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Foto: Misael Camarillo / MIRADOR

Zacatecas, Zac.- El gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, dijo en relación a la supuesta falsificación de documentos en el desalojo de familias y destrucción de inmuebles en la comunidad Salaverna, en Mazapil, hecho que incluso dio pie a que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) emitiera una recomendación a Gobierno del Estado, misma que no aceptó la Secretaria General de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, que el tema se ha polemizado mucho.

“Yo no puedo culpar ni exonerar sin tener elementos concisos a quien hizo la observación, me refiero a Derechos Humanos”, dijo, y se han estado expresando diversas opiniones en los medios de comunicación, donde algunos periódicos tienen una postura y otros, una diferente.

“Es un tema que ya se tiene que dirimir, y yo estaría esperando que Derechos Humanos ya envíe la solicitud al Congreso para que se llame a la secretaria de Gobierno a comparecer; a título personal yo estoy buscando a la doctora Luz Domínguez (presidenta de la CDHEZ) para conversar, pues no es un tema que se tenga que estar mediatizando.

Se requieren respuestas muy concretar, y si se llega a comprobar (la falsificación de documentos), hecho que consignan algunos medios, entonces yo tendré qué actuar y tomar lo conducente en el caso; si se hizo algo ilegal, se tienen que atener a las consecuencias”.

Ambas partes tienen que considerar el tema, ya que se cayó en una serie de acusaciones de ambas partes. Yo acepté dos de las recomendaciones de Derechos Humanos, porque el tema importante es el respeto a los mismos, aseveró.

La tercera recomendación, insistió, era poco exacta, y más que polemizarla en medios es necesario discutir el tema con la presidenta de la CDHEZ. El objetivo es que se tenga una comisión fuerte, que le responda a la gente y que el gobierno vaya de la mano.

Al referirse a una nota periodística publicada este jueves en el sentido de que se utilizó documentación falsificada para proceder al desalojo de los habitantes en la señalada comunidad, sostuvo que no por el hecho de que se publique en ese medio se dé por hecho. Se debe hacer una investigación conducente. No es gobierno y no es la CDHEZ, sino la ciudadanía y que se respeten sus derechos.

“No quiero descalificar lo que haya hecho Derechos Humanos, agregó, a fin de cuentas no tengo todos los elementos para dar una declaración en firme. Hay documentos que se tienen que revisar, y sobre todo hay un fondo, que es el respeto a los derechos humanos”.

“Si luego de un análisis se determina que actuamos mal, claro que voy a aceptar la recomendación, pues soy un gobernador respetuoso de los derechos humanos y exijo que se respeten; tenemos que ir al fondo del tema, que es Salaverna y su gente”.

Por otro lado, en el tema de los matrimonios igualitarios, el gobernador dijo que se trata de un asunto legislativo y que será respetuoso de lo que se legisle. “Cada uno de los ciudadanos puede tener una postura en base a su educación y principios morales. Yo, como ejecutivo, tengo que hacer eso, ejecutar las leyes, sin dictar líneas; serán los legisladores quienes determinen lo que es lo mejor para Zacatecas”.

Somos un estado que ha sido punta de lanza en muchos temas y ellos (los diputados) tendrán la última palabra, aseveró.

En cuanto a la seguridad pública, informó que se está gestionando la llegada de más elementos de la Marina, pero que están llegando más elementos del Ejército. “Cada lunes se hace reunión del Grupo de Coordinación Local (GCL) en el que se analizan las estrategias, y esta semana se tendrá una especial este viernes, ya que el Ejército tiene un plan de acción que va a llevar a cabo, luego de que se atentó contra un miembro del Ejército”.

Se tiene comunicación constante con el general Bertoto, añadió, y están llegando más elementos para tratar de que se despresurice el tema de Valparaíso y dar con los involucrados.

Además, dio a conocer que para el día 10 o 12 de este mes se dará a conocer la estrategia general y lo que se va a consolidar de la misma.

En reunión con Almazán Bertoto se conocerá por parte del Ejecutivo cuántos elementos vendrán a fortalecer las filas del Ejército, y posteriormente se dará a conocer.

Se trata de un tema del país, y mientras no se brinden las condiciones por parte del Legislativo para dar certeza al actuar de las Fuerzas Armadas, seguirán un tanto replegadas. “Para mí ha sido un gran apoyo el Ejército y estoy seguro de que lo seguirá siendo”.

En el caso de la Marina, aseguró, está a la espera de una reunión con el titular de la misma para tocar el tema. No hay en este momento de la misma en los estados, salvo donde hay un conflicto grave, y en Zacatecas se tiene un corredor muy delicado.

En lo que corresponde al asunto de la huelga de hambre de los ex trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) que están en huelga de hambre, sostuvo que dio instrucciones a la secretaria general de Gobierno que se acercara a ellos para verificar su estado de salud.

También dio a conocer que el rector de la Máxima casa de Estudios en el estado, Antonio Guzmán Fernández, estuvo en su despacho este miércoles para dialogar. Se busca una salida para bien de la Universidad, para bien de la institución.

Se espera que la huelga de hambre se levante a la brevedad, con la participación de todos, en conjunto, y que se haga una mesa de negociación.

Por último, a unos pocos días de que se presente su primer Informe de Gobierno, comentó que tiene la voluntad de solicitar al Congreso del estado que lo reciba para comparecer y que se establezca el formato, y posteriormente hacer un documento como el que se ha hecho en la última década. Habrán de reconocerse fortalezas, logros y temas pendientes, concluyó.

Foto: Misael Camarillo / MIRADOR

Zacatecas, Zac.- El respeto irrestricto de los derechos humanos representa para la Administración Estatal, que encabeza el Gobernador Alejandro Tello Cristerna, un compromiso y obligación ineludibles, que nos permitirán la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

  Por ello, desde el inicio de la presente administración la protección y promoción de los derechos humanos ha sido una constante y se estableció como una de las principales líneas de acción en el Plan Estatal de Desarrollo.

  Como Gobierno del Estado, y de acuerdo con las obligaciones que marca la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, se privilegia por sobre todas las cosas y con los medios al alcance la protección de la vida y la integridad física de las personas y de sus bienes.

  Se procura, de la misma manera, y como una obligación de todos los servidores públicos, trabajar por el bienestar de las familias zacatecanas.

  Igualmente, la administración estatal refrenda el firme compromiso de actuar con estricto apego a la legalidad, con la finalidad de mantener una convivencia armónica.

  A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), con quien se mantiene una estrecha comunicación y una relación institucional, la administración estatal refrenda su respeto y disposición para, si lo considera oportuno, suscribir los acuerdos y convenios en materia de difusión de los derechos humanos, no solamente al interior de las dependencias, sino entre la ciudadanía.

  Respecto de la recomendación emitida en torno a la comunidad de Salaverna, Mazapil en el expediente CDHEZ/746/2016, se informa que la administración estatal, como ya lo notificó a la Comisión, atenderá con puntualidad los puntos relacionados con la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.

  Sin embargo, en los que tienen que ver con la Secretaría General de Gobierno se considera lo siguiente:

  En el expediente integrado por la CDHEZ no se acredita plenamente la identidad de la quejosa, ni de las seis personas que considera agraviadas, y a quienes solicita se indemnice y se les integre en el registro de víctimas.

  Además, tal registro es improcedente, toda vez que la Ley de Atención a Víctimas no considera el supuesto que contempla la recomendación, ya que no demuestra un interés jurídico del que pueda derivarse la afectación de otros derechos.

  Respecto de la segunda, tercera y octava observaciones, referentes al supuesto de desplazamiento forzado, afirmamos que en ningún momento el Gobierno del Estado forzó a los habitantes de Salaverna a abandonar el lugar en que residen, pues únicamente se les notificó del riesgo existente.

  Se hace especial énfasis al punto 8, porque la CDHEZ pretende que se incluya en el programa de apoyos a las más de 70 familias que desde 2012 decidieron voluntariamente cambiar su lugar de residencia, por lo que es inatendible tal recomendación.

  Aun cuando la reubicación de esas familias ocurrió en el citado año, existe constancia de que las mismas gozan de seguridad jurídica en su patrimonio y en el acceso a la salud, educación y trabajo.

  En torno al cuarto y quinto puntos, nos pronunciamos por la no aceptación, ya que en las mismas se ordena la realización de dos estudios relativos a monitoreos sísmicos y el impacto del uso de explosivos en el interior de la mina.

  Al respecto, existen dos estudios realizados en los años 2010 y 2012, mismos que sirvieron como punto de apoyo para determinar que el asentamiento humano en el poblado de Salaverna corre grave peligro.

  No obstante la no aceptación de la recomendación en los puntos referentes a la Secretaría General de Gobierno, se reitera el compromiso ineludible que este gobierno tiene para con los habitantes de la comunidad de Salaverna, en el sentido de que las familias que continúan en el lugar sean reubicadas en un sitio seguro y permanente, tal como lo establecen las disposiciones nacionales e internacionales, en donde se les garantice la salvaguarda del derecho humano primordial que es la vida.