El blog de Luis Fajardo

Hoy, 14 de febrero, se cumplen 23 años del asesinato de D. Francisco Tomás y Valiente por ETA en los despachos de la Facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo estuve en sus clases, sé cómo defendía la democracia, los derechos de cada individuo, eso que llamamos presunción de inocencia, y el estado de derecho que hoy llena tantas frases vacías… “les perseguiremos con toda la fuerza del estado de derecho”. Personalmente estoy convencido de que si se derrotó a ETA fue gracias al tesón de personas que aplicaron las normas en defensa de todos, y no contra nadie. Cuando un etarra quedaba libre por la justicia porque no se habían obtenido las pruebas legalmente, porque no se le había tratado con las garantías debidas, se está diciendo que el sistema funciona, que el sistema protege a todos, que cabe defender cualesquiera ideas dentro de él, que las condenas son por cometer delitos, no por defender ideas. Nuestro Estado no ha cambiado, sigue siendo un estado de derecho, se somete a las mismas reglas, pero no se está transmitiendo que exista la misma claridad con respecto a hechos menos graves como los acontecidos en Cataluña, el “Juicio del Procés”. Todos debemos confiar en una Sentencia justa. Seguramente no hay tanto delito como ha hecho ver el Gobierno del PP, pero ello no quiere decir que lo que ha pasado no sea grave. No, no ha muerto nadie, por suerte, pero se ha generado un odio que puede conducir a ello. Ojalá no sea así. El Derecho quiere garantizar una convivencia pacífica. Quiere garantizar que los ciudadanos catalanes (como los de cualquier otra autonomía), a través de su Parlament, puedan incluso proponer la modificación de las reglas de juego. Lo pueden hacer (artículos 166 y 87.2 de la Constitución), pueden proponer cuando quieran la modificación de uno, dos, o todos los artículos de la Constitución. El nacionalismo, siempre victimista, jamás ha usado esa posibilidad, ni siquiera ahora que tienen mayoría de parlamentarios (aunque no de votos, por más que se jacten de hablar, unos, en nombre de todo “el pueblo” catalán: sólo el Parlament es expresión de su pluralidad, y la democracia es el respeto de las minorías, que puedan siempre convertirse en mayorías: los derechos de un solo individuo a defender sus ideas, a ser escuchado y ser tratado dignamente). Lejos de ello, incendian de proclamas, y se dicen pisoteados; para ello provocan con actos que saben fuera del ordenamiento, y no realizan los que caben dentro de él. El referendum se puede hacer, pero tiene unos trámites que no interesa, interesa la ruptura, el enfrentamiento… y no hay voces razonables en la política que defiendan el modelo de convivencia que tenemos. Tenemos que hacerlo los ciudadanos. Tenemos que regenerar esta política, y para eso hay que implicarse ¿tú que me lees, participarías en algún partido político, en uno nuevo al menos, en uno que tú con tus amigos diseñaras…? Si la respuesta es que no ¿de qué te quejas? Si no eres capaz de ir a la sede local del partido que más te guste a decir, no quiero a ese candidato ni ese programa… quiero que en la oferta electoral de este partido estén estas otras cosas, que las hagan de verdad… y para eso que haya alguien nuevo… tú mismo, un amigo… o alguien que conozcas allí y valores que merece tu apoyo… Si eso no se hace, esas cosas que la gente quiere no estarán en la oferta política, no se podrá votar… porque la oferta política la seguirán creando un politólogo con pinta de progre y mucho conocimiento de redes sociales, un líder con sus líderes locales que contrata a un comité de expertos, unos empresarios más o menos organizados en torno a un partido político, o cuatro extremistas incendiarios, o relamidos, o incendiarios y relamidos… por eso mi lema desde hace años para salvar la democracia, dicho así en expresión sajona que parece como más moderna, es #taketheparty, o en nuestra lengua, #tomaelpartido. Los partidos políticos necesitan ser reconquistados por la ciudadanía, ya que como dice la Constitución (art. 6) son los cauces para “la formación y manifestación de la voluntad popular [e] ...instrumento fundamental para la participación política”. Son los cauces de participación en nuestro modelo de sociedad, pero no se usan, ellos no se van a acercar a la sociedad, debemos ser nosotros los que nos movamos...

Hoy, 14 de febrero, se celebra también el día del amor al software libre… pero lo celebran miles, tal vez millones, de personas encadenadas a sus aparatos; aparatos que vienen con invisibles cadenas a grandes corporaciones. Compras un móvil (o cualquier cosa que hoy se conecte a internet, como una televisión, un coche, o muchos electrodomésticos), y te viene con aplicaciones en las que el usuario no puede impedir que la máquina envíe mucha información de nuestros gustos, acciones, tiempos, posición… a la corporación “propietaria”. Sí, nos dicen propietarios de esos objetos, pero no tenemos control sobre ellos ¿de verdad que somos sus propietarios? Si fuera así podríamos cambiar un navegador por otro en nuestro móvil, podríamos eliminar la app Facebook o WhatsApp o elegir un buscador distinto de Google o un correo distinto de Gmail o un servicio de mapas distinto de Google Maps. ¿Qué si existen? Pero ¿es que tan engañado te tienen? Claro, los mapas de Google en gran medida son elaborados por cartografías públicas, pagadas por todos y, al menos en Europa, libremente disponibles… Sí, la empresa ha añadido capturas a pie de calle, ha mejorado los planos poniendo a la gente a usar juegos de realidad aumentada como Ingress o Pokemon, que le proporciona información valiosísima sobre el terreno. Información que facilita la gente altruistamente, gratuitamente… con conocimiento o sin ello (del mismo modo que Facebook entrena su inteligencia artificial en el reconocimiento de caras a lo largo del tiempo con su reto de subir fotos de hace diez años…). Pero, volvamos, sí, hay otras cartografías, otros servicios gratuitos promocionales o servicios colaborativos de correo (ProtonMail, Tutanota, Openmailbox, Riseup.net) y muchos más de pago (por sólo citar los más habituales entre los preocupados por la seguridad, podemos citar las empresas Runbox.com noruega, Mailbox.org alemana, o fuera de Europa la canadiense Hushmail o la australiana Fastmail). Hay alternativa a todo, no es necesario usar ninguna aplicación que ceda datos de usuarios. Entonces ¿porqué se usan? Artículos de prensa como el aparecido en El País “Así me hackeo el móvil para que no me rastreen (y es una locura)” dirán que porque es difícil usar esas alternativas (falso, y falso). Informan mal, la mayoría de las cuestiones son fáciles, es simplemente no usar unas aplicaciones y sí otras. No es difícil en el estado actual de la técnica y con los medios que un usuario medio tiene a su alcance. Lo que resulta impresentable es que desde la prensa se de por hecho que el que los móviles nos los controlen a distancia, y cedan nuestros datos incluso sin permiso, es un mal menor para disponer de esos aparatos (“nos espían, pero es por nuestro bien”). Se puede entender que un fabricante de móviles llegue a acuerdos con una corporación para incluir su software preinstalado en el dispositivo, lo que no es de recibo y es contrario a la libre competencia, a la protección de los consumidores, y a derechos fundamentales de los ciudadanos, incluido el respeto a su intimidad, es que dichas aplicaciones espías no se puedan eliminar. No es un mal menor, es una lacra que altera enormemente el funcionamiento de nuestra democracia, una ilegalidad contra la que hay que luchar en los Tribunales, y no sólo con hacking tecnológico. El verdadero hackeo a ese sistema empresarial se hará en los Juzgados. Esto sí es una locura.

Original publicado en CanariasAhora / El DIario, del domingo 8/12/2018. | Comentarios en https://encanarias.info

La lucha contra los perfiles de usuarios

El pasado día 6, día de la Constitución, coincidió que se publicó en el BOE una norma clave en nuestra sociedad moderna, tan manipulable y dependiente de lo tecnológico, la Ley Orgánica 3/2018, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDgdd). La manipulación política usando redes sociales está (sin menospreciar otros factores) detrás del ascenso a los gobiernos de Polonia, Hungría o Austria de fuerzas claramente poco democráticas, o de la poco antes impensable elección como Presidente de los Estados Unidos de América del Norte de un millonario excéntrico. La Unión Europea no sabe bien qué hacer con estos países, pero sí ha sido muy clara en combatir la generación de perfiles de usuarios, y esa es en el plano político la aportación más clara del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Sorprendentemente, los primeros pasos del RGPD está teniendo poca trascendencia con respecto al funcionamiento de redes sociales que basan su modelo económico en la generación y explotación económica de perfiles de usuario. Por su parte la nueva LOPDgdd ha sido recibida con alarma en lo que modifica de la Ley electoral, señalándose que permite crear perfiles políticos de los usuarios, interpretación poco plausible por cuanto la LOPD ha de interpretarse en el marco del RGPD europeo, que claramente los prohíbe. Sin quitarle hierro al asunto, hay cuestiones verdaderamente preocupantes donde poner el foco, y es precisamente en la parte de “garantías de derechos digitales”, que seguidamente abordo.

El cifrado, caballo de batalla de la libertad digital

Las bondades de la LOPD en este punto se pueden convertir en nada dada la tibieza de su texto. La primera gran cuestión pasa probablemente desapercibida: está en el artículo 82 titulado “derecho a la seguridad digital”. Cuando la ley dispone que “los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet” ¿no está consagrando como un derecho el uso de la única tecnología capaz de dar esa seguridad, el cifrado? A mi entender, sin duda, tratándose de una ley democrática y a la luz de nuestros valores constitucionales. El uso del cifrado viene siendo desde hace décadas el caballo de batalla de la seguridad y la libertad den la red. La única otra forma de dar una seguridad, imperfecta, es la supervisión, el control férreo de los usuarios. Aunque resulte por tanto evidente en nuestro contexto jurídico-político, no faltan voces que abogan por la seguridad mediante el control de los usuarios. La ley debía haber sido más clara. No hay experto en ciberseguridad que niegue la importancia del firmado y cifrado de las comunicaciones; éste deberá ser uno de los contenidos de esa educación básica en tecnologías de la información que a partir del pasado día 7 exige la ley en todas las etapas educativas y como contenido en las pruebas de acceso a la función pública. Soy consciente de que cifrar se asocia a cosas oscuras… como los cuchillos a los asesinatos; pero estos como aquellos tienen otros muchos usos, y si nadie quiere mandar datos de tarjetas de crédito sin cifrar por la red ¿porqué no proteger nuestra información personal, que es un valor jurídico superior al patrimonial?

A vueltas con la (in)definición de neutralidad

Nada novedoso resulta el principio de neutralidad de la red, pero éste consigue ahora una protección fuerte, cuasiconstitucional. Su interpretación es clara, no obstante también aquí se echa de menos una apuesta más clara de la ley, pues deja abierta la puerta a quienes pretenden vaciarlo de contenido. Que la red sea neutral quiere decir que el proveedor fija el precio de la conexión de red, y el usuario hará con ella lo que quiera, será libre de usar los servicios de la sociedad de la información que desee. No hacerlo así fomenta que sólo los servicios patrocinados por grandes empresas sean accesibles. Hoy en día hay operadores que ofertan tarifas especiales para usar determinadas redes sociales: es un ejemplo de falta de neutralidad en la red. El legislador deja claro que desea garantizar el acceso universal. La neutralidad persigue no dejar sin sentido al derecho de acceso, y por eso no se puede abaratar el acceso a las redes sociales comerciales, porque lo que se estaría haciendo es castigar la red “libre”, entendida por no comercial.

Soluciones tecnológicas a un reto tecnológico

Ah, pero ¿existe una red “libre”? Sí, existen al menos unas redes (por hablar sólo de redes sociales) con un funcionamiento claramente distinto, como Diaspora (tipo Facebook), Mastodon (microblog tipo Twitter), o Jabber (uso análogo a WhatsApp), que poco o nada tienen que envidiar a las comerciales. Se trata de redes redes distribuidas, en la que ninguna empresa tiene el control de los datos, no hay un nodo central al que todos los usuarios se conectan. Como en telefonía, funcionan las llamadas entre distintos operadores, porque usan unos mismos protocolos. Son precisamente los protocolos abiertos (que forman parte del concepto de neutralidad) lo que permite luchar contra la concentración informativa. En estas el usuario es dueño de sus datos y decide si sólo los comparte con usuarios del mismo nodo, con otros nodos seguros, o con la totalidad de la red. Finalmente se caracterizan por no ser comerciales, pudiendo evitarse la generación de perfiles de usuario, ya que el usuario puede elegir su proveedor, cada uno con su política de protección de datos. Los nodos gratuitos son hoy por hoy montados por entusiastas, asociaciones u otros colectivos que los ofrecen a un uso público. También hay empresas que los ofertan con servicios de pago. Cabe pensar además que haya nodos gratuitos patrocinados por empresas con cesión de datos análogos a las actuales redes sociales al uso (eso sí, no centralizados ni tan masivo), y también que la Administración pública ofrezca dichos servicios, como hiciera en otro tiempo con el correo electrónico. Sin embargo, no parece que esas políticas estén entre las “políticas de impulso de los derechos digitales” enumeradas por la nueva ley en su artículo 97, lo que considero una clara deficiencia de la norma. El artículo 97 parece ir orientado a financiar con dinero público el acceso a la internet que existe, sin emprender acciones para fomentar su neutralidad e interoperabilidad, y sin éstas es imposible asegurar los derechos digitales que la ley enumera.

