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Apurímac: Absuelven a 11 de Cotabambas tras protestas en Las Bambas

Once ciudadanos de Cotabambas, Apurímac, fueron absueltos tras ser procesados por protestar contra el proyecto minero Las Bambas en 2015. El abogado Cesar Quispe Calsín confirmó esta noticia que revoca una sentencia anterior, marcando un precedente importante contra la criminalización de la protesta social en el país. Esta decisión judicial resuena a nivel nacional, destacando la importancia de proteger el derecho a la manifestación ciudadana.

Según el abogado Quispe Calsín, estos ciudadanos ejercieron su derecho constitucional a la protesta al cuestionar el estudio de impacto ambiental del proyecto minero. Aunque en primera instancia fueron sentenciados por delitos como daño agravado y disturbios, la defensa legal apeló demostrando la falta de pruebas sólidas en su contra. La fiscalía no pudo comprobar que los manifestantes ejercieran un poder organizado.

Quispe Calsín destacó que este fallo sienta un precedente clave contra la criminalización de la protesta, una práctica que ha sido común en el país. Insistió en que existen normas de mayor rango que protegen el derecho fundamental a manifestarse y que no se puede considerar ilegal que los ciudadanos expresen su desacuerdo, siempre y cuando no incurran en actos violentos.

El abogado aclaró que la situación es diferente cuando se causan desmanes o actos violentos, en cuyo caso los responsables deben ser sancionados. Sin embargo, en el caso de Cotabambas, los ciudadanos solo ejercieron su derecho a expresar su opinión y fueron incluidos en la denuncia por ser dirigentes comunitarios.

Tras 10 años de un proceso que consideran injusto, estos 11 ciudadanos tienen ahora la posibilidad de demandar al Estado, según afirmó el letrado. Han sufrido hostigamiento y un perjuicio psicológico considerable debido a un aparato estatal que actuó a favor de intereses particulares. Esta demanda podría sentar un nuevo precedente en la defensa de los derechos ciudadanos.

Quispe Calsín también mencionó que la empresa minera Las Bambas podría ser objeto de una demanda. Afirmó que algunas empresas en el Perú retuercen las leyes para conseguir fallos a su favor y que la reciente resolución judicial ha demostrado que la sentencia anterior fue ilegal. Los ciudadanos tienen derecho a buscar justicia tanto en la vía penal como civil.

Desde una perspectiva política, Quispe Calsín considera que las comunidades deben empoderarse y conocer sus derechos constitucionales y los tratados internacionales. Frente al abuso del Estado o a actuaciones ilegales de empresas, es necesario responder con firmeza. Subrayó que es hora de que se respeten los derechos de los ciudadanos y se sancione a quienes los vulneran.

Para el abogado, esta absolución debe ser una respuesta jurídica y social contundente. Las comunidades y regiones del país deben hacer valer sus derechos y es fundamental que se sancione a quienes han atacado y denigrado los derechos de los ciudadanos en casos como este. Esta victoria legal refuerza la importancia de la movilización y la defensa de los derechos fundamentales.

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