Una mirada al Pasado. La Lucha Campesina de Nicaragua, desde los 80s, lucha anticanal y autoconvocados.
Movimiento Campesino de Nicaragua.
El objetivo de esta nota es comprender los cambios que se han dado en la lucha campesina en Nicaragua, por ello se analizan sus movilizaciones.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derroca al régimen de Somoza el 19 de julio de 1979 e instauró un gobierno “revolucionario”; entre sus prioridades estaba el desmantelamiento de la estructura agroexportadora que en buena medida heredó de la dictadura, se trató de una política fundamental en un país eminentemente agrícola y tradicional en sus formas productivas y culturales. Las primeras medidas tuvieron el objetivo de erradicar a los grandes terratenientes, principalmente de la zona del Pacífico, estatizar los medios de producción y, con ello, reorganizar las actividades económicas a través de cooperativas de producción. La confiscación de las propiedades de Somoza y sus allegados –una quinta parte de las tierras cultivables– fueron la base del reparto en la reforma agraria sandinista y la base territorial para organizar las primeras cooperativas de producción.
Posteriormente, el Estado revolucionario inició la confiscación a los pequeños y medianos productores, lo que generó malestar entre las comunidades campesinas del norte y el interior del país, y luego el abierto rechazo a las políticas gubernamentales a través de la masiva incorporación de combatientes anti-sandinistas, así en 1981 eran aproximadamente 600, para 1986 eran 17 032, y en 1987, un año después de la reforma agraria ya sumaban 17 500 campesinos en armas en la Contra ).
El rechazo estatal a la propiedad individual y la entrega de derechos colectivos atentó contra las aspiraciones de ese campesinado que deseaba ser propietario, o ya lo era, pero no debido a una reforma agraria, sino a causa de su esfuerzo por empujar la frontera agrícola al norte y al Caribe .
Si bien entre 1984 y 1985 se flexibilizó la entrega individual de la tierra, el malestar de un sector importante del campesinado no tenía marcha atrás.
El gobierno sandinista también instauró una serie de políticas de comercialización y distribución de los productos agrícolas, así pudo regular los precios de los granos y tener el control de ocho productos de consumo básico por medio de la Empresa Nacional de Alimentos Básicos (ENABAS). Estas medidas atentaron contra los comerciantes e intermediarios acostumbrados a regirse por las leyes del mercado y no por un tope de precios impuesto por el gobierno.
Un sector campesino se armó para detener la Revolución, así la guerra en Nicaragua evidenció la complejidad del campesinado, que no es, ni ha sido, un sector cohesionado por su origen o con reivindicaciones comunes, sino que responde a un entramado de relaciones sociales e intereses mediatos e inmediatos. La vertiente campesina de la Contra se organizó con las Milicias Populares Anti-sandinistas (Milpas). Se trató de los primeros grupos insurgentes que no tuvieron, en un primer momento, ningún tipo de ayuda externa, pero sí el apoyo de la población rural, eran grupos independientes entre sí que actuaban en las montañas del norte, cerca de la frontera con Honduras y en cuyas primeras operaciones buscaban recuperar armas y pertrechos. Estos pequeños productores se sentían víctimas de atropellos por parte del gobierno revolucionario. El comandante Rubén, uno de sus fundadores afirmó:
“Nos organizamos como los Milpas [Milicias populares antisandinistas.], luego este grupo fue creciendo de repente, empezaron los sandinistas a sacar a todos aquellos alfabetizadores que tenían en la montaña porque ya la cosa era seria, pudimos presenciar que el gobierno sandinista empezó a quitarles las propiedades a los productores, a gente que no tenían que ver con la Guardia Nacional o con cualquier otra autoridad del gobierno de Somoza. Además, los asesinatos que se empezaron a dar eran a personas inocentes, productores, las confiscaciones y la persecución a los jóvenes y a toda aquella persona que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo la “revolución” , esa persona tenía dos caminos, o se iba preso o aceptaba irse a la oposición a luchar contra ellos (O. Sobalvarro “Comandante Rubén”, comunicación personal, 2 y 3 de noviembre de 2006).”
