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ADOCCO denuncia irregularidades en licitación del INTRANT

Cuestionan contrato por más de veinte millones del colegio A-28 Perú Birf Azángaro

El Gobierno Regional de Puno busca firmar un contrato por más de 23 millones de soles para la obra del Colegio A-28 Perú Birf de Azángaro, el consejero Abad Vizcarra Estrella advierte que un consorcio con presuntas irregularidades sería favorecido.

El Consorcio Argos presentó en la licitación pública N.° 017-2025 el Anexo N.° 4 con un sello del Consorcio Alfa, este documento no guarda relación con la propuesta que obtuvo la buena pro ni con los antecedentes del proceso.

Vizcarra Estrella informó que Humberto Toro figura como representante legal de CORPRACTÓN KATSUMOTO S.A.C., integrante del Consorcio Argos, además es accionista mayoritario de BRONTES CONSTRUCTORA S.A., empresa cuyo historial genera cuestionamientos en el marco de esta adjudicación millonaria.

BRONTES CONSTRUCTORA S.A. antes operaba como YABE.JIRE CONTRATISTAS GENERALES S.A., esta última empresa tiene una sanción administrativa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado, la inhabilitación para participar en procesos vence el 9 de septiembre del presente año.

Dicha inhabilitación impide que la empresa participe en licitaciones públicas, por ello el gobierno regional no debió admitir la propuesta del consorcio, este hecho representa una irregularidad que podría afectar la transparencia y legalidad en la ejecución de recursos públicos.

El consejero indicó que el Consorcio Argos presentó en el Anexo N.° 2 una declaración jurada afirmando no tener impedimentos para contratar con el Estado, pese a conocer la sanción que afecta a una de sus empresas integrantes.

Señaló que las bases integradas del proceso no incorporaron adecuadamente las observaciones planteadas por otro postor, varias solicitudes de corrección fueron omitidas, a pesar de ello la buena pro fue entregada al actual consorcio adjudicado.

Vizcarra Estrella sostuvo que el Órgano de Control Interno del Gobierno Regional de Puno no ha actuado frente a esta situación, tampoco existe pronunciamiento de la Contraloría ni de la Fiscalía, lo que deja interrogantes sobre las decisiones adoptadas.

El proyecto de mejoramiento del servicio educativo en la I.E. A-28 Perú Birf considera construcción, equipamiento y modernización de la infraestructura escolar, el presupuesto aprobado supera los 23 millones de soles y su ejecución está prevista en el centro poblado de Azángaro.

El consejero afirmó que se debe retrotraer el proceso para anular la adjudicación y convocar una nueva licitación, esto con el fin de garantizar un proceso transparente y abierto a empresas que cumplan las disposiciones establecidas.

Planteó que en la asignación de obras públicas debe primar la transparencia, las empresas con antecedentes sancionadores no deben recibir contratos estatales, y los fondos públicos tienen que utilizarse de manera eficiente para beneficio directo de la población escolar.

Vizcarra Estrella prepara un informe formal que será remitido a la Contraloría General de la República y al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, con el objetivo de que se revisen las condiciones y antecedentes de esta licitación.

Azángaro

Proyectos de saneamiento por S/90 millones en Juliaca paralizados por presuntos intereses

Juliaca vive momentos de angustia por el atraso de obras de saneamiento, valorizadas en más de noventa millones de soles, según Orlando Fernández Sejje, quien califica como grave la infiltración de extrabajadores de empresas contratistas en puestos estratégicos públicos.

El proyecto PMRI II, en su fase Medida 3, busca reemplazar tuberías con más de cincuenta años de antigüedad en Juliaca y San Miguel. Inicialmente costaba setenta y siete millones, pero los reiterados retrasos y cambios han encarecido la obra.

La suma invertida ya supera los noventa millones debido a veintidós ampliaciones presupuestales, que sumaron entre quince y dieciséis millones adicionales, sin que se logren avances significativos en la infraestructura prometida.

El cronograma inicial marcaba una ejecución de quince meses y un plazo de entrega en abril pasado, sin embargo, hoy el avance físico ni siquiera llega a la mitad, y otros frentes como Medida uno y Medida dos también están detenidos.

El Consorcio Constructor Juliaca, conformado por Sigma S.A.C. y GS Maquinarias y Constructora EIRL, se adjudicó este contrato millonario, aunque Fernández Sejje identifica presuntas complicidades entre excolaboradores del consorcio y funcionarios actuales.

Destaca el caso de Richard Sullca Cáceres, hoy asesor de la Municipalidad Provincial de San Román, pero antes integrante de GS Maquinarias, lo que configura una sospecha de conflicto de intereses en la toma de decisiones técnicas y financieras.

Fredy Armando Carita Faijó, actual gerente de SEDAJULIACA, también figura en registros como extrabajador de GS Maquinarias en un periodo reciente, justo antes de las adjudicaciones hoy observadas por la prensa y los vecinos.

Completa la lista Romario Cabana Alanoca, responsable de operaciones de la misma entidad, con empleos previos en la empresa beneficiaria, lo que refuerza los indicios de un patrón de favoritismo sistemático en la cadena de contratación pública.

En pleno desarrollo, se reemplazó a la supervisora original, Sex Consult Consulting, resolviendo unilateralmente su contrato y nombrando a otra compañía cercana al ejecutor, lo que allanó el camino para las ampliaciones y los sobrecostos actuales.

