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Mesa Social de Caracas: Padrino López debe explicar por qué las FFAA obstaculizaron la Constitución el 5E

Caracas 08/01/20. (PS).- El coordinador general de la Mesa Social de Caracas, Benito Urrea, deploró que miembros del Ejército venezolano tuvieran como objetivo principal el pasado domingo 5 de enero impedir que la mayoría democrática accediera al Salón de sesiones de la Asamblea Nacional a propósito de la instalación de la nueva directiva en el Parlamento nacional. “Pedimos al Ministro de la defensa, Padrino López, una explicación del por qué de esa actuación de nuestro ejército que está obligado a hacer cumplir la Constitución, pero contrariamente se dedicó a obstaculizarla”.

Condenó la realización de dos actos de instalación en lo que, por una parte se decía que se contaban con la presencia de más de ochenta parlamentarios mientras que en el otro acto se dijo que se encontraban presentes cien diputados. “Estas cuentas no cuadran y eso tiene que ser aclarado de inmediato”.

Manifestó su preocupación por la actuación en estos hechos de un grupo de ex parlamentarios oficialistas, quienes se incorporaron a la Asamblea Nacional a finales del año pasado sin tener derecho a ello, según el acuerdo que hizo la Mesa de diálogo nacional de partidos minoritarios que se encuentra en conversaciones con el gobierno nacional, subrayando que ellos “perdieron su investidura por haber aceptado cargos ministeriales, así como también haber sido postulados a la Asamblea nacional constituyente, con lo que, tal como lo señala el texto constitucional, ya no tienen la condición de parlamentarios”.

A su juicio, lo ocurrido el pasado domingo “fue una maniobra de estos diputados que se aliaron con otro grupo de parlamentarios que están siendo investigados por hechos de corrupción en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, relacionados con las cajas del Clap” y que en su opinión tuvo como resultado la elección de “una directiva en franca violación de todas las normas del Reglamento de interior y debate del Poder Legislativo”.

Urrea reconoció el talante de tolerancia del Parlamento venezolano al aceptar la incorporación de los ex parlamentarios oficialistas en aquel momento, por la prioridad que existe en la búsqueda del nombramiento de un Consejo Nacional Electoral, CNE “razonable, creíble, satisfactorio para todos y que permitiera la realización de unas elecciones limpias”.

Agregó que lo ocurrido el pasado domingo repercutió en el mundo entero, provocando el rechazo de Europa, El grupo de Lima, Estados Unidos; Naciones Unidas “y de países que se suponían identificados con Maduro y su gobierno como México, Uruguay y Argentina”.

Hizo un llamado de alerta a la unidad de todos los sectores políticos venezolanos que promueven la democracia, señalando además que la Mesa Social de Caracas actúa bajo la línea programática de “defensa a todo trance de los valores de la democracia”, concluyó.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

Aseguran que consulta a comunas en Miranda fue una “fechoría de Lesa Constitución”

Caracas 11/12/19. (PS).- El coordinador general de la Mesa Social de Caracas, Benito Urrea, calificó como una “patraña” la consulta pública hecha por el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez el pasado 1 de diciembre acerca de que si las comunas estarían de acuerdo con la distribución del dinero que proviene de las multas resultantes de la Ley de convivencia ciudadana, aprobada en ese estado en 2017. “¿Quién no va a querer que le entreguen recursos para hacer obras en la comunidad? Es, como preguntarle a un muerto si quiere misa”, sentenció

Para el dirigente social, se trató de una “farsa” organizada por el gobernador Rodríguez con la complicidad del Consejo Nacional Electoral y FundaComunal “para cometer una fechoría de Lesa Constitución que busca repartir los recursos de esos fondos, entre los activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes para esta ocasión se disfrazaron de comunas”.

En su opinión, el gobernador de Miranda “pretende legitimar un hecho absolutamente irregular e inaceptable para las comunidades, organizado por un CNE completamente desprestigiado en unas elecciones en las que quedó evidenciado que el pueblo se negó a participar en su gran mayoría”.

Por otra parte, acusó a FundaComunal de ser el órgano encargado de “fusilar” a aquellos consejos comunales en donde han ganado los sectores democráticos “al no permitir su legalización por estar opuestos al Plan de la Patria y no querer convertir esta instancia de participación ciudadana en un instrumento para la construcción del Socialismo del Siglo XXI”.

Denunció que la gran mayoría de los consejos comunales que conforman las comunas consultadas en el estado Miranda, tienen sus periodos vencidos, algo que vendría a sumarse como una irregularidad más por parte de FundaComunal que prefiere “no legitimar a nuevos integrantes, con tal de no perder espacios de adeptos ideológicos”, asegurando además que desde hace varios años han prohibido las elecciones de consejos comunales luego que el Gobierno se percatara de que empezaran a perder las elecciones frente a los sectores democráticos.

Agregó que desde la Mesa Social de Caracas pudieron constatar que muchos consejos comunales se encuentran constituidos por personas ajenas a las comunidades que dicen representar, así como al ámbito territorial al que pertenecen y luego “para colmo, son estas instancias las encargadas de organizar las comunas”.