Se denomina milpa a una porción de tierra como la técnica de cultivo a través del cual se cosechan distintos tipos de semilla de maíz, y los combatientes de las Milpas se auto nombraron Chilotes, que en nuestra cultura tradicional campesina nicaragüense significa el primer brote de una planta. Es entonces que, en los orígenes de la Contra, los Chilotes representan las primeras semillas fundadoras de la Contrarrevolución y su origen campesino es innegable, Eran productores que dependían de los precios del mercado internacional, pero al mismo tiempo tenían cierta independencia pues tenían acceso a los productos básicos que producían o que eran de fácil acceso en la zona, en muchos casos combinaban la producción de subsistencia con la producción para el mercado. Formaban comunidades con cierta movilidad económica y social, con mínima relación con el Estado, así que cuando este intentó integrarlos, el rechazo fue inminente.
El 25 de abril de 1990, Violeta Barrios, viuda de Chamorro, se convirtió en jefe de Estado, ese mismo día anunció una propuesta de ley relativa a la revisión de las confiscaciones sandinistas, pues buscaba beneficiar a aquellos que durante la década revolucionaria habían sido expropiados por sus vínculos con Somoza o como parte de la Reforma agraria, así como a los miles de campesinos que habían accedido a tierras durante la Revolución sin títulos de propiedad. En los hechos se trató del primer elemento de la contrarreforma agraria neoliberal de la señora Barrios, otro elemento importante también fue el anuncio de dar garantía de libertad a los productores para cosechar según sus intereses, así como para definir el precio y escoger a sus distribuidores que también serían libres para comercializar.
Durante 1990, la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV-OEA) debía: “administrar 30 millones de ayuda que Estados Unidos ha dado para ese objetivo” . Es significativo que de los 300 millones otorgados, solo un 10 % se destinó a la desmovilización de los contras, los Freedom Fighters de Ronald Reagan a través de la CIAV-OEA y el restante 90 % fuera directamente para el gobierno. En una entrevista, el conocido líder contrarrevolucionario Boanerges Matus “Pepe” precisó que:
Los 30 millones no fueron aprobados para planes de desarrollo, sino sólo para nuestra desmovilización y reubicación. Como aún no se hablaba de los Polos [de desarrollo] la mayoría de los fondos se gastaron. La cantidad que queda, unos siete millones son insuficientes para respaldar programas productivos. Lo anterior demuestra la poca información existente entre la CIAV-OEA y los líderes contrarrevolucionarios que colaboraban con el gobierno de Violeta Barrios.
El 71 % de los desmovilizados de la Contra eran de origen campesino y el 69 % había manifestado su intención de dedicarse a actividades agropecuarias.
La movilización campesina durante el gobierno de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños
Durante el gobierno de Arnoldo Alemán (1996-2001), se evitó la negociación y, por el contrario, se privilegió el combate frontal con los excombatientes en armas, así como el descabezamiento o la compra de los líderes de los grupos rearmados. A pesar de ello, las circunstancias obligaron a las autoridades a reactivar, en 1997, la Brigada Especial de Desarme (BED), que en un año de labores desmovilizó a 1 882 hombres con 716 armas.
Una de las consecuencias del rearme y de la crisis económica de la última década del siglo XX es que la organización campesina en Nicaragua se encontró prácticamente sin liderazgos, sin una agenda y con pocas capacidades de presión ante las voraces políticas de acaparamiento de la propiedad en beneficio de Arnoldo Alemán y sus allegados. Un gobierno cuya característica principal fue su rapaz corrupción.
En 2002 llega a la presidencia Enrique Bolaños. En cuanto al campo, una de las políticas implementadas por Bolaños fue el cultivo de la palma africana y la caña de azúcar para biodiesel, actividad que la empresa privada puso en marcha y que poco a poco fue acaparando tierras para la producción extensiva, además del daño ecológico que provoca el mono-cultivo (La herencia de Bolaños…, 2006). Un año antes de dejar la presidencia, entró en vigor un tratado de libre comercio con República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.