Se obliga a los padres a cuidar de que sus hijos “hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales”, pero es difícil encontrar un dispositivos que no traiga preinstalada redes sociales cuestionables en los términos referidos en ese artículo. Un padre responsable simplemente no encontrará en el mercado un dispositivo apto para su hijo. Al mismo tiempo “el sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales”. ¿Cómo se va a realizar esa plena inserción en la sociedad digital? ¿Con dispositivos que traen preinstaladas las redes tóxicas? ¿Es esa la inserción en la sociedad digital que se pretende?

El necesario acompañamiento de la Ley

La clave está en impedir que los dispositivos que compramos traigan preinstalados programas que no se puedan eliminar por el usuario medio y que informen al fabricante o a terceros sobre los gustos y prácticas de los usuarios, lo hagan mediante software de redes sociales o cualquier otra técnica. Tampoco deberían traer un único repositorio no desinstalable, que suelen llamar “market” pero que no cumple las más mínimas exigencias del mercado libre, generando de hecho mercados cautivos para cada vez bienes y servicios más heterogéneos. Recuérdese cómo se obligó en su día a Microsoft, por prácticas monopolísticas, a permitir desinstalar su navegador Internet Explorer, distribuido con su sistema operativo. Dicha regla es previa a las que la ley incorpora, y necesaria para su implementación. Piénsese que a día de hoy controlan el software de muchos coches, de televisiones, neveras, accesos, y, por supuesto, del móvil y muchos canales de compra y de pago mediante dicho dispositivo. Saben todos mis gustos, con quién y a dónde voy, mis rutinas, mis planteamientos vitales, mis debilidades,… y no puedo elegir el proveedor, me viene preinstalado… No lo saben por que consienta, lo saben porque no tengo alternativa. Se echan en falta claras medidas legislativas y de gobierno en ese sentido.

Está muy bien que ciertos derechos reciban el rango de orgánicos que su entronque constitucional requiere, pero se hace sin claridad suficiente, y con un tratamiento muy parcial, al punto de servir a la protección de los derechos digitales tanto como pueden protegernos hoy nuestros móviles. Mientras el control de mis dispositivos tecnológicos lo tenga una empresa (no elegida por mi) y no yo, mis derechos digitales serán puro papel mojado.

Criticarla está bien, sale fortificada. Pero para quienes la conocemos nos duelen los ataques que a sus 40 años se le hacen. Porque ataques son las críticas desde el desconocimiento. Quienes quieren cambiarla por no se sabe qué, suelen ser los mismos que no la respetan, que no la cumplen. Es de suponer que para poner otro texto que esperan sea cumplido del mismo modo. La Constitución no es reflejo de los ideales de nadie, sino el marco de convivencia colectivo de muchos. Dado su desconocimiento, honrarla es recordar sus contenidos más importantes para nuestro día a día, para la construcción y defensa de la convivencia que posibilitó; y también para facilitar su crítica constructiva, su modificación y cambio:

La Constitución como garantía del individuo frente a la colectividad.

La Constitución se centra en el respeto a todo individuo (la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes, dice el artículo 10), y en consonancia impone un sistema de garantías para que no pueda usarse el Estado frente a la persona, no sólo la división de poderes heredera del modelo ilustrado, con el derecho a la tutela judicial efectiva y al juez predeterminado por la Ley (artículo 24), sino muy especialmente la configuración del Estado como un estado de Derecho. Su sometimiento a la ley y al control judicial. El estado de Derecho garantiza que si la Administración no actúa conforme a Derecho (por ejemplo, un policía no recoge las pruebas con imparcialidad, sin prejuzgar ni saltarse las garantías de todos los ciudadanos, no digamos si tortura para obtener una confesión) esa acción del estado (esa concreta prueba) no podrá ser utilizada en juicio, es nula, además de perseguirse dicha desviación de la norma. La estructura del Estado, siendo importante, está en función de esto otro que es básico y razón última de la propia Constitución: la protección del individuo.

Lo colectivo como la suma de las voluntades individuales: su articulación política.

Ciertamente, éste debe integrarse en sociedad, ser un actor de su cambio. Así la Constitución establece importantes garantías de participación política (artículo 23, libertad de reunión del 21, o de asociación del 22), de las que hacemos poco uso y después nos quejamos de que el modelo no funciona (lo tenemos abandonado). El modelo funciona sobre el presupuesto de que la gente participe en los partidos políticos, que “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”. En la España de hoy, aunque la política ha experimentado cierto auge, los partidos son poquita cosa, expresan poco el parecer de los ciudadanos, y se han convertido en instrumentos de propaganda al servicio de sus dirigentes. La representación de una voluntad democraticamente expresada es lo que nuestra Constitución busca de los “cabeza de cartel” que sean menos dirigentes y más representantes de la voluntad de sus militantes. Eso era posible cuando irse a tomar un café o una cerveza a la agrupación no resultaba raro (y era posible). Cuando los partidos representaban el pulso de la sociedad. Luego eso cambio, se preocuparon de tomarle el pulso, y ahora dictan los pulsos posibles a una sociedad que necesita una reanimación urgente. Para quienes desde uno u otro partido hablan de reformas constitucionales, la propuesta es clara, refomen primero sus partidos, que tiendan la mano a otras ideas como hacen los ciudadanos, que fomenten un clima de diálogo más allá de la pose electoralista, que representen a sus militantes más que a las ideas (efímeras) que creen que pueden resultar electoralmente. Después podremos pensar en cambiar, en mejorar, la Constitución.

Límites y líneas de las políticas públicas:

1) El límite de los derechos fundamentales:

Junto a la protección del individuo, su partición social, y una estructura del Estado que garantice dichos derechos, se instauran (también al servicio de aquél) un conjunto de derechos fundamentales: a la vida digna, a la libertad ideológica y física, al honor y la intimidad personal, al secreto de las comunicaciones, a libertad de expresión, o a recibir una educación que fomente “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, es decir, a crear ciudadanos tolerantes, todo lo contrario de lo que se está haciendo. Poca culpa tiene de ello el texto del 78. Podrá mejorarse, pero primero debe interiorizarse sus muchas bondades, ser el centro del encuentro, respetarse.

No sólo el nacionalismo, crecido al amparo de la autonomía y derechos que la Constitución establece, ha hecho algo más que campaña en contra: ha formado generaciones de ciudadanos en una idea de Constitución que nos se corresponde con la verdad, y sin articular los cauces que la Constitución establece para su modificación (así por ejemplo una iniciativa de un Parlamento autonómico), han buscado la confrontación pidiendo que la modifique “Madrid”, en no se sabe qué cosas concretas que “oprimen” no se sabe a quién, a un colectivo que no se identifica… Recordémoslo, nuestra Constitución defiende a cada uno de los individuos, lo colectivo somos todos, y estamos para mejorar la vida de cada uno, y no al revés. También hacen trampa a la Constitución los que desde la izquierda la consideran insuficiente para realizar sus políticas, sin explicarlo, sin decir que ésta incluso permite cierta planificación de la economía (léase el artículo 38 hasta el final, que permite un importante papel del Estado en el pilotaje económico), o que la función social de la propiedad (artículo 33.2) ha permitido impulsar importantes reformas económicas poniendo a producir tierras que sus propietarios tenían baldías: los bienes son para producir, para generar riqueza para todos, y si el propietario no lo hace, podrá obligarle el Estado (así pasó y pasa con las leyes de reforma agraria andaluza y extremeña, esta última con una redacción recientemente actualizada); y que el sistema fiscal ha de basarse en los principios de igualdad y progresividad sin que tenga nunca alcance confiscatorio (artículo 31). Abundar en la progresividad y en impedir el alcance confiscatorio que en ocasiones puede tener algún tributo (tal es la polémica con el IBI, por ejemplo), son derechos constitucionalmente protegidos, que no pueden ser alterados por el Gobierno ni por el Parlamento. Estos que señalo son derechos constitucionales que difieren de los anteriores (como la vida) en que no se protegen por el recurso de amparo, tienen una menor protección, pero no por eso menor trascendencia práctica en el límite y marco al poder del Estado.

2) Los principios rectores de la política social y económica:

Además de todos estos derechos, la Constitución establece unos “principios rectores de la política social y económica”, se trata de políticas marcadas desde la Constitución. No es necesario gobernar para exigirlas, para exigir dichos derechos, ni para impugnar recortes sociales que en puridad están prohibidos por la Constitución, pues establece dichos principios rectores sabiendo que no eran realizables entonces, pero siendo deseables sí obligaba a orientar la acción política a su consecución: protección de la familia, protección integral de los menores, distribución regional y personal de la renta equitativa, políticas orientadas al empleo y a la formación y readaptación profesional, medidas de seguridad e higiene en el trabajo, vacaciones retribuidas, limitación de jornada y promoción laboral, garantía de asistencia sociosanitaria para todos los ciudadanos, el acceso universal a la cultura y a la educación, la orientación de la investigación científica y técnica al interés general, el uso racional de los recursos naturales, la protección del patrimonio histórico, una política de vivienda orientada a satisfacer el derecho a disfrutar de una vivienda digna, integración de la juventud, políticas de dependencias, pensiones adecuadas, protección de los consumidores y usuarios,... Cuando el legislador retrocede en la protección de esos principios, está realizando una actuación contraria al artículo 9.2, pues “corresponde a los poderes públicos promover [de acuerdo con aquellos principios rectores] las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”; y además deberá “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”, lo que evidentemente está en contradicción con poner obstáculos, con restar derechos conseguidos en esa tarea que la Constitución marca a los poderes públicos. Es lo que se conoce como “cláusula de progreso” (o no reversión de los logros alcanzados en la política social y económica que en la Constitución nos marcamos, y le impusimos a los poderes públicos). Ni que decir tiene que hay políticas neoliberales que se han querido hacer valer entre nosotros, que hubieran tenido una mejor respuesta con un mejor conocimiento (y ejercicio) de nuestra norma suprema.

Laudatio crítica

Defendamos la Constitución frente a quienes la denostan, conozcámosla como forma de defenderla. Es un texto para ser usado, para ser esgrimido contra el poder, para ponerle límites, para exigirle más, para impedir el retroceso de logros sociales, como acabamos de exponer. Es un marco de convivencia, el único en el que podemos llegar a acuerdos con otros que no piensan como nosotros. Sólo desde la Constitución podemos promover cambios constitucionales. Hablemos de lo que nos une, que es mucho. Pongámonos de acuerdo en cumplirla primero, en respetarla, en comprenderla y apreciarla. Sólo después, hablemos de cambiar aquello en lo que podamos generar consensos suficientes. En eso se basa la democracia. La Constitución es respeto, no podemos imponer la nuestra, ha de ser de todos. Por eso ha de redactarse desde el convencimiento de tener, entre todos, un claro modelo de convivencia, algo que lamentablemente falta en la crispada sociedad en la que nos movemos.

Por mucho que la Constitución lo desee, es cosa de todos que los partidos concurran “a la formación y manifestación de la voluntad popular”. El cierto relanzamiento de la política arroja algunas esperanzas. Sin embargo, por mucha Carta Magna que reescribamos y mejoremos, si no estamos para hacerla valer, para articular nuestras opiniones de base en la más elemental acción política, para ejercitar y exigir nuestros derechos, no hay sociedad que se sostenga. Para eso no hace falta otra Constitución, lo que hace falta es reivindicar la existente.

Tenemos una buena Constitución. No sólo en términos de progreso social, de redistribución de riqueza, de modelo económico de mercado fuertemente socializado, de garantías de derechos; lo es porque probablemente representa mejor que las tendencias de ningún partido la base sociológica de la sociedad española. Feliz 6 de diciembre a todos, a cada uno de los que vivimos en este territorio que llamamos España, y en el que estamos llamados a convivir y, por el bien de todos, a entendernos. Feliz día de la Constitución.Feliz 40º cumpleaños.

Luis Fajardo López. Profesor de Derecho civil y abogado.

Si bien no es novedoso, hoy 19 de febrero se publica en el BOC la Sentencia por la que si bien se deja incólume las Directrices de Telecomunicaciones (Decreto 124/2011, de 7 de mayo) como tales, una parte de ellas han de considerarse en suspenso hasta tanto se adapten a la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Y ello pese a que se trata de una norma posterior, y que lo que pretende el artículo 35 de ésta es la coordinación de la política de telecomunicaciones con la de ordenación del territorio, competencia esta última donde poco tiene que decir la Administración General del Estado.

