#nacho coronel

Este articulo fue redactado por personas anonimas y enviado a traves de un correo que recibieron nuestros editores, no se sabe el paradero de las personas que redactaron este articulo, pero al parecer ya se a difundido por correo electronico a diferentes personas, esperemos y les guste.

Por: Anonimo

Cuando se ponen juntas todas las fichas de información disponibles, la irracionalidad de la violencia criminal que sacude a México adquiere una lógica. Esa lógica tiene un nombre: Arturo Beltrán Leyva. Esta es su historia.

La guerra comenzó un lunes. El 21 de enero de 2008. A bordo de vehículos Hummer, y con fuerte artillería pesada, más de 300 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del ejército mexicano, GAFE, se posicionaron en los alrededores de una residencia ubicada en la colonia Burócratas, de Culiacán. Según la Secretaría de la Defensa, una llamada anónima había indicado que el menor de los hermanos Beltrán, Alfredo, alias El Mochomo, esperaba en ese domicilio un cargamento de dinero destinado a solventar compromisos pendientes con sus socios colombianos. Según la declaración de un narcotraficante conocido como El 19 —que se integró al programa de testigos protegidos bajo la clave “Jennifer”, (PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008)—, el ejército había obtenido la ubicación de El Mochomo a través de un militar que logró infiltrarse en su círculo cercano, y al que se conocía como El Chamaco. “El Chamaco logró llamar al GAFE para informar sobre la ubicación y las condiciones de baja seguridad”, relató “Jennifer”.

Los militares tuvieron que posponer el operativo durante 10 horas, porque detectaron a unos hombres en la azotea de la casa. Cerca de la madrugada, el portón se abrió. Salió una camioneta BMW de color blanco, con cuatro hombres a bordo. Los soldados de elite les cerraron el paso. Los tripulantes se entregaron sin hacer un solo tiro. Dentro de la casa había 900 mil dólares, 11 relojes finos, un AK-47 y ocho armas cortas. Un corrido informó al día siguiente: “El Mochomo era el hombre de confianza / que el cártel necesitaba / pero el 21 de enero su carrera le cortaban”.  La noticia de la detención de Alfredo Beltrán Leyva, uno de los cabecillas del cártel del Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, fue presentada como el golpe más importante realizado hasta entonces por el gobierno en la guerra contra el narco que Felipe Calderón había decretado. En la Procuraduría General de la República, y concretamente en la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, provocó un terremoto. La célula dirigida por los hermanos Héctor, Alfredo y Arturo Beltrán Leyva había vulnerado las estructuras más altas de esa institución, a través de pagos mensuales de entre 150 y 450 mil dólares, según demostró luego la llamada Operación Limpieza: funcionarios del mayor nivel de la SIEDO realizaban detenciones, cateos y filtraciones, en beneficio del cártel.    Aquel día varios servidores públicos se paseaban nerviosos. Habían recibido informes de que El Mochomo iba a ser detenido, pero “en la SIEDO nada podían hacer para evitarlo”. Esperaban que los operadores de Arturo Beltrán los llamaran a cuentas.   Fueron llamados ese mismo día. Uno de los principales lugartenientes del grupo, Sergio Villarreal, El Grande, se reunió con el director de Inteligencia de la SIEDO, Fernando Rivera, así como con los comandantes Milton Cilia y Roberto García. Según la declaración que Rivera rindió poco después en calidad de testigo protegido, bajo la clave “Moisés”, El Grande les dijo que Arturo Beltrán Leyva estaba encabronado: “Quería saber a quién iba a matar. Todos recibían dinero de él y nadie le avisó de la detención de su hermano”.        Los funcionarios le explicaron que no habían trabajado ese asunto, “que era un asunto del GAFE, del alto mando de la Sedena”. El Grande exigió la lista de los militares que habían tomado parte en el operativo, así como los “informes originales” de la detención. El director Rivera se comprometió a obtenerlos. No sólo eso: de acuerdo con la declaración de “Jennifer”, antes de las dos de la tarde había entregado los reportes militares, el nombre del infiltrado que había proporcionado la información a los GAFES, las copias completas de las declaraciones que El Mochomo había rendido ante la SIEDO… y un croquis que señalaba el sitio exacto en donde el capo se hallaba recluido. Rivera informó que “de las 11 de la noche en adelante ya no iban a estar presentes las fuerzas especiales del ejército, y que sólo quedarían custodiando el inmueble 11 agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI”. Le dijo a El Grande que “con la entrega de un millón de pesos para los AFIS, así como de tres millones que serían entregados a Fernando Rivera y su gente, se lograría neutralizar al conjunto de guardia y permitir que una camioneta blindada rompiera la reja de acceso a la SIEDO”. El Grande —relata la averiguación previa SIEDO/UET/6668/2008—, calculaba reunir a unas 150 personas para realizar el asalto. Sin embargo, al sopesar los riesgos, decidió cancelar la operación. Alfredo Beltrán Leyva fue recluido en el penal de Puente Grande. La captura de El Mochomo provocó una escisión en el cártel de Sinaloa. Existe la versión de que El Chapo negoció la captura del menor de los Beltrán, a cambio de la liberación de su hijo, Archibaldo Guzmán, alias El Chapito, quien se hallaba recluido en el penal del Altiplano desde 2005: a sólo tres meses de la caída de El Mochomo, El Chapito fue liberado. Otra versión señala que Arturo Beltrán se entrevistó con El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada para pedirles que le ayudaran a rescatar a su hermano. Los jefes del cártel le pidieron tiempo, pero en una segunda reunión le explicaron que “no había condiciones” para efectuar el rescate. El Mochomo debía ser “sacrificado”. Se cree que en el narcotráfico las alianzas de sangre son indestructibles. El Mochomo estaba casado con una prima de El Chapo. Arturo Beltrán, sin embargo, salió de aquella reunión con la idea de que la alianza se había roto. A partir de ahora iba a cobrar muerte por muerte, detención por