El periodismo de acceso... espero que lo lean, alumnos de #comunicación de #UNIC y #CUEG #comunication #prensa #prensalibre #freedompress #journalism Gustavo Gorriti saladeprensa.org Un colega con quien discrepo en casi todo menos en el hambre de lectura y el gusto por una buena discusión, me prestó el libro de Bob Woodward, 

Corte Suprema de Colombia protege la reserva de las fuentes. #Comunicación #comunication #prensa #prensalibre #freedompress #journalism #socialmedia #accesoainformación #libertaddeexpresión JUSTICIA [email protected] En un fallo de 41 páginas la Corte Suprema de Justicia de Colombia aclaró los alcances de la libertad de prensa y la protección de las fuentes de información.

por Alberto Buitre - @losangelespress- Artículo 19 es una asociación con fines dedicados a la promoción asistencial de los derechos humanos de las y los periodistas, incluyendo, por supuesto, la preocupación porque se permita su desarrollo en el ámbito de una sociedad supuestamente democrática. Y nadie duda por eso que son buenas sus intenciones de pedir diplomáticamente a Enrique Peña Nieto dotar de facultades constitucionales a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Tanto como que nadie podría negar que es urgente asegurar la vida de las y los periodistas en el ejercicio de su labor, en medio de un México cada vez más violento y degradado. Pero, para asegurar la vida de las y los periodistas en México hacen falta más que protocolos y mucho más que diplomacia con el poder. En su propuesta de fortalecer la FEADLE, Artículo 19 se olvida de cuestionar las causas que originan la vulnerabilidad del periodismo mexicano como oficio social y económicamente productivo: la corrupción de los medios de comunicación y sus dueños, que provoca el estado de indefensión de quienes trabajan en ellos. Y no, no es por la falta de voluntad política ante el crimen organizado por parte del sistema político y los medios, que las y los periodistas en México corren peligro. Es, por el contrario, su exceso de voluntad; aquella que tienen los empresarios dueños de los monopolios de la comunicación para salvaguardar el negocio de la información, mediante los llamados de “convenios de colaboración informativa” que firman con los gobiernos nacional y estatales: contratos diplomáticos para coaccionar los ingresos por publicidad oficial (y unos cuantos millones de pesos más sin facturar), a cambio de seguridad en el trato editorial. Y es que los ingresos estratosféricos producto de esas negociaciones congela la práctica del periodismo. Asegurando las ganancias, ya no es necesaria la práctica periodística, su investigación o narrativa; sólo hace falta quienes redacten y diseñen la información convenida, maquiladores de boletines, empleados automáticos sin crítica ni aspiraciones. Y mientras los empresarios se llenan las arcas, la lógica de la innecesaridad del periodismo opera para la subcontratación de periodistas para casi todos los puestos ya sea en radio, televisión o prensa. Esto produce tal plusvalía y ganancia, que la erradicación de la fidelidad a la práctica periodística, deviene en la devaluación de la fuerza de trabajo y la inminente contratación de una planta de reporteros obligados a cumplir, ya no órdenes editoriales, sino órdenes de negocios. Devaluados profesionalmente y mediante la crisis de empleo, ya no es necesario pagarles seguridad social, prestaciones laborales, salario mínimo profesional e inclusive otorgarles un contrato de trabajo sino antes firman su renuncia anticipada, para que el empresario se evite demandas o antigüedades. Lo peor es que esto no es exclusivo de los medios privados; sino ocurre con más frecuencia en los sistemas de medios públicos nacionales o estatales, donde a las y los trabajadores, periodistas y no, se les violan prácticamente todos los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo podrían enfrentar las y los periodistas mexicanos los problemas de violencia sin tener asegurado un contrato que, mediante el reconocimiento de una relación laboral permita a su familia cobrar al menos un seguro por accidente? ¿Cómo podría responsabilizarse la empresa por la seguridad de un periodista si ni siquiera le paga prestaciones sociales? Y peor aún ¿cómo podría haber justicia para familiares y amigos de periodistas asesinados si los convenios de colaboración informativa llevan implícito un pacto de no agresión ni responsabilidad entre medios y gobiernos? Por eso, cuando un periodista es asesinado, el crimen queda en impunidad. Primero, por la corrupción empresa-Gobierno, y segundo, porque periodistas honestos regularmente trabajan de forma independiente sin ninguna clase de protección institucional. ¿Quién, pues, asegura su vida sin protección laboral? ¿Qué fiscalía evita la pauperización de la calidad de vida de las y los periodistas? Artículo 19 exige al gobierno garantías para el ejercicio periodístico. Pero obvia, no sabemos por qué, lo primordial: exigirle a los dueños de medios de comunicación que cumplan con la ley y reconozcan mediante contrato y prestaciones sociales su relación laboral con sus periodistas. Ésa es la forma primigenia en que se ha de proteger la vida de los periodistas. Lo demás es foto, firma y acuerdos que se pierden, como se han perdido otras fiscalías en su tipo, porque nadie toca la corrupción ni la ganancia.

