Entrevista a Alexandra Almeida
Alexandra Almeida y el caso de las 86 familias que demandaron a Petroamazonas: “El Estado está utilizando un doble estándar: cuando es empresa transnacional una cosa, y cuando es una empresa pública, de otra manera.”
La campaña, ‘La mano sucia de Petroamazonas’, empezó en 2016. La campaña se dio cuando la Corte Constitucional falló en contra de 86 familias de la parroquia Pacayacu, en Sucumbíos, quienes demandaron a Petroamazonas por daños ambientales. ‘La mano sucia de Pacayacu’ es el resultado del esfuerzo conjunto de las 86 familias y varias organizaciones ecológicas. Según la coordinadora del área de petróleo en la ONG Acción Ecológica, Alexandra Almeida, el objetivo es exigir la remediación a la empresa y concienciar al público acerca de la situación de contaminación y pobreza extrema de la parroquia. Ella señala que “Lo mínimo que debería hacer la empresa es pedirles disculpas a los afectados”.
Para Almeida el problema es que “lo que le interesa la empresa no es limpiar bien, lo que le interesa es limpiar su imagen que ha sido muy la manchada por la campaña”. Asimismo, asegura que el principal problema de la parroquia es la falta de acceso a agua potable. Según ella, el agua de formación que se extrae junto al petróleo, ha contaminado el agua que las familias usan para cultivar, alimentar a sus animales y cocinar. Esto es los ha llevado a niveles de “indigencia, o lo que se llama pobreza extrema”.
Almeida habla sobre el estado ambiental de la parroquia, así como de la decisión de la Corte.
Usted me habla de mucha pobreza en la zona, pero Petroamazonas ha argumentado que ellos han creado muchos puestos de trabajo para los pobladores de la región.
Los campesinos que viven en esa zona, en la parroquia Pacayacu, son agricultores, o sea de tradición agrícola. Pero se han enfrentado ante el problema de que no pueden dedicarse al cultivo, a la agricultura, porque no tienen agua, no tienen agua limpia, los suelos están contaminados. Ellos dicen ‘los productos no dan. La tierra ya no da por la contaminación’. Entonces para poder subsistir lo que se han visto obligados es a pedir un puesto de trabajo en las empresas petroleras y efectivamente las empresas petroleras han decidido dar trabajo a los pobladores. Pero no pueden dar a todos los pobladores que lo necesitan; y entonces se han formados unos conflictos muy fuertes entre las comunidades por acceder a esos puestos de trabajo. Por ejemplo de la empresa va una comunidad y dice ‘aquí voy a coger dos o tres puestos’. Entonces toda la gente que vive en esa comunidad se pelea por estos puestos; y son unas peleas muy fuertes, son conflictos muy grandes que incluso hay el registro de heridos y el registro de un muerto por las peleas por los puestos de trabajo. Estos puestos de trabajo deberían, bueno en la gente propone, que sean rotativos para que todos puedan acceder. Eso la empresa no lo acepta y normalmente da trabajo a los dirigentes. Entonces ahí la pelea es por ser del dirigente para que pueda tener acceso al trabajo. Y otra cosa que la empresa está utilizando, digamos, se aprovecha esta situación, es de que da trabajo pero condiciona a que la gente no proteste, no reclamen, no denuncia las contaminaciones por el miedo a quedarse sin trabajo.
Acerca del problema de agua en la parroquia, Petroamazonas hizo un estudio en el que supuestamente encontraron que el agua que consumían las familias sólo estaba contaminada por heces fecales, y, según este estudio, ellos no encontraron ninguna prueba de que esta agua causara condiciones como la leucemia, irritaciones de la piel, entre otras. ¿Qué me puede decir de esto?
