¿Observar la calidad del transporte público o defender al usuario?
La crisis generada por el tema del transporte público apenas comienza. A pesar de las medidas anunciadas por las autoridades del Gobierno de Jalisco – cancelación de permisos, requisa de la ruta 368, reglamento de transporte público- en los últimos días ocurrieron dos muertes más en la metrópoli, vinculadas a accidentes por camiones urbanos. Pareciera que estamos atrapados en una especie de círculo vicioso que no encontramos cómo romperlo. Por eso hay que pensar no sólo en atender lo urgente, sino lo estructural y gestionarlos simultáneamente.
Producto de la manifestación de cerca de 30 mil integrantes de la comunidad estudiantil, académica y administrativa de la Universidad de Guadalajara, el Gobierno de Jalisco anunció la creación de un “Observatorio Ciudadano” para estar revisando constantemente la calidad en el servicio del transporte público. Se trata de una idea que encuentra eco en las propuestas que distintas organizaciones ciudadanas – como el Frente Común de Usuarios y Operadores, el Colectivo Ecologista Jalisco, la Red Universitaria de Movilidad, Ciudad para Todos, entre otros - que fue dado a conocer el fin de semana inmediato al fatal accidente afuera de la Preparatoria 10. Sin embargo, es evidente que el nivel de intervención que se requiere debe ser mayor y a profundidad.
No basta con evaluar a la calidad. Hay que defender al usuario y a sus intereses en un contexto en el que parece que las medidas tomadas son aspirinas para un cáncer mayor. ¿Cuántas muertes más ocurrirán? ¿Cuántas personas con lesiones de distintos grados? ¿Quién da seguimiento? ¿En qué momento serán implementadas las acciones que cambien de fondo al transporte público en el mediano y largo plazo? En este contexto, debemos debatir no sólo la pertinencia de este mecanismo, sino su naturaleza, integración, alcances y elementos jurídicos que le den certeza y fortaleza en su actuar frente a la crisis que tenemos enfrente.
El anuncio de dicho Observatorio se da en un contexto previo a la publicación del Reglamento para regular el servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Hay que decirlo con claridad: en la ley en la materia no existen un concepto concreto de “calidad en el servicio de transporte público” ni cómo se medirán, ni cómo se fiscalizará. Tampoco está la figura del “Observatorio Ciudadano” pese a que el diputado Martín López Cedillo, presidente de la Comisión de Vialidad y Transporte del Congreso de Jalisco diga lo contrario.
La Ley de Movilidad y Transporte debió incluir figuras como las “Organizaciones de Usuarios” a manera de incentivar y facilitar que personas que utilizan este servicio, puedan asociarse y organizarse, pero sobre todo, que a usuarias y usuarios se les reconozca como sujetos de interés jurídico sobre el servicio que reciben y que puedan incidir sobre rutas y corredores específicos de transporte público. Si bien sabemos que las leyes no cambian la realidad por arte de magia, es mejor tener esa opción que estar en la situación en la que actualmente nos encontramos: el usuario no existe en los mecanismos, instituciones, órganos de gobierno y espacios de decisión sobre este tema.
El Observatorio puede nacer como una buena medida política, pero con una enorme debilidad jurídica e institucional. Hay una gran expectación en el trabajo de fiscalización sobre el transporte público, para, en el corto plazo evitar muertes y accidentes y en el mediano plazo, incrementar significativamente su calidad. Por eso, debemos analizar las opciones y posibilidades con detenimiento para no generar mecanismos y herramientas institucionales que sean débiles.
Por eso la opción de crear una especie de “Ombudsman” del transporte público no es descabellada. Naciones como Australia e Inglaterra ya han implementado esta figura. Pero también tenemos experiencias latinoamericanas en países como Guatemala, Perú y Colombia, en donde existe en algunas ciudades la figura del “Defensor/a del usuario del transporte público”. Y precisamente este debe ser el enfoque. No es solo vigilar que las unidades tengan pantallas electrónicas, GPS o los choferes tengan uniforme y gafete. Se trata de, diseñar indicadores, monitorearlos, generar información, emitir recomendaciones, dar seguimiento a los acuerdos, poner en la mesa posibles sanciones y sobre todo, defender al usuario de un esquema que al día de hoy, es profundamente injusto y asimétrico con quienes toman camión urbano.
No comenzamos de cero. En los últimos cinco años, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha emitido al menos 6 recomendaciones vinculadas al transporte público –que si la revisamos siguen siendo vigentes las medidas que sugerían- mismas que no se han cumplido. La CEDHJ es una institución a la cual podemos pedir que intervenga cuando existe una violación a nuestros derechos humanos. Pero hace falta establecer los mecanismos que permitan dar seguimiento a las quejas y denuncias de los usuarios, que a su vez sirvan como uno de los indicadores que deben ser puestos en operación para evaluar la calidad de este servicio. Y la idea de una defensoría del usuario no se contrapone con el marco normativo ya existente.
Por eso debemos ir más allá de observar la calidad. Debemos también incluir la posibilidad de dar seguimiento de manera ciudadana e imparcial, a las quejas emitidas por choferes, concesionarios e incluso, la denuncia de funcionarios públicos que tengan conocimiento de actos de corrupción.
Este Observatorio –que podría tener desde ya otro nombre- también debiera vigilar la integración del Registro Estatal de la Movilidad y el Transporte, para evitar que vuelva a pasar con el anterior Registro, que tiene severas deficiencias de información y que no es útil para los fines que debe servir: transparentar al sector transportista.
El reto no es sólo de mejorar las condiciones en las que se presta el servicio. Se trata de gobernar al transporte público. Estas figuras han demostrado ser de utilidad en otras ciudades cuando de verdad se les dota de las herramientas y facultades que les permitan ser un elemento clave que contribuye a que las autoridades hagan su trabajo, que defiende a los usuarios, que ayuda a mejorar el trabajo de los operadores, que informa a la sociedad y que permanentemente genera datos para que la opinión pública influya sobre la calidad del transporte público.
Así que la propuesta está en la mesa. Respondiendo a la pregunta de esta columna, debemos hacer las dos cosas: observar y medir la calidad y defender al usuario. Y para esto hay que generar no una institución más, sino un mecanismo eficaz para intentar cortar este círculo vicioso que parece, se retroalimenta así mismo pese a las acciones que se han emprendido desde la autoridad estatal. Esto le arroja al Poder Legislativo la pelota a su cancha. Debe, urgentemente, revisarse y modificar la Ley de Movilidad para incluir esta figura y darle certeza jurídica a su actuar. También debe instituirse de manera imparcial, plural y ciudadana dicho observatorio con representantes académicos y sociales. Y evitar a toda costa la partidización de una respuesta que puede ser de utilidad para el manejo y gestión de esta crisis que apenas comienza.
@marasiro












