecido ciclos y se han reducido significativamente otros, pero la oferta andaluza, aunque acaso algo desequilibrada territorialmente, sigue siendo profunda e interesante. Para su mantenimiento, consolidación y progresivo desarrollo la implicación de las instituciones es aún fundamental, pero la iniciativa privada y la asunción de riesgos por parte de músicos, patrocinadores y promotores se antoja cada vez más necesaria. El Ministerio de Cultura se ha comprometido a través del CNDM con los dos más importantes festivales de música antigua de la comunidad (Úbeda y Baeza; Sevilla) y parece querer abrir una línea de colaboración con la OBS. El Teatro de la Maestranza y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada han sido explícitamente señalados como objetivos estratégicos del gobierno de la nación, y bien está que así sea. El Teatro de la Maestranza, centro de referencia para las artes escénicas en el sur de España, se halla en una difícil encrucijada. Apretada por unos presupuestos menguantes desde hace años, la dirección artística está empezando a caer en un populismo conservador que no augura nada bueno para su futuro, y ojalá me equivoque. En cuanto al Festival granadino, cuyos adjuntos cursos Manuel de Falla iniciaron justo ayer las sesiones de su cuadragésima quinta edición (¡nada menos!), es hoy por hoy en mi opinión y con diferencia el mejor de España en su categoría, puesto que se ha ganado en los últimos veinte años en buena parte gracias al extraordinario trabajo que desde su dirección hicieron Alfredo Aracil primero y Enrique Gámez después. Su actual responsable, Diego Martínez, no ha empezado tampoco con mal pie, ya que la muestra aumentó el año pasado número de espectadores, entradas vendidas y recaudación en taquilla. Como la educación, los grandes proyectos culturales deberían ser materia prioritaria e intocable en la gestión de los asuntos públicos, también en época de crisis, pues, como confirman estudios y auditorías, más allá de su importancia simbólica y de su papel en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, aportan al flujo económico de la comunidad mucho más de lo que cuesta mantenerlos. Alcaldes, consejeros, diputados y ministros deberían tener esto siempre muy en cuenta.
