Visto desde Terminus

ESPAÑA controló el Río Mississippi y río el Missuri.

HISTORIA OCULTA

Arkansas y Misuri fueron territorio español

Mientras las 13 colonias luchaban por su independencia, España libraba su propia batalla clave en el interior del continente.

En lugares como Arkansas y San Luis de Misuri, los españoles frenaron a los ingleses y aseguraron el control del río Misisipi.

LA BATALLA DECISIVA

Inglaterra quiso rodear a los patriotas estadounidenses.

En 1780, una expedición británica con 300 soldados e indígenas atacó San Luis de Misuri. Fueron derrotados.

Tres años después, en 1783, intentaron tomar el fuerte español en Arkansas y volvieron a fracasar.

Esa fue una de las últimas batallas de la Guerra de Independencia de EE.UU.

CONTROL HISPANO

El río Misisipi fue Español gracias a Arkansas

Tras esas victorias, Inglaterra renunció al control del Misisipi. España dominó las vías fluviales centrales del país y pudo seguir enviando armas, pólvora y suministros a los revolucionarios norteamericanos.

Sin ese apoyo, la independencia de EE.UU. habría sido muy diferente.

FUERTE CLAVE

Carlos III y el puesto francés que fue español

El Fuerte Carlos III, originalmente un puesto francés de 1763, pasó a manos españolas tras la derrota francesa.

España lo restauró, lo defendió de los indios chickasaw y lo convirtió en un centro comercial y de comunicaciones vital para conectar con otros territorios.

CRECIMIENTO HISPANO

Los hispanos son cada vez más en Arkansas

Hoy, la población hispana en las grandes ciudades de Arkansas no para de crecer. Aquellos territorios que España defendió con cañones y soldados siguen recibiendo la huella viva de nuestra lengua, nuestra historia y nuestra gente.

¿Sabías que Arkansas fue territorio español durante décadas?

¿Qué otra batalla hispana en EE.UU. crees que debería ser más conocida?

El Atlético de Madrid fue jurídicamente arrebatado a sus socios mediante una operación de ingeniería societaria y contable que el Tribunal Supremo calificó como delictiva, pero cuyos máximos responsables evitaron la cárcel por la combinación de la prescripción del delito de apropiación indebida y el fallecimiento del principal acusado.

La maniobra nuclear se consuma el 30 de junio de 1992, cuando Jesús Gil se hace con la mayoría del capital de la recién creada SAD sin desembolsar efectivamente el precio de las acciones, desplazando de hecho el control desde una asociación de base mutualista, el club de socios, a una sociedad de capital dominada por su propio grupo.

El TS declara probado el “hecho criminal”: los fondos utilizados para simular el desembolso eran créditos puente reembolsados de forma casi inmediata, de modo que el capital social aparece formalmente suscrito y desembolsado, pero materialmente no lo estaba, consolidando así un cambio estructural de titularidad en fraude del régimen de transformación de clubes en SAD.

A ello se suma, ya en 1998, la estafa por contratos simulados de cesión de derechos económicos e imagen de cuatro jugadores (Cosme, Marcos, Luis Antonio y Alexander) por 2.740 millones de pesetas, cuyo único efecto real fue la cancelación contable de una deuda de aproximadamente 2.700 millones de pesetas de sociedades de Gil frente al Atlético, privando al club de un crédito cierto a cambio de activos futbolísticos prácticamente inexistentes.

Pese a la acreditación de este expolio estructural, el Supremo absuelve a Jesús Gil y a Enrique Cerezo del delito de apropiación indebida exclusivamente por razón de prescripción, no porque niegue la ilicitud de la apropiación del club.

La Sala sitúa el dies a quo de la prescripción en la propia fecha de la toma de control accionarial (30‑6‑1992), considerando que desde ese momento el delito se consuma, y confronta ese hito con la fecha de interposición de la querella de la Fiscalía Anticorrupción (19‑7‑1999), constatando que han transcurrido “con creces” los cinco años de prescripción anudados al tipo aplicado.

Esa opción técnica, discutida doctrinalmente frente a la tesis de la continuación delictiva y de un dies a quo ligado a la cesación de la situación antijurídica, permite declarar la extinción de la responsabilidad penal por el delito de apropiación indebida, arrastrando incluso la desaparición de la obligación de devolver al club las 236.056 acciones objeto de la apropiación, “sin perjuicio de las acciones civiles” que el Atlético pudiera intentar.

En paralelo, la responsabilidad penal de Jesús Gil por la estafa ligada a los contratos ficticios de 1998 se extingue por causa de muerte, mientras que la de Miguel Ángel Gil Marín se mantiene, pero con una pena reducida a un año y seis meses de prisión por estafa mediante simulación contractual, de clara orientación simbólica en términos preventivos.

Cuando estalló el caso del Pequeño Nicolás, el relato dominante fue que el PP había sido víctima de un joven impostor extraordinariamente hábil. Durante meses vimos portadas, tertulias y reportajes sobre el supuesto estafador que había conseguido engañar a todo el mundo.

Sin embargo, conviene recordar algo: aquel joven no apareció de la nada en los pasillos del poder. Era del PP desde jovencito. Entró en actos oficiales, se fotografió con dirigentes políticos, accedió a instituciones y llegó incluso a presentarse como representante de organismos del Estado. La pregunta sigue siendo la misma más de una década después: ¿cómo pudo hacerlo durante tanto tiempo sin que nadie levantara una sola barrera?