Sigma, integrante del consorcio, arrastra historial negativo por obras de saneamiento inconclusas en Desaguadero, Juli, Huancané y Arequipa, hechos que terminaron en resoluciones contractuales y cuestionan su idoneidad para nuevas licitaciones.

La dirección de usuario especial de SEDAJULIACA no fiscaliza ni supervisa las obras en progreso, permitiendo que la calidad y los plazos dependan únicamente de las decisiones de la empresa y su círculo más cercano.

Fernández Sejje compara la situación local con un “club de la construcción”, observando paralización de diversos proyectos municipales adjudicados por presuntos arreglos internos y estima un desfalco de un millón de dólares en la gestión de saneamiento.

Preocupa el silencio del alcalde provincial sobre las irregularidades, sumado a la falta de pronunciamiento de los regidores y del actual dirigente barrial, lo que aumenta el enfado y la frustración de los ciudadanos.

Ante la inacción institucional, Fernández Sejje se moviliza para exigir la separación inmediata de los funcionarios señalados y ya prepara documentos para acelerar los procesos ante las instancias superiores.

Vecinos y exdirigentes reclaman el firme castigo de los responsables del problema de saneamiento, como condición para restaurar la confianza en las instituciones y frenar futuras prácticas dañinas.

La Contraloría General y el Ministerio Público ya recibieron pedidos formales de intervención para investigar la malversación detectada, revisar contratos y determinar sanciones en favor del interés público.

Mientras tanto, la ciudadanía exige el retorno de los recursos y la instalación de mecanismos de control efectivos, esperando que los hechos recientes sirvan de lección y prevengan nuevos actos cuestionables.

Juliaca

  El Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Alicante ha alcanzado un preacuerdo clave con las organizaciones sindicales, consolidando un marco común para la regularización de las condiciones laborales de su plantilla. El presidente de la Diputación de Alicante y máximo representante del Consorcio, Toni Pérez, suscribió este…

Puno: Garantía del Hospital Rafael Ortiz Ravines se ejecutará bajo la ley vigente

Tras un informe emitido por parte de la contraloría donde se hacia la observación sobre la garantía mediante carta fianza correspondiente al 10% del presupuesto total para la ejecución del Hospital Rafael Ortiz Ravines, Oscar Macedo, gerente general del Gobierno Regional de Puno, detalló que la garantía se ejecutará bajo la ley N°31203 “ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica y dicta otras medidas”

«El consorcio se acogió a un beneficio legal, no hubo favorecimiento», declaró Óscar Macedo, tras el informe que señalaba un presunto incumplimiento en la garantía que asciende a 20 millones de soles para el Hospital Rafael Ortiz Ravines. La obra, licitada en 2024, se rige por el Artículo 33 de la Ley 32103, que permite retenciones progresivas como alternativa a fianzas tradicionales.

Macedo detalló que el consorcio Hospitalario Juli optó por la retención del 10% del contrato, figura avalada por el OSCE y establecida en las bases desde la tercera convocatoria. «El postor solicitó acogerse a la retención, figura legal vigente desde marzo de 2024», detalló funcionario.

«El proceso fue transparente y ajustado a la normativa vigente», enfatizó, descartando irregularidades. La Contraloría emitió observaciones la primera semana de marzo, pero el funcionario atribuyó el caso a un «error material» en la interpretación de la ley.

El hospital, incluye un fondo de supervisión concurrente y una Junta de Resolución de Disputas (JRD) para evitar paralizaciones. «La obra no se detendrá por controversias técnicas», aseguró Macedo.

Sumado a esto el Gobierno Regional Habría transferido 33 millones a la Contraloría para supervisión concurrente, incluyendo 3.2 millones destinados netamente al hospital Rafael Ortiz Ravines, que deberá garantizar la entrega que está prevista para el año 2028.

Puno

Consorcio Hospitalario Juli, ganador de licitación por S/ 202 millones, enfrenta cuestionamientos por antecedentes negativos

El Gobierno Regional de Puno adjudicó la construcción del Hospital Rafael Ortiz de Juli al Consorcio Hospitalario Juli, integrado por CMO Group S.A. y Operaciones y Servicios Titán del Perú, por un monto de 202 millones de soles, generando preocupación por los antecedentes de las empresas.

CMO Group, anteriormente conocida como Constructora Mediterráneo, arrastra una serie de controversias en proyectos hospitalarios, incluyendo el Hospital de Andahuaylas, que tras nueve años de iniciado solo alcanza un 53.9% de avance, pese a que el plazo original era de 18 meses.

La situación financiera de ambas empresas es preocupante. CMO Group mantiene una deuda con la SUNAT de más de 9 millones de soles, mientras que Operaciones y Servicios Titán del Perú debe cerca de 20 mil soles y cuenta con limitada experiencia en ejecución de obras.

El consejero regional por Chucuito, Abad Vizcarra, expresó su preocupación sobre el consorcio ganador, destacando específicamente los antecedentes negativos del apoderado, Armando Manuel Lezano Carrión, y exigiendo explicaciones al Gobierno Regional de Puno sobre la adjudicación.

El proyecto del Hospital Rafael Ortiz tiene programado iniciar con un presupuesto de 50 millones de soles para el 2025, contemplando un plazo de ejecución de 18 meses. La obra requiere una inversión total de 204 millones de soles.

«No vamos a permitir ninguna mentira, ningún engaño, porque aquí se trata de la salud del pueblo y en eso vamos a ser muy enfáticos», manifestó el consejero Vizcarra, quien además reveló que CMO Group fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado en 2021.

Chucuito