Islas perdidas.
Esta columna de opinión fue escrita hace algunos años para la clase de Géneros Periodísticos II. Nunca tuve retroalimentación por circunstancias especiales así que la publicaré por aquí.
Los manuales existen. Los protocolos también. En teoría, los establecimientos educacionales cuentan con normas claras para proteger a sus estudiantes y enfrentar situaciones de violencia escolar. Sin embargo, en la práctica, esa protección a menudo no llega a quienes más la necesitan. El autismo se considera una Necesidad Educativa Especial debido a que las personas en el espectro enfrentan, entre otros desafíos, dificultades en la interacción social. Con ese reconocimiento, en el año 2010 el Ministerio de Educación desarrolló un manual de apoyo docente para la educación de estudiantes con trastorno del espectro autista, destinado a los programas de integración escolar. Hoy, más de cinco mil establecimientos en el país forman parte de estos programas. Además, cada institución debe contar con un manual de convivencia y protocolos de acción frente a la violencia escolar, documentos que suelen estar disponibles para docentes, apoderados y estudiantes. Todo esto construye una sensación de seguridad: los niños asistirán protegidos a clases cada día. Pero esa seguridad es frágil. Una madre llega casi a diario a la escuela de su hijo, diagnosticado con autismo a los tres años, y hoy cursa primero básico. Sus compañeros lo golpean. Ella intenta comunicarse, seguir los pasos del protocolo de convivencia escolar. Es ignorada. La directora escribe sus reclamos en la tapa trasera de una vieja croquera; esa es la importancia que le da a su caso. La situación escala. Un compañero intenta estrangular al niño y solo se detiene porque una alumna de otro curso interviene. Ningún adulto estaba mirando. La madre denuncia el caso ante la Superintendencia de Educación. La respuesta de la encargada de convivencia escolar es clara y brutal: “no podemos hacer nada porque no es algo reiterado”. Hay quienes creen que el bullying es un invento de las nuevas generaciones, que nos hemos vuelto demasiado sensibles y que hoy llamamos violencia a lo que antes eran simples bromas entre compañeros. Pero dejan de ser bromas cuando su intención no es compartir un momento, sino dañar, humillar y hacer reír a otros a costa de la salud física y mental de alguien más. No es una broma reunir a un grupo de niños para golpear a otro. No es una broma empujar a otros a una crisis nerviosa. No es una broma convertir la formación escolar en una experiencia de miedo constante. Y no hay ninguna justificación para la indiferencia y el abandono por parte de los adultos responsables. En ese escenario, los manuales y protocolos se parecen a una isla perdida en medio del océano. Una isla sin recursos, sin personal y, aparentemente, sin salida. Son líneas de acción que en la práctica se ignoran, recursos mal utilizados o derechamente desperdiciados. De poco sirve que estudiantes y apoderados conozcan estos protocolos si quienes deben aplicarlos deciden mirar hacia otro lado. ¿A qué extremos se debe llegar para que las soluciones aparezcan? Incluso cuando los casos se hacen públicos, las instituciones guardan silencio, no declaran, no actúan, activan protocolos que parecen funcionar solo cuando los afectados son ellos mismos y esperan, una vez más, que escondiéndose el tiempo suficiente, se olvide. Porque nuestra memoria es frágil. Cada día, miles de niños dentro del espectro autista enfrentan la odisea de entrar a una sala de clases cargada de estímulos que los abruman y los mantienen en un estado constante de alerta y ansiedad.
