#cautividad

AVE ACUÁTICA

Permanece inmóvil en el clamor absurdo del recinto acristalado. Agazapada en un rincón junto al fresco caño, casi se funde con el risco de cemento.

¡Qué portentoso ímpetu de vuelo se comprime en la pose inadvertida de esta pequeña y desaliñada ave acuática! A veces —no, periódicamente— abofa las plumas como irritada. Una vez las alisa, se inclina adelante, pronta.

Luego extiende las alas. Extiende unas alas espectrales, más y más… parecen no tener fin. ¡Ah! El instante me deslumbra.

Pero el pájaro no vuela. Pliega de nuevo las alas, cierra los ojos y sigue enhiesto, inerte… como dormido.

Fue denunciado por una presunta infracción grave a la Ley de Caza, que puede ser sancionada con una multa de 601 a 6.000 euros.

16/mayo/2018. La Patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Cangas denunció a un vecino del mismo municipio, que podría incurrir en una infracción grave a la ley de caza por tener un animal silvestre en cautividad.

Se trata de un zorro vivo que, después de varias gestiones indagatorias, fue localizado en una vivienda situada en una parroquia del término municipal de Cangas. Según la versión facilitada por el propietario del inmueble, el animal lo había capturado meses antes en el interior del gallinero anexo a su casa, alegando que lo tenía retenido para utilizarlo como parte del entrenamiento de sus perros de caza, sin ningún tipo de autorización administrativa.

Ante estas circunstancias, el Seprona procedió a la incautación del animal, un espécimen hembra de zorro que tenía en su cuello una correa y estaba sujeto por una cadena metálica que utilizaba su poseedor para evitar que se escapase.

Una vez recuperado el animal, el Seprona lo trasladó al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cotorredondo, al objeto de que puedan valorar su estado y posible readaptación a su medio natural.

La actuación de la Guardia Civil concluyó denunciando a este vecino de Cangas como presunto autor de una infracción grave tipificada en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en concordancia con la vigente Ley de Caza de Galicia.

La denuncia formulada se remitió a la Delegación Provincial de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia en Pontevedra, que será el órgano competente para incoar el correspondiente expediente sancionador, del que puede derivar una sanción económica desde 601 a 6.000 euros.