Como señala la Sentencia, en su Fundamento de Derecho Décimo "La sentencia [recurrida] recogió y nadie lo ha discutido que las directrices afectadas por la Ley, serían las siguientes: A) Directrices que imponen determinadas infraestructuras- Directrices 5.2.d y f; 11.1.b; 22.2 y 30.1.b; 8, 9 y 10. B) Las que establecen la obligación de compartición 4.1.d y 6 . C) Las que imponen las denominadas cláusulas de progreso: 4.1.e; 6.2; 39.2 y 3; 5.2.d y f; 14.2.1 y finalmente. D) Las que suponen una intervención administrativa, Directrices 14 y 25”. Al respecto debe señalarse que la normativa canaria puede en casi todos sus extremos (al menos los epígrafes enumerados como letras A, B y C) considerarse medidas para minimizar la intervención en el territorio y, por ende, son medidas  de exigibilidad razonable por el planificador territorial. Sigue razonando la Sentencia el porqué de la estimación del recurso por infringir una norma posterior: “Siendo ello así, la ausencia de cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Novena de la Ley 9/2014 determina que dichos preceptos deben entenderse derogados tácitamente por la Ley estatal o, si se quiere, desplazados por esta, hasta tanto por la Comunidad autónoma no se realice la adaptación a que viene obligada, para lo que deberá recabar el oportuno informe previsto en el artº. 35 de la Ley Estatal". Tal vez debería haber considerado la Comunidad Autónoma que tal virulencia invade las competencias autonómicas en relación con la ordenación del territorio... y es que resulta muy razonable tener en cuenta las políticas nacionales de orden tecnológico (no precisamente siempre brillantes ni distributivas, pues rara vez han perseguido el objetivo de dotar a todos los ciudadanos de un acceso razonable a éstas y, cuando lo han hecho, han sido excesivamente tímidas), pero no es menos que el cómo se puedan implantar en el territorio es una cuestión reservada a las administraciones autonómicas, en el diseño de su espíritu, y a las Administraciones locales en su concreta aplicación.

Declaración institucional urgente de la Junta de Gobierno del ICAM respecto a la situación en Cataluña

Ante la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña proponiendo iniciar un proceso constituyente para proclamar la república catalana, la Junta de Gobierno (e.f.) de esta Institución manifesta de forma unánime su total rechazo a cuanto no admite más lectura que la palmaria vulneración del ordenamiento jurídico.

Constituye una obligación de la abogacía erigirse en defensora del Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución Española. La quiebra del orden constitucional no admite justificación normativa alguna en aras a criterios políticos adoptados extramuros de la ley. El Derecho, como conjunto de principios y normas, no puede ser banalizado mediante declaraciones unilaterales inadmisibles y sin cimientos jurídicos. La cohesión social y la convivencia cívica exigen el cumplimiento y respeto inexcusable a la norma dada, la afirmación de la ley y de la Constitución, ley de leyes.

Fuente: web del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

#cataluña #catalonia #catalunya #155 #155CE #nacionalismo #abogacia #compromisosocial #españa #ñ

En Cataluña hay quien piensa que la democracia es el espectáculo de introducir una papeleta en una urna, y agitando redes sociales y un marketing espectacular atentan contra reglas básicas del funcionamiento de cualquier democracia:

modifican el reglamento de la cámara para aprobar unas leyes saltándose los derechos del resto de diputados (que, además, tienen más votos aunque menos escaños que los promotores, pero aunque no los tuvieran... tienen derecho a que se haga valer su punto de vista...)

aplican esas leyes pese a la suspensión del Tribunal Constitucional

llevan adelante una 'consulta ciudadana' sin control ninguno, como mera arma política, de marketing político (hasta quienes les apoyan de Podemos dicen que no hay legitimidad para la DIU con esa consulta).

promueven el insulto a quienes no quieren la DUI, humillando incluso a sus hijos.

cuestionan las decisiones judiciales, y lanzan una investigación en el Parlamento para controlar a jueces y fiscales, en contra de su independencia y del principio de separación de poderes.

Todo ello es reflejo de la opresión que una mayoría (digamos aproximadamente la.mitad, por cautela) de los ciudadanos que viven en Cataluña llevan sufriendo años....

Es necesario, sí, cambiar la Constitución, para garantizar que la espiral de odio que el nacionalismo encierra, con aspiraciones imparables e insaciables a mayor "autogobierno", se para. No es posible mayor autogobierno. Es de los más amplios del mundo, más que muchos estados federados. Hay que resolver cómo nos ponemos todos de acuerdo sin pasar por un constante aumento de.competencias. También hay que desmontar este odio, para construir la sociedad que todos, dentro y fuera de Cataluña, merecemos, y por la que hemos luchado tanto. Se trata de defender las garantías de libertad y respeto al individuo que la Constitución da, y que hasta la fecha los que dicen defender esas libertades por ser insuficientes las de la Constitución (que no se han leído, estoy seguro) lo único que han hecho es violentarlas, quebrarlas, atentar.contra ellas... y no sólo ahora, sino durante años. ¡ Basta ya !

Como dice un compañero jurista catalán "Cataluña pertenece a todos los que la han construido, y no a los que la están destruyendo." y también algo así como "eres libre cuando puedes contar un chiste sin tener miedo". A buen entendedor...

Que España se enfrenta a un reto democrático sin precedentes próximos es evidente. No es una cuestión ideológica, de derechas o izquierdas: la II República, icono y ejemplo de nuestra democracia antes de la Constitución del 78, lo solucionó con la detención del President, Lluís Companys, que había proclamado frente a ella la República Independiente de Catalunya, encerrándolo en el buque Uruguay, convertido en cárcel improvisada. Pero nuestra democracia debe dar aún mejores soluciones. No nos basta con repetir esa historia, y mucho menos otros capítulos mucho más tristes de nuestro pasado, que algunos invocan como fantasmas. Démosle la vuelta, no tinc por de fantasmes.

Ya se ha visto que hay un ataque a la democracia, un golpe de estado en toda regla, con el añadido de que hay buena parte de la población que ha actuado confundida por el teatro de legalidad de unas Instituciones que dejaron de ser de todos para apropiárselas una parte (además minoritaria) de la población: unos políticos actuando al margen y en contra de la ley. Ese golpe ha hecho aflorar una situación propia de todos los fascismos, que es el miedo de parte de la población, miedo desde hace años, a expresarse en contra del nacionalismo[1].

Ante esa situación las medidas que desde la legalidad constitucional se pueden adoptar para restablecer el diálogo y la toma de decisiones democráticas son:

1.- El artículo 8, que implica el uso del ejército. 2.- El artículo 116, que refiere a la declaración del estado de excepción, suspendiendo derechos ciudadanos (como la libertad para salir a la calle) para garantizar el orden, y evitar revueltas y altercados. En este marco puede combinarse con el artículo 8. 3.- El uso del artículo 155, suspendiendo las competencias de la Comunidad Autónoma en la medida que fuere necesaria para, por ejemplo, convocar elecciones.

¿Demonio de 155? ¡¡ No, 155 por amor !!

Los que consideran que se ha usado la fuerza de forma excesiva (entre los que no me encuentro) han de coincidir que hay que usar el 155 CE, que es el único que no implica una media de fuerza, al menos de entrada. Si se explica bien que se acude al 155 precisamente para evitar otras medidas, para decidir en las urnas lo que debe seguir ocurriendo, calmar y reconducir las aguas. Si se dice que Puigdemont y compañía ya han dejado claro lo que querían y ahora toca hablar; si se quiere ahora negociar, el marco del diálogo lo tenemos en las Instituciones, cumpliendo las normas, y podrán acudir a defender lo que deseen, a exponer los argumentos que quieran; se votará, y podrá celebrarse un referendum legal, que los demócratas no tenemos miedo a las urnas, tenemos miedo a los Hitlers manipuladores de masas y rompedores de la concordia. Si por algún extraño casual se viese que hay una mayoría oprimida, privada de derechos como dicen, entonces habrán justificado esa rebelión en términos éticos o políticos, y en términos de Derecho internacional, que ahora desde luego no tienen. Si nunca llegan a ser esa mayoría, tendrán que aceptar que el respeto a sus conciudadanos exige seguir defendiendo lo que quieren, por medios pacíficos y democráticos. Evidentemente hay que señalar que el Parlament tiene iniciativa legislativa para una reforma de la Constitución (artículos 166 y 87.2 de la Constitución), y que nunca la han usado, y deben de hacerlo, con arrojo y valentía, en un diálogo honesto con el resto de España, que comprende la situación de todos. Los españoles no tenemos miedo a las urnas, ni a que se decida. Sin duda una mayoría tendría tristeza si hay una separación, pero serán pocos los que quieran mantener un matrimonio sin amor. Y, la verdad, es que en toda España hay amor entre unos y otros territorios. Hablo de la gente, que sabe apreciar lo bello de unas y otras idiosincracias, costumbres, geografías, cultura,... y también lo común que tenemos. No hablo de la organización de la sanidad, ni de la educación. De eso también tendremos que hablar, en ese futuro diálogo en serio y con democracia. Precisamente porque hay amor, porque no dudo de ello, no dudo que hay ganas de resolver los problemas a los que nos han llevado tanta ineptitud y tontería. Sólo desde esa idea sabremos hablar de resolver los problemas del día a día, sanidad, educación, fiscalidad, empleo,... Juntos somos mucho más, pienso yo, pero defendamos los planteamientos que se tengan. Cataluña, yo, Canario como soy, te quiero. ¿Te parece que lo hablemos donde debemos hacerlo? Entiendo que ese niño co su flequillo te haya seducido, pero, de verdad, aquí te queremos, y queremos seguir hablando de cómo seguir con este matrimonio que es lo que quieras, menos de conveniencia.

El indeseable uso de la fuerza

Es evidente que a ningún demócrata le gusta el uso de la fuerza[2], aunque es muy difícil garantizar las democracias en nuestras sociedades actuales en la ausencia absoluta de policía y ejército. Yendo a Cataluña, y a la hipotética situación que crearía la aplicación del 155 CE, con amor, podrá tal vez evitarse que existan revueltas callejeras. Ojalá se evite totalmente. O, si no, al menos que no tengan dimensión como para enturbiar e impedir el diálogo, la realización de unas elecciones a partir de las cuales, con interlocutores válidos, seguir construyendo. Es precisamente aquí donde cabría, en el discurrir de los acontecimientos, valorar su necesidad para garantizar la calma en las calles. Es el marco en el que vería justificado ahora mismo el uso de la fuerza, primero policial, y después la limitación de derechos con uso del ejército si llega a ser necesario.

No creo que el pulso “soberanista” llegue tan lejos[3]. Creo que muchos de los que lo han apoyado comienzan a darse cuenta de que no es el camino[4]. No se trata de defender otras ideas, se trata de aprender de los errores. Sólo el camino de la democracia garantiza la paz y la convivencia de todos, el progreso, la plenitud de los derechos sociales y la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, como garantiza el artículo 9 de nuestra Constitución. Los que nos la critican, o no la conocen (que pienso que es la mayoría), o no se mueven en la órbita democrática, y anteponen (e imponen) sus ideas a la convivencia (a su defensa) en democracia.

Conclusión

No parecen razonables, vistas las opciones y orientados a no usar la fuerza, impedir y bloquear el uso del artículo 155 CE, que requiere advertir previamente al Presidente de la Generalitat[5], dejarle plazo para su cumplimiento voluntario, y posterior aprobación por mayoría absoluta del Senado. Es decir, deberá requerir unas medidas concretas, el cese en algo. En el caso actual creo que lo que habría que requerir es que el Govern tome conocimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional anulando las leyes de desconexión, y declare en consecuencia la nulidad de la consulta realizada, dejando sin efecto su convocatoria. Al Senado habrá que proponerle unas concretas propuestas, que deben ser las de convocar elecciones de inmediato, y sustituir las funciones del Govern -como gobierno en funciones- hasta que se realicen nuevas elecciones. No parece razonable caldear el ambiente, sino dar salida a las pretensiones de unos y otros, pero dentro de la ley y de la convivencia pacífica y democrática que las fuerzas de seguridad, si hiciera falta, garantizarán (y confío en que no sea necesario, estoy convencido de que no será necesario si se hace y explica correctamente, si al menos del lado de acá hay unidad y se olvidan de rentabilizar electoralmente la situación ante algo que está mucho más allá de una cuestión de partido o de ideología). De ahí que las elecciones deban de ser de forma inmediata, siempre que exista calma en las calles y pueda hablarse y discutirse, dialogarse, opinar en libertad y sin presiones, sin miedo de nadie a expresarse. Sin miedo a represalias. De no haber calma, deberá suspenderse la convocatoria (que, insisto, debe existir como salida con fecha cierta desde el momento cero), y postponerse hasta que se restaure el orden. Deseo que eso no llegue a ocurrir. Me parece un escenario que nadie quiere, y que entre todos sabremos evitar.