detención. El Chapo y El Mayo lo supieron. Quisieron adelantarse. A fines de abril de 2008, el mismo mes en que El Chapito fue liberado, ocurrió una balacera en la colonia Guadalupe, de Culiacán. Una casa, en la que presuntamente se encontraba uno de los hijos de Arturo Beltrán, fue atacada por elementos de la Policía Federal, apoyados por policías locales. Murieron cinco escoltas y dos agentes ministeriales. Arturo Beltrán acusó a los federales de servir de brazo armado a los intereses de El Chapo y ordenó a su gente asesinar policías donde los encontraran. Hizo colocar narcomantas en las que podía leerse: “Policías, soldados, para que les quede claro, El Mochomo sigue pesando. Atte. Arturo Beltrán Leyva”. Y también: “Soldaditos de plomo, federales de paja, aquí el territorio es de Arturo Beltrán”. Un día después de la balacera en la colonia Guadalupe, cuatro agentes de la Policía Federal Preventiva, PFP, murieron acribillados cuando patrullaban el centro de Culiacán. En Imala, dos policías municipales fueron ejecutados. A lo largo de la ciudad se verificaron ataques contra policías locales. La PFP concentró 800 agentes en la plaza de Sinaloa. De ese modo terminó abril, el mes en que se soltaron los demonios y comenzó el enfrentamiento que a lo largo de 2008 dejó en la entidad un saldo de mil 156 ejecuciones. La infiltración El 7 de mayo de 2008 un retén de la Policía Federal fue instalado en el kilómetro 95 de la Autopista del Sol. La PFP acababa de recibir una información filtrada por El Mayo Zambada: un convoy en el que viajaba Arturo Beltrán cruzaría en cualquier momento por aquel sitio. El encargado de coordinar la captura fue el director regional de la PFP, Édgar Eusebio Millán. El dato proporcionado por los Zambada resultó bueno: cinco vehículos sospechosos salieron del Hotel Motel Rosales, en donde Arturo Beltrán acababa de tener una reunión. Los agentes les marcaron el alto. Los integrantes del convoy respondieron a tiros. Inició una persecución que terminó en Xoxocotla, con varios autos destrozados, la captura de nueve sicarios y dos agentes federales muertos. La camioneta en que viajaba Arturo Beltrán logró evadir el cerco: uno de sus escoltas impactó una patrulla para abrir paso a su jefe. El Mayo Zambada, sin embargo, había contemplado esa posibilidad. Los datos que filtró a la PFP indicaban los domicilios del estado de Morelos en los que Beltrán Leyva podría refugiarse. El inspector de operaciones Édgar Enrique Bayardo, el funcionario que había recibido la filtración —y operaba como contacto de El Mayo al interior de la PFP—, se comunicó con el jefe antidrogas de la corporación, Gerardo Garay, y le dijo: “Tenemos ubicados varios domicilios aquí en Morelos. Estamos concentrados y listos para entrar”. El jefe antidrogas lo detuvo en seco: “Paren todo. Regresen de inmediato a la ciudad de México”. Cinco meses antes, a través de una supuesta intercepción telefónica, el director de Combate a la Delincuencia Organizada de la PFP, Roberto Velasco, había ubicado a Beltrán en una mansión de la calle Escarcha, en el Pedregal de San Ángel. Velasco le comunicó al jefe antidrogas: “La gente está colocada en puntos estratégicos”. Pidió luz verde para poner en marcha la detención. Pero Garay se negó a dar la orden: “Aguanten. Vamos a esperarnos para más adelante”. De acuerdo con la declaración ministerial de un testigo protegido, el agente de la División Antidrogas, Fidel Hernández (PGR/SIEDO/UEIDCS/359/2008), las indicaciones de Garay fueron criticadas por su subalterno: “Pero jefe, tengo evidencia de que Arturo Beltrán se encuentra aquí”. Garay, sin embargo, insistió: “Desmonten el servicio”. Édgar Millán, el hombre que había dado caza a Arturo Beltrán en el camino a Xoxocotla, fue ejecutado horas después de la persecución, cuando llegaba a casa de sus padres en un edificio ubicado en la calle de Camelia, en la colonia Guerrero. Aunque sólo un puñado de personas tenía acceso a sus itinerarios, una filtración surgida de las mismas filas de la PFP, a través del agente José Antonio Montes Garfias, puso en manos de Beltrán la ubicación del sitio al que el jefe policiaco iba a dirigirse. La orden fue fulminante: Millán debía ser eliminado. El agente Montes Garfias abrió el casillero del funcionario y sustrajo las llaves de la casa donde vivían los padres de éste. Entregó un duplicado —así como 40 mil pesos y 75 gramos de cocaína— a un gatillero de baja monta, Alejandro Ramírez Báez, quien integró un comando formado por cinco personas. Los sicarios aguardaron a Millán en el garaje del edificio. Habían apagado las luces. Cuando el jefe policiaco cruzó el portón, le metieron 11 tiros. (El sicario Ramírez Báez fue sometido por los escoltas de Millán. De ese modo se desanudaron los hilos de la trama.) Una semana antes, Roberto Velasco, el hombre que tendió el cerco de la calle Escarcha, había sido asesinado en una calle de la colonia Irrigación. La verdadera venganza de Arturo Beltrán llegó, sin embargo, 24 horas después de la balacera en Xoxocotla. Sucedió del otro lado del país, el 8 de mayo de 2008, la noche en que cinco camionetas rodearon a Édgar Guzmán, otro de los hijos de El Chapo, en el estacionamiento del City Club, un centro comercial de Culiacán, Sinaloa. En la ejecución se dispararon 500 tiros y se accionó un lanzagranadas. Las ráfagas destrozaron paredes, vidrios y vehículos. Además del hijo de El Chapo, fueron abatidos un sobrino del narcotraficante, César Loera, así como el hijo de una lavadora de dinero a la que la DEA había bautizado como La Emperatriz. En Culiacán se desató la psicosis. Los medios locales no se animaron a dar la noticia. Sólo lo hicieron dos días después, atribuyendo la información a diarios y agencias informativas de la ciudad de México. La sangre del hijo de El Chapo seguía húmeda en el suelo, escribe un testigo, cuando corrió la versión de que el jefe del cártel de Sinaloa había jurado borrar de la faz de la tierra a los Beltrán: de la célula que dirigían no iba a quedar piedra sobre piedra. En menos de un mes, sin embargo, El Chapo asimiló dos nuevos golpes. Filtraciones de los servicios de inteligencia de los Beltrán ocasionaron la