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Así lo dispuso la jueza federal con competencia electoral Maria Servini, en relación a una veintena de agrupaciones con asiento en Capital Federal. La medida, tomada de manera cautelar, se debe a que no presentaron los balances correspondientes a 2025.

En línea con lo planteado por la Fiscalía Nacional Electoral, a cargo del fiscal federal Ramiro González, 20 agrupaciones políticas con asiento en la Capital Federal (como se denomina al distrito electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) fueron sancionadas con la suspensión de los aportes públicos que pudieran recibir del Estado, a través de la Dirección Nacional Electoral, por no haber presentado para su control los balances correspondientes al ejercicio económico del 2025.

La resolución fue firmada por la jueza federal con competencia electoral del distrito Maria Servini tras un pedido de la fiscalía, que había indicado que ante el incumplimiento de las agrupaciones debía suspenderse la entrega de los aportes previstos en la Ley 26.215 de Financiamiento de los partidos políticos. En el fallo, la magistrada otorgó un plazo de 15 días hábiles para que presentes sus balances.

De acuerdo con lo previsto en la normativa, el financiamiento de los partidos políticos es mixto, lo que significa que reciben aportes privados y aportes públicos. Dentro de estos últimos se encuentra el aporte para el desenvolvimiento institucional de las agrupaciones políticas que reciben año tras año conforme la distribución pautada en la ley.

Según el artículo 5, el desenvolvimiento institucional alcanza a todas las actividades políticas, institucionales y administrativas derivadas del cumplimiento de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la carta orgánica partidaria y la normativa sobre financiamiento, así como la actualización, sistematización y divulgación doctrinaria a nivel nacional o internacional.

Además, la Ley 26.215 impone a las agrupaciones políticas en su artículo 23 la obligación de presentar ante el juzgado federal con competencia electoral de cada distrito “el estado anual de su patrimonio o balance general y la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio”.

De esta forma, vencido el plazo de 90 días dispuesto por la norma sin que las agrupaciones presenten los informes contables, la Fiscalía Nacional Electoral solicitó se disponga la suspensión cautelar de los aportes públicos y se lo intime a realizar la presentación bajo apercibimiento de decretar la perdida de dichos aportes de manera definitiva.

Entre las agrupaciones que fueron alcanzadas por la medida dictada por la justicia electoral se encuentran:

Partido Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur Capital Federal

Partido Libertario Capital Federal

Partido Gen Orden Nacional

Partido Gen Capital Federal

Partido Federal Orden Nacional

Partido Encuentro Republicano Federal Orden Nacional

Partido Nuevo Encuentro Por La Democracia y La Equidad Capital Federal

Partido Autonomista Orden Nacional

Partido Movimiento De Integración y Desarrollo Orden Nacional

Partido Frente Patriota Federal Orden Nacional

Partido Frente Patriota Federal Capital Federal

Partido De La Victoria Orden Nacional

Partido Demócrata Cristiano Capital Federal

Partido Coalición Cívica – Afirmación Para Una República Igualitaria (ARI) Capital Federal

Partido Coalición Cívica – Afirmación Para Una República Igualitaria (ARI) Orden Nacional

Partido Frente Renovador Capital Federal

Partido Federal Capital Federal

Partido Principios Y Valores Capital Federal

Partido Demócrata Progresista Orden Nacional

Partido Socialista Autentico Capital Federal

A cambio de un aporte de 20 millones de pesos, el fiscal aceptó no pedir la inhabilitación para ocupar cargos públicos de Roberto Foco, tesorero de Republicanos Unidos y de Marcelo Ramal, Presidente y Néstor Rivas, Tesorero de Política Obrera. Es por faltante de balances.

La jueza federal con competencia electoral del distrito, Maria Servini, homologó en las últimas semanas dos acuerdos por reparaciones integrales que alcanzaron los 20 millones de pesos por pedido del fiscal electoral Ramiro Gonzalez. Se trata de dos casos de los partidos Republicanos Unidos y Política Obrera que involucraron infracciones a la ley de financiamiento de partidos políticos.

