“Con la documentación obrante en el expediente no resulta posible determinar si se ha producido perjuicio económico para Acuamed”. Es una de las conclusiones de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente de Hacienda, después de analizar durante meses las obras bajo sospecha de corrupción del ‘caso Acuamed’.
Así lo refleja la IGAE en los informes que ha realizado sobre nueve obras -que sirvieron supuestamente para que la ex cúpula de Acuamed cobrara sobornos a cambio de pagar sobre precios a las adjudicatarias- y que ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga esta supuesta trama.
A petición de la fiscalía, la IGAE ha realizado esos informes desde febrero de 2016 y con los datos facilitados por la UCO. Estos datos sirvieron al primer juez del caso, Eloy Velasco, para meter en prisión preventiva durante meses a varios de los implicados, ahora en libertad a la espera de que finalice la instrucción.
Tras el análisis de la IGAE, este organismo concluye que “con la documentación obrante en el expediente no resulta posible determinar si se ha producido perjuicio económico para Acuamed”. Así se refleja en los informes enviados al magistrado Castellón, los últimos tres el pasado 12 de marzo.
La IGAE añade que “el perjuicio económico dependerá de que se justifiquen debidamente las divergencias entre la obra ejecutada y el proyecto con su modificado y su complementario aprobados, lo que no resulta de la documentación facilitada“.
Estos informes ponen de manifiesto que, tres años después de iniciado el caso, no existe un informe de un organismo que fije si realmente se pagó de más por esas obras o si los sobreprecios abonados estaban justificados técnicamente.
Como publicó este diario el sábado, Medio Ambiente no ha realizado esos cálculos, según reconoció al juez. Y ahora tampoco lo ha hecho la IGAE, que ha advertido de que carece de los conocimientos técnicos para hacerlo. Por eso, la Fiscalía ha pedido ahora que dos peritos evalúen el estado actual de las obras. El juez lo admitió el 12 de abril.
Lo que sí ponen de reflejo los informes de la IGAE son diversas irregularidades -en algunas obras más que en otras- en los aspectos técnicos de las nueve obras, como reconocimientos de modificados fuera de plazo o falta de justificaciones técnicas de esos modificados exigidos por contrato.
Por ejemplo, en el caso de la desaladora de la Baja Almanzora la IGAE destaca el incumplimiento de los plazos de ejecución y que se aceptara un modificado del 31% cuando el límite permitido en el contrato inicial era del 20%. Sin embargo, la IGAE admite que no está capacitada para decidir si están o no justificados.
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