detención de uno de sus primos, Alfonso Gutiérrez, tras una cruenta balacera en una colonia de Culiacán, y de un sobrino, Isaí Martínez, en las inmediaciones de un fraccionamiento de esa ciudad. El asesinato del hijo de El Chapo formaba parte de la misma embestida que provocó la muerte de los jefes policiacos Millán y Velasco. Millán, el comandante acribillado en casa de sus padres, había sido el “cerebro” del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en las operaciones antinarco. Su muerte ocasionó un cambio en la estructura de mando de la PFP. Genaro García Luna colocó en su lugar, con el cargo de Comisionado, a un viejo amigo y compañero del Cisen, con el que había colaborado estrechamente a su paso por la AFI: Gerardo Garay, el jefe antidrogas que en dos ocasiones había congelado los operativos de captura de Beltrán Leyva. Garay duró sólo unos meses en el puesto. El 15 de octubre de 2008, una nueva filtración del grupo de El Mayo, colocada en manos de su contacto, el inspector Édgar Enrique Bayardo, movilizó a la Policía Federal. En una lujosa residencia del Desierto de los Leones, en la que había un zoológico privado con panteras, tigres siberianos y leones, iba a celebrarse una narcofiesta a la que asistiría Mauricio Harold Poveda, el principal socio colombiano de Arturo Beltrán. En la declaración que rindió cuando se descubrió que El Mayo Zambada le pagaba hasta 500 mil dólares por cada enemigo detenido, el inspector Bayardo relató la forma en que se llevó a cabo el operativo. El comisionado Garay dejó escapar a Harold Poveda, pero detuvo al resto de los invitados. Luego, alineó a 30 prostitutas contra la pared, seleccionó a cuatro, ordenó prender la caldera del jacuzzi, pidió cocaína para las muchachas, invitó a uno de sus subalternos a “darse un baño” y cerró la puerta de la sala. “¡Ahora sí comenzó la fiesta!”, dijo. Antes de sumergirse en ella, el comisionado hizo que sus agentes obtuvieran los domicilios de los colombianos detenidos y fueran a revolverlos en busca de dinero. El narcotraficante Mauricio Fino, El Gaviota, se ofreció a entregar 500 mil dólares que, dijo, tenía guardados en su departamento. Bayardo fue el encargado de ir a recoger el dinero. Volvió a la casa con las fajillas metidas en dos bolsas que tenían estampada la figura de Winnie Pooh. Según la declaración PGR/SIEDO/359/2008, cuando Garay salió del jacuzzi, desvelado y con aliento alcohólico, oyó ladrar a un bull dog que, estimaron los agentes, “valía también un chingo de dinero”. El funcionario de la PFP solicitó: “Pónganmelo para llevar”. No existen datos sobre la forma en que Arturo Beltrán Leyva registró el golpe asestado por El Mayo a sus socios colombianos. Pero cinco días después de la narcofiesta, en la partida de ajedrez que las filtraciones de ambos bandos desataban, una llamada anónima llegó a la PGR. “En el domicilio ubicado en la calle Wilfredo Massieu número 430, colonia Lindavista, hay varias personas armadas y son narcotraficantes. Es gente de El Mayo Zambada y si van los pueden detener”. A la una la tarde del 20 de octubre, la SIEDO rodeó la casa y comprobó que en su interior se hallaban pertrechados el hermano menor de El Mayo, Jesús El Rey Zambada, y un hijo de éste, Jesús Zambada Reyes.

El Rey Zambada comprendió de inmediato que no tenía salida. “Me voy a rifar”, dijo. Sus gatilleros abrieron fuego contra los agentes. Mientras las balas estallaban, El Rey marcó insistentemente al Unefón de su contacto, el inspector Bayardo. Quería que “su ahijado”, como le decía, le enviara refuerzos. “Nos estamos agarrando a chingadazos”, le dijo. “Voy, padrino, voy”, contestó el inspector. Pero no alcanzó a llegar. Ni a ese domicilio, ni a ninguna parte. El número telefónico al que El Rey había marcado y las declaraciones que luego rindió Jesús Zambada Reyes, pusieron fin a la carrera de Bayardo. El inspector fue detenido cinco días más tarde y se acogió al programa de testigos protegidos. Sus declaraciones implicaron en la venta de protección al narcotráfico a los mandos principales de la Secretaría de Seguridad Pública, así como al círculo cercano al secretario García Luna. Entre otros funcionarios cayeron el comisionado Gerardo Garay, el jefe de Operaciones Especiales, Francisco Navarro, y el director de Análisis Táctico, Jorge Cruz. Como había ocurrido con la SIEDO, eran narcotraficantes los que filtraban informes y ordenaban capturas. Eran narcotraficantes los que tenían mando pleno al interior de la PFP. El comisionado Garay fue acusado de servir a dos amos: al cártel de los Beltrán y al grupo de El Mayo Zambada. Un juez le decretó formal prisión en octubre de 2008. Antes de ser asesinado un año más tarde en un Starbucks de la ciudad de México, el inspector Bayardo reveló las bases del acuerdo: recibir filtraciones, practicar intervenciones telefónicas, permitir que los operadores de los cárteles interrogaran a los enemigos capturados y, luego, presentar las detenciones “como logros de la PFP”. El megacártel En 1997, el ex chofer del general José Gutiérrez Rebollo, Juan Galván Lara, mencionó por primera vez en un expediente a los hermanos Beltrán Leyva (PGR/UEDO/226/97). Eran oriundos de Badiraguato, Sinaloa, y formaban parte “de las 11 gentes” que trabajaban de cerca con El Señor de los Cielos, Amado Carrillo. Según el chofer, controlaban la plaza de Mazatlán. Alguna vez, El Señor de los Cielos se había molestado con ellos porque estaban introduciendo droga sin su consentimiento: “Son chingaderas… se va a trabajar cuando yo lo ordene”. A la muerte de Amado Carrillo, un reporte de la DEA señaló que el cártel de Juárez se había reacomodado alrededor de Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, Ismael Zambada García, El Mayo, Juan José Esparragosa Moreno, El Azul, y Marcos Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. Arturo Beltrán era primo lejano de El Chapo, según el testigo protegido clave “Julio”. Fue Beltrán quien introdujo a su pariente en el negocio de la cocaína. En 1993, cuando El Chapo fue recluido en Almoloya, y más tarde enviado a Puente Grande, los Beltrán quedaron a cargo de su estructura. Le enviaban dinero al penal para que pudiera pasar