"Como en los últimos tiempos se habían multiplicado los casos de atentado por mal de ojo y dado, por tanto, que el aojamiento o cacoftalmia (la palabra había sido extraída de un viejo diccionario del siglo XVI) corría el peligro de convertirse en un verdadero azote, el Estado, con el fin de defender sus propios intereses así como los de sus súbditos frente a ese azote, se veía obligado a intervenir mediante la adopción de una serie de medidas.
Los poseedores de la facultad de aojamiento no eran, como antaño, condenados a muerte; únicamente se los privaba de la posibilidad de cometer sus maldades. Dicho objetivo se alcanzaba arrebatándoles el arma que les servía para llevarlas a cabo, que no eran sino sus ojos dañinos.
De forma tal que, de acuerdo con el decreto, todas aquellas personas acerca de las que se certificara la posesión de esa maléfica facultad serían privadas de sus ojos.
Dicha acción, es decir, el cegamiento, se realizaría a cambio de una indemnización que correría a cargo del Estado y cuyo monto previsto sería mayor para quienes acudieran voluntariamente a mostrar su tara a las autoridades. Se procedería a la desoculación (...), dicho de otro modo, a arrancar los ojos por la fuerza, y en estos casos sin indemnización alguna, a todos aquellos que, de una forma o de otra, intentaran eludir el cegamiento, se ocultaran u opusieran resistencia.
Se hacía un llamamiento a todos los súbditos del Imperio secular para que denunciaran abiertamente, o bien mediante cartas anónimas, a los individuos dotados de este poder, indicando al pie de las denuncias el nombre completo así como la localización exacta de la vivienda o el lugar de trabajo de la persona incriminada. Dichas denuncias podían ser hechas tanto acerca de simples ciudadanos como de funcionarios, por muy elevado que fuera el rango que ocuparan en la jerarquía estatal.
Esta última frase provocó que los ojos de numerosas personas quedaran helados por un instante, como si buscaran un punto invisible en la lejanía"
ISMAIL KADARÉ. El firmán de la ceguera.
