Desde la adhesión a la CE en 1986, la política europea de España se ha construido sobre un consenso básico que han respetado todos los gobiernos de España: ser un socio fiable, constructivo y previsible. El Ejecutivo progresista de Pedro Sánchez ha arruinado, como en el caso de la Transición, dicho consenso en perjuicio de los españoles.











