Posicionamiento del Comisionado @joelsas sobre Acción de Inconstitucionalidad vs. #LeyTelecom
La decisión que tomaremos es transcendental. El voto que emitamos revelará la concepción que cada uno de los comisionados que integramos este Pleno tiene sobre el ejercicio cabal de las facultades que recientemente le fueron conferidas a este Instituto por el Legislativo.
La reciente reforma al artículo 6to constitucional dotó a este Instituto de autonomía y nuevas facultades para garantizarle a la ciudadanía el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Ambos derechos fundamentales son indispensables para mejorar la calidad de nuestra incipiente democracia.
A casi tres meses de haber asumido nuestras funciones como órgano autónomo, la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa el primer desafío para el IFAI: nos plantea una labor distinta a la que habitualmente realizamos en el ejercicio de nuestras funciones y nos permite ejercer a plenitud las nuevas atribuciones que el Poder Legislativo nos ha conferido, es decir, la capacidad de controvertir una ley que potencialmente puede afectar los derechos que este Instituto tutela.
Como ya se ha dicho, entre estas facultades recientemente conferidas al Instituto destaca la capacidad de interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, para controlar que nuevas leyes no contradigan o menoscaben los derechos individuales que este Instituto debe garantizar.
Esta facultad le fue conferida a este órgano garante en los artículos 6 y 105 de nuestra Carta Magna. En estos términos, el Nuevo IFAI tiene la facultad de impugnar leyes de carácter federal que potencialmente vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Mi voto es en el sentido de presentar esta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del proyecto sometido a la consideración de este Pleno, en razón de que los artículos 30, párrafo quinto, 189 y 190, fracciones I, II y III de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión podrían interpretarse como restrictivos de derechos fundamentales.
Concretamente, podrían resultar en la violación de los derechos a la protección de datos personales, a la vida privada, al derecho a la información pública y a la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Compañeros comisionados, si bien estamos facultados como cuerpo colegiado para presentar conceptos de inconstitucionalidad, parto de la idea de que la técnica constitucional será afinada por los ministros de la Corte. Dejémoslos hacer su trabajo; demos muestra de que este órgano garante confía en la máxima autoridad jurisdiccional del país.
A continuación me permito exponer algunos aspectos que parecen impugnables y lo hago únicamente a título indicativo:
En términos generales, los artículos controvertidos en la Ley generan afectaciones a derechos fundamentales contenidos en varios artículos constitucionales[1] al no atender a los criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad establecidos en diversos criterios de la Corte y organismos de jurisdicción internacional en materia de Derechos Humanos.
De forma particular, el punto más sensible es que esta ley no establece mecanismos de control respecto de la actuación del ministerio público, por ende, se deja al arbitrio de esta autoridad administrativa tanto la ejecución de la ley como su propio control, quebrantando quizá el principio de separación de poderes sobre el que está cimentado nuestro sistema constitucional.
Este Instituto como parte de un sistema constitucional reformado, donde se le ha dado la responsabilidad, las atribuciones y capacidad para velar por dos derechos fundamentales, no puede renunciar a ser el medio entre la población y el Poder Judicial para pedir al máximo tribunal de la nación el análisis de fondo sobre esta posible contradicción entre lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Carta Magna.
En este sentido, el IFAI nunca se ha negado a cumplir con esta vocación, incluso en momentos cuando no tenía atribuciones plenas para ello. Cabe recordar la controversia constitucional 76/2010 promovida contra la CNDH por el acuerdo de conciliación que puso fin a la queja (CNDH/2/2010/1825/Q) sobre cancelación de los créditos fiscales en 2007 por el SAT.
Por esta razón, integrantes de este Pleno, los invito a reflexionar sobre la manera en que la reciente reforma constitucional en materia de transparencia hizo renacer al IFAI como la institución responsable de encabezar la nueva forma de gobernanza en México, capaz de generar efectos positivos en el desempeño de las instituciones públicas y fomentar los espacios de diálogo y colaboración con una sociedad cada vez más informada y servidores públicos más sensibles en todos los ámbitos públicos del país.
Como ya lo hemos mencionado en este Pleno, es de vital importancia renovar el vínculo de confianza entre la ciudadanía y las instituciones del Estado mexicano. Al ejercer a plenitud nuestras atribuciones mediante la interposición de la acción de inconstitucionalidad tenemos la posibilidad de fortalecer este vínculo cumpliendo con nuestro mandato.
No hacerlo, es obstruir uno de los principales medios con los que cuenta la ciudadanía para defender sus garantías. Es neutralizar los contrapesos con los que cuenta el Estado mexicano y negarse a cumplir un mandato fundamental conferido al Nuevo IFAI.
Italo Calvino afirmaba que un clásico “es un texto que nunca termina de decir lo que tiene que decir”.
Cito in extenso a James Madison en el clásico artículo 51 de El Federalista:
“¿Qué es el gobierno en sí sino el más grande de los reflejos de la naturaleza humana? Si los hombres fueran ángeles no se necesitaría ningún gobierno. Si a los ángeles les correspondiera gobernar a los hombres, no serían necesarios controles externos ni internos sobre el gobierno. Al diseñar un gobierno que debe ser administrado por hombres sobre otros hombres, la gran dificultad se encuentra en esto: primero se debe capacitar al gobierno para que controle a los gobernados, y, a continuación, se le debe obligar a controlarse a sí mismo. El depender del pueblo es, sin duda, el control primario sobre el gobierno, pero la experiencia le ha enseñado a la humanidad la necesidad de precauciones auxiliares.”
El IFAI es una de estas precauciones auxiliares. De acuerdo con el espíritu plasmado por el Legislativo en la reciente reforma al artículo 6to constitucional, este Instituto debe fungir como un contrapeso a los otros poderes e instituciones del Estado Mexicano, insisto, en dos temas fundamentales para fortalecer la incipiente democracia de nuestro país.
La resolución que tomemos el día de hoy sobre la acción de inconstitucionalidad, mostrará la eficacia de este contrapeso y nuestra disposición para abonar al fortalecimiento democrático.
Sabemos que la democracia es una casa de muchas puertas y el IFAI es el umbral de una ellas en al menos dos sentidos. Por un lado, como facilitador del diálogo y la interacción entre la ciudadanía y las instituciones públicas bajo los parámetros establecidos en el artículo 6to constitucional. Por el otro, este Instituto establece el parámetro crítico sobre el respeto al derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en cada una de las leyes en México.
Somos el espacio de deliberación que permite una forma de interacción entre gobierno y población, entre Estado y sociedad civil; tenemos el privilegio de dialogar con ambos. Nuestra democracia está en construcción y hoy los comisionados del Nuevo IFAI decidiremos la aportación que haremos al arreglo democrático que queremos para el Estado mexicano: nos mantendremos como umbral o cerraremos esta puerta al diálogo.
La nación exige que seamos conscientes de la responsabilidad que implica mantener y preservar los derechos y libertades propios de una democracia y, por ello, no podemos dar marcha atrás o claudicar en nuestro deber. Éste es el reto que debemos aceptar: acelerar desde la sociedad el proceso de evolución de nuestras instituciones, alcanzar la madurez colaborativa y desafiar los roles tradicionales imperantes en el ejercicio del poder.
[1] Arts. CPEUM: 1; 6, Apartado A, fracciones I y II; 16, párrafos primero y segundo y 20, apartado B.