la reclusión con lujo —comida, mariachis, prostitutas— y lo apoyaron financieramente en los costosos preparativos de su fuga. Tras la fuga de Puente Grande, en 2001, El Chapo organizó una cumbre de narcotraficantes en Cuernavaca. Asistieron unos 25 jefes. El Chapo tenía los mejores contactos. Relaciones que le aseguraban no ser molestado. Ante los 25 jefes trazó el futuro: unir a Ismael El Mayo Zambada, Ignacio Coronel, Juan José Esparragosa Moreno, Vicente Carrillo Fuentes y Arturo Beltrán Leyva en una Federación que controlara las plazas del país, le arrebatara Nuevo León y Tamaulipas al cártel del Golfo, y golpeara a los hermanos Arellano Félix, sus enemigos históricos, hasta despojarlos de Tijuana. (Una versión indica que fue el propio Chapo quien filtró la información que permitió la captura de Benjamín Arellano Félix.) Al frente de la guerra que la Federación iba a desatar en Nuevo León quedó Arturo Beltrán Leyva. Durante el tiempo que El Chapo permaneció en prisión, los Beltrán habían logrado conformar una de las células más sólidas del cártel. No sólo conocían a fondo la operación del grupo: “habían sido su corazón”. A pesar de que alguna vez el testigo “Julio” consideró a Arturo Beltrán como un hombre ostentoso, El Barbas había mantenido un perfil discreto. Faltaba tiempo para que su nombre abandonara las fojas de los expedientes y se instalara en las primeras planas de los diarios. El alfil de Arturo Beltrán en la batalla por Nuevo León y Tamaulipas fue un pistolero texano que se había fogueado en la frontera neolonesa: Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, uno de los peores asesinos en la historia reciente del crimen organizado. Beltrán y La Barbie armaron un grupo de sicarios conocido como Los Pelones y los enviaron a disputar la plaza. Quedaba claro que iba a tratarse de una carnicería. El círculo de seguridad del líder del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, estaba formado por ex militares de elite y otros desertores del ejército. Los violentos Zetas. Para abrir camino a la incursión de Los Pelones, Beltrán y La Barbie reclutaron policías y agentes ministeriales destacados en la entidad. Un comisionado de la PFP, José Luis Figueroa, reveló que ambos narcotraficantes le habían ofrecido al director del Centro de Mando de la AFI, Domingo González Díaz, cuatro millones de dólares. El trato: capturar a Osiel Cárdenas Guillén y cambiar al comandante de la AFI por una persona que ellos le señalarían. Un subalterno de González Díaz, Francisco Garza Palacios, recibió un millón de dólares a cambio de brindar protección oficial a las actividades del grupo. Los operadores de El Chapo se asociaron también con el empresario Jaime Valdez, antiguo agente policiaco, a quien contrataron como reclutador. (La relación con Valdez terminó mal: Arturo Beltrán lo acusó de haber robado 450 kilos de coca y ordenó su ejecución: Valdez fue emboscado. Recibió 10 disparos de AK-47. Aunque logró salvar la vida, quedó parapléjico.) Al mismo tiempo, comenzó el combate en las calles. Balaceras, torturas, levantones, desapariciones, se verificaron diariamente en la entidad. En 2003 la batalla por el corredor del Golfo cobró un nuevo giro. Osiel Cárdenas fue aprehendido por el ejército en un operativo espectacular. Parecía que la captura fortalecería a los miembros de la Federación y el trasiego de drogas quedaría en manos de un solo grupo. Pero no fue así: tras la caída de Osiel, Los Zetas se independizaron, y un grupo de sicarios menos preparado, y mucho más violento, tomó las riendas del cártel del Golfo.

En agosto de ese año el bando sinaloense enfrentó a sus rivales en una de las calles céntricas de Nuevo Laredo. El enfrentamiento duró más de una hora. En el lugar se percutieron más de 700 casquillos. 200 policías municipales fueron suspendidos y llevados a investigación. La primera avanzada sinaloense había fracasado. Unos meses más tarde, la Federación se desgajó. Los capos que la integraban consideraron que Vicente Carrillo, El Viceroy, jefe del cártel de Juárez, aportaba poco al grupo y en cambio le exigía mucho. La gota que derramó el vaso fue una disputa por derechos de piso en la que Rodolfo Carrillo, El Niño de Oro, hermano menor de El Viceroy, ejecutó personalmente a dos operadores de El Chapo que habían movido droga sin su consentimiento. Todo podía tener arreglo antes del sábado 11 de septiembre de 2004. Pero El Chapo no estuvo dispuesto a perdonar. Pidió a sus socios la cabeza de El Niño de Oro. Aquel sábado 11 de septiembre Rodolfo Carrillo y su esposa, Giovanna Quevedo, llegaron a las cuatro de la tarde a un Cinépolis de Culiacán. Iban escoltados por el comandante de la Policía Ministerial, Pedro Pérez López, que había sobrevivido a dos ataques de los Arellano Félix. Cuando la función terminó, la pareja salió al estacionamiento. El Niño de Oro iba a abordar su auto cuando un comando lo rafagueó desde varios frentes. La policía recogió del piso 500 cartuchos. El comandante Pérez López repelió la agresión. Fue herido, aunque logró pedir ayuda por radio. En cosa de minutos, elementos de todas las corporaciones rodeaban el estacionamiento y se lanzaban en persecución de los gatilleros. Los tiros tronaron en las calles. Cinco sicarios fueron abatidos. La Federación se hizo añicos: el 6 de octubre de ese año llegó el mensaje de respuesta de Vicente Carrillo. Miguel Ángel Beltrán Lugo, El Ceja Güera, miembro connotado del cártel de Sinaloa, fue ultimado a tiros en el penal de Almoloya. Dos meses después, un hermano menor de El Chapo, Arturo El Pollo Guzmán, fue ejecutado en el área de locutorios del mismo penal. Las armas que cobraron la vida de ambos narcotraficantes habían escapado a todos los controles. Los Tres Caballeros A principios de 2005 un reportero sonorense, Alfredo Jiménez Mota, reveló en el periódico El Imparcial las operaciones de un grupo de narcotraficantes conocidos como Los Tres Caballeros: Arturo, Alfredo y Héctor Beltrán. Según la investigación, controlaban el tráfico de drogas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, y se hallaban vinculados, a través de compadrazgos y otros lazos familiares, con la banda más