Por esta reparación se evitó que fueran penalizados con la inhabilitación para ejercer cargos públicos a Roberto Foco, tesorero de Republicanos Unidos y en Política Obrera a Marcelo Ramal, Presidente y Néstor Rivas, Tesorero de esta agrupación.

En el primero de ellos se investigó la falta de informes tras las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2023 de la agrupación Republicanos Unidos, correspondiente al distrito Capital Federal, específicamente en lo referido a las categorías de Parlamentarios del Mercosur Regional y Diputados Nacionales. Luego de un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, el tesorero del partido ofreció 15 millones de pesos como reparación integral del daño, lo que fue homologado por la magistrada.

La fiscalía recordó que la Ley 26.215 de Financiamiento de Partidos Políticos estipula en el artículo 63, inciso b, que tanto el presidente como el tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financieros de campaña podrán ser inhabilitados de 6 meses a 10 años para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales en caso de que no pudieran acreditarse debidamente “el origen y/o destino de los fondos recibidos”.

En ambos casos, una vez formulada la acusación por parte de Ramiro González, en el marco de la audiencia de juicio del procedimiento de aplicación de sanciones electorales, las defensas propusieron una reparación integral del perjuicio de carácter económico. Las propuestas contó con el acuerdo del representante del MPF.

Además, la Fiscalía Nacional Electoral propuso que el dinero ofrecido sea destinado al Fondo Partidario Permanente administrado por la Dirección Nacional Electoral, planteo con el que coincidió la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, que ordenó que los 20 millones de pesos sean depositados en la cuenta correspondiente.

En las resoluciones, destacó que el fondo al que se destinarán los 20 millones de pesos “contribuye al normal funcionamiento institucional de los partidos políticos, a la capacitación y formación política y a financiar parte de las campañas electorales generales”, lo que permite “reducir los gastos públicos dedicados a tales fines”.

Argumentos

La jueza Servini consideró que las resoluciones de los casos se presentan como un mecanismo alternativo de resolución, orientado a lograr la reparación integral del eventual perjuicio ocasionado como consecuencia de la conducta investigada.

En ese sentido, ponderó la relevancia de la intervención del MPF y recordó que en noviembre de 2019 se resolvió la implementación del artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, donde se dispone que tanto los jueces como los representantes del Ministerio Público “procurarán resolver el conflicto que surja como consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”.

Sostuvo también que la solución arribada por las partes se vislumbra como justa y reparadora y consideró que los medios alternativos de solución de conflictos son la herramienta que mejor se adecue a la reparación del daño causado.

Según sostiene la fiscalía, es posible la identificación de un daño mensurable y de un damnificado, cuyo perjuicio puede ser reparado en los términos del instituto sobre el que se discute. En definitiva, se trata de la búsqueda de recomponer, en términos genéricos, la hacienda pública que puede expresare en una ecuación económica.

Así lo consideró la Cámara Nacional Electoral, en línea con lo planteado por el fiscal federal Ramiro González. En la misma resolución, los magistrados decretaron la nulidad del DNU 366/2025, que había asignado a la Dirección Nacional de Migraciones la competencia para otorgar la ciudadanía argentina.

En línea con lo planteado por el fiscal federal Ramiro González, la Cámara Nacional Electoral resolvió esta semana que tiene competencia para intervenir en cuestiones que involucren el rechazo u otorgamiento de la ciudadanía argentina. En la misma resolución, declaró la nulidad del decreto de necesidad y urgencia N° 366/2025, que había asignado a la Dirección Nacional de Migraciones la potestad de intervenir en los trámites de ciudadanía argentina. El tribunal consideró que dicha norma fue dictada en exceso de las atribuciones que la Constitución Nacional confiere al Poder Ejecutivo para actos de esa naturaleza.

En el caso, un hombre de origen chino había presentado la solicitud de ciudadanía argentina, planteo que fue rechazado por el magistrado que intervino en primera instancia. “No es posible conceder la ciudadanía a quien se encuentra en una situación de irregularidad migratoria ya que la regularización de su estado es una condición previa e indispensable”, sostuvo el juzgado federal que intervino en el caso. Ante ello, el hombre presentó un recurso ante la Cámara Nacional Electoral.