Pasado este periodo, a todos los ciudadanos nos tocará hace balance de si hemos hecho lo razonable para fomentar una convivencia en paz, si hemos hablado, dialogado, si hemos procurado apaciguar los ánimos y confiar en un futuro que decidimos democráticamente entre todos, con las reglas que tenemos. Valorar si nuestros políticos, los del partido que votamos o que hubiéramos votado, de aquél en el que en un momento dado participaríamos aunque fuera puntualmente, han estado a la altura[6]. Pero esa es otra historia, y habrá que contarla en el momento adecuado.

Notas y comentarios: 1.- Además de la apropiación de los que así piensan de los símbolos propios de una cultura, confundiendo ideología con sentimientos regionales. 2.- Aunque aquí recuerdo a la Tatcher 'defendiendo' sus privatizaciones y desregulación contra los obreros, o a cualquier gobierno europeo defendiendo una reunión del G-20. La izquierda es más sensible a criticar el uso de la fuerza, pero hay que reconocer que a mayor conciencia democrática menores protestas de este tipo, porque se canalizan con la oposición política a participar en medidas de una globalización alocada (lo que lleva a que haya países que simplemente plantan cara a los efectos de la globalización con sus políticas, como lo hizo Islandia en 2011 cuando se negó a pagar la deuda de los bancos, que nacionalizó, procesando a los banqueros; o lo está haciendo Bélgica frente al CETA). Probablemente necesitamos una democracia más global para luchar contra fenómenos globales, y lo que hizo la pequeña Islandia no lo podríamos hace en España y no se pudo hacer en Grecia, pero los ciudadanos debemos aspirar a una democracia más global que permita controlar los mercados financieros, el capital internacional. Precisamente eso habla contra el ombliguismo del nacionalismo, y propugna una mayor democratización de calidad en todo el mundo. A los europeos nos basta de momento, y es mucho, con hacerlo en nuestro viejo continente. Es cierto que no podemos negar la globalización, por lo que tenemos que establecer formas para dcidir democráticamente entre, por ejemplo, la UE y Canadá. Tal vez ese modelo en cascada de aprobación del CETa termine siendo una forma de actuación local y pensamiento global... No es trasladar las decisiones a la cúspide, sino federalizar las decisiones. Un nuevo modelo que tal vez debamos explorar. 3.- Mi natural optimismo quiere pensar que es sólo un capítulo necesario para darnos cuenta como pueblo del peligro de anteponer ideologías o sentimientos al funcionamiento de las reglas democráticas. Nada justifica el quebranto de la ley. Es perfectamente viable que el Parlamento de Cataluña apruebe una concreta modificación de la Constitución, un texto concreto, y la remita a las Cortes Generales para su tramitación. Eso puede hablar de la posibilidad de hacer consultas, o de la posibilidad de separación si así lo decide una parte de España. Mientras no se modifique, nuestro orden es el que es. Que los nacionalistas sólo buscan el enfrentamiento es algo consustancial a su estrategia. Si no se presentan como víctimas no pueden conseguir apoyos. Pero en Cataluña, de haber víctimas y perseguidos, son los que están en silencio, los que no pueden opinar por miedo a que los señalen, a ellos o a sus hijos. Esa es la democracia que tenemos que defender. Que no se coacciones a nadie. Esa es la fuerza que se está usando contra la población, y no la de la policía cuando unas personas les impiden cumplir un mandato de un Juez. Creo que esto sirve para desenmascarar las estrategias antidemocráticas, para reforzar la democracia, para constatar que dentro de las reglas del juego cabe todo, saltándonoslas, no cabe nada. 4.- Por otro lado, no es lo mismo que un viandante se salte un semáforo paso de peatones de noche, sin coches, y con plena visibilidad, que que un responsable público tome decisiones sabiendo que lo hace en contra de la ley, simplemente porque a eso le lleva su ideología, olvidando que está ahí para representar a todos, y sólo después, para realizar su programa político. Tal vez esto nos sirva para entender que ese mismo programa político se puede hacer valer en el marco democrático. Es perfectamente viable que el Parlamento de Cataluña apruebe una concreta modificación de la Constitución, un texto concreto, y la remita a las Cortes Generales para su tramitación. Eso puede hablar de la posibilidad de hacer consultas, o de la posibilidad de separación si así lo decide una parte de España. Mientras no se modifique, nuestro orden es el que es. Si eso llevase a una represión de una población, hablaríamos de otra cosa, pero esa no es la situación en Cataluña. Es más bien a la inversa. Son los que quieren que la lengua sea un motivo de enriquecimiento pero no de separación, y se preocupan también por el conocimiento del castellano, los que son perseguidos, señalados, y no apoyados. Baste subrayar (como hice comentando éste artículo de Jesús Puente) el fenómeno insólito de las asociaciones de padres en defensa de una educación bilingüe (es decir, que también tengan castellano). El enorme problema cultural que en este sentido tiene Cataluña me parece evidente, y junto a un problema generalizado en la formación en toda España, y probablemente en toda Europa, con una sociedad menos racional y más impulsiva, menos de construir razonamientos y más de consulta de los medios tecnológicos al alcance del ser humano, ese envilecimiento del cerebro por falta de uso masivo, unimos en Cataluña el paso de una cultura que se expresaba principalmente en castellano, a un tremendo lío que conlleva prescindir de una de las patas en las que se apoyaba su saber como sociedad. Retomar el catalán es loable, pero no al precio de catalanizar territorios donde nunca se ha hablado como el Valle de Arán, donde ha habido una lucha contra el aranés, ni de desprenderse de lo que también es cultura en Cataluña, que no lo es menos porque se exprese en castellano. Mis alumnos en la Facultad de Derecho de Gerona habían aprendido un cierto desprecio a lo que viniera en castellano, y ahora ese desprecio puede haber mutado a odio en amplias capas de la población. Ese es el resultado de políticas hechas en la democracia que no están inspiradas en principios democráticos, como es el básico respeto al otro. Estoy convencido de que la sociedad catalana tiene profundas raíces democráticas, ganas de convivencia pacífica, de no ver en la lengua un motivo de enfrentamiento, un hecho diferenciador que les aleje del resto de España. Lo cito porque ha sido un caballo de batalla del nacionalismo, que los demócratas tenemos que corregir. Es absolutamente excesivo tolerar ese envilecimiento, ese crecimiento del odio, esa falta de respeto a una lengua, que los hispanoparlantes no tenemos, por regla general, frente al catalán, pese a la arrogancia con la que se acostumbra a presentar oficialmente precisamente para provocarlo, para desear esa reacción de rechazo que refuerza del otro lado la sensación de comunidad perseguida y, con ello, la defensa de “lo nuestro”, frente a dicha amenaza. Esa táctica hay que romperla a largo plazo, porque es generar una cultura del odio. Por eso el 155 se ha de aplicar con y por amor. 5.- Claro que el Govern puede sorprendernos a todos, puede jugar a ser inteligente, a no seguir enrocado, y convocar elecciones precisamente por la necesidad de reafirmar la democracia (las mismas elecciones que evitaban cuando Puigdemont sustituyó a Artur Mas en una investidura al límite del plazo legal para evitar acudir a las urnas). Sería además una jugada inteligente del nacionalismo. De hecho, a estas alturas, la única salida que le queda al nacionalismo para salvar un mínimo de dignidad. A los concretos responsables de todo este desaguisado (Puigdemont y compañía) no les veo salida alguna, más allá de una futura amnistía si finalmente son como resulta previsible juzgados y condenados; amnistía que desde luego ahora mismo es implanteable. 6.- Y, finalmente, si vamos a hacer algo para que la situación no se vuelva a dar. Si vamos a aprovechar la ocasión para construir una sociedad más democrática, o lo vamos a dejar cuando pase, y seguiremos tirándonos de los pelos en las plazas cada tantos años, horrorizados por lo que hemos dejado que suceda por no haber dicho en ese partido político, “a ti no te quiero de representante”, o “esto es inaceptable”. Pero esa es otra historia, y habrá que contarla en el momento adecuado.

¿Qué hacer ante el golpe de estado a la Constitución dado en Cataluña?

Soy socialista, lo que implica que soy demócrata. Las políticas del PP me parecen nefastas, y su talente político triste. Pero me encuentro roto, porque suscribo plenamente las palabras de nuestra Vicepresidenta, que extrañamente lo es esta vez de todos los españoles, Soraya Sáenz de Santamaría, en la defensa de las Instituciones, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, de defensa del estado de derecho. No puedo entender a un PSOE que no reprobó (aunque sí criticó) la parálisis de nuestro Gobierno, y tramite ahora una reprobación de la Vicepresidenta precisamente cuando hace y dice lo que debe hacer y decir. No me sorprende que mis ideales socialistas me pongan a hacer filas hoy con el Gobierno de España, me sorprende que mis líderes no lo estén haciendo. España necesita de un PSOE a la altura.

Me confieso republicano. Estudié Derecho en la promoción de Su Majestad el Rey, en la Universidad Autónoma de Madrid, y pedí cada año que me ponían en “el grupo del príncipe” cambiarme de grupo. Entendía ya entonces que la estabilidad de nuestro país, nuestra convivencia en 1978, exigía mantener la figura del Rey, como se vió acertado en episodios posteriores de nuestra reciente historia, pero soñaba con un futuro distinto cuando las condiciones lo hicieran posible. Hoy aplaudo las palabras de aquél compañero de carrera, cuya decisión de salir en las orlas de todos los grupos motivó que yo renunciara a hacerme la foto con mis restantes compañeros. No soy monárquico, pero Su Alteza Real se ha ganado mi respeto, y es de justicia reconocerle la importante labor que realiza para que este país funcione como debe funcionar.

No son contradicciones. Es precisamente la coherencia de ser demócrata por encima de todo. Porque sin democracia, sin el imperio de la ley en un estado de Derecho, no tenemos nada. Bueno, sí, tenemos un fascismo. El que estamos viendo que surge en Cataluña.

Debo contar una anécdota que ya he referido en algún otro sitio, que me marcó, y creo que como me sirvió a mi puede servir de enseñanza para muchos. D. Francisco Tomás y Valiente, que fuera Presidente del Tribunal Constitucional nos propuso un reto: imaginarnos que estábamos al frente de la seguridad de una gran concentración, pongamos un estadio de fútbol, o un enorme pabellón de deportes. En él un terrorista, detenido por nuestros agentes, nos dice que ha colocado una bomba, y que estallará en veinte minutos. ¿Qué decidimos hacer? Un subordinado nos cuenta que es capaz “de hacerlo cantar”, torturándolo, que es tiempo suficiente, que seguro que nos dirá donde está la bomba, y como desactivarla… ¿Qué decidimos (el tiempo pasa, y en lo que queda es imposible desalojar todo el recinto)? Eramos alumnos de doctorado, hubo justificaciones para torturar que hablaban de estado de necesidad, o que comparaban los bienes jurídicos en conflicto (vida e integridad física), incluso hubo quien habló de muchos frente a uno… Finalmente habló D. Francisco: los que han decidido saltarse la ley que les dice cómo deben actuar como policías, como servidores públicos, y han decidido torturar, no merecen tener ningún puesto de responsabilidad en esta sociedad. Si decides saltarte la ley una vez, porqué no puedes hacerlo en otra ocasión ¿quién decide cuando merece la pena saltársela? ¿Qué es, el criterio de cada cual? El que mata a los que no podamos desalojar es el terrorista, nosotros cumplimos con salvar cuantas vidas podamos, y con hacer entender que nada se puede con el terror contra una sociedad democrática, y así salvamos muchas más vidas e impedimos atrocidades futuras.

Eso nos hizo ganar la batalla al terrorismo etarra. Sí, fue el respeto a la ley, el detener y juzgar a los terroristas de ETA, el que todo el mundo comprendiera que no se les perseguía por sus ideas, sino por sus métodos, que podían pacíficamente defender lo que quisieran (menos la apología del terrorismo, menos no condenar la violencia), y que mientras ellos mataban nosotros los juzgábamos en juicios en los que no se violaba ninguno de sus derechos, empezando por la presunción de inocencia. Eso termino con su apoyo social. Hoy pasa lo mismo. Hay que señalar cuáles son los caminos legales a defender y realizar incluso la teórica independencia de un territorio, cuál es el camino para legalizar una consulta que hoy en día es ilegal e ilegítima. Hay que señalar que los líderes separatistas conocen los mecanismos que la ley otorga para ello (el Parlamento catalán puede plantear una reforma de la Constitución, puede iniciar su tramitación: nunca lo han intentado, al contrario, buscando el enfrentamiento elabora un Estatuto de imposible encaje en la Constitución, que como los Gobiernos de España siempre han dependido del apoyo nacionalista para mantenerse, consiguen que aprueben las Cortes Generales, y que el Tribunal Constitucional deroga en muy limitadas cuestiones, manteniéndolo en su casi totalidad, pese a que es mucho más lo que para cualquier jurista resulta cuestionable con la Constitución en la mano). Los líderes separatistas no juegan limpio, no anteponen la democracia, y llevan años construyéndose un pasado de una España que les presiona que su realidad desmiente: hay plena libertad en Cataluña, salvo para disentir de esta política independentista, salvo para decidir una educación en castellano o en aranés, salvo para separarse del modelo impuesto por el Govern, desde los cines a la educación, pasando por el empleo público…

El respeto a la ley es ineludible. Podrá haber diálogo y política bajo la ley, no con sus normas fascistas. Podrá haberlo sólo cuando se restauren los derechos de los catalanes silentes, desde los parlamentarios que se han visto privados de su derecho de participación política en el seno del Parlamento a los ciudadanos que tienen miedo de salir a sus calles a expresar sus ideas, porque ya vemos cómo se meten hasta con los niños de los que piensan diferente o, simplemente, cumplen la legalidad democrática. Es normal que un padre tenga miedo a expresarse en ese ambiente, si no es pro él, será por sus hijos. Es la vieja técnica de las juventudes hitlerianas.

No acepto el uso de España que ha hecho durante años la derecha más rancia. Venimos reclamando una derecha seria, moderna y europea con la que poder construir, frente a la que poder construir, una sociedad próspera y en paz. Como optimista que soy quiero pensar que difíciles momentos como estos pueden servir para restablecer una concordia que no ha existido, para hablar de Política, para expresar en qué no estamos de acuerdo, qué no vamos a tolerar, porque compartimos una base común de defensa cerrada de nuestro modelo democrático.

Una vez tengamos eso asegurado, les echaré en cara que tenemos una Constitución que garantiza muchos derechos sociales que el PP los ha pisoteado, haré valer esta Constitución para limitar algunas acciones de este Gobierno que han ido demasiado lejos. Criticaré como he hecho esas políticas neoliberales del Partido Popular, pues no las quiero. Pero en este punto, criticando que hayan llegado tarde y que nos merecemos un Gobierno con más nervio y decisión, estoy, como socialista democrático, con el Gobierno de todos los españoles, aunque no lo haya sido en todo lo demás.

#política #España #ReferendumCatalan #democracia #Cataluña #Catalunya #Referendum #constitucion #política #1978 #psoe #socialismo

La necesidad de un diálogo sosegado, razonado, respetuoso y crítico, en respuesta a los retos de nuestra democracia.

Comentario al artículo de Vicenç Navarro titulado "La necesaria movilización de las fuerzas democráticas frente a los herederos del franquismo" El Sr. Vicenç Navarro avala los hechos históricos remitiendo a dos de sus libros. No quiero pensar que sea publicidad, pero en un artículo de divulgación u opinión para avalar una tesis lo recomendable es citar a cualquier otra fuente distinta de uno mismo, salvo que ese “uno mismo” sea un enlace a un artículo accesible en a red, para no reiterarse en determinados argumentos, en el que sí se citen otras fuentes. Un mínimo rigor y sentido común nos dice que apelar al argumento de uno mismo da poca razón: pese al renombre que el Sr. Navarro sin duda tiene, apelar al argumento de autoridad (incluso cuando no fuera el único usado, que aquí sí lo es) me parece poco amigo de la razón, del diálogo, de la construcción crítica. Es verdad, no apela sólo a su conocimiento, también dice hablar como catalán, típico argumento nacionalista, ya que si no lo eres, no sabes de qué va esto, y no puedes opinar (entre otros muchos lo señala en El bucle melancólico, Jon Juaristi, en uno de los mejores libros sobre el nacionalismo vasco, coétaneo del catalán, aunque distinto en muchos aspectos, coincidente en este argumentario). Muy al contrario, pienso, que precisamente por ser un ser humano con ganas de entenderme con mis congéneres, organizarme en sociedsd, vivir con ellos y apoyarnos mutuamente, se puede tener mejor perspectiva cuando se hace desafectadamente, dicho sea en el respeto a los sentimientos de pertenencia a una comunidad, con las ligazones que fuere, que es desde luego respetable, pero que no puede, al menos desde la izquierda solidaria marcar líneas políticas. Navarro cuando habla de su experiencia personal (que pese a decir que es poco dado a ello lo tiene recogido en otro libro, éste accesible vía web), reconoce un fascismo catalán en la idelogía de Pujol, en la que encarna el fascismo del franquismo. No hay diferencia entre ese fascismo y el fascismo nacional franquista. De hecho la burguesía catalana acogió, promovió y se benefició del franquismo, utilizando a la clase obrera que “inmigraba” a Cataluña.

De ahí pasa a una unidad impuesta por el estado en la Constitución. Una unidad querida por la inmensa mayoría cuando votamos la Constitución. Ciertamente hay un acuerdo de consenso, no se pudo hacer todo lo que se hubiera querido, pero daba igual, porque entonces nadie planteaba con seriedad ningún tipo de independencia (más allá del terrorismo vasco). Dicho consenso permitió una Constitución con una enorme carga ideológica de izquierdas, permisiva con una política que sería inaceptable en otros muchos países de nuestro entorno: permite la intervención y planificación económica (arts. 38, que reconoce el mercado como medio imperfecto de distribución de riqueza, pero no el modelo capitalista de acumulación, por o que requiere ser corregido; y 131), otorga innumerables derechos sociales, y, conocedora de las limitaciones económicas de la sociedad española de entonces, sitúa a las Administraciones Públicas al servicio de hacer cumplir un programa económico y social que se da para sí, que son los principios rectores de la política social y económica. Esas son las condiciones de libertad e igualdad del individuo que nos damos y fijamos en la Constitución, y que los poderes públicos, lejos de poder hacer o que les de la gana (como se está haciendo), han de promover, porque han de procurar “remover los obstáculos que impidan o dificulten” … “la libertad e igualdad del individuo” (es decir, los problemas económicos y sociales, esos principios), asegurando “su plenitud” (Art. 9.2 CE). Es siguiendo estos postulados, bajo la protección de esta Constitución, que se consiguió una sanidad universal, una educación pública como nunca hemos tenido en cuanto a acceso de todos los ciudadanos, una libertad de expresión absolutamente ejemplar, y una participación política que, ciertamente, la sociedad moderna está abandonando por lo que considero la engañifa de la sociedad 2.0, de la apariencia electrónica, de la preponderancia de lo virtual (así ganó Trump con noticias falsas, virales gracias a campañas pagadas en Facebook, que la gente “se tragó”).

Bajo esta Constitución hemos podido defender cualquier idea, siempre que se haga sólo por la palabra, y eso es lo que ha permitido terminar con el terrorismo de ETA, porque le ha quitado todo tipo de argumentos a su sinrazón de ser. La ley permite su cambio, cualquier cambio, incluso el cambio de la Constitución. Navarro habla desde un pasado cierto, pero lo pervierte para ponerlo a disposición de sus planteamientos actuales. Es verdad que las fuerzas de izquierda cedieron en la redacción de la Constitución, como hay que ceder siempre que se trata de poner de acuerdo en las normas básicas de convivencia de toda una comunidad. Nadie puede imponer nada básico a los demás. No puede decirse que la lucha nacionalista es una lucha de clases, porque lo cierto es que fascistas los hubo catalanes y castellanos, españoles de aquí y de allá; como hay, por ejemplo, socialdemócratas catalanes y castellanos, por seguir el mismo discurso. No puede confundirse, el nacionalismo es insolidario, el sentimiento de comunidad, el respeto a una lengua, es algo que pueden desear y debe darse tanto para catalanoparlantes como para hispanoparlantes, y no la opresión que se viven hoy en cataluña estos últimos. No podemos mezclar sentimientos, con reglas democráticas ni con planteamientos políticos. El respeto a las reglas democráticas forma parte de un planteamiento político absolutamente mayoritario; sólo algunos se han lanzado al monte a decir que da igual romperlo. El cambio de modelo, absolutamente defendible en la España actual, debe hacerse por los cauces existentes, no saltándose las leyes, porque es absolutamente posible. En cualquier caso, no puede decirse que no es posible cuando el Parlamento catalán no ha propuesto la modificación de la Constitución, pese a tener iniciativa para ello. Atacar la Constitución es atacar unas normas progresistas que hoy en día no sería posible alcanzar en el actual estado de fuerzas políticas (con las derechas gobernando tanto en las comunidades autónomas nacionalistas, como en el estado, como en otras muchas Instituciones). Y no resulta uy democrático pretender cambiar las reglas del juego básicas imponiéndolas a una parte significativa de la sociedad. Menos aún, intentar una modificación que ni tiene mayoría de votos en Cataluña, ni cuenta con el apoyo del partido que ha ganado las elecciones nacionales. Simplemente, por más que uno pueda compartir las posiciones de la izquierda, no es posible la imposición en un estado democrático. No de las reglas básicas del juego democrático. Esta sociedad que piensa que porque en su muro de Facebook todo el mundo está de acuerdo sólo existe ese mundo y puede imponerlo a una muy pequeña minoría (pequeña sólo en su mundo virtual) necesita más diálogo de verdad, más diálogo con los que piensan distinto, más diálogo con el vecino, más política, más parlamentos... más interés por lo que es tabú al tomarse una caña, más contenido en la calle de lo que nos afecta a nuestras vidas, a nuestro día a día, más participación en los partidos políticos para impedir que nuestras ideas las representen políticos de bajo nivel... más exigencia real para impedir que los corruptos sigan en política, más comprensión y menos fanatismo. Más cita al pie, y menos me gusta (porque dice lo que quiero, esté bien razonado o no) y reenvío... En definitiva, sentido común espíritu crítico, y buen rollo.

El Sr. Navarro mezcla una lucha del siglo XVIII, una lucha entre reyes por la sucesión del Reino de España, en la que se impusieron los Borbones sobre los Austrias, ambos monarcas de la época. El Principado de Cataluña se negaba a reconocer a los Austrias, y hubo ciertamente una lucha, que perdieron los Austrias y ganaron los Borbones. Nada que ver con las democracias modernas, por más que me puedan hablar de Instituciones históricas, no había ni lucha obrera, ni se planteaba la democracia en los términos actuales. Sacar de ahí la lucha de un pueblo es, simplemente manipular la historia. Cuando leo al Sr. Navarro, veo cómo sigue anclado a un pasado que no es. Veo cómo no sabe reconocer el valor de la Constitución del 78, los logros que supuso. No valora los motivos por los que tanto los comunistas del PCE como los socialistas del PSOE, y otras fuerzas de izquierdas minoritarias la apoyaron en ese momento. La Constitución garantiza una convivencia democrática, una paz y un progreso social deseado por una inmensa mayoría de españoles, desde los más de derechas hasta los más de izquierda. Hoy han surgido respuesta frente a esta de los antisistemas de uno y otro lado, y ni siquiera ellos quedan fuera de la Constitución, pues ésta les garantiza un marco en el que defender sus planteamientos, siempre en el respeto a otras ideas, a unas reglas del juego, a pasar por las urnas, por las Instituciones,... En definitiva, mientras no inventemos otra cosa que funcione mejor, sólo tenemos los partidos políticos en los que podemos participar todo el año, y las elecciones en las que podemos expresarnos, y apoyar la posición que hemos labrado y forjado en el seno de un partido, cada cierto tiempo. Eso podemos cambiarlo, podemos introducir otro tipo de votaciones más periódicas, podemos incorporar ideas del funcionamiento de Suiza, por ejemplo, y podemos mejorar nuestra coordinación territorial, las decisiones que afectan a la distribución territorial de riqueza, a coordinar políticas... podemos pensar cómo hacerlo, cómo ponernos de acuerdo en, por ejemplo, el uso de la sanidad pública... o cómo debe ser el mínimo común en la enseñanza... y una vez de acuerdo asignar los recursos en función de ese pacto... Sin duda es necesario un Senado que sirva para ello, que no se hable con Madrid, sino que hablen entre las comunidades para entenderse... Esa es la democracia que no quieren los defensores de la actual consulta, que pretenden enrollarse en una bandera, la democrática, que les importa poco, no porque no les importe la democracia, sino porque se ha demostrado que tienen otros principios que van antes, y la democracia es lo primero. La democracia significa no el derecho de la mayoría (que no tienen), sino el respeto a la minoría, el respeto al ciudadano individual en su derecho. Eso es democracia. Eso es decidir en democracia. Muy claro de ese giro que pretende dar la Generalitat es el articulo de Jesús Puente “No a la estafa antidemocrática del 1 de octubre”, como otras muchas voces que considerando positivo que los separatistas expresen su opinión y representen si quieren una votación simulada para reivindicarla, no lo es que el Gobierno de todos pague con dinero de todos y en contra de las leyes que todos nos hemos dado, desobedeciendo y presionando a los jueces, un no referendum que pretende dar por válido, sumiendo a la gente en la confusión absoluta.

#cataluña #catalunya #justicia #divisiondepoderes #españa #ñ #derecho #estadodederecho #estado #ñ #Ñ #democracia #guerra #guerra-civil # #españa #catalunya #república #oligarquía #burguesía #élite #clase-trabajadora #vicenç-navarro #franco #franquismo

Por Jesús Puente. [Escrito que suscribo íntegramente, y creo explica perfectamente la estafa antidemocrática que nos están haciendo, y la actitud que entiendo debe darse desde la izquierda responsable y democrática]

El empeoramiento de la situación en Cataluña, y por extensión en el resto de España, aunque todavía a otro nivel, tras la convocatoria ilegal del referéndum del 1 de octubre, hace necesario promover un debate que ponga en cuestión muchos de los argumentos mediante los que se quiere convertir esta convocatoria en un acto democrático, cuando es exactamente lo contrario.

La decisión de la mayoría del Parlamento catalán de convocar un referéndum de autodeterminación y la aprobación por ese mismo Parlamento de leyes de desconexión y transitoriedad que suponen la separación inmediata de Cataluña del resto de España, antes incluso del 1 de octubre, no es sino la culminación de una política secesionista que viene de lejos. Esta decisión se ha tomado contraviniendo la Constitución y el Estatuto vigentes, violentando la propia normativa del Parlamento catalán relativa a la tramitación de leyes,

[ni si quiera se remite para Dictamen previo del Consejo de Garantías Estatutarias, violentando las propias reglas que ellos mismos se han dado, es decir, sin someterse ni a sus propias normas (así se ve en los Acuerdo del Consejo de Garantías Estatutarias de 6 de septiembre y de 7 de septiembre, que inadmiten la solicitud de Dictámenes presentados por los Diputados de la oposición, porque debe remitirlos la Mesa del Parlamento, que no lo hace)]

ignorando las advertencias de los letrados del Parlamento,

[así en junio, con la reforma del Reglamento; y especialmente en septiembre, con la aprobación de las leyes del referendum de autodeterminación y la de transitoriedad jurídica, pasando por otros intermedios]

eludiendo el informe preceptivo del Consejo de Garantías Estatutarias

[noticia | pdf del Dictamen de 7/2017, del 6 de julio, que considera contrarios a la Constitución y al Estatuto de autonomía la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña por impedir el derecho de participación política de los Diputados].

y laminando a la amplia minoría que se oponía no solo a las normas, sino al antidemocrático procedimiento de aprobarlas. Hemos asistido a un golpe institucional que rompe unilateralmente con normas y procedimientos democráticos que han regulado la vida política y social en Cataluña durante décadas, hemos visto como el Estatuto vigente que ha llevado al Gobierno a los secesionistas ha sido de facto derogado, por una mayoría menor a la de los dos tercios necesarios para reformar el propio Estatuto….

Insensibles a la contradicción, los promotores de esta secuencia de actos antidemocráticos, los presentan como lo contrario de lo que son, se envuelven en la bandera y en el presunto derecho a la autodeterminación, y responsabilizan de todo al inmovilismo del PP, por negarse a acceder a la organización de un referéndum pactado.

[que como he señalado en otro sitio, el nacionalismo secesionista no quiere ni intentarlo solicitar legalmente, porque hay vía legal]

Sin embargo a la gravedad de lo anterior, no por grave menos anunciado, hay que añadir la ya clara complicidad con el secesionismo de buena parte de la izquierda transformadora, señaladamente la de Catalunya en Comú, que con el apoyo irrestricto de Pablo Iglesias, ha ido modulando su apoyo al referéndum, su apoyo al proceso soberanista, para convertirlo en una movilización democrática en la que hay que participar; para castigar al PP, por supuesto. Y además porque se dice que esta movilización puede ser el comienzo del fin del régimen del 78, al forzar el referéndum la apertura de un proceso constituyente para toda España.

La realidad es que estas decisiones pueden provocar una fractura mucho mayor que la ya existente en la sociedad catalana, y un conjunto de respuestas de acción reacción, en torno al 1 de octubre e inmediatamente después, que pueden llevar exactamente a lo contrario de un proceso constituyente. Pueden llevar a la refundación autoritaria del Estado salido de la transición, vía electoral plebiscitaria, en la que la derecha del PP y Ciudadanos plantearán un proyecto nacionalista español, sin ninguna oposición real de una izquierda que ha perdido sus referentes solidarios y federalistas.

El que los secesionistas promuevan ese escenario es perfectamente coherente, el que la izquierda transformadora renuncie a defender la legalidad democrática y dé legitimidad a un proyecto etnicista y excluyente es lo completamente incoherente. El que la izquierda transformadora deje en manos de la derecha la defensa del Estado de derecho, y minimice la agresión al mismo que han perpetrado los secesionistas es una factura que se pagará cara mucho más pronto que tarde.

Conviene repasar las realidades tozudas que, pese al negacionismo reinante, se resisten a ser enterradas. No hay ningún problema de opresión nacional en Cataluña, lo que hay son cerca de 40 años de gobiernos autonómicos, dirigidos la mayor parte del tiempo por los nacionalistas devenidos hoy en secesionistas.

[ Generalidad de Cataluña | Parlamento catalán]

No hay ninguna persecución de los rasgos lingüísticos o culturales específicos de Cataluña, bien al contrario, es a la lengua castellana a la que sectores secesionistas pretenden considerar como lengua extranjera en Cataluña.

[Con fenómenos inconcebibles como la necesidad de que existan colectivos que tienen que luchar para que sus hijos reciban educación bilingüe y no exclsivamente en catalán, como éste]

Al tiempo, las competencias y capacidades de autogobierno de las instituciones catalanas no han hecho otra cosa que crecer, en el marco de un estado profundamente descentralizado. El denominado ‘derecho a decidir’ no es un ningún derecho humano conculcado, es un alias del derecho a la autodeterminación. Ese derecho es propio de sociedades oprimidas y colonizadas, no es el caso de la catalana; ese derecho debe ser reclamado contra regímenes no democráticos, mientras que la legalidad estatutaria y constitucional están avaladas por decenas de elecciones, incluso plebiscitarias como las de 2015; ese derecho tiene legitimidad si existe una avalancha social, absolutamente mayoritaria, a favor de la separación de un estado preexistente, y la sociedad catalana está, como poco, dividida por la mitad en esta cuestión.

La agenda política del secesionismo no es, por tanto, la respuesta a situaciones derivadas de la opresión, ni derechos inherentes vinculados a un pasado glorioso. Son reivindicaciones de parte, nada más, reivindicaciones que no cuentan con el aplastante apoyo social del que presumen. Los datos electorales son tozudos, desde el 49 % de participación electoral con el que se aprobó el actual Estatuto de Autonomía de 2006, en contraste con la participación del 68 % con la que se aprobó en Cataluña la Constitución de 1978. Si vamos al actual Parlamento de Cataluña formado en 2015, con una participación superior al 77 %, las fuerzas secesionistas sumaron el 47,7 % de los votos. Sin duda un resultado importante, sin ninguna duda la expresión de la inexistencia de una abrumadora mayoría social a favor de la independencia.

La realidad tozuda, es que esas reivindicaciones nacionalistas de parte, de corte insolidario y buscando crear diferencias inexistentes en un demos básicamente común, han venido siendo creadas y fomentadas por el nacionalismo, hoy secesionismo, que ha gobernado Cataluña, a la vez que apoyaba decisivamente al PSOE o al PP en el Gobierno central. De esta manera el actual secesionismo ha sido uno de los protagonistas que ha bloqueado cualquier evolución progresista del sistema surgido de la transición, ha apoyado recortes y reducciones de derechos, ha sido el mejor aplicador de las peores políticas neoliberales, y está a la altura del PP en corrupción [ Wikipedia | resumen prensa ].

Otra realidad tozuda derivada de la anterior, el crecimiento del apoyo social al secesionismo no está basado en ninguna cadena de agravios hecha a Cataluña por el Estado –las instituciones catalanas son, por otra parte, tan Estado como la Diputación de Guadalajara, o el Sistema Nacional de Trasplantes- . Difundir tal falso sentido común, ha sido el éxito del secesionismo, para el que ha contado con la inestimable ayuda de la izquierda transformadora. El mejor éxito de ese falso sentido común es el del mito del vaciamiento de la autonomía por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2010.

El Estatuto de 2006 fue promovido y aprobado con un importante desinterés de la ciudadanía, el referéndum en el que se votó tuvo una participación del 49% como ya se ha dicho. Las reformas que el TC introdujo en ese Estatuto en 2010, no solo formaban parte de las reglas del juego legítimas que establecen la adaptación de las normas a la Constitución, sino que no afectaron a su núcleo de derechos y competencias. ¿Se rompe con algún pacto constitucional entre Cataluña y el resto de España? En absoluto, porque ese pacto nunca ha existido. La Constitución fue aprobada por las Cortes Generales elegidas en 1977 y por un referéndum en toda España. Efectivamente, el PP se envuelve en la bandera del nacionalismo español para facilitar precisamente un enfrentamiento con el nacionalismo catalán del cual ambos sacarán importantes beneficios, en perjuicio de la izquierda. El problema radica en que mientras que la izquierda denuncia, como es su obligación, las campañas xenófobas del PP, no hace lo mismo con las campañas secesionistas, al contrario, o las da soporte, o las deja pasar, o echa la culpa de esas campañas al PP.

Gracias a esa dejación de la izquierda es más comprensible el éxito de la ofensiva secesionista lanzada desde 2010. Las motivaciones de esa ofensiva fueron las de frenar las movilizaciones sociales contra las políticas neoliberales del Gobierno de CiU, más duras aún que las del PSOE y las del PP, tapar la marea de escándalos de corrupción de CiU por décadas –en todo similares a los del PP–, y conseguir un encaje fiscal más injusto e insolidario. Los objetivos, por supuesto, han ido creciendo, se busca la secesión o una relación institucional completamente confederal. Los secesionistas han conseguido, sin coste, lo que sería inimaginable en el resto de España: una unión sagrada de la que forman parte fundamental elites y grupos dominantes (lo que representa PDeCAT, lo que representan Mas, Millet, los Pujol), exactamente iguales al PP y a quienes este representa, pero de otro nacionalismo.

¿Cómo hemos llegado a la dejación de responsabilidades de la izquierda, rayana en la complicidad, que ha facilitado esta situación? Situación que las decisiones oportunistas de Catalunya en Comú, y de la alcaldesa Ada Colau no hacen sino empeorar.

Desgraciadamente, la historia de la izquierda en Cataluña es también la de su progresiva sumisión al discurso nacionalista, empezando por la aceptación del soberanismo, pasando por el olvido de la fraternidad común y el federalismo, finalizando con la aceptación del falso discurso del enfrentamiento entre Cataluña y el Estado. Tal cantidad de cesiones, tal colonización mental, la ha dejado inerme frente a la ofensiva secesionista iniciada en 2010.

Es necesario poner el énfasis en la aceptación del soberanismo, este ha pasado a ser no solo seña de identidad de buena parte de la izquierda en Cataluña, también la dirección de las izquierdas emergentes, señaladamente Unidos Podemos, se ha apuntado a este principio que forma parte del programa de Catalunya en Comú que propone: “una república catalana que compartiría soberanías en un estado de carácter plenamente plurinacional”. La aceptación y extensión de este planteamiento rompe con una de las principales fuerzas de las clases populares de toda España, su fraternidad común. Esta fraternidad es un conjunto real y bien trabado. No solo por los evidentes lazos familiares, culturales, políticos y económicos formados por centurias de migraciones y mezclas, particularmente importantes en Barcelona, Madrid, y el País Vasco. Es la expresión de la solidaridad común de las clases populares de toda España, que se vieron obligadas a emigrar, a pelear por sus derechos frente a los propietarios de las fábricas de Barcelona y frente a los propietarios de las tierras de Andalucía. Es la expresión de la unidad que trajo la II república y resistió al golpe de 1936. Es la expresión de la confraternidad creada durante el franquismo en Cataluña, cuando centenares de miles de trabajadores de toda España arribaron a Barcelona. Esta fraternidad fue parte sustancial en la lucha por la democracia, fue fundamental para luchar contra la opresión nacional que sí existía en Cataluña durante el franquismo.

Esa fraternidad es la que el secesionismo quiere romper en Cataluña, la que el PP desearía sustituir por un renacimiento del nacionalismo español. Ese valor común, mucho más cívico y progresista que las identidades regionales basadas en pasados inventados, y en narcisismos egoístas, es lo que se abandona al no ponerlo como punto primero, segundo, y tercero de cualquier programa de izquierda. Algo aparentemente tan sencillo, como decir: Somos un demos común – el de los y las de abajo, el de las clases populares- con intereses comunes desde Olot a Huelva, desde Fuerteventura a Bilbao. Las aportaciones catalanas, vascas, gallegas, andaluzas, etc, etc, enriquecen al conjunto, no lo dividen . Luchar contra el sentido común impuesto por el nacionalismo, supone partir de ahí y articular una política a partir de ahí. Lo otro no es más que la abducción cada vez más rápida por el nacionalismo, por la unión sagrada, a 100 años del gran triunfo del nacionalismo burgués que supuso la 1ª Guerra Mundial.