Se trató de uno de los factores del lento y modesto crecimiento económico -3.5 % anual durante el periodo- pues el café, el azúcar y la carne se incrementaron y de la misma manera que en el siglo XIX son los principales productos exportables del país, anclados en las materias primas. La crisis en el campo envió a los nicaragüenses a Costa Rica, España y Estados Unidos, pues solo el 10 % del total del crédito se otorgó al sector agropecuario, por ello, en 2006, eran 800 millones de dólares anuales el monto de las remesas.
Los retos del campesinado nicaragüense durante el gobierno de Bolaños fueron: en primer lugar, la crisis del café y en segundo, el caso Nemagón. Los precios del café cayeron drásticamente en el 2001, hubo una sobreoferta de 10 millones de sacos, el precio se mantuvo por debajo de los 50 centavos de dólar la libra, el más bajo en 50 años afectando a 300 000 productores centroamericanos (CEPAL, 2002). En Nicaragua, los productores bajaron salarios, pagaron en especie a los trabajadores, no contrataron ni a mujeres ni a menores –una práctica cultural–, muchas fincas fueron abandonadas, la crisis produjo la quiebra de dos bancos, el embargo de fincas al no cumplir sus compromisos crediticios, el aumento del desempleo rural y, finalmente, situaciones de hambruna entre miles de familias. En enero de 2002 estos trabajadores agrícolas, usualmente dispersos en las fincas, se organizaron y realizaron plantones a lo largo de las carreteras de Matagalpa. Entre enero y octubre de 2002, murieron por hambre 21 personas que estaban instaladas en dichos plantones, eran desempleados y hambrientos trabajadores acompañados de sus familias, pues 14 de los fallecidos eran menores de edad. En junio, el gobierno instaló un programa llamado Alimentos por Trabajo destinado a 3 000 cabezas de familia afectados por la crisis del café. El 13 de septiembre se firmó el Acuerdo de Las Tunas como paliativo, el ejecutivo se comprometió a entregar en seis municipios de Matagalpa un bono de apoyo a las familias, reapertura y ampliación de comedores infantiles en áreas rurales, el compromiso para habilitar la producción de café y crear un banco de tierras (Crisis del café, 2002)
El trágico caso de Nemagón cobró visibilidad en Nicaragua en febrero de 2005 cuando se dio una marcha de más de 3 000 personas –en representación de 80 000 afectados– que recorrieron a pie los 150 kilómetros que separan Chinandega de Managua. Eran los campesinos, trabajadores del banano, piña, algodón y caña de azúcar afectados por exposición directa o indirecta al pesticida vendido comercialmente como Nemagón y Fumazone. Durante los años sesenta del siglo XX, las fruteras de capital trasnacional Standard, Dole, Del Monte y United Fruit –actualmente Chiquita Brands– emplearon masivamente el Nemagón en sus plantaciones.
La movilización campesina durante el régimen sandinista de Daniel Ortega:
En este contexto se destaca la concesión de tierras al empresario chino Wang Jing para la construcción del Gran Canal Interoceánico (GCIN). Si se concreta la construcción, el inversionista tendrá grandes extensiones territoriales fuera de sus fronteras.
Políticas contradictorias implementadas por el Régimen de Daniel Ortega, por un lado, la inversión de grandes recursos para hacer viable la producción campesina a través de programas como Hambre Cero y Usura Cero, y por el otro, la privatización de enormes extensiones de tierra con fines de ganadería y agricultura extensiva, turismo y minería. fronteras.