poderosa de Sonora, que comandaba Raúl Enríquez Parra, El Nueve. El brazo operativo de Los Tres Caballeros estaba integrado por dos grupos delictivos, Los Güeros y Los Números. Los narcotraficantes habían heredado la estructura de un viejo amo de la región, Héctor El Güero Palma Salazar. Su presencia en la entidad databa de 1998. Disponían de pistas de aterrizaje (una de ellas se llamaba “Fumigaciones Guzmán”), así como de una flotilla de avionetas con las que sobrevolaban la entidad entre las 12 de la noche y las cuatro de la mañana. Recibían apoyo institucional “de los tres niveles de gobierno”. La información del reportero Jiménez Mota procedía de un documento clasificado por la Secretaría de Gobernación que llevaba por título: “Los Tres Caballeros. Narcotráfico”. El documento señalaba que los Beltrán visitaban por separado la entidad, se alojaban en propiedades a nombre de terceras personas y eran protegidos en sus traslados por un ex comandante de la policía municipal de Cajeme, Carlos Sánchez, quien pertenecía “al primer círculo del director general de la Policía Judicial del estado, Roberto Tapia Chan”. Los cargamentos de los Beltrán eran escoltados por patrullas de la judicial a lo largo de brechas y terracerías. En varias ocasiones habían logrado huir, a bordo de sus avionetas, de los operativos montados por el ejército. Jiménez Mota desapareció en abril de 2005, poco tiempo después de publicar su reportaje. Acababa de decirle a una amiga que iba a entrevistarse con una de sus fuentes, “a la que había notado muy nerviosa”. Su cuerpo nunca fue encontrado. Sus superiores sabían que preparaba una serie de trabajos que involucraban a gente cercana al gobernador Eduardo Bours en la venta de protección a los Beltrán. A la desaparición del reportero le siguió la muerte del narcotraficante Raúl Enríquez Parra, El Nueve. Lo hallaron en un predio, envuelto en una cobija. Sus verdugos lo habían torturado a rabiar. Luego arrojaron su cadáver desde una avioneta. Según la declaración del teniente de la Policía Municipal Jesús Francisco Ayala, las muertes del reportero y el narcotraficante estaban conectadas. El periodista de El Imparcial, dijo el teniente, esperaba una grabación telefónica que ubicaba a Ricardo Bours, ex alcalde de Cajeme y hermano del gobernador del estado, como contacto institucional de los Beltrán Leyva en Sonora. El oficial señaló al procurador del estado, Abel Murrieta, al jefe de la Policía Estatal, Roberto Tapia Chan, al director de la policía de Navojoa, Luis Gastélum, como autores intelectuales del secuestro. El levantón habría sido realizado por órdenes de este último. Un grupo de policías municipales detuvo al reportero y lo entregó a Los Números (el grupo de Raúl Enríquez Parra). Según el testigo, la grabación que Jiménez Mota estaba aguardando contenía una charla entre el jefe de la Policía Estatal y el narcotraficante Raúl Enríquez Parra, en la que el hermano del gobernador era mencionado como protector de las mafias que operaban en la entidad. Jesús Francisco Ayala había sido, durante dos años, chofer de Luis Gastélum. Había presenciado reuniones entre su jefe y El Nueve, en las que se determinó la muerte de diversos personajes. Un día sintió que sabía demasiadas cosas. Que Gastélum no iba a tardar en ir por él. “Había sido testigo de muchos de los encuentros donde se daban órdenes de eliminar gente”, le dijo al reportero Ricardo Ravelo. Decidió integrarse al programa de testigos protegidos. El gobernador Eduardo Bours calificó de dolosa la versión que señalaba a su hermano. “No es posible que se le dé importancia y se señalen culpables”, dijo. Cuando Joaquín López Dóriga dio a conocer el testimonio de dos mujeres secuestradas que habían escuchado una conversación telefónica entre sus plagiarios y el jefe de la policía, Roberto Tapia Chan, el infierno se desató. En sucesivas incursiones federales se incautaron ranchos y casas en los que, además de armas, autos y joyas, aparecieron leones y tigres. Una versión señala que Raúl Enríquez Parra fue acusado por los Beltrán de “calentar” la plaza y ordenaron su ejecución. En términos formales, el gran debut de Los Tres Caballeros en la prensa ocurrió un mes después del asesinato del reportero de El Imparcial. Jiménez Mota se había quedado corto. Además de extender sus tentáculos en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, los hermanos Beltrán dominaban 11 estados de la República. El arranque del sexenio de Vicente Fox había significado su época dorada. Operaban en Guerrero, Morelos, Chiapas, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y el Distrito Federal. Su poder tocaba incluso “la casa número uno de México”: habían logrado extender su poder a Los Pinos, a través de un oscuro personaje que coordinaba las giras presidenciales: Nahum Acosta Lugo. El contacto en Los Pinos En febrero de 2005 la DEA registró una conversación telefónica entre Nahum Acosta y Arturo Beltrán Leyva. Acosta, un personaje de medio pelo en el PAN sonorense, había fungido como delegado del Instituto Nacional de Migración y se había visto envuelto en un escándalo de corrupción a resultas del cual el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa. En 2001, sin embargo, el panista Manuel Espino lo recomendó como director de área en la coordinación de giras presidenciales. Cuando la DEA puso en manos de las autoridades mexicanas una grabación telefónica en la que Nahum alternaba créditos con Arturo Beltrán, el procurador Rafael Macedo de la Concha abrió una investigación que no tardó en ser filtrada a la prensa. Por esos días la PGR atendió una denuncia anónima que indicaba que en Cerrada de la Loma 17, en el fraccionamiento La Herradura, Estado de México, se había detectado un movimiento de personas armadas, así como la presencia de los hermanos Arturo y Héctor Beltrán. Los archivos de la SIEDO revelaron que aquel domicilio se hallaba engarzado con la detención de un narcotraficante en cuya agenda había aparecido el número de teléfono 52 94 41 11. Aquel número había sido asignado a la casa ubicada en Cerrada de la Loma 17. El contrato estaba a nombre de Clara Laborín, la esposa de Héctor Beltrán Leyva.