La postura del MPF

En su dictamen, el titular de la Fiscalía Nacional Electoral hizo foco en la normativa donde se sostiene que el fuero electoral es competente para intervenir en cuestiones de ciudadanía. “Además de atender a la normativa involucrada y sus posibles interpretaciones, no puede soslayarse que el concepto de ciudadanía posee un estatus constitucional de suma relevancia y que, según mi opinión, no debe ceñirse exclusivamente a un requisito de la ley migratoria pues, por resultar involucrado un derecho constitucional de primer orden, corresponde que el caso sea analizado en el ámbito general de protección propio de nuestra Carta Magna”, recalcó luego.

Al analizar el recurso presentado, el representante del MPF realizó una distinción entre situación migratoria y ciudadanía y citó un fallo de la Corte Suprema sobre la temática. “Toda vez que la normativa que regula la situación migratoria se circunscribe al ámbito del ingreso y permanencia de extranjeros, distinto del planteado en el supuesto del extranjero que, como en el presente caso, solicita la naturalización. Dicho de otro modo: una vez presentada la solicitud para obtener la carta de ciudadanía, comienzan a regir las reglas relativas a la ciudadanía y naturalización y es facultad de la justicia federal resolver la cuestión”, sostuvo el Máximo Tribunal.

En relación con el caso concreto considero que la situación del apelante no debe ser observada solo desde la perspectiva de la condición migratoria “sino además incorporar el contexto, la dimensión social, que dé cuenta de la relevancia que adquieren los derechos personales, sociales y políticos del reclamante y si, efectivamente, de acuerdo a los precedentes de la Corte Suprema que han sido invocados, la situación migratoria no debe ceder, compensarse o tenerse por ‘purgada’ a los efectos de analizar la solicitud de ciudadanía rechazada”. Por todo ello, consideró que correspondía que se haga lugar al planteo y que se reevalúe la situación del peticionante.

El fallo de la Cámara

En la resolución, los jueces Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas sostuvieron que el fuero electoral era el que debía intervenir en el caso, tal como había postulado la Fiscalía Nacional Electoral. “En una interpretación sistémica y, atento a razones registrales, de administración electoral y jurídicas —fundadas en la intrínseca vinculación entre el otorgamiento de Cartas de Ciudadanía y la adquisición de los derechos político electorales—, se ha establecido invariablemente que la justicia nacional electoral es competente para entender en causas de la naturaleza que reviste la presente”, explicaron.

Tras ello, mencionaron que si bien el decreto de necesidad y urgencia 366/2025 regula mayormente cuestiones de naturaleza migratoria también lo hace sobre aspectos que tienen real incidencia en materia electoral. “ En particular, al modificar la atribución de los juzgados para decidir respecto del otorgamiento o no de la ciudadanía argentina altera el régimen establecido por el legislador para la adquisición de los derechos políticos”, recalcaron los magistrados.

En otro tramo del fallo, cuestionaron la utilización de un DNU en este caso y sostuvieron que las circunstancias alegadas para dictar el decreto cuestionado no constituyeron razones de “rigurosa excepcionalidad y urgencia que pusieran en riesgo el normal funcionamiento del régimen de naturalización sino que, por el contrario, traducen la decisión de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé”.

En ese sentido,sostuvieron que los tribunales deben resguardar el principio de jerarquía normativa, que les impone aplicar la norma legal frente a un decreto que la modifica con exceso de facultades constitucionales. En base a todo ello, revocaron la decisión apelada, confirmaron la competencia del fuero electoral y declararon nulo el decreto de necesidad y urgencia.

A través de canales de Telegram vendía el acceso a registros del RENAPER, de la Policía Federal y de PAMI y cobraban entre ocho y 14 mil pesos.

El rol central de un agente encubierto, cómo era la maniobra y los peligros para la seguridad nacional.

Benjamín Domado por Lexx es un nombre real pero al mismo tiempo no existe. Esa identidad figura oficialmente en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) pero nadie se llama así. Una organización de hackers modificó -se presume que a modo de broma- la identidad. Pero además vendían el ingreso a bases de datos de organismos nacionales. Así recaudaron 130 millones de pesos en por lo menos un año y generaron un problema a la seguridad nacional cuyas dimensiones son difícil de mensurar.