ARTICLE 19 y CENCOS publican un informe conjunto donde se analizan las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación en México. A continuación se presenta un resumen de los hallazgos.  Durante 2010 se registraron y documentaron un total de 155 incidentes contra periodistas, trabajadores e instalaciones de los medios de comunicación que son violaciones a la libertad de expresión. Esto es en contraste con 2009 cuando se registraron un total de 244 casos. La disminución de casi una tercera parte respecto al año anterior no responde a una mejora significativa: mientras los contextos de violencia en algunos estados del país se agudizan, la denuncia pública de las agresiones disminuye, como consecuencia de la falta de investigación del Estado mexicano. Suman ya 44 asesinatos y ocho periodistas desaparecidos en lo que va del sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.  Tipos de agresiones  En México la prensa trabaja en medio de agresiones físicas, amenazas y actos de intimidación. El tipo de agresión más recurrente fue el ataque a la integridad física o material tanto de reporteros como de instalaciones a medios de comunicación (52.9%), lo que significa que uno de cada dos agresiones son de forma física. En segundo lugar, las amenazas y los actos de intimidación o presión continúan siendo una práctica recurrente (31.61%). Los 82 casos de agresiones físicas o materiales están distribuidas de la siguiente manera: 59 corresponden a periodistas, cinco a trabajadores de los medios de comunicación y los 18 restantes a instalaciones de medios de comunicación, de las cuales 13 fueron con explosivos o armas de fuego de alto poder.

No conforme con la falta de repuesta efectiva por parte del gobierno mexicano para detener la violencia contra quienes ejercen el periodismo, este año iniciamos con una nueva forma de quebrantar el flujo de información. Se trata de la sentencia judicial en contra de la Revista Contralínea, su editor y 3 periodistas. El 3 de enero pasado, la Jueza 54 de lo Civil del Distrito Federal, Jassmín Alonso Tolamatl , falló en contra de la revista y los periodistas por daño moral a favor de las empresas contratistas de PEMEX. La sentencia es resultado de una serie de demandas –consideradas por la CNDH por acoso judicial- que argumentan un uso abusivo del derecho a la libertad de expresión a raíz de la publicación de información que revela posibles actos de corrupción en la adjudicación de contratos. Esta sentencia establece uno de los estándares más peligrosos en contra del derecho a la libertad de expresión y debe ser revocada. Si bien el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y acepta ciertas restricciones de manera excepcional, como lo es el caso de la protección a la reputación, el derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores. La sentencia emitida por la jueza presenta dos grandes fallas que merman el libre flujo de información: la primera de técnica argumentativa; y la segunda en clara violación de los estándares del derecho a la libertad de expresión. La jueza no desarrolla las razones que la llevaron a condenar a Contralínea. Cae en el absurdo de calificar de ilícitas las publicaciones sin acreditar la afectación a los demandantes ni la relación entre el ataque sufrido y el daño efectuado. La jueza basa su sentencia en la publicación de palabras insultantes sin abundar qué se entiende por “insultante” y en qué contexto. Extralimitándose en sus facultades de resolver sobre hechos pasados y concretos, la jueza ordena “cesar de forma permanente el abuso indebido y exceso al derecho a la información y libertad de expresión…”. La jueza estableció la prohibición a Contralínea y los periodistas demandados de cualquier difusión de información futura que pudiera ser considerada insultante (bajo criterios inciertos) en contra de las compañías demandantes. La sentencia es tanto como el establecimiento de mecanismos de verificación de los contenidos a la vez que juzga sobre hechos futuros. Restringir el contenido de lo que puede ser publicado es contrario al derecho a la libertad de expresión y tiene un nombre: censura previa. La jueza no sólo ordena la censura previa sino que no hace un análisis adecuado de las excepciones para condenar por daño moral: - Exige se corrobore la veracidad de información por parte de quienes ejercen el periodismo. Más aún, precisamente el análisis de la veracidad de información está en proceso de resolverse por otras vías. Exigir la veracidad de la información podría generar la autocensura entre periodistas ante el temor de no poder probar como verídicas sus aseveraciones de acuerdo al rigor probatorio de un juicio, y - No considera el tema de licitaciones sobre petroquímica como información de interés público. Sin mayor abundamiento, la juez determina que esta materia no es información de interés público ya que requiere de una “terminología especial y conocimientos técnicos que el público en general e inclusive las suscrita –refiriéndose la jueza a si misma- desconoce”. Es así que este tipo de condenas contra la libertad de expresión evita la difusión de información que permite la generación de opinión pública y particularmente en este caso, la rendición de cuentas, siendo que el castigo impuesto a Contralínea con motivo de una publicación tiene el efecto inhibidor sobre futuras investigaciones de posibles actos de corrupción. Privar a individuos del derecho a practicar el periodismo, incluso como parte de una sanción criminal, no es una restricción justificable para la libertad de expresión. Texto escrito por Cyntia Cárdenas Consultora Legal de ARTICLE 19