Las autoridades solicitaron una orden y catearon el domicilio. Los Beltrán se habían esfumado. Pero la policía encontró dos millones de pesos en joyas y varias camionetas BMW, entre otros vehículos blindados. Halló también una tarjeta de presentación a nombre de Nahum Acosta, una agenda telefónica en la que este funcionario aparecía bajo la leyenda “Presidencia”, y cinco audiocasetes en los que Héctor Beltrán había grabado diversas conversaciones con sus lugartenientes. En una de las cintas, Beltrán le pedía a cierto operador que entregara cinco mil dólares a Nahum. En otras grabaciones, Nahum Acosta se mostraba parlanchín y hablaba con Beltrán de sus actividades, las giras presidenciales, los lugares que había visitado y las enfermedades de sus hijos. Un día le contó que acababa de sobrevolar su casa en helicóptero; otro, lo urgió a que terminara cuanto antes “el negocio de Acapulco”. El guardia de seguridad que cuidaba el fraccionamiento relató que los habitantes de la casa parecían muy ricos, que continuamente había entradas y salidas de hombres armados, y que hacía poco había ido de visita “alguien de la presidencia de la República, de apellido Nahum”, quien se había presentado como “del Estado Mayor Presidencial”. Nahum Acosta fue acusado de filtrar información gubernamental de primer nivel al crimen organizado. Según el procurador Macedo de la Concha, las pruebas en su contra eran “serias y contundentes”. Se había comprobado que recibió los cinco mil dólares enviados por el capo. Por si faltara algo más, el número de Beltrán aparecía registrado en su celular. Acosta se defendió diciendo que desconocía las actividades delictivas de Héctor Beltrán, y que sólo había visitado la casa de éste con intención de rentarla. El subprocurador, José Luis Santiago Vasconcelos, respondió: “Yo creo que ninguno de los servidores públicos que estamos actualmente desempeñándonos pudiera tener capacidad económica para rentar una de estas casas, con seis niveles y esta riqueza”. El sueldo de Nahum era de 79 mil pesos. El escándalo colocó a los Beltrán en un rango de visibilidad que no habían tenido nunca. Paradójicamente, según Santiago Vasconcelos, sirvió para boicotear la investigación. A pesar de las pruebas “serias y contundentes” del procurador Macedo, un juez liberó 60 días después a Acosta “por falta de elementos para procesar”. Tiempo después, el PRD lo lanzaría como candidato a la alcaldía de Agua Prieta. Según el presidente de ese partido, Jesús Ortega, Nahum Acosta era inocente. “Esa es la verdad legal”, dijo. El narcovideo En 2005 el brazo operativo del cártel de Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva, tenía frentes de batalla abiertos en todo el país. Embestía en el corredor del Golfo a Tony Tormenta, hermano de Osiel Cárdenas Guillén. Enfrentaba en Tijuana a los Arellano Félix. Disputaba en Chihuahua cada centímetro de territorio al cártel comandado por Vicente Carrillo y Nacho Coronel. Tenía el control absoluto de Sinaloa, Sonora, Coahuila y Durango. Su asociación con La Familia le había abierto, desde Michoacán, la ruta del Pacífico. En los pliegues del estado de Guerrero, los Beltrán habían fincado uno de sus principales centros de operación. A cambio de un millón de dólares compraron los favores del subdirector operativo de la Policía Ministerial, Julio López Soto. “Trabajaban sin problemas”, señaló el chofer de este jefe policiaco. Según se demostró después, controlaban también a los principales mandos de la AFI destacados en la zona. Su ala ejecutora, Los Pelones, conformada por 350 pistoleros, muchos de ellos reclutados en la Mara Salvatrucha, se movía con libertad por el estado, ostentando armas de grueso calibre. Una mañana, el subdirector al que compraron los Beltrán fue levantado por Los Zetas. Tony Tormenta había enviado a 120 de ellos a disputar la plaza, con un mensaje de su lugarteniente, Gregorio Saucedo, El Caramuela: “Que les iba a rajar la madre a todos los pelones y a todos los que tomaron parte en la repartición del millón de dólares que le dieron a Julio, el subdirector, y que reciban un saludo del señor Goyo Sauceda”. El lugarteniente de Arturo Beltrán, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, tomó nota del mensaje y decidió devolver el saludo. Lo hizo con la ejecución prime time de uno de Los Zetas que llegaban de avanzada al territorio. En mayo de 2005, tres ex militares procedentes de Nuevo Laredo fueron ubicados en Zihuatanejo por La Barbie. Un comando de hombres vestidos de negro, en cuyos uniformes aparecían las siglas de la AFI, los levantó. No les tomó mucho confesar que pertenecían al cártel del Golfo. Confesaron también que en la bahía de Acapulco los aguardaba uno de sus cómplices. El Zeta que los esperaba en Acapulco iba a ser la estrella principal de un narcovideo que estremeció al país. Se llamaba Juan Miguel Vizcarra y había llegado a la bahía simulando pasar, en compañía de su novia, unas vacaciones. Vizcarra le había confesado a su pareja sus verdaderas intenciones: “Lo que hago es llevarme personas, y estamos aquí en Acapulco buscando gente del otro cártel; estamos buscando a unos tipos que entraron a nuestro territorio y asesinaron a miembros de la familia Zeta. Mi misión es llevarme a los responsables”. Agregó: “Estamos en la boca del lobo, ya que si nos atrapa la policía, no nos llevarán a las autoridades, sino con los jefes de la organización”. El 15 de mayo, el Zeta recibió dos llamadas. Al colgar la primera vez, dijo: “Atraparon a esos idiotas en Zihuatanejo”. Al colgar la segunda: “Estamos jodidos, ya atraparon a dos de mi destacamento… cuando atrapan a uno los atrapan a todos”.