A ver, no conozco los resultados de los análisis que Petroamazonas haya hecho en la zona. Porque me gustaría saber cuáles fueron los parámetros que buscó, porque normalmente no se busca lo que se tiene que buscar. El problema de esas aguas es la contaminación con hidrocarburos, con petróleo. Entonces, no sacas nada buscando otras cosas que no sea eso. Entonces nosotros hicimos un análisis de aguas en julio de 2010. Hicimos un muestreo, digamos, en la parroquia Pacayacu, justamente en el centro, en la cabecera parroquial. Tomamos unas 23 muestras y las sacamos de los pozos de agua de donde las familias de donde se proveen para el uso doméstico. Nosotros analizamos únicamente un parámetro, un elemento, que es los hidrocarburos policíclicos aromáticos porque éste es el elemento que es más tóxico que todos los demás. Este es el elemento que causa cáncer. Esta sustancia está científicamente comprobado que es el causante de cáncer que es también la que causa las mutaciones, la que causa las malformaciones genéticas. Por eso queríamos investigar si estaba o no el agua subterránea de Pacayacu contaminado con estos tóxicos; y, sobre todo, fue después del derrame de agua de formación. Entonces al hacer los análisis de las 23 muestras que tomamos, 22 muestras salieron positivas para hidrocarburos policíclicos aromáticos- que se les denomina HAPs-. Entonces 22 muestras tenían HABs en diferentes porcentajes.
Volvamos al tema del caso, Petroamazonas apeló a la Corte Constitucional con el argumento de que no tuvo la oportunidad de defenderse, ¿por qué?
Lo que pasó fue que cuando los afectados de Pacayacu pusieron la demanda, lo hicieron por la vía administrativa; porque desde el año 2000 más o menos, según el equipo de abogados que siguió el caso, manifiestan que desde el año 2000 ya estaba claro en la normativa jurídica del país, que cuando una persona quería demandar al Estado tenía que hacerlo por vía administrativa, no por la vía civil, no por la vía verbal sumaria, sino por la vía administrativa, no ante un juez sino ante lo contencioso administrativo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? que cuando los demandantes pusieron la demanda inicialmente, como Petroecuador no estaba acostumbrado a que le llegue a una demanda de ese tipo, simplemente no contestó. En ese caso, cae en silencio administrativo; y al estar en silencio administrativo, está dando la razón a quien demanda. Entonces eso se repitió por tres veces tres veces y hay un triple fallo positivo que se llama de silencio administrativo.
Petroecuador, digamos en palabras sencillas, lo que reclama es que ‘cómo es posible que sólo por no contestar haya perdido el caso, o sea, haya aceptado el daño’. Petroecuador dijo ‘no se puede negar el daño, el daño está, sólo que la vía que usaron los demandantes no es la correcta, tenían que irse por la vía civil’.
Luego de 2 años de que estuvo en la congeladora en la Corte Constitucional, porque a este caso como era muy similar al de Texaco, que también estaba en la misma Corte Constitucional – que, de hecho, le llamaban ‘el caso de Chevron chiquito’ al caso Pacayacu – entonces como estaba así, nosotros siempre vimos que estaba relacionado y creíamos que las autoridades de la Corte Constitucional estaban como viendo cómo se actúa en uno y en el otro. Porque el uno le afectaba al otro y el otro le afectaba al uno; o sea, era una relación muy cercana. Pero de todas maneras lo sorprendente fue que en enero de 2016 sacan una sentencia afirmando efectivamente los argumentos de Petroecuador en el sentido de que no debía irse por esa vía, por la vía administrativa, sino por la vía verbal sumaria, que es la vía civil, y que eso es así. Pero lo que no se está tomando en cuenta es que el Ecuador para defenderse de los arbitrajes internacionales que la misma Chevron le había puesto dice que en el Ecuador las normas jurídicas están muy claras y que, en el caso de que sea el acusado el Estado, tiene que irse por la vía contencioso administrativa. Eso dice el Estado ecuatoriano en su defensa y lo contrario completamente dice la Corte Constitucional en el caso de Pacayacu. Entonces ahí es en donde vendría la acusación o la denuncia de que el Estado está utilizando un doble estándar: cuando es empresa transnacional una cosa, y cuando es una empresa pública, de otra manera; y eso, obviamente, es una infracción completa, una violación de los derechos completamente.