Esa información forma parte de una causa judicial y que está semana derivó en 11 allanamientos en distintas provincias del país con siete personas detenidas, informaron a Clarín fuentes judiciales. Lejos de ser el fin del expediente, es el inicio de una nueva etapa. Se van a peritar celulares y computadoras secuestradas y se avanzará con la identificación de más involucrados en una modalidad delictiva ya instalada: organizaciones criminales digitales cuyos integrantes no se conocen personalmente pero que tienen una gran capacidad de daño.

Así fueron hackeadas las bases del RENAPER, de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), del Sistema de Gestión Hospitalario (SIGEHOS), del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), de la Dirección Nacional de Vialidad (DNVN), del Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA), del PAMI, del sistema SUBE, de las policías de San Luis y Santa Cruz y de la aplicación “Mi Argentina”, entre otros.

Prácticamente, la información oficial con datos muy sensibles de todos los argentinos a disposición de quien la pague. Por ejemplo, quiénes están prófugos de la justicia, direcciones de domicilios, cuentas bancarias, bienes, etc. “El acceso era ilimitado y no sabemos qué información se obtuvo y con qué fin. Si fue para extorsionar, para robar, para hacer denuncias”, le confió a este medio uno de los investigadores

Allí dieron cuenta que había canales en Telegram que vendían el ingreso a bases de datos. Algunas de esas cuentas eran “CorvusDoxBot”, “AfaArgBot”, “Laburados_BOT”, “ElSobrino_BOT”, “Renacer Bot” / “ExpertoPDF_Bot”, “ArgentinaDataaBot”, “LaxorusBot”, “Dniclub_Bot”, “Movistar_Bot”, “Buscadoss_Bot” y “NoLaVenBot”.

La causa quedó a cargo del fiscal federal Ramiro González. La investigación comenzó con una medida para entrar al corazón de la maniobra. Se utilizó un agente revelador digital. Un oficial de una fuerza de seguridad federal que ingresó a los canales de Telegram para hacerse pasar por una persona que quería comprar información. Así se comenzó a entender la maniobra y a llegar a los responsables.

Cada una de las cuentas facilitaba un link para acceder al sistema hackeado que la persona pedía. El ingreso era para obtener un dato de la base, no ilimitados. Cada un ingreso era por un dato y por lo tanto un pago. El valor por cada acceso iba de los ocho a los 14 mil pesos.

Los pagos se hacían a través de billeteras virtuales y direcciones de criptoactivos que no estaban directamente vinculadas a los integrantes de la asociación. Tenían dos modalidades. Una era que esas cuentas estaban asociadas a otras para esconder la identidad. Y la segunda a través de “mulas”.

Son personas reales a las que se les usurpaba la identidad y se les abrían cuentas a su nombre para que los depósitos se hagan allí. Inclusive hubo casos de personas que dieron su nombre a cambio de 30 mil pesos para abrir la cuentas.

La investigación no solo detectó esa maniobra sino también algo que fue considerado como una broma pero que entraña muchos peligros. Uno de los integrantes de la organización ingresó a la base de datos del RENAPER y le cambió la identidad a otro de los involucrados. El propio organismo informó que eso ocurrió y quedó asentado el nombre de “Benjamín Domado por Lexx”.

A pedido del fiscal González, el juez federal Sebastián Ramos allanó esta semana 11 domicilios en distintas provincias del país. Siete personas fueron detenidas por los delitos de violación de secretos, violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, sustracción y alteración de registros oficiales, daño informático calificado y asociación ilícita.

La gran mayoría son personas de menos de 30 años y dos de los acusados son menores de edad. Los investigadores además creen que no se conocen personalmente, sino que los vínculos con estrictamente virtuales.

En los procedimientos, a cargo del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Federal, se secuestraron celulares, computadoras y otros elementos informáticos a los que se les realizó un allanamiento digital en el momento. Eso es que se abrieron durante los operativos. Se espera que allí se encuentre más información.

La Policía Federal desarticuló la organización tras once allanamientos simultáneos en seis provincias. Los datos robados se comercializaban por Telegram y se usaban para estafas y extorsiones.

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una red de hackers dedicada al robo y venta ilegal de datos de organismos públicos nacionales. 