Así fue. Vizcarra y su novia intentaron salir del hotel para volver a su estado. En la puerta los esperaban varios hombres con siglas de la AFI. Esa madrugada —relata el semanario Proceso— el cártel del Golfo intentó comunicarse a la oficina del procurador general de la República. No hubo éxito. Dejaron un mensaje: “Los comandantes de las plazas de Acapulco y Zihuatanejo, el día de ayer, detuvieron a cinco Zetas, los cuales fueron entregados a gente de Arturo Beltrán… si éstos no son puestos a disposición en un término de 48 horas, desataremos una guerra contra estas dos plazas, no importando si hay agentes nuevos o viejos, incluso le levantaremos a la prensa nacional al titular de la AFI”. Pero Los Zetas no fueron puestos a disposición: se los entregaron a La Barbie. A la novia de Vizcarra la dejaron ir. Ese mismo día los miembros del destacamento fueron videograbados, con el rostro desfigurado a golpes, mientras respondían mansamente a los cuestionamientos lanzados por un interlocutor invisible. Hacia el final de la grabación, ese interlocutor, La Barbie, se acercó a Vizcarra con una pistola en la mano y le descerrajó un tiro en la sien: “¿Y tú qué, güey?”. El narcovideo desató una investigación federal, puesta en marcha por el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, en la que resultaron involucrados un subcomandante de la AFI, un jefe regional y una decena de agentes. Los indiciados formaban parte del círculo de confianza del entonces director de la AFI, Genaro García Luna. Desató también una serie de ejecuciones en serie. En poco tiempo fueron asesinados un jefe de seguridad del Ayuntamiento y un teniente de corbeta que se había infiltrado entre Los Pelones. En julio de 2005 el ex procurador de Justicia, José Robles Catalán, fue tiroteado mientras desayunaba en el restaurante La Perla. En los tres meses siguientes se registró la desaparición de 27 tamaulipecos. A cuatro de ellos los enterraron vivos. Balaceras y persecuciones se volvieron moneda corriente en las calles del puerto: en enero de 2006, Zetas y Pelones se enfrascaron en una refriega que duró 30 minutos. Una tarde apareció un hombre descuartizado. Sus miembros habían sido repartidos en cinco bolsas de plástico. Junto a él, una cartulina: “Ahí está tu gente, aunque te proteja la afi, soldados y otras corporaciones, sigues tú Edgar Valdez Villarrreal (barbie), Arturo Beltrán Leyva, y tú, Lupillo, sigue riéndote que te voy a encontrar. Atentamente, La Sombra”. El atentado La investigación abierta por el subprocurador general de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, a raíz de la difusión del narcovideo de Acapulco, provocó que los operadores de Arturo Beltrán movieran sus piezas dentro de la SIEDO “para calmar las cosas”. Pero Vasconcelos seguía siendo una piedra en el zapato de Beltrán. Era él, precisamente, el que había llevado la indagatoria que reveló sus nexos con Los Pinos. Era él quien había manejado el caso del reportero Jiménez Mota, desatando la operación que cubrió de llamas el estado de Sonora. Con el cambio de administración Santiago Vasconcelos había dejado la Subprocuraduría, para pasar al área jurídica y de asuntos internacionales de la PGR. El hombre que luego de 14 años en el combate a las drogas conocía como nadie las entrañas del narcotráfico en México quedó bajo la protección de un puñado de escoltas. Arturo Beltrán decidió que había llegado la hora de ajustarle las cuentas. El 17 de diciembre de 2007 varias camionetas de lujo, una de ellas con placas de Estados Unidos, se instalaron en una calle del sur de la ciudad. Los encargados de un negocio de hamburguesas describieron a los individuos que las tripulaban como “hombres con facha de guardaespaldas”. Varias motos con antenas y equipos de comunicación se acercaron a ellos. De pronto, el grupo se desplazó hacia Fuentes del Pedregal. Tenía la misión de reconocer el terreno, la ruta que Santiago Vasconcelos cubría diariamente para llegar a su casa. El plan se frustró de manera fortuita. Esa madrugada, alertadas por la presencia sospechosa de las camionetas, 15 patrullas de la policía capitalina acordonaron la zona. Cinco sujetos fueron aprehendidos. No se detuvo, sin embargo, la operación. Desertores del ejército habían desarrollado el plan y recomendado las armas necesarias para penetrar el alto blindaje de que estaba dotado el auto del ex subprocurador. Los Beltrán sabían que Santiago Vasconcelos llegaba a su casa a las 12 de la noche. Para evitar que ocurriera lo de la vez anterior, un nuevo comando abordó tres camionetas viejas, una de ellas modelo 1971. El plan consistía en cerrar el paso al convoy del funcionario, formado por cuatro autos, y accionar un lanzagranadas contra su vehículo. El resto del grupo bajaría entonces de las camionetas, vomitando fuego. José Luis Santiago Vasconcelos no fue detectado por los pistoleros. Había decidido tomar, a partir de aquel día, unas vacaciones. El nerviosismo de uno de los sicarios llamó la atención de una patrulla, que se acercó para checar el vehículo. Adentro había tres hombres con armas largas y chalecos con las siglas FEDA (Fuerzas Especiales de Arturo). Vasconcelos fue enterado de los planes de los Beltrán esa misma noche. El encargado de comunicarle la detención de los sicarios fue su sucesor en el cargo, Noé Ramírez Mandujano, que un año más tarde quedaría formalmente preso bajo cargos de cohecho y delincuencia organizada, acusado de recibir pagos de 450 mil dólares a cambio de poner a la SIEDO bajo las órdenes de los Beltrán. La conexión Morelos 22 de octubre de 2008. A las puertas de la Procuraduría de Justicia del estado de Morelos, tres vehículos aguardan la salida del subprocurador, Andrés Dimitriades Juárez. La orden es ejecutarlo. Dentro de las unidades hay 12 hombres, cada uno con un arma larga. El jefe del grupo es un agente de la Policía Metropolitana llamado Esteban Royaceli. Le dicen El Royal. Uno de los participantes en la ejecución —un agente apodado El Negro— relató más tarde: “De la Procuraduría nos iban a avisar cuando saliera el subprocurador Dimitriades, y como a las 10 de la noche nos avisaron que salió en un coche blanco, con dos escoltas. Se inició la persecución por la avenida Zapata”. Dimitriades advirtió que lo iban siguiendo. Con el acelerador a fondo, tomó la carretera México-Cuernavaca, con dirección a Acapulco. Comenzaron a dispararle desde un Megane. Declaró El Negro: “Le pegaron un tiro al chofer y se estrelló contra una barda y allí fue cuando todos comenzaron a dispararle a Dimitriades”. El mes anterior habían sido asesinados el director de la policía de Jiutepec, Jorge Alberto Vargas, y su chofer. El comando dirigido por Esteban Royaceli les dio el “cerrón” cuando salían de la casa del funcionario. Subieron a ambos a una camioneta y los llevaron a una casa de seguridad. “Se le reclamó que si ya había arreglo, por qué no lo había respetado”, contó El Negro.