En este contexto surge el emblemático y novedoso Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía en Nicaragua (El Consejo). Esta asociación, conformada mayoritariamente por estratos campesinos, inició las movilizaciones después de la promulgación de la Ley 840. El Régimen sandinista de Daniel Ortega retomó los trabajos que Enrique Bolaños había desarrollado para la construcción del añorado canal por Nicaragua. Así, el 6 de julio de 2012 se publica la Ley 800 del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (GCIN) y de Creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua:
Para todos los efectos legales se declara de prioridad e interés supremo nacional el proyecto de El Gran Canal de Nicaragua, incluyendo los correspondientes estudios, diseño, construcción y operación. El Gran Canal constituye un patrimonio de la nación nicaragüense y por su naturaleza tendrá las características de total neutralidad y de servicio público internacional, cuyo funcionamiento no podrá interrumpirse por causa alguna Art. 3 […] La Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, tiene autonomía financiera, orgánica, funcional, administrativa y de duración indefinida. En consecuencia, ejercerá libremente la facultad de recibir, custodiar y asignar sus recursos financieros y podrá depositar sus fondos en los bancos que estime conveniente […] (Asamblea Nacional, 2012, p. 1).
Esta ley va en contra del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) firmado por Nicaragua, pues en este, para la entrega de concesiones, se requiere tanto de una consulta al pueblo como a las autoridades regionales y locales, y al no hacerse se atenta en contra de su autonomía. También se contrapone a la legislación nacional, en específico a la Ley 445 “De Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz” y el Reglamento a la Ley 28 “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”. Este último define la tierra comunal como:
“al área geográfica en posesión de una comunidad indígena y/o étnica, ya sea bajo título real de dominio o sin él. Comprende de las tierras habitadas por la comunidad y aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales, religiosas y espirituales, incluyendo la caza, pesca y agricultura, los cementerios y otros lugares sagrados de la comunidad. Las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles (Asamblea Nacional, 2003, p. 2. ).
A pesar de la ilegalidad, posteriormente, el 13 de junio de 2013 se aprobó la Ley 840 que tenía como objetivo entregar una concesión exclusiva por 50 años –a partir del inicio de operaciones comerciales y prorrogable por 50 años más– a HK Nicaragua Canal Development Investment Co., Limited, (HKND) una compañía de responsabilidad limitada constituida en Hong Kong y al empresario Wang Jing para la construcción del GCIN, en su artículo dos, descripción del proyecto la ley dice:
El Proyecto consiste en el diseño, desarrollo, ingeniería, acuerdos de financiación, construcción, propiedad, posesión, operación, mantenimiento y administración, de los siguientes proyectos relacionados con infraestructura, y “Sub-Proyecto”: a) Un canal tradicional para naves, uniendo los puertos de aguas profundas en el Caribe y litorales del Pacífico; b) Un puerto en la costa del Caribe ; c) Un puerto, en la costa del Pacífico ; d) Un oleoducto que conecte áreas en litorales del Caribe y del Pacífico; e) Un canal seco para la construcción de una vía férrea para transporte de carga uniendo los litorales del Caribe y del Pacífico ; f) Una zona de libre comercio que se establecerá en las proximidades de donde el GCIN se una con la costa del Caribe ; g) otra zona de libre comercio en la Costa del Pacífico]; h) Un aeropuerto internacional en las zonas de libre comercio o alternativamente, la expansión de un aeropuerto actual ; i) La infraestructura que El Inversionista determine necesaria ; y j) Un proyecto global para asegurar la integración y coordinación de todos los otros Sub-Proyectos (Asamblea Nacional, 2013, p. 2).