Advirtió que la creación de una Comuna pasa por la elaboración de una Carta constitutiva que debe ser discutida por los vecinos y posteriormente sometida a un referendo en el que deben participar por lo menos el 15 por ciento de la población residente en el territorio de la Comuna mayores de 15 años. “En este país nadie sabe donde se discutieron esas famosas cartas comunales porque todo es producto de una maniobra interna del PSUV, lo que significa que muchos de nosotros vivimos bajo el techo de una Comuna que ni siquiera sabemos que existe”, finalizó.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

Instan a Defensoría del pueblo declarar inconstitucional Decreto 3.990 sobre censo de viviendas

Caracas 27/11/19. (PS).- Representantes de la Mesa Social de Caracas acudieron ante la sede de la Defensoría del pueblo a fin de solicitar que esa instancia defienda los derechos de los venezolanos frente a la realización del Censo de viviendas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. “Vinimos a presentar una queja y a solicitar justicia porque consideramos que en ese censo se violan normas internacionales, nacionales, constitucionales, institucionales y se hace fuera de toda ética política”.

Benito Urrea, coordinador general de la Mesa Social de Caracas explicó que el acto de empadronamiento que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular de Planificación es un “proyecto político dirigido a localizar viviendas que están desocupadas, a controlar políticamente a las personas y a comprarles su conciencia mediante los bonos que otorga el Estado” lo que a su juicio, constituiría un mecanismo dirigido a “promover un gran fraude electoral en las próximas elecciones parlamentarias en 2020”.

Advirtió que existen otras acciones que en paralelo buscarían también objetivo del control absoluto de la población, como es el caso de la consulta que se realizará el próximo 1 de diciembre en el estado Miranda con el fin de ver si se aprueba la transferencia de competencias por la aplicación de las multas contempladas en la Ley de Convivencia para la Paz y Seguridad Ciudadana a las comunas de ese estado, calificándolo como un hecho irregular debido a que el sistema de comunas no existe en la Constitución.

“Se trata de llevarnos al proyecto del Estado comunal por parte del PSUV y sus partidos aliados, quienes buscan establecer un Estado dentro del Estado, al pretender desplazar el Estado democrático y social, de derecho y de justicia junto al sufragio universal, directo y secreto establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, enfatizó.

Por su parte, Javier Simancas, abogado de la Mesa Social de Caracas señaló que consideran inconstitucional el decreto 3.990 que establece la realización del censo a través del Poder Popular, así como tampoco cuenta con el aval de la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 54, numeral 5 de la Ley de la función pública de estadística y la Ley de Cartografía. “Le exigimos a la Defensoría del pueblo que restituya la situación jurídica infringida y evite un mal mayor a la ciudadanía, por lo que hoy pedimos la inconstitucionalidad de ese decreto”.

Invitó a la población a asistir a la Defensoría del pueblo y adherirse a esta petición que busca “evitar que se apropien ilegalmente de las viviendas y que utilicen este censo para otros fines alejados de lo que deben ser las políticas públicas”, concluyó.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

Mesa social de Caracas anunció apoyo a marcha convocada por Juan Guaidó este #16N

Caracas 14/11/19. (PS).- Benito Urrea, coordinador general de la Mesa Social de Caracas, anunció su total apoyo a la marcha anunciada para este sábado 16 de noviembre convocada por el Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó. “Vamos a acompañar todas las luchas que lleve adelante el pueblo venezolano para salir de esta crisis cuya salida debe ser por la vía democrática, constitucional, pacífica y electoral”.

Explicó que la principal motivación que desde el movimiento que representa, tienen para salir a las calles este sábado es la de protestar para “rechazar de forma contundente la realización de un censo de viviendas en apariencia, por una maquinaria política partidista que trabaja por un solo objetivo: perpetuarse en el poder a como dé lugar”.

Advirtió que de acuerdo a las investigaciones que han realizado desde la Mesa Social de Caracas, pueden asegurar que el Poder Popular, grupo al que el Gobierno nacional le asignó la responsabilidad de levantar este censo, tiene como meta “ubicar casas desocupadas en la zonas de clase media”, así como también “localizar donde están votando los electores de las comunidades para tener un mayor control de los centros electorales” y además, “captar personas con dificultades económicas para ofrecerles bonos y créditos como un claro método de chantaje”.

En su opinión, la ubicación de estas viviendas buscaría generar cambios drásticos en la composición de las votaciones de los circuitos electorales, en especial, donde el oficialismo pierde frente a los factores democráticos. “Nadie en ese Poder Popular ha desmentido lo que hemos sospechado y denunciado las organizaciones sociales sobre el por qué se pretende ubicar esas casas con tanto afán”.