Desafortunadamente, no estamos en eso. Se está apoyando de forma cada vez más directa el golpe secesionista. Se lanzan mensajes oportunistas que llaman a la confusión y a la desmovilización de los sectores sociales que se han movilizado contra los recortes, que han votado a otra izquierda presuntamente distinta del PSOE, en Cataluña y en toda España. ¿Por qué es una movilización democrática, emancipadora, una propuesta de secesión que no responde a ninguna opresión nacional real? ¿Cómo se puede dar legitimidad a un proceso carente de garantías democráticas? ¿Cómo se puede llamar a participar en un presunto referéndum de autodeterminación sin posición fijada?

Con semejantes mimbres, más la decisión de la dirección de Unidos Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, de dar por buena la posición de Catalunya en Comú, y la todavía más pro-secesionista de Podem, nos encontramos con la imposibilidad de mantener un discurso común, federal y solidario, que pueda fundamentar la apertura de un proceso constituyente en el conjunto de España, el único marco posible. Posible para poder obtener resultados democráticos y emancipadores. ¿Con qué programa común vamos a ir a luchar por la reforma radical de la Constitución? ¿Cómo movilizaremos para luchar por la generalización de los derechos sociales, cuando hablemos a la vez de confederalismo o federalismo asimétrico? ¿Cuándo llamemos a luchar por la fiscalidad progresiva, como enfrentaremos la propaganda de Andalucía primero, el expolio a Cataluña, o los derechos históricos vascos? ¿Así nos vamos a enfrentar a la patronal, al PP, a la Unión Europea? No nos enfrentaremos porque seguramente no nos seguirá nadie.

Sin embargo, debemos primero tratar de hacer frente a la grave situación que nos plantea el 1 de octubre. Afortunadamente crecen las voces en la izquierda que no aceptan ni el programa secesionista, ni la opción que representan hoy Ada Colau y Pablo Iglesias. Esas voces se están dejando oír, pese a todo, entre la sociedad catalana y en el resto de España. Básicamente se trata de llamar a la fraternidad, unidad y solidaridad de las clases populares de toda España, se trata de llamar a no buscar diferencias que no existen, y a no aceptar como nuestras las reivindicaciones insolidarias de los más ricos y poderosos aunque se envuelvan en la bandera. Hoy, además de llamar al dialogo y a la buena convivencia entre los y las de abajo, hay que llamar a no aceptar el conflicto, falso y malo, que los secesionistas quieren provocar. En Cataluña hay que hacerlo denunciando el golpe institucional de los secesionistas y no participando en la farsa electoral que organizan para el 1 de octubre. En el resto de España, exigiendo al Gobierno de España que su obligación de garantizar la legalidad en Cataluña, debe ejercerse con el respeto estricto de los derechos y libertades que la Constitución y el Estatuto garantizan. Derechos y libertades que ese Gobierno y el de Cataluña, acostumbran a incumplir, de ahí la necesidad de estar vigilantes.

Jesús Puente, miembro del Colectivo Juan de Mairena.

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=231825

#cataluña #politica #catalunya #constitución #transicion #referendum #1-O #derechoshumanos #izquierda #españa #ñ

...y la sociedad, todos nosotros, seguimos callando

A propósito de los últimos acontecimientos en Cataluña

Recuerdo un tiempo en que en España la organización terrorista ETA mataba. Sin embargo, la policía no podía, y eso está muy bien, “abatirlos” en una persecución. Debían ser cogidos sin atentar a sus derechos como personas. Porque sólo un juez imparcial podía condenarlo, después de que se le mostraran las pruebas obtenidas sin palizas, sin forzar nada, sin escuchas ilegales; en definitiva, sin saltarse la ley. El "nosotros actuamos bien, y ellos no" es lo que consiguió derrotar socialmente al terrorismo.

Con tristeza observo que eso no ocurre en Cataluña. Los mossos “abaten” a todos los terroristas islámicos. No han detenido ni a uno. Ninguno puede ser juzgado. Es difícil pensar que sea casualidad. En la España de hace unos años cualquier policía se vería como mínimo con la necesidad de explicar porqué fue necesario “abatirlo”, en lugar de disparar a los pies o perseguirlo con helicóptero cuando el terrorista se encontraba en medio de un campo de vides. Honestamente, no puedo explicármelo. Y me resulta gravísimo, porque no podemos estar seguros (y no lo podemos estar sin un juicio) de que esa persona fuese culpable. Porque tiene presunción de inocencia. Porque no tenemos pena de muerte. Porque los terroristas son ellos, y no nosotros. Porque tenemos que dar ejemplo, y no incentivar “la guerra”, no dar pie a crear mártires... Nosotros tenemos un estado de derecho, que (porque además tenemos democracia, respeto a los derechos humanos y otra serie de logros que son parte de nuestras normas) quiere decir todo eso: presunción de inocencia, uso mínimo de la violencia legítima, sometimiento del estado (aquí el policía, el mosso) a la ley y al Derecho.

Nadie puede erigirse en sabedor de que es un terrorista. Nadie puede saltarse la ley para obtener pruebas, aunque sea “para pillar a los malos”. Si te saltas la ley por una causa (que personalmente crees justa) ¿porqué vas a imponérsela a otro? ¿con qué criterio? ¿cuándo se puede saltar la ley y cuándo no? Pasamos del estado de derecho a una dictadura... Hace dos días escuché (en Los desayunos, de TVE [ver corte]) a la portavoz de “Unidas Podemos” en el Congreso, Ione Belarra, decir que hay que saltarse las normas, y la constitución, y hay que estar por la consulta del 1-O porque vivimos un “momento de excepcionalidad democrática”. ¿Quién ha decidido que se pueden romper ahora las normas? Es que en España, a diferencia de otros países de nada dudosa democracia, como Francia o Alemania donde no se permite atentar contra la Constitución, nosotros sí lo permitimos. De hecho la misma Sra. Belarra indica que hay constitucionalistas que afirman que es posible articular un referendum legal... entonces ¿porqué lo hacen fuera de la ley? En España la Constitución permite estar en contra de la unidad de España, permitimos cuestionarla, permitimos todo... Y se puede decidir cambiarla. Pero es cosa de todos. Porque una persona de Murcia puede tener propiedades en Cataluña, o haber invertido en empresas catalanas, o haber abierto empresas allí porque le resultaba más interesante... y puede tener familiares, e hijos trabajando, y relaciones de muy diversa índole... Porque, en definitiva, somos una comunidad con relaciones muy variadas, y todos debemos decidir.

Personalmente creo que un referendum es necesario, para zanjar la situación, pero sin decir disparates. España es un estado de Derecho (donde hay libertad de expresión, pero también respeto a las minorías, y de eso ya hablé con ocasión de otro post), y lo que los independentistas y quienes les apoyan están haciendo es destruir las garantías que defienden a cada uno de los ciudadanos. Es normal que los jueces ordenen detener a quienes se saltan la ley. Los cargos públicos que son corruptos reciben la visita de la guardia civil, un registro para buscar pruebas, y se los llevan detenidos... Es lo normal. El gobierno no tiene capacidad para ordenar detenciones. Son los jueces quienes las acuerdan. Además, esas detenciones solo benefician desde el punto de vista político a los nacionalistas, que co los disparates que dicen se hacen las víctimas. Siguen saltándose las leyes. Nosotros no.

En el nosotros estamos todos los demás. De derechas e izquierdas, todo el espectro político. Catalanes y no catalanes. Nacionalistas y no nacionalistas. Porque una cosa es tener un sentimiento de “mi tierra”, y otro inventar barbaridades y querer saltarse las normas con un propósito político, en contra de otros. Ganar elecciones no legitima para pisotear los derechos de las minorías (eso fue lo que hizo Hitler, ganó unas elecciones, y miren lo que hizo). Esa es la grandeza del Estado de Derecho. Los independentistas, catalanes o de cualquier genero, pueden defender sus tesis, pueden proponer cambios, pero no nos los pueden imponer. Si hubiesen querido hacer una modificación de la Constitución podían empezar por proponerla, por tramitarla... Ni lo han intentado. Buscan el enfrentamiento, y lo han conseguido. Ahora las posturas están totalmente radicalizadas.

Temo que haya episodios violentos. Parece muy difícil de evitar. La solución sin duda es política... pero lo que no se puede es jugar a que los presos son presos políticos, ni que estar en contra del 1-O es estar en contra de la democracia. La democracia exige respeto a las normas. Puede hacerse un referendum, y cambiarse la Constitución, pero la vía es la que es. En este sentido me ha parecido interesante la opinión de Josep Borrell “En Cataluña hay un golpe de Estado de un régimen neodictatorial”, que puede leerse en El País de ayer, 19 de septiembre.

#cataluña #catalunya #1-O #nacionalismo #españa #política #estadodederecho #derecho #ley #ñ #democracia

Cuando alguien invade tu intimidad sin permiso, se produce una intromisión ilegítima en la esfera personal. Eso ocurre si se habla de tu intimidad, si se difunden fotos de ti sin tu autorización,... Pues bien, las redes sociales en su afán por recoger tantos datos de un usuario como sea posible, invaden tu intimidad hasta límites insospechados.

Ya no sirve navegar privadamente, ni si quiera usar redes como TOR, porque para eso utilizan estadísticas, cálculos pro aproximación usando los metadatos que quedan de la comunicación... las matemáticas nos tienen pillados...Es decir, el usuario quiere intimidad, y los grandes portales trabajan en contra de esa voluntad manifiesta del usuario.

Particularmente me ocurre algo parecido. Ya hace tiempo decidí dejar las grandes redes para promover y participar únicamente en redes más humanas, menos invasivas, más controlables por cada individuo y menos por las grandes corporaciones... En lugar de Facebook o Google+ utilizo Diaspora*. Tengo varios perfiles, varios usuarios, para contar distintas cosas. Unos son públicos y me muestro tal cual, en otros quiero preservar el anonimato, ser uno más que piensa, y siente, y vive... Pero claro, no tan anónimo como para no decirle a algunos de mis próximos cuál es mi perfil... Se los quiero decir a ellos, pero no a las grandes redes que, de inmediato vincularan mi perfil anónimo a mi nombre real...

Si les mando un correo a o desde una de las cuentas habituales (GMail, Yahoo, Hotmail), inmediatamente sabrán esos grandes proveedores que mi dirección de correo tiene relación con la persona con el perfil de Diaspora de tal dirección. Es más, suponiendo que les mando mi usuario por SMS, que está mejor regulado lo que los operadores pueden hacer con su contenido... Para ver mi perfil tienen que crearse una cuenta en Diaspora, lo que es normal, pues si no se permitiría que los robots araña que escrutan la red y eprtenecen a esos grandes captadores de datos, entren en Diaspora y comiencen a asociar... Pues bien si mi amigo crea su perfil usando su cuenta de correo, ya tendrán quién es él en la red Diaspora... Cualquier hueco por el que vean qué republica, qué recibe (el mismo correo de aviso que le llega  la cuenta), servirá para ir analizando su mundo...

Es demasiado loco todo. Necesitamos un pequeño proveedor, o tener nuestro propio servidor de correo... Yo he optado por un grande que aún me ofrece suficientes garantías de no estar en el mismo barco que las grandes redes sociales... GMX. Puede ser ese, o cualquier proveedor local, o mejor lejano... Con ese correo ya podemos crear nuestra cuenta de Diaspora... Distinta para cada perfil, mejor... ¡¡ cuánta locura!! Parecemos espías...

La prensa de derechas (ABC1) considera que el abucheo a González es normal en un coloquio-conferencia, mientras que la inmensa mayoría lo considera impropio de estudiantes universitarios (Pablo Castellano, de IU, indica que "de no haberse creado una situación de auténtica campaña electoral, con una gresca continua [...] los estudiantes [de la Autónoma] se hubieran comportado como auténticos universitarios", El País2). En la UAM todos sabíamos que el abucheo era obra de los escasos fascistas que la habitaban, y fuimos mayoría los que nos identificamos con aquél cartel que colgaba el 26 de marzo de 1993 de la entrada de la Facultad de Derecho, “VERGÜENZA”, así, en enormes letras mayúsculas de color azul, “El cartel de la vergüenza”, como tituló después El País del 27 de marzo de 19933. Recuerdo muy bien todo aquello porque estuve allí; recuerdo muy bien quienes eran los que repartían pitos y octavillas; el mismo modus operandi, las mismas octavillas4 que ayer, 24 años más tarde, volvieron a imprimir. Sólo que hoy no es la extrema derecha la que realiza el abucheo, ni el PP el que la aplaude (miren las declaraciones en esos mismos enlaces de los entonces líderes del PP); hoy las aplaude una nueva izquierda, la que suple el lugar de la Izquierda Unida que entonces criticó el acto por antidemocrático. Estoy convencido de que muchos de los que entonces sintieron vergüenza, hoy aplauden a los alumnos que, en la misma Facultad (aunque el edificio no sea ya el mismo), realizan los mismos vergonzantes actos. Hoy la actitud de Podemos se parece a la del PP de Aznar y de Fraga, avalando los argumentos esgrimidos por los intolerantes, sin condenar el abucheo. Sólo los socialistas parecen mantener una línea constante de defensa de la democracia, como ya hiciera Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en los pasillos de esa misma Facultad (ahora sí, el mismo edificio) por defender el estado de derecho y la libertad de expresión y participación política, por lo que se dió nombre al salón donde se iba a pronunciar la conferencia. A él defender la libertad de expresión le costó la vida. En ese sentido se pronuncian las palabras del diputado socialista Eduardo Madina (EuropaPress, o el vídeo en Al Rojo Vivo de La Sexta)5, que dirigiera en su día el grupo parlamentario del PSOE. La democracia no es ni mucho menos patrimonio exclusivo de los socialistas, ya el conservador Churchill dijera aquello de “no estoy de acuerdo con su opinión, pero daría mi vida por defender que usted pueda expresarla”, pero el socialismo no puede darse sin democracia, el estado social que el socialismo defiende sólo puede darse en el respeto al individuo, en el respeto a las minorías, en el respeto a la expresión de todo ser humano. Tal vez es por esa especial relación entre socialismo y democracia que sólo el PSOE se mantenga siempre en el respeto a la libertad de expresión.

