#exconvictos

A sus 3 años, George Galvis fue testigo de cómo su padre intentó matar a su madre. A los 7 comenzó a experimentar bullying en la escuela por ser en un estudiante de color. A los 17, fue encarcelado, acusado de múltiples delitos graves por su participación en un tiroteo. 

Nacido y criado en el Área de la bahía pero de familia peruana, hoy Galvis, 43, dedica sus días a defender infatigablemente a jóvenes en riesgo, prisioneros y ex-convictos que fueron encarcelados desde niños.

“Los adolescentes que vivieron como yo, entienden el concepto de que herir a la gente, hiere a más gente, mientras sanar a la gente, sana a más gente”, dice Galvis, quien con base en esta premisa fundó la ong Comunidades Unidas por la Justicia Juvenil Restaurativa (CURYJ en inglés). En un panel organizado por New America Media, con ocasión de los 3 años de la puesta en marcha de la Proposición 47 de California que reclasificó ciertos delitos graves no violentos (posesión de drogas y hurto simple) como delitos menores, Galvis clamó de nuevo como lo viene haciendo hace 2 décadas, por una justicia restaurativa para los jóvenes. Sobre todo las minorías de color.

“El sistema está impactando muy fuerte a las familias latinas en Oakland”, agregó Galvis. “Si alguien tiene una condena por un DUI (manejar bajo influencia del alcohol), eso puede complicar su caso migratorio. Es vital ayudar a la gente indocumentada a que limpie sus récords criminales bajo la proposición 47. Hace toda la diferencia en un caso de deportación”.

La proposición aprobada masivamente en las urnas por los californianos en noviembre de 2014, es retroactiva, por lo que las personas pueden solicitar que se reduzcan sus sentencias o se modifiquen sus registros sin importar cuándo se cometió el delito o se impartió la condena.

“El sistema se ha enfocado más en el castigo que en la rehabilitación. Apenas en 2005 se incluyó esa palabra en el departamento de correcciones de California”, dijo Hillary Blout, abogada de la Proposición 47 en la organización Californians for Safety and Justice “Antes de ello no estábamos preocupados por tratar las adicciones a las drogas o la salud mental de nuestra gente. La legislación ahora exige que se hagan inversiones más inteligentes que construir prisiones”.

California tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento en el país y la población afroamericana es la más afectada: 1 de cada 3 hombres negros tienen condenas por algún delito. Cada persona enviada a prisión le cuesta al estado $70,000 al año y desde 1980 se han construido 22 prisiones y solo 1 universidad. El costo de operar el sistema carcelario en California es de $50 mil millones, mientras en 49 de los 58 condados en el estado no existe un programa residencial de tratamiento contra la adicción a las  drogas.

“Lo que hemos logrado con Prop 47 es que cada año 3,300 personas menos vayan a prisión, mientras más de 1 millón se han beneficiado con el cambio en sus récords criminales”, explicó Blout, para quien el sistema de justicia criminal ha fallado en abordar los ciclos y los impulsores de la delincuencia. ”Podemos garantizar la seguridad pública sin negarle sus derechos a la gente que ha cometido delitos menores”, añadio.

Segundas oportunidades

Y es que casi 5,000 restricciones enfrentan las personas que han tenido una convicción criminal. No solo no pueden votar, sino que no tienen derecho a asistencia pública, vivienda, educación, empleos y hasta los derechos parentales les son terminados. Por eso la campaña fue bautizada Segundas Oportunidades, nombre que también adoptó el mes de Junio según una resolución aprobada por la junta de Supervisores del Condado de Alameda y el Concejo Municipal de Oakland. En este mes se harán varias clínicas legales gratuitas con Live Scans (toma de huellas dactilares) para que quienes hayan estado presos por delitos menores puedan borrar sus récords y conectarse con otros recursos legales y humanitarios.

“Esta decisión demuestra que tenemos un enfoque más inteligente para tratar el crimen, nos enfocamos en programas de rehabilitación, en darle a la gente trabajos y oportunidades para que encuentren su camino. Nuestros clientes son seres humanos”, dijo Brendan Woods, Defensor Público del Condado de Alameda.

El contraste de la política en California con el nivel federal es notorio. Recientemente el fiscal general Jeff Sessions instruyó a los fiscales federales a impartir los cargos más altos posibles a quien cometa crímenes menores, al tiempo que duplicó las penas en las leyes de sentencias mínimas obligatorias que los jueces no pueden reducir, ni siquiera en circunstancias atenuantes. “Es un paso atrás en la justicia criminal. (Los fiscales federales) quieren llevar al país a los 80´s creando un modelo que aumenta la encarcelación masiva en vez de disminuirla”, agregó el Woods.

Aunque las clínicas legales son exitosas a la hora de conectar a antiguos presos con recursos de todo tipo, todavía tienen el gran reto de atraer a inmigrantes indocumentados. Aunque ellos tienen derecho a borrar sus récords, tienen miedo de aparecer en lugares públicos y ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE en inglés) que desde el comienzo de la administración de Donald Trump ha aumentado las redadas con fines de deportación.  Cuando se trata de atraer a esta comunidades, “lo más efectivo es el voz a voz”, cuenta Marisa Arrona, directora de Proyectos en Californians for Safety and Justice.

“Lo más importante es que sepan que si un inmigrante tiene una convicción por delito menor, aunque sea vieja, por ejemplo posesión de drogas, puede borrarla del historial criminal y ser retirado de la lista prioritaria de deportación”, explicó Arrona. “Entendemos los miedos y por eso nos apoyamos en las organizaciones latinas de base. Los inmigrantes ya están demasiado invisibles para que un programa como Segundas Oportunidades no los beneficie”, agregó.

Reinserción con enfoque de género

Las prisiones, no solo en Estados Unidos sino en varios países del mundo, se han convertido en un espacio donde la rehabilitación y el camino a la resocialización quedan en entredicho. Amica Sergejev, directora de reinserción de la prisión del Centro de Libertad para Mujeres Jóvenes contó que durante los 7 años que duró en prisión pasó la mayoría del tiempo en listas de espera: dos años para encontrar un trabajo que le daba $8 centavos la hora y otros tres para poder inscribirse en un programa del colegio comunitario tras las rejas.

“Recursos sí hay, pero son muy mal manejados dentro del sistema carcelario”, dijo Sergejev quien pasó dos años en libertad condicional y fue obligada a atender un programa de tratamiento de abuso de sustancias donde ella era la única mujer en un grupo de 15 hombres que trataba el manejo de la ira. “A pesar de ser una mujer que había sufrido todo tipo de trauma en mi vida temprana, me obligaron a sentar en una sala llena de hombres que necesitaban trabajar sus problemas de ira”, agregó la activista al señalar la necesidad de tener servicios de reinserción que se adapten a las necesidades de género.

Aunque le tomó seis meses encontrar trabajo, ella se considera “muy afortunada” y dice que su caso es especial y no es el reflejo de lo que experimentan las personas en el camino de la reinserción. “Las luchas son continuas, por la falta de vivienda, la pobreza y la adicción a las drogas. Por eso la importancia de que el dinero de Prop 47 se reinvierta en programas comunitarios para que la reinserción no parezca tan imposible”.

De los $103 millones en ahorros de la proposición que se distribuirán en el estado, el condado de Alameda recibirá unos $6 millones, que la Agencia de Servicios de Salud usará en un programa de reingreso enfocado en personas con trastornos de salud mental y abuso de sustancias.