Y conviene recordar también que no estamos hablando de una persona inocente que fue víctima de una campaña mediática. Francisco Nicolás Gómez Iglesias acabó siendo condenado en distintas causas judiciales por falsedad documental, por falsificar un DNI para que otra persona realizase la Selectividad en su nombre, por hacerse pasar por emisario de la Casa Real y del Gobierno en el episodio de Ribadeo y por utilizar documentación falsa atribuyéndose funciones oficiales del Estado.

Ni Esperanza Aguirre, que fue una de las que lo amparó o García Legaz tuvieron nunca que declarar y negaban conocerlo cuando el

“Pequeño Nicolás” se paseaba por los despachos del PP de Madrid como por su casa. Tenía hasta despacho propio.

Francisco Nicolás era íntimo amigo del hijo pequeño de Aznar y no estuvo solo presente en la sala abarrotada del hotel Intercontinental de Madrid cuando Aznar presentó su libro sino que también tuvo acceso al posterior cóctel y cena que se ofreció para un número mucho más reducido de personas. Jamás llamaron a declarar al hijo de Aznar para que explicase cuál era su relación.

Más llamativo resulta comparar ese caso con otros procedimientos judiciales.

En la causa por los pagos en B de la reforma de la sede del PP, los tribunales acreditaron la existencia de pagos opacos y hubo condenas para los responsables que gestionaron la operativa económica. Sin embargo, no vimos desfilar como acusadas a secretarias o personal administrativo del partido por el mero hecho de haber trabajado en un entorno donde se produjeron aquellos hechos.

Y, sin embargo, en otros procedimientos recientes parece sostenerse que personal administrativo puede ser considerado colaborador necesario por el simple conocimiento o gestión de documentación relacionada con actuaciones investigadas.

La diferencia de criterio plantea una pregunta legítima: ¿se aplican los mismos estándares a todos los partidos políticos y a todas las personas implicadas?

Porque si una auxiliar administrativa puede ser considerada pieza clave de una supuesta actuación irregular por conocer documentos o participar en trámites internos, resulta inevitable preguntarse por qué ese mismo razonamiento no se aplicó con la misma intensidad en otros casos que acabaron incluso con condenas judiciales firmes.

Sin base, sin corrector, sin filtros y sin intentar ocultar nada.

Lo más impactante es que ella misma contó que antes podía pasar horas maquillándose porque no se sentía cómoda con su apariencia 100% natural. Y precisamente por eso decidió hacer lo contrario; aparecer frente a los jueces exactamente como era.

Su decisión llamó la atención en todo el mundo.

Mientras muchos concursos de belleza suelen estar asociados a estándares muy específicos de imagen, Melisa convirtió algo tan simple como mostrarse al natural en el centro de toda la conversación. Y no solo logró llegar a la final, sino que terminó inspirando a muchísimas personas que comenzaron a escribirle diciendo que se sentían más seguras consigo mismas después de verla.

Y ahí está lo más interesante de toda la historia.

Ella no ganó la corona de ese año.

Pero mucha más gente recuerda a la participante que apareció sin maquillaje que a la propia ganadora del concurso.

Y quizá eso dice muchísimo sobre qué fue lo que realmente impactó a las personas.

— ¿Es hermosísima?

❤️ — Si

✍️ — No

Crítica a la Ley Mordaza: la hipocresía de una promesa incumplida que amordaza las libertades.

La conocida como Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana) fue aprobada en marzo de 2015 por el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, en un contexto de fuerte descontento social tras la crisis económica, el 15M y numerosas protestas. Se vendió como una herramienta para garantizar el orden público, pero en la práctica se convirtió en un instrumento de control y represión de la disidencia.0

Problemas estructurales de la ley

Esta norma restringe derechos fundamentales de forma desproporcionada:

• Criminaliza la protesta social: Sanciona manifestaciones espontáneas, concentraciones no comunicadas previamente y protestas cerca de edificios institucionales. Convirtió en infracciones administrativas (con multas elevadas) conductas que antes se gestionaban con mayor flexibilidad.

• Protege la impunidad policial: Prohíbe la difusión no autorizada de imágenes de agentes en funciones (aunque hubo alguna corrección parcial por el Tribunal Constitucional), lo que dificulta la documentación de posibles abusos.

• Multas desproporcionadas: Ha generado cientos de miles de sanciones (más de 290.000 solo hasta 2022 en algunos artículos clave) y ha recaudado más de 1.000 millones de euros. Es un mecanismo que castiga económicamente a los disidentes sin pasar por un juicio penal con garantías.2

• Amplia discrecionalidad: Conceptos vagos como “faltar al respeto” a la autoridad o “alterar la tranquilidad ciudadana” dejan un amplio margen a la interpretación subjetiva de las fuerzas de seguridad.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Article 19 y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa han criticado repetidamente estos aspectos por no ajustarse a estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en materia de libertad de expresión, reunión y manifestación.1

La promesa incumplida del Gobierno actual

Aquí radica la crítica más dura: el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE, primero en coalición con Unidas Podemos y luego con Sumar) convirtió la derogación de esta ley en una bandera electoral y un compromiso solemne.

• En 2015, Pedro Sánchez y el PSOE clamaban contra ella llamándola “la ley más injusta de la democracia” y prometiendo derogarla “nada más llegar al Gobierno”.8

• Apareció explícitamente en los acuerdos de coalición de 2019 y 2023.

• Han pasado más de diez años desde su aprobación (y casi una década de Gobiernos de izquierda), y la ley sigue vigente en sus aspectos esenciales. Solo se han producido reformas parciales y tardías, bloqueadas en varias ocasiones por desacuerdos parlamentarios (incluso con sus socios como ERC o Bildu).2

En lugar de una derogación íntegra, se han limitado a anunciar modificaciones puntuales (como en 2024 