Imagen / Juan Carlos Domínguez El incendio de Los Gallardos, en Almería, con un trágico balance de 11 víctimas mortales, ha vuelto a situar a España ante una realidad incómoda: los incendios forestales ya no son meros fenómenos naturales agravados por el mal tiempo. Son, fundamentalmente, emergencias sociales que desnudan fallos profundos en la prevención, la ordenación del territorio y nuestra propia cultura del riesgo. Esta cifra sitúa el desastre entre los más graves de nuestra historia reciente, equiparándolo a la tragedia de Riba de Saelices en Guadalajara, donde en 2005 también fallecieron once personas mientras intentaban contener las llamas. España se enfrenta a un espejo que refleja que las lecciones del pasado aún no se han aprendido del todo. Un patrón histórico de luto y ceniza Nuestro país arrastra décadas de incendios letales, con especial virulencia durante los años noventa y dos mil. El año 1994 se mantiene como el más negro de la serie histórica con 30 fallecidos, la mayoría de ellos profesionales del sector. Poco después, en 2005, el fuego se cobró la vida de 23 personas en todo el territorio nacional, 17 de ellas en primera línea de combate. La cronología del dolor es extensa y comparte siempre las mismas variables. Desde los incendios de Grazalema en 1992 o Tarragona en 1993, pasando por las emergencias simultáneas en Millares y la Sierra de Mariola en 1994, hasta los atrapamientos mortales en Alájar (1999), Sant Llorenç Savall (2003) o Els Ports (2009). Todos estos episodios demuestran que la combinación de meteorología extrema, el abandono del medio rural y las decisiones humanas erróneas multiplican exponencialmente la letalidad del fuego. El clima extremo como multiplicador del riesgo Aunque la narrativa institucional a veces prefiera evitar el término, la evidencia científica es incontestable: el calentamiento global está reconfigurando por completo los incendios mediterráneos. El incremento de las olas de calor, las sequías prolongadas, las noches tropicales y el estrés hídrico de la vegetación han convertido la Península Ibérica en un polvorín. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana ya registran de forma habitual incendios de “nueva generación”. Son fuegos que generan su propia dinámica atmosférica y avanzan a velocidades que superan la capacidad física de extinción, anulando por completo los tiempos de evacuación. El nuevo paradigma ya no consiste únicamente en apagar el fuego, sino en gestionar el territorio para ser capaces de sobrevivir a él. En los escenarios actuales, el peligro real ya no acecha solo a quienes combaten las llamas, sino a las poblaciones atrapadas en su huida. La interfaz urbano-forestal: el peligro de vivir en el monte El reciente incendio de Málaga —que obligó al desalojo de más de 1.796 vecinos y al confinamiento de cientos de personas en Montemayor— expone la tremenda vulnerabilidad de la interfaz urbano-forestal. La proliferación de urbanizaciones, chalets e infraestructuras en pleno monte es uno de los mayores desafíos de seguridad pública del siglo XXI. Esta expansión descontrolada adolece de deficiencias críticas. En primer lugar, la existencia de accesos únicos: carreteras y pistas que se convierten en auténticas ratoneras durante una emergencia. En segundo lugar, una alarmante falta de autoprotección, con urbanizaciones que carecen de fajas perimetrales limpias de vegetación. Y por último, una baja percepción del riesgo por parte de una ciudadanía que a menudo percibe el entorno forestal como un simple decorado estético, ignorando su peligro intrínseco. El modelo reactivo: el heroísmo ya no basta El despliegue en Málaga, que movilizó a casi 300 efectivos, un centenar de bomberos forestales e infraestructuras del Infoca, demuestra la indudable excelencia de los servicios de extinción en España. Sin embargo, atacar el síntoma no cura la enfermedad. El Estado sigue priorizando el gasto reactivo —camiones, hidroaviones y tecnología de extinción— frente a la inversión en prevención estructural, que implica gestión del paisaje, selvicultura y apoy...
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