La publicación en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia volvió a encender la discusión sobre el destino de los recursos públicos. En la edición correspondiente al 6 de enero de 2026 quedó formalizada una nueva contratación por $11.000.000 para la prestación de servicios de chofer y asistente privado del intendente municipal, por un período de cinco meses.
Según el contrato, el servicio contempla una carga mínima de 45 horas semanales, de lunes a domingo, además del pago de viáticos, traslados y estadías cuando las tareas se desarrollen fuera de la ciudad. El monto será abonado en cinco cuotas mensuales consecutivas de $2.200.000 cada una, con fondos del presupuesto municipal.
Más allá de la legalidad administrativa del procedimiento, la contratación genera interrogantes políticos y sociales en un contexto económico complejo, donde amplios sectores de la comunidad enfrentan dificultades crecientes. Ushuaia atraviesa demandas urgentes vinculadas a la infraestructura barrial, el mantenimiento urbano, la asistencia social, el acceso a la vivienda y el fortalecimiento de servicios básicos que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.
En ese escenario, la asignación de recursos para garantizar la comodidad, el traslado y el estatus del jefe comunal aparece, cuanto menos, como una decisión controversial. No se trata únicamente de un número en el presupuesto, sino de una señal política sobre cuáles son las prioridades del gobierno municipal en un momento donde se pide esfuerzo, paciencia y comprensión a la ciudadanía.
La figura del chofer privado exclusivo, con una retribución millonaria, contrasta con la realidad de trabajadores municipales que reclaman mejoras salariales, áreas operativas que funcionan con recursos limitados y barrios que siguen esperando soluciones estructurales. En tiempos de ajuste, inflación y pérdida de poder adquisitivo, cada peso del Estado adquiere un valor simbólico y concreto.
El debate, entonces, trasciende el contrato en sí. Pone sobre la mesa una pregunta central: ¿qué necesidades deben atenderse primero cuando los recursos son finitos? La respuesta no es técnica ni contable; es profundamente política.
La publicación oficial del contrato abre una oportunidad para discutir con transparencia el modelo de gestión, el uso del dinero público y la distancia —cada vez más visible— entre las urgencias cotidianas de la comunidad y las decisiones que se toman desde los despachos del poder.
En definitiva, mientras muchos vecinos ajustan gastos para llegar a fin de mes, el Estado municipal vuelve a quedar bajo la lupa por inversiones que parecen responder más a la lógica del confort institucional que a las prioridades sociales de la ciudad más austral del país.