El operativo incluyó once allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Rioja, San Juan y Entre Ríos, y terminó con siete detenidos: cinco hombres, una mujer y un adolescente de 15 años.

Entre los datos comprometidos había información del RENAPER, registros vehiculares de la DNRPA, historiales clínicos del SISA, antecedentes penales y credenciales de acceso a varios organismos. Todo se ofrecía a la venta a través de Telegram y luego se utilizaba para cometer estafas, extorsiones y amenazas.

La red operaba con un equipo de hackers que usaba billeteras virtuales y criptoactivos para mover el dinero ilegal. Algunos integrantes actuaban como “mulas digitales”. Los investigadores los identificaron mediante trazabilidad financiera y geolocalización de conexiones IP.

La pesquisa fue encabezada por el fiscal Ramiro González, de la Fiscalía Federal 7, y arrancó en octubre del año pasado. Los allanamientos fueron ordenados por el juez Sebastián Roberto Ramos, del Juzgado Federal 9.

Vínculo con los “Dictadores”

La organización estaba estrechamente vinculada a la banda conocida como “Dictadores”, desarticulada meses atrás y dedicada al hackeo de cuentas digitales y lavado de activos. Varios de los ahora detenidos compartían estructura con esa red transnacional.

En total participaron del operativo 128 efectivos y 20 móviles de la PFA. Se secuestraron 14 celulares, 6 computadoras, 3 notebooks, tarjetas de débito, discos externos, pendrives y un dispositivo Mercado Pago, entre otros elementos. Todo quedó a disposición del juez interviniente.

La Dirección General de Políticas de Género, la Fiscalía Nacional Electoral y la Fiscalía Federal N°1 de La Plata —con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires—, presentaron la actualización 2026 del compendio “Perspectiva de género en las sentencias judiciales. Derechos electorales de las mujeres”. El documento aborda sentencias dictadas entre 2013 y 2025. La nueva edición incorpora fallos recientes sobre paridad, reemplazos de bancas, violencia política, violencia digital y valoración probatoria con perspectiva de género.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la Dirección General de Políticas de Género (DGPG) del Ministerio Público Fiscal, junto con la Fiscalía Nacional Electoral y la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, publicaron la actualización —marzo 2026— del e-book “Perspectiva de género en las sentencias judiciales. Derechos electorales de las mujeres”, una compilación de jurisprudencia relevante en materia de participación política y derechos electorales de las mujeres.

El trabajo sistematiza jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Nacional Electoral, juzgados federales con competencia electoral y de los Superiores Tribunales de Justicia y juzgados provinciales.

La publicación, cuya primera versión fue difundida el año pasado, reúne fallos desde 2013 hasta 2025 y organiza los precedentes en cinco ejes temáticos: “Mujeres en la integración de listas y órganos partidarios”; “Reemplazos”; “Identidad de género – Trato digno”; “Violencia política y violencia digital contra las mujeres (Leyes N°25.533 y N°27.736)” y “Mujeres imputadas en delitos electorales”.

Principales actualizaciones

La edición 2026 incorpora y reorganiza contenidos a partir de modificaciones normativas y nuevos pronunciamientos judiciales:

Paridad de género y decreto reglamentario 171/2019: se actualizó el apartado referido a las cuestiones sobre la aplicabilidad de la Ley 27.412, incluyendo nuevos criterios jurisprudenciales sobre su alcance y la interpretación del decreto reglamentario.

Reemplazos de bancas con perspectiva de paridad: se sumaron decisiones recientes de la Cámara Nacional Electoral dictadas en 2024 y 2025 vinculadas a la sustitución de candidaturas y bancas legislativas, que profundizan el análisis sobre la aplicación del principio de alternancia y la sustitución por persona del mismo género.

Violencia política y digital contra las mujeres: el compendio actualiza el capítulo dedicado a la incorporación de los tipos y modalidades previstos en las Leyes 27.533 y 27.736 (conocida como “Ley Olimpia”) a la Ley 26.485, y agrega fallos que examinan su aplicación en el ámbito electoral.

Valoración probatoria en delitos electorales: se incorporaron nuevos precedentes en los que se analizó la situación de mujeres imputadas en infracciones electorales, con especial atención al contexto de género y a la aplicación de estándares diferenciados en la apreciación de la prueba.