Se trata de núcleos de campesinos, pescadores y comunidades indígenas principalmente creoles y ramas. En el departamento de Rivas serían 9 las comunidades afectadas, principalmente, en el área de Tola y en las cercanas al río Brito, en San Juan del Sur 2 comunidades, en la Isla de Ometepe 5, en San Jorge 6, en Altagracia 4 y en San Carlos 10. Los departamentos más afectados serían Río San Juan con 22 comunidades, entre ellas El Tule y San Miguelito, en esta última hubo una huelga escolar. Los padres no enviaron a sus hijos por varios meses a las escuelas durante 2014 como rechazo a las leyes y a la campaña a favor del proyecto que se estaba realizando en las escuelas. En Nueva Guinea se ven afectadas 38 comunidades, entre ellas La Fonseca, de donde saldría Francisca Ramírez “Chica” quien es la líder más visible de El Consejo. En Bluefields serían 60 comunidades las perjudicadas. Además, serían afectadas las poblaciones de Buenos Aires y Potosí en Rivas –productivas en plátano y caña de azúcar– por otros proyectos como los 4 complejos turísticos, 2 aeropuertos
Las zonas de construcción del Canal y las aledañas son sumamente productivas, sus principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería: en la Zona de Nueva Guinea se produce maíz, frijol, arroz, malanga, yuca, quequisque y jengibre, tanto para el auto-consumo como para el mercado local e incluso para la exportación. En la costa caribeña se pesca camarones, langostas, tortugas, diversos peces y se cría el “chancho de monte”. En Rivas, en el Pacífico se produce plátano, caña de azúcar, mango, sorgo, árboles frutales. En todas las áreas se da la crianza de vacas, gallinas y caballos 2 zonas de libre comercio que se incluyen en el proyecto de HKND.
Las primeras movilizaciones fueron discretas y no cubiertas por la prensa; sin embargo, se fueron haciendo cada vez más fuertes. Para junio de 2014, cinco de ellas habían sido reprimidas violentamente; a partir de agosto de 2014, se volvieron más visibles y nutridas, debido al malestar que provocó el inicio de un “Censo de Propiedades” a ser expropiadas por encontrarse en la ruta canalera.
El 22 de diciembre de 2014 se realizó un acto de inauguración de las obras en una vieja hacienda ex propiedad de Somoza en el departamento de Rivas. Durante ese año, El Consejo realizó por lo menos 16 marchas anti-canaleras, las más grandes fueron las de San Miguelito y Punta Gorda. En total se llevaron a cabo en 12 municipios y participaron 286 comunidades y más de 30 000 personas. Además de la expropiación o indemnización de las tierras habitadas y trabajadas en la ruta canalera, también se afectarían reservas naturales, zonas arqueológicas y sitios de humedales, entre ellos: la Reserva Biósfera del Suroeste de Nicaragua, la Reserva Natural Punta Gorda, Reserva Biológica Indio Maíz y la Reserva de Biosfera de la Isla de Ometepe, así como los Humedales de la Bahía de Bluefields y de San Miguelito, y el refugio de la Vida Silvestre de Río San Juan .
El Consejo se ha estructurado en redes territoriales de defensores de la tierra, el agua y la vida, pero también se ha aglutinado en un viejo concepto, poco utilizado por otras organizaciones campesinas: la soberanía, es quizá este uno de los elementos que más contundencia política les ha dado.
El Consejo ha tenido cabezas visibles como “Chica” Ramírez y Medardo Mairena, funciona con formas bastante democráticas al defender a los territorios desde los territorios, por ello cada sección tiene sus propias dinámicas. En ese sentido, la defensa territorial de Rivas, con productores en propiedad privada, requiere una estrategia diferente a la de los territorios habitados por creoles en Bluefields. Sin embargo, han encontrado mecanismos para permanecer unidos en El Consejo con demostraciones unificadas. La movilización social iniciada en abril de 2018 encontró a un campesinado organizado por toda la ruta canalera, pero también con un “trabajo hormiga” de campesinos, que si bien no son afectados por el GCIN, lo serían por la minería y que también se han sensibilizado por el daño al medio ambiente.
La solidaridad de los campesinos a la lucha de abril del 2018 llenó de esperanza a la población autoconvocada.
