#cuantosmas

43. Se pueden contar, se pueden visualizar, son un salón de clase, son una pequeña fiesta; es barecito lleno, un vagón del metro vacío. 43. La edad de tus padres. Tal vez la edad de los padres de los desparecidos del 26 de septiembre, esos estudiantes que fueron apagados por la violencia de nuestro país. Sin embargo no es como si fuera nuevo, no es como si no viéramos a diario números, conteo de muertes, de cuerpos, de vidas terminadas. Vemos cifras e imágenes, amarillismo cotidiano mexicano; la sangre y la violencia se han vuelto tan común que ya casi no nos conmueve, de tan lejana que parece. Es en el norte. O allá, en recónditas zonas de Guerrero o Michoacán. Es en aquellos lugares a los que nunca iremos porque ni cerca nos queda. Y no nos importa, por que ni nos afecta.

  Pero estos 43 fueron estudiantes. Al ser jóvenes entre 19 y 23 años las víctimas de la coalición narco-estado, una nueva frontera fue traspasada, un nuevo límite de tolerancia fue perturbado porque ahora parece difícil maquillar la muerte por ser “entre narcos”, restarle importancia y valor porque no son más una consecuencia inevitable de la guerra que se vive en el país, sino una violencia cuyo cañón está calculadamente apuntado hacia los civiles. Esta violencia es la del miedo, de la opresión, es la violencia que se encuentra cuando ya no hay más Estado para imponerse frente a la creciente fuerza del crimen organizado.

Desde el inicio del sexenio de Peña Nieto hubieron varias ocasiones en las que pensamos que un límite había sido traspasado, tal como el espectacular levantamiento de las fuerzas de autodefensa en Michoacán a inicios de 2014 o el secuestro-asesinato del diputado Gómez Michel el pasado 22 de septiembre. Son situaciones que obligaron al Estado a responder. Pero con extrema facilidad, la situación no cambia y los actores gubernamentales quedan inertes. El esquema es simple y fácil de repetirse: tras un acontecimiento mayor el gobierno reacciona con ruido frente a la agitación que sacude a los medias y a las redes sociales, encarnada por intelectuales y pensadores influentes. Una impresión de reacción emane de las acciones estatales, pero tras un tiempito, todo vuelve a caer. Y lo que parece haber sido una señal de alarma, ese acontecimiento que parecía ser mayor aparecen no ser más que los usuales disfraces que usa la política en México, atuendos de espectáculo: su brillo no va a servir más que para el show y al acabarse no se hablará más de él.

Pero día a día son mayores las pruebas de la gravedad de la situación mexicana, del grado de ausencia y perversión del Estado. Las fuerzas de autodefensa se levantaron para denunciar lo que con fuerza y dolor nos expone el secuestro de los 43 normalistas: quien gobierna ya no es más el Estado. Al mando de la policía no están más las autoridades pero los grupos criminales, quienes parecen controlar todo con facilidad, gracias a su infiltración en los aparatos de gobierno, a no ser que los altos cargos estén directamente ocupados por líderes o familiares de las organizaciones criminales. Nada de esto es nuevo y con una cínica brutalidad los eventos en México parecen ser cíclicos, ya que las mayores manifestaciones de violencia no son suficientes para provocar una reacción digna de ese nombre, una estrategia par combatir una estructura de corrupción y violencia que se está implantando de manera duradera. El pasado 30 de mayo de 2013 fueron asesinados tres activistas normalistas del municipio de Iguala, en Guerrero; pero a pesar de evidencias contundentes de la directa involucración de las fuerzas estatales tanto como del alcalde de Iguala, José Luis Abarca – actualmente prófugo de la justicia – la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) nunca concluyó en una investigación pues los “delitos eran de fuero común”. Con cinismo y silencio, las autoridades escapan de sus responsabilidades, volviéndose a la vez cómplices y responsables de la continuidad de la violencia, al afirmar que la impunidad es un valor de la República.

Hoy en día las primeras planas de los medios sólo hablan de cómo la PGR va a llevar a cabo investigaciones para rendirle justicia a los 43 desaparecidos, quienes esperamos ver de vuelta con vida. Pero no se puede evitar tener dudas frente a un órgano quien hace un año fue confrontado a crímenes del mismo calibre sin dar una respuesta apropiada. Se actúa cuando ya se está contra la pared, en el punto de enfoque de toda la prensa y la sociedad civil; pero tan rápido como se tranquilicen los espíritus probablemente ya no se hará mas nada, si es que las experiencias pasadas dicen verdad, confirmando el triste ciclo de silencio al que está condenado México. Se empeña en arreglar la superficie de heridas mucho mayores, en reparar las fisuras visibles, señales de una degradación mucho más profunda que a pesar de todo no se atienden.

 ¿Porqué no se tiene el coraje de desarrollar una estrategia que cure el cáncer que roe las tierras mexicanas? ¿Porqué sólo se gasta tiempo y energía en una imitación de justicia? Golpe tras golpe la sociedad se conmueve frente a actos de violencia que hasta ahora no hubiéramos imaginado; los políticos, a través de rápidos comunicados, expresan todos un estado de ánimo alineado con esos acontecimientos que afectan al país repetidamente. Pero ¿hasta dónde tendremos que llegar para que se tome en mano el destino de México? Porque parece que será necesario alcanzar el fondo del horror para podernos levantar de nuevo. Con la expansión de este mal, es inevitable que un creciente número de intereses se vean afectados; los primeros son obviamente y como siempre los más desamparados, que están en la primera línea, espectadores y victimas privilegiados de la muerte del Estado de Derecho en México. Pero hasta que no se vean afectados los intereses de quienes más poder tienen ¿será posible que haya cambio de corriente? El gobierno de Peña Nieto ha jugado a las escondidillas bastante tiempo, desatendiendo el problema de la violencia y la inseguridad tras operaciones espectaculares. A pesar de la firmeza y fuerza política que demuestra el gobierno federal, no hay mayor símbolo de su fragilidad que su incapacidad en proporcionar soluciones a las explosiones de sangre que se viven en el territorio. Se evita hacer ruido para no despertar una opinión totalmente anestesiada, acostumbrada a contar los muertos, acostumbrada a ver las imágenes más monstruosas, directamente extractas de la vida real nacional, que aún así no logran conmover el inmovilismo mexicano. No pasa nada porque nadie dice nada.