Asimismo, actualiza referencias, agrega enlaces a resoluciones y dictámenes del Ministerio Público Fiscal en primera instancia y ante la Cámara Nacional Electoral y amplía el desarrollo de antecedentes vinculados a la evolución normativa en materia de derechos políticos de las mujeres, desde la Ley N°24.012 de Cupo Femenino hasta la Ley N°27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política.

Una herramienta para el fuero electoral

La DGPG, a cargo de Romina Pzellinsky, tiene entre sus funciones brindar asesoramiento y asistencia técnica a las fiscalías y otras áreas del organismo para transversalizar la perspectiva de género en el ejercicio de sus competencias. En ese marco, la sistematización y difusión de jurisprudencia especializada constituye una herramienta central para fortalecer la intervención del Ministerio Público Fiscal en el ámbito electoral.

La Fiscalía Nacional Electoral —cuyo titular es el fiscal Ramiro González— actúa como fiscalía de primera instancia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de la Capital Federal y, a la vez, como representante del MPF ante la Cámara Nacional Electoral y ejerce funciones respecto de las fiscalías electorales del interior del país. Por su parte, la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata —a cargo de la fiscal María Laura Roteta—, tiene competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires, que representa aproximadamente el 37% del padrón electoral del país.

Desde la DGPG y las fiscalías intervinientes destacaron que la actualización del e-book busca contribuir a la labor de las operadoras y operadores del fuero electoral y reforzar el compromiso institucional con la igualdad real de oportunidades, la representación paritaria y la prevención de la violencia política y digital contra las mujeres en el ámbito de la participación democrática.

El proceso se enmarca en lo previsto por la Ley de Partidos Políticos y alcanza a agrupaciones de distrito y de orden nacional con personería vigente. La verificación incluye el cumplimiento del número mínimo de afiliados y demás exigencias legales, bajo apercibimiento de caducidad.

El fiscal federal Ramiro González, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 con competencia electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante la Cámara Nacional Electoral, impulsó el control de legalidad y vigencia de las personerías jurídico-políticas de los partidos políticos, en el marco de lo previsto por la Ley de Partidos Políticos N°23.298.

A comienzos de febrero, el fiscal González solicitó a la jueza federal electoral de la Capital Federal, María Servini, que se inicie el procedimiento de verificación correspondiente.

El control previsto en los artículos 7 ter y 8 de la mencionada ley tiene por objeto constatar si las agrupaciones políticas con reconocimiento para actuar en el distrito —así como aquellas con alcance nacional— mantienen los requisitos exigidos para conservar su personería jurídico-política. Entre ellos, se encuentra el cumplimiento del número mínimo de afiliados en el caso de los partidos de distrito o la cantidad mínima de partidos distritales necesarios para integrar un partido nacional.

La normativa establece que el Ministerio Público Fiscal debe efectuar esta verificación durante el segundo mes de cada año y, de corresponder, promover la declaración de caducidad de las personerías. Dicho efecto no opera de manera automática: el procedimiento comienza con la constatación del incumplimiento y continúa con una intimación para que la agrupación regularice su situación dentro del plazo de 90 días, bajo apercibimiento de declararse la caducidad.

Respecto de los partidos de distrito —únicos habilitados para postular candidatos a senadores y diputados nacionales y a parlamentarios del Mercosur por distrito—, el artículo 7 ter, que remite al art. 7 bis de la ley, exige que mantengan de forma permanente un número mínimo de afiliados. En el caso del distrito Capital Federal, el piso requerido es de 4.000 afiliados.

Por su parte, la Cámara Nacional Electoral debe publicar, antes del 15 de febrero del año siguiente al cierre anual, el número mínimo de afiliados exigido para el mantenimiento de la personería de los partidos de distrito. El cálculo se efectúa sobre la base de lo establecido en el artículo 7 inc. a), que dispone “un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscritos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón (1.000.000)”.

Para el caso de los partidos nacionales —únicos habilitados para nominar candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional—, la ley exige que deben mantener de manera permanente al menos cinco partidos de distrito con personería jurídico-política vigente.