Los jóvenes habían sido apáticos en la política nacional (Cuadra, 2016), salvo su participación solidaria con los #OcupaInss en 2013, habían estado prácticamente ausentes, era una paradoja que siendo Nicaragua un país de jóvenes, durante el siglo XXI los movimientos sociales habían sido protagonizados por adultos mayores y campesinos. En abril de 2018, los jóvenes nuevamente apoyaron a los pensionados, pero una semana antes se había dado un cambio significativo. Estos estudiantes y ambientalistas habían participado en la manifestación contra el incendio de la Reserva Indio Maíz y a partir de ahí marcharían juntos exigiendo cambios.
Las movilizaciones campesinas en los últimos 40 años en Nicaragua han demostrado además de rebeldía, un profundo deseo de autonomía productiva y, por ello, de rechazo a la injerencia estatal (reforma agraria, contrarreforma agraria, políticas extractivistas). Recientemente han sumado a su agenda el cuidado del medio ambiente y la inclusión de otros sectores (jóvenes, auto-convocados, las iglesias, sociedad civil, entre otros). Es por ello que los campesinos no caben en el concepto de nuevos actores sociales, por el contrario, como se ha visto en este rápido recorrido son y han sido los tradicionales actores de las movilizaciones, mismas que se han dinamizado al tratarse de un país profundamente agrícola.
Así, desde sus territorios, siguen enarbolando una serie de proyectos a corto, mediano y largo plazo. En el corto se encuentra la derogación de las Leyes 800 y 840, y la justa indemnización de las víctimas de Nemagón; en el mediano plazo está el establecimiento de alianzas con otras fracciones de los sectores populares y de las capas medias en un proyecto de democratización común; en el largo plazo se ubica la capacidad de producir y reproducir la vida, incluyendo nuevas formas de explotación agrícola y tecnologías amigables con el medio ambiente.
Las novedades mostradas por las recientes movilizaciones campesinas son en primer lugar la autonomía total de su lucha. Tanto las víctimas del Nemagón como El Consejo se han separado en la práctica y en el discurso del Estado, de las iglesias y de los partidos políticos, con esta ruptura están construyendo una ciudadanía más amplia que la practicada por los partidos políticos o el Estado que solo los consideran electores. Por el contrario, estos campesinos buscan incidir en la agenda nacional y tienen una visión de país. En segundo lugar, sus luchas son una afirmación identitaria de los trabajadores del campo y de su cultura. Además, El Consejo ha logrado traspasar las barreras del género, clase y etnia, pues su líder más visible es una mujer y entre sus bases hay campesinos migrantes que han movido la frontera agrícola, productores ricos y pobres, e indígenas del Caribe, unidos para defenderse de la amenaza que el GCIN representa para sus formas de vida. En tercer lugar, han transformado su relación con la tierra y con el medio ambiente, pues el desequilibrio de los ciclos productivos usando insumos artificiales puede ser fatal –caso víctimas Nemagón y Guardianes de Yaoska– a partir de este cambio se vuelve más importante el territorio –como espacio social, cultural y político– que la tierra en sí.
En el actual contexto de crisis nicaragüense los campesinos pueden inclinar la balanza en la resolución del conflicto, pues gracias a su tradición rebelde ahora son capaces de visualizar un proyecto de país que los empresarios y políticos son incapaces de ver. El campesinado en Nicaragua, a pesar de la represión tiene mucho que aportar.
Movimiento Campesino de Nicaragua,
UCR, Universidad de Costa Rica,
Arévalo Cuadra, Raúl. (2007). ¡Alto al fuego! La experiencia de la Brigada Especial de Desarme (BED). Nicaragua: Instituto de Investigaciones y Acción Social Martín Luther King-Universidad Politécnica de Nicaragua.
Asamblea Nacional. (14 de junio de 2013). Ley Número 840. Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense Atingente a el Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas. La Gaceta Diario Oficial, No. 110. Recuperado de http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/b92aaea87dac762406257265005d21f7/914d10ad15d09a2f06257b9e004c82e8?OpenDocument
ACNUR. (1991). Evaluación del proceso de reinserción de la población cirefca en las regiones central y norte de Nicaragua. Managua: acnur/Oficina Regional para Centroamérica, Panamá y Belice.