Recordó que este tipo de acciones están enmarcadas dentro del Plan de la Patria, documento que subrayó, “marca la ruta para construir la sociedad socialista a través de un Estado comunal que es ilegal, inconstitucional e inmoral”, precisando que para su logro, “primero crearon, un sistema hiperinflacionario, de destrucción de la propiedad privada y de los medios de producción como si fueran políticas públicas, con el objeto de generar una crisis de pobreza en Venezuela para tener pobres y poder chantajearlos de la forma más descarada posible”.

“Acabar con más de cuatrocientas mil empresas generadoras de empleo en Venezuela ha traído como consecuencia una brutal escasez, pérdida de puestos de trabajo y el desmoronamiento de la calidad de vida que ha dado un golpe mortal a la familia que ha tenido que ver emigrar a sus hijos sobrinos y nietos con lo que han comprometido gravemente el futuro de la nación”, enfatizó.

El dirigente social anunció que en los próximos días acudirán a la sede de la Defensoría del pueblo con el fin de denunciar el decreto 3.990 relacionado con el censo nacional de viviendas, al considerar que su realización viola la Constitución, las leyes y las normas institucionales que están establecidas para la realización del censo tal como ocurre a nivel mundial. “Esto no es otra cosa que una operación política que está realizando el partido Somos Venezuela, fundado por Nicolás Maduro con el propósito de convertir su minoría insignificante en una aparente mayoría altamente cuestionada”.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

Mesa social de Caracas: Censo de viviendas buscaría distorsionar elecciones parlamentarias 2020

Caracas 30/10/19. (PS).- Benito Urrea, coordinador general de la Mesa Social de Caracas, denunció que las preguntas que están realizando en el llamado Censo de viviendas a nivel nacional, nada tienen que ver con lo anunciado por el ministro del Poder Popular de Planificación Ricardo Menéndez. “Aparte de preguntar sobre quién es el jefe de la vivienda, si tiene el carnet de la patria, la billetera móvil y si recibe el clap, quieren averiguar donde votan, ¿Qué tiene que ver todo eso con un censo de viviendas?”.

Estimó que Gobierno nacional no ha dicho todo en torno a lo planteado con el censo de viviendas. “El propósito general que se busca con este censo tiene un objetivo muy distinto al anunciado” alertando además que la sociedad venezolana “está siendo confundida por el Poder Popular y por el partido Nosotros Venezuela para producir un inmenso fraude, que solo pretende convertir la minoría que representa el gobierno en una mayoría altamente cuestionable, para distorsionar el resultado de las elecciones parlamentarias correspondientes a 2020”.

Enfatizó que desde la Mesa Social de Caracas condenan que la participación y representación de la sociedad civil en este presunto empadronamiento inmobiliario fuese reducido a representantes del denominado Poder Popular. “¿Quién es el Poder Popular? Los consejos comunales, las Unidades de batalla Hugo Chávez, mejor conocidas como Ubch, coordinadores del Clap y el partido oficialista Somos Venezuela”.

El dirigente social también rechazó las recientes declaraciones hechas por el ministro del Poder Popular de planificación, Ricardo Menéndez cuando aseguró que este censo está en concordancia con los lineamientos del Plan de la patria. “Cuando uno lee la primera línea del Plan de la patria éste dice que está dirigido a construir la sociedad socialista, algo en lo que evidentemente la mayoría de los venezolanos no estamos de acuerdo”.

Precisó que en el artículo 2 del Plan de la patria, los consejos comunales son definidos como el instrumento para construir la sociedad socialista. En su artículo 3 dice que son la base sociopolítica de la sociedad socialista y además, en el artículo 4 dice que es el modelo de propiedad social el que regirá en esa sociedad asegurando que, en otras disposiciones, “establecen que los únicos consejos comunales que tienen el derecho a quedar registrados, son aquellos cuyos voceros hayan sido postulados por los partidos del Polo Patriótico y electos por las comunidades”.

Agregó, “Cuando se eligen consejos comunales democráticos se les niega el registro, quedando inexistentes, “Entonces, ¿Qué es lo que está pasando aquí?”, se preguntó.

Hizo un llamado a la población a activarse en cada comunidad en la defensa de los espacios comunes de los vecinos y por el respeto a la propiedad privada. “Lo que Maduro y quienes lo acompañan están haciendo no es un censo de viviendas sino un censo político para perpetuarse en el poder, algo que debemos tener muy claro todos en Venezuela”.

Por su parte, Javier Simancas, abogado de la Mesa Social de Caracas anunció que intentarán una acción de inconstitucionalidad del decreto así como la solicitud de un derecho de palabra en la Asamblea Nacional a fin de exponer “la grave situación de indefensión de los ciudadanos por la violación flagrante a las leyes y a la Constitución”.

Señaló que el Censo de viviendas viola leyes fundamentales de cómo éste debe realizarse, entre ellas la Ley de la función pública de la estadística, así como también la Ley de geografía, cartografía y catastro de Venezuela “El artículo 156 numeral 18 de la Constitución establece que el Censo debe ser manejado por los cinco poderes, coordinado por el Ministerio de planificación y aprobado por la Asamblea Nacional, algo que no está ocurriendo en este momento”, concluyó.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad