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Lamentablemente, en el último tiempo los casos de corrupción en la política se han vuelto una tónica en Latinoamérica. Desvío de dinero fiscales, cohecho, financiamiento ilegal de campañas políticas, pago de sobornos son algunos de los hechos que se han venido destapando desde 2014.

¿Pero cómo se combate la corrupción? Aquí van cuatro ejemplos de cómo la ciudadanía y los gobiernos están luchando para terminar con estas malas prácticas que afectan a la región.

Las acciones judiciales en Guatemala y el rol de la CICIG

En septiembre de 2015 el Presidente Otto Pérez Molina presentó su renuncia luego de ser acusado de participar en una red de sobornos al sistema de aduanas conocido como “La Línea”. La renuncia del mandatario se dio a solo meses de la dimisión de su vicepresidenta Roxana Baldetti, quien también ha sido involucrada en este caso.

A este proceso se suma el caso de las “plazas fantasmas”, una estructura a través de la cual se habrían sustraído fondos públicos mediante el uso de contratos anómalos en el Congreso de la República y en la que habría estado involucrado Pedro Muadi, presidente del Congreso en 2013.  Gudy Rivera Estrada, presidente del Congreso en 2012 también enfrenta un proceso judicial por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo.

Desde 2006 que en Guatemala funciona la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo sin precedentes creado mediante un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y la ONU con el objetivo de erradicar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que operan en este país.

La CICIG se ha involucrado directamente en los procesos judiciales y actualmente está trabajando en conjunto con el Ministerio Público en la investigación de “La Línea”, proceso que mantiene a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti detenidos de manera preventiva.

A las acciones judiciales se ha sumado la fuerte presión ciudadana que ha derivado en la creación de organizaciones sociales como Justicia Ya, Despierta Huehue, Xela Sos Vos, entre otras.

La presión ciudadana en Honduras

Desde mayo de 2015 las calles de Honduras se repletaron de manifestantes. Convocados a través de las redes sociales y llevando antorchas en sus manos, miles de jóvenes se reunieron en sucesivas jornadas de protesta para exigir el fin de la corrupción y la impunidad. 

Esto luego de que se diera a conocer que unos 330 millones de dólares habían sido sustraídos de los fondos del Instituto Hondureño de Seguro Social. De esta cifra, 94 mil dólares fueron destinados a la campaña electoral del actual Presidente Juan Orlando Hernández, quien posteriormente reconoció los hechos aunque afirmó que en el momento desconocía los orígenes de esos fondos.

Una de las principales demandas de los movimientos ciudadanos en Honduras es la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad con apoyo de la ONU, tal como se hizo en Guatemala.

Sin embargo, el gobierno de Hernández optó por la formación de una Misión de Apoyo a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en conjunto con la OEA. Si bien pareciera un avance, la iniciativa ha sido criticada debido a que, a diferencia de la comisión guatemalteca, la Misión hondureña no podrá participar directamente en las investigaciones y procedimientos legales, quedando limitada a dar un apoyo técnico y realizar recomendaciones para mejorar el sistema judicial.

Tecnología contra la corrupción en Perú

A propósito de las elecciones presidenciales y legislativas de este 10 de abril, la Asociación Civil Transparencia y Ojo Público lanzaron un grupo de herramientas para la observación ciudadana con el objetivo de prevenir actos de corrupción relacionados a las campañas políticas.

A través de Ojo a la Campaña es posible acceder a información sobre las actividades y los gastos de campaña de los partidos y las candidaturas de todo el país. Por su parte, a través de Neutralito es posible fiscalizar la neutralidad de la publicidad de gobierno durante el periodo electoral. Finalmente Veritas permite verificar si un candidato o candidata tiene antecedentes penales o procesos judiciales en curso, además de revisar la veracidad de las hojas de vida presentadas por cada candidatura.

La agenda legislativa anticorrupción en Chile

A fines de 2014 en Chile se destapó el llamado “Caso Penta”, un supuesto fraude al fisco realizado por Empresas Penta que consistía en la creación de boletas ideológicamente falsas por servicios nunca prestados a la compañía.

A partir de esta investigación por delitos tributarios se abrió una arista que reveló un sistema de financiamiento ilegal de campañas políticas cuyos dineros fueron a parar principalmente a los partidos de derecha.

Pronto la investigación abriría una nueva arista, la que reveló que la empresa Soquimich también mantenía el mismo sistema de financiamiento ilegal de la política. Esta vez el escándalo involucró al oficialismo y se sumó al “Caso Caval”, investigación que involucra a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet quien fue imputada por posibles delitos tributarios.

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