Desde la Fiscalía Nacional Electoral se explicó que la eventual declaración de caducidad implica, además de la imposibilidad de presentar candidaturas en elecciones nacionales, primarias y generales, la pérdida del derecho a recibir aportes públicos ordinarios o extraordinarios, así como la baja de la agrupación del registro correspondiente, junto con su nombre y sigla.

Este proceso de control que se inicia de manera simultánea en cada una de las 24 jurisdicciones, supone la revisión de 725 partidos distritales y 45 partidos nacionales con personería vigente al año 2026.

Finalmente, la fiscalía recordó que también interviene en los demás supuestos de caducidad previstos por el artículo 50 de la Ley 23.298, entre los que se encuentran la falta de realización de elecciones partidarias internas durante cuatro años, la no participación en dos elecciones nacionales consecutivas, no alcanzar el dos por ciento del padrón electoral en dos comicios sucesivos, no llevar los libros partidarios en forma regular y el incumplimiento de la paridad de género en la elección de autoridades y órganos partidarios.

Durante el fin de semana electoral, la fiscalía mantuvo una guardia activa y procesó 362 incidencias de todo el país, principalmente por infracciones a la veda en medios y contenidos en redes sociales. También se reportaron casos vinculados con la difusión de videos falsos generados con inteligencia artificial y se consultó por la posibilidad de llevar lapiceras propias para marcar la Boleta Única de Papal.

La Boleta Única de Papel (BUP) empleada por primera vez en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Foto: Diego Salotto / Fiscales.gob.ar.

La Fiscalía Nacional Electoral, encabezada por el fiscal federal Ramiro González, evaluó que el proceso electoral desarrollado el domingo pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo con normalidad, al igual que en el resto del país. Además, informó que recibió más de 360 denuncias, principalmente, por violaciones a la veda en medios de comunicación y redes sociales, o por videos falsos confeccionados con inteligencia artificial (IA).

Durante el fin de semana comprendido entre el viernes 24 y el domingo 26 de octubre pasado, la fiscalía mantuvo una guardia activa para recibir denuncias, reclamos y consultas relacionadas con el desarrollo de las elecciones legislativas. Los canales disponibles fueron el portal denunciaselectorales.mpf.gov.ar, el correo electrónico institucional y las líneas telefónicas del organismo.

En ese marco, se recibieron, procesaron y respondieron un total de 362 incidencias provenientes de distintas jurisdicciones del país. La mayoría -291- fueron canalizadas a través del portal web, que concentró los reportes de la ciudadanía.

Tipos de denuncias y consultas

La fiscalía indicó que las infracciones más frecuentes estuvieron vinculadas con violaciones a la veda electoral, tanto en medios de comunicación como en plataformas digitales y redes sociales.

En segundo lugar, se registraron denuncias por la difusión de videos creados con herramientas de inteligencia artificial, que simulaban discursos de dirigentes políticos. Estas publicaciones motivaron la intervención coordinada con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), lo que derivó en medidas urgentes como la preservación de evidencia digital y la solicitud de baja de los contenidos ante las plataformas involucradas.

Además, se recibieron consultas e incidencias menores vinculadas con el nuevo sistema de Boleta Única Papel (BUP), principalmente sobre la posibilidad de que los votantes llevaran y utilizaran lapiceras propias al momento de emitir el sufragio.

Desde la Fiscalía Nacional Electoral señalaron que las denuncias y consultas recibidas reflejan una estrecha relación con la información que consume el electorado a través de internet y, muy especialmente, de las redes sociales.

En ese sentido, la fiscalía recordó que con anterioridad al proceso electoral había advertido públicamente sobre campañas de desinformación masiva y el uso de inteligencia artificial en la creación y difusión de contenidos falsos, en el marco de un expediente que tomo relevancia púbica.

Próximos pasos

Los expedientes iniciados por faltas o delitos electorales continúan actualmente en etapa de instrucción.

Por otra parte, la Fiscalía Nacional Electoral se encuentra elaborando un informe estadístico nacional que detallará la cantidad, el tipo y la distribución geográfica de las denuncias recibidas. Ese relevamiento será publicado en el informe de gestión anual que el organismo eleva a la Procuración General de la Nación.