El jefe policiaco acababa de poner a disposición de Dimitriades a un grupo de pistoleros de los Beltrán, a los que había aprehendido en posesión de varias armas de fuego. El hecho de faltar al “arreglo” le valió ser torturado por dos horas, antes de que Royaceli se decidiera a asesinarlo. Su chofer fue ahorcado con un lazo. El Royal le cortó el dedo índice de la mano derecha, y se lo metió en la boca, enrollado en un billete de 20 dólares. Los dos cuerpos fueron abandonados en el camino a Temixco. Según la investigación PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009, las ejecuciones habían sido ordenadas por Alberto Pineda Villa, El Borrado, uno de los principales operadores de Arturo Beltrán Leyva en la entidad. La pesquisa reveló que El Borrado y su hermano, Mario Pineda Villa, El MP, habían creado un ejército de gatilleros integrado por asesinos reclutados en las calles y cooptados en las policías locales. Pero eso no se supo hasta tiempo después, cuando Royaceli y El Negro fueron detenidos en el Estado de México en momentos en los que conducían un cargamento de armas. De momento, la ejecución de Dimitriades creó un clima de histeria en la entidad. El secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca, fue criticado por no haber actuado para detener a los asesinos: en el 066 se habían recibido más de ocho llamadas reportando la balacera. Cuando la prensa le preguntó si existían datos de la presencia de los hermanos Beltrán en la zona, Cabeza de Vaca respondió: “En caso de existir la presencia del narcotráfico en el estado, la propia PGR realizará las investigaciones necesarias”. Cabeza de Vaca pasaba por alto el reciente asesinato del director operativo de la Policía Ministerial, Víctor Enrique Payán. Lo habían encontrado en la cajuela de su auto, con tiro de gracia, lastimaduras en el cuello y un mensaje que rezaba: “Así les va a pasar a todos los que anden con Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada e Ignacio Nacho Coronel”. La noche del 5 de mayo de 2009 no quedó duda, en todo caso, de la penetración del narcotráfico en el estado. Una indagación de la Policía Federal culminó en una residencia ubicada a menos de 100 metros de la casa de gobierno del mandatario estatal, Marco Antonio Adame. En esa casa se verificaba una fiesta. Alguien había llevado un cerdo. Los invitados hacían carnitas. Elementos del grupo Indio recibieron la orden de entrar. Dos helicópteros iluminaron la fachada. Dos camiones de asalto blindados se detuvieron frente al portón. Los federales no hallaron al hombre que buscaban, Alberto Pineda Villa, El Borrado, pero detuvieron a sus tíos, y también a los padres de éste. Tenían 73 y 59 años, respectivamente. Tenían, también, seis armas largas y siete cortas. La abogada Raquenel Villanueva fue contratada para defenderlos (sería masacrada en Nuevo León el 9 de agosto de 2009). En los días que siguieron, aparecieron 10 narcomantas dirigidas a Felipe Calderón, con amenazas para Genaro García Luna. Una de ellas decía: “Felipe Calderón estamos conscientes de nuestros actos, pero en total desacuerdo en que involucren a padres, hermanos y demás familiares; es una regla mundial que ha existido en todos los tiempos (la familia se respeta)”. Las declaraciones que rindieron El Negro y El Royal tras su aprehensión en el Estado de México provocaron la captura del comandante de la Policía Ministerial, Salvador Pintado, con 11 gramos de cocaína encima y armamento de uso reservado para el ejército. Lo habían señalado como encargado de negociar con el gobierno de Adame un conjunto de puestos clave para la organización Beltrán. La detención de los padres de El Borrado, la captura de Pintado y las declaraciones de los asesinos del subprocurador Dimitriades, formaron un coctel altamente explosivo. El primero en sufrir los efectos fue el secretario de Seguridad Pública del estado, Luis Ángel Cabeza de Vaca (el mismo que dudaba de la existencia del narcotráfico en Morelos). El Negro y El Royal lo señalaron como protector del cártel de los Beltrán. Cuando fue detenido por el ejército, su esposa publicó un desplegado en el que afirmaba que el funcionario “únicamente recibió órdenes” del gobernador Adame. Un juez le decretó formal prisión por el delito de colaboración en delincuencia organizada. El segundo en caer fue el secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Francisco Sánchez González. El tercero, el procurador de Justicia del estado, Francisco Coronado. La ola expansiva corrió incontenible. El 10 de mayo, militares detuvieron en Yautepec a 34 policías municipales, así como al secretario de Seguridad Pública local. Dentro de la estructura de los Beltrán, El Borrado tenía la tarea de recibir información filtrada por la SIEDO. Un agente de la AFI, Francisco Javier Jiménez, El Pinocho, era el contacto que lo enlazaba con el coordinador técnico de esa corporación, Miguel Colorado González (otro de los funcionarios detenidos durante la Operación Limpieza). Según la averiguación 0241/2008, El Borrado también fue responsable de “enganchar” al subprocurador Noé Ramírez Mandujano, hoy sujeto a proceso en Nayarit. El nivel de El Borrado en el cártel era semejante al de Sergio Villarreal, El Grande. La detención de sus padres lo puso fuera de sí. Información manejada por Proceso señala que en octubre de 2008 el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue interceptado en la carretera de Tepoztlán por un número indeterminado de pistoleros que viajaban en vehículos blindados. Según el semanario, García Luna habría recibido el siguiente mensaje: “Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado”. La DEA circuló la versión de que El Borrado, desesperado por la prisión de sus padres, le pidió a Arturo Beltrán Leyva la ejecución del secretario García Luna. No hay reporte de la respuesta de Beltrán, pero sí indicios de que inició su propia “operación limpieza” dentro del cártel, a fin de pacificar el estado. El 12 de septiembre de 2009 el cadáver de Mario Pineda Villa, El MP, hermano de El Borrado, fue hallado en la Autopista del Sol, a la altura de Huitzilac, con una manta que decía: “Así terminan los traidores y los secuestradores. Aquí está El MP”. Firmaba: “El Jefe de Jefes”. Días después, el cuerpo del propio Borrado apareció calcinado dentro de un auto en Jantetelco. En poco más de un mes se registraron 25 ejecuciones. Todas ellas acompañadas con mantas, cartulinas, mensajes: “Esto les pasa a los secuestradores, le pido a toda la ciudadanía no lo tomen a mal, es por el bien de todos, atentamente El Jefe de Jefes”.