Para un socialista (y para los electores socialistas), erguido con la bandera de la democracia, era bochornoso tanto lo que de los GAL se publicaba entonces, como lo de los casos de corrupción. Los GAL son la negación del estado de derecho, el que simboliza el esfuerzo jurídico de Tomás y Valiente, el que representa el socialismo democrático del que nos hablaba Elías Díaz en esas mismas aulas. Sin duda el Gobierno de González se equivocó en más de una cuestión con los GAL, pero no puede decirse que lo montan los socialistas, porque la realidad es que es la policía franquista la que supo mantenerlo contra el poder político democrático. En la transición hubo que cambiar las formas de hacer de gran parte del aparato del estado (democratizar la judicatura, el ejercito, la policía,...). Hay quien quiere escribir su historia anclada a sólo dos hechos aislados, hay quien por hacer daño al PSOE está dispuesto a imputarle la responsabilidad de la creación de los GAL, esa bomba que le explotó al gobierno socialista, tal vez porque con ellos tenía que explotar. A muchos la memoria histórica sólo les sirve para, terjiversándola y resumiéndola interesadamente, hablar de los GAL como un invento socialista.

Muy al contrario, estoy convencido de que el fin de ETA tiene muchos que ver con el hecho de que los etarras comprobaban que ninguna prueba obtenida incorrectamente era aceptada por la Justicia, de que el Tribunal Constitucional presidido por Tomás y Valiente anulaba juicios y excarcelaba a etarras si no se respetaban todas las garantías, porque veían que la policía no podía hacer de cualquier manera, y ellos se retrataban como los que se saltaban las básicas reglas de convivencia; con que se les dejaba hablar (salvo de la barbaridad de defender el asesinato, la que denominaban lucha armada), mientras los vascos no podían expresarse y ellos imponían el terror. Esa lucha con la corrección del estado de derecho forma parte del ADN ideológico del socialismo democrático, todo eso se consiguió con gobiernos del partido socialista, y esa semilla, esa estrategia sólida ya en España, es la que ya ha impregnado la actuación de policía, jueces y fiscales en el resto de nuestra historia reciente. El abucheado tiene mucho, muchísimo que ver con esos logros. Para los que abuchearon y quienes les aplauden, no importa ni la solemnidad del lugar, ni la historia que Valiente explicaba en esas clases, ni la que hemos construido entre todos. Me recuerdan a Aznar con su huero, mezquino y carente de toda intelectualidad "váyase señor González", hasta ahí llega el razonar 2.0.

Luis Fajardo López, Profesor Asociado de Derecho civil de la ULL, y estudiante de la UAM.

La noticia:

El País, “Un grupo de violentos impide una conferencia en la Universidad Autónoma de Madrid”;

LibertadDigital, “Golpes, empujones y gritos de "fascista" y "terrorista" para recibir a Felipe González y Cebrián en la Universidad Autónoma”;

ABC, “Estudiantes de la UAM abuchean a Felipe González y Cebrián“;

Cuatro, “Gritos de <<asesino>> a Felipe González en la Universidad Autónoma“;

El Mundo, “Encapuchados impiden un acto de Felipe González en la universidad: <<Estás manchado de cal viva>>";

EuropaPress. “Felipe González sufre un escrache en la autónoma 23 años después de que fuera abucheado por los casos de corrupción“;

Público, “Protesta en la Autónoma contra González y Cebrián por la abstención al PP y los Papeles de Panamá“;

El Plural, “Suspendida la conferencia de Felipe González y Juan Luis Cebrián en la Autónoma por los incidentes“.

Notas al pie:

1ABC, 26 de marzo del 93, http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1993/03/26/132.html.

2El País, 27 de marzo de 1993, http://elpais.com/diario/1993/03/27/espana/733186803_850215.html.

3Disponible en http://elpais.com/diario/1993/03/27/espana/733186802_850215.html.

4Su lenguaje puede verse, por ejemplo, recogido en el siguiente artículo de Libertad Digital (19 de octubre de 2016) http://www.libertaddigital.com/espana/2016-10-19/decenas-de-estudiantes-reciben-a-felipe-gonzalez-con-gritos-de-fascista-y-terrorista-1276584820/.

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Se está tachando la dimisión de la mitad de la cúpula del PSOE de falta de principios democráticos. Me parece intolerable, y quiero comentarlo. Me sorprenden algunas voces que se suman esa crítica lanzada desde Podemos, que debería de dejar de meterse con cómo actúa un partido del que deberían aprender, si quiera para montar otro que pudiera ser su sucesor; siento que muchos de mis conocidos que se han hecho followers de Podemos deberían ser u poquito más rigurosos y, por coherencia con lo que de ellos conozco, venir a cambiar las cosas que no les gustan a un partido donde sí que se puede...

El Partido Socialista es el de mayor tradición democrática de entre los partidos españoles, así les duela a muchos. Es verdad que tiene problemas, propios de nuestras sociedades de la tecnosuperficialidad y la tecnoignorancia, que lastra el debate serio y riguroso, el conocimiento de las cosas, y las ganas de construir opinión más allá de medir seguidores o 'likes'. Podemos abundar mucho en eso, pero creo que basta con resumirlos así (la gente no es dada a leer, y hay que concretar), para a partir de ese análisis ver cómo combatir ese problema, que no es menor en las demás formaciones.

Las casas del pueblo, donde se enseñaba desde leer y escribir, hasta capacitación profesional, impregnado siempre en los valores del socialismo democrático, de la participación democrática del individuo en la construcción de una sociedad libre que se base en la plena igualdad del individuo, es tristemente historia, pero siguen vivas en el sentir y voluntad de un buen número de militantes del PSOE, entre los que me encuentro. Ya no existen, pero el embrutecimiento de la sociedad, la falta de valores de construcción democrática, hace evidente su necesidad... Tal es así que no se debe a otra cosa el éxito asambleario aprovechado por la organización que lidera Don Pablo Manuel Iglesias, que ahora quiere airear los problemas del PSOE en términos de falta de democracia: intolerable.

El PSOE decide democráticamente una línea política, y últimamente existe una triste práctica de ignorar desde la cúpula, léase ahora mismo al Sr. Sánchez, lo decidido por la militancia. Utilizar la norma para forzar situaciones que reconduzcan a la voluntad democrática es totalmente lícito y legítimo; es lícito porque cabe dentro de la norma, y es legítimo porque se realiza por convicción democrática. Legitimidad y legalidad son conceptos que no se deben confundir, pero que sea lícito y legítimo no quiere decir que quienes han dimitido lo hayan hecho todos por esos mismos motivos, algunos habrán echado sus cuentas, no digo que no, pero no pone en cuestión la legalidad y legitimidad de la decisión global, y así lo siento como militante. Lo diré en otros términos, para explicarme mejor: si yo fuera parte de una Comisión Ejecutiva que veo que lleva un rumbo distinto al mandato que la militancia le ha dado, me parece muy legítimo y hasta éticamente obligatorio bajar del barco, y si eso fuerza reconducir la situación, no me sentiría que estoy traicionando a las bases, sino precisamente lo contrario. Sánchez nunca ha consultado abiertamente a las bases, más allá de la pregunta tendenciosa que en su momento formuló, sin plazo para el debate1. A diferencia, por poner el ejemplo más próximo, de Rubalcaba, quien forzó debates sobre muy diversos aspectos de interés social en todas las agrupaciones de España. Hay motivos para que estos miembros de la Comisión Ejecutiva renuncien, hay legitimidad. Se puede estar o no de acuerdo con los motivos, pero no poner en cuestión su legitimidad y, menos aún, su legalidad. Tan aparatistas pueden ser algunos de los que han dimitido, como muchos de los que se quedan, o como oportunista decir que dimitir es antidemocrático; eso sí, los que dimiten demuestran menos querencia a un sillón2.

El PSOE es la única organización con presencia territorial que puede revitalizar el debate político de verdad, recuperar las Casas del Pueblo, formar y evidenciar el control tecnológico de nuestras vidas,  dar alternativas en el día a día en términos de vida responsable y coherente con el medioambiente, con la salud, con el desarrollo integral del individuo, porque éste es su razón de ser, a diferencia del movimiento comunista (que ahora se quiere hacer llamar socialista, cuando no -risas- socialdemócrata) que antepone la colectividad al individuo. España necesita del socialismo democrático, y, personalmente, creo en la necesidad de recuperación y revitalización de un partido al que no se le puede reprochar desde ningún otro su ADN democrático. La responsabilidad política está en ese ADN, y esa responsabilidad que no está asumiendo 'motu propio' Sánchez le será exigida, antes o después. Es lamentable que el que debe ser garante y ejecutor de la voluntad de la militancia se dedique a decir públicamente que aquí decide o manda él (por último lo dijo en la respuesta que le dio a González). En el PSOE, desde siempre, mandan las bases, pese al virus del liderazgo tan propio de otras sociedades, que iniciado por el fenómeno Felipe ha alcanzado después a todos los partidos, ayudado por redes como ésta que replican un modelo de 'followers' simplones. 'Follow the lider' decía la canción... Pues en el PSOE al líder se le respeta, pero es él el que debe seguir la opinión del partido. Eso es la democracia.

Este partido no ha sabido conservar a personas muy válidas, y necesita conservar su masa crítica, pues es un partido que, aún siendo grande, sufre de la misma desmovilización que todos los demás (sólo que éste, no se lo puede permitir, pues, insisto, está en su ADN ser un partido de masas). Esta desunión de la izquierda sólo camina en la destrucción del patrimonio conseguido, en sanidad, en educación, en derechos laborales... en profundización en un programa que nuestra Constitución reivindica, y no en pretender cambiarlo hacia algo que desde luego no será, en el actual estado de cosas, garantía de un estado más social, ni más democrático... Es legítimo el montar organizaciones políticas y presentarse a elecciones, sólo faltaría, pero creo que es más útil contribuir a un proyecto de cambio social desde la reinstauración de las casas del pueblo, en un partido al que se puede acudir a diario, debatir a diario, montar talleres de todo, hacer por cambiar nuestros día a día, sumar entre todos... El fracaso del PSOE radica en no haber sabido hacer llegar a la sociedad todo esto; el fracaso de la sociedad es que quienes dicen tener estas ideas están centrados en su vida, sus ingresos, y su 'muro', y se olvidan de lugares donde tomar algo y conocer los problemas de su entorno, proponer soluciones, aportar conocimientos, sumar entre todos... Eso es compromiso social, eso es izquierda, eso es revitalizar la democracia.

Puedo coincidir con algunos en el desacuerdo con algunas políticas puntuales del PSOE, pero esto es una cuestión mucho más de fondo que una actitud ante un problema, es una cuestión de grandes principios, y en eso esta sociedad está tristemente desarmada, estas críticas no creo que puedan ser constructivas en términos de izquierda.

Por eso reitero que me sorprenden algunas voces que se suman esa crítica lanzada desde Podemos (donde la idea de casas del pueblo está muy alejada de sus actuaciones y problemas internos), que debería de dejar de meterse con cómo actúa un partido del que deberían aprender, si quiera para montar otro que pudiera ser su sucesor; siento que muchos de mis conocidos que se han hecho followers de Podemos deberían ser u poquito más rigurosos y, por coherencia con lo que de ellos conozco, venir a cambiar las cosas que no les gustan a un partido donde sí que se puede... Esa, pienso, es la reconstrucción más realista de la izquierda en España.

1 Soy militante, y a mi lo que se me consultó con otro panorama político (http://www.psoe.es/consulta-acuerdo-de-gobierno/), donde bastaba que Podemos se abstuviera para que el PSOE gobernase, es que si respaldaba los acuerdos ya alcanzados con otras fuerzas (Podemos y C's) para formar Gobierno (http://www.elperiodico.com/.../pregunta-pacto-psoe...). Ahora el resultado electoral es otro (Podemos no quiso apoyar el gobierno posible, https://plaza.podemos.info/debates/1140, algo legítimo, pero que no pueden olvidar, y ahora estamos como estamos), y nos quieren decir que apoyar algo distinto de "no es no" es saltarse la voluntad de los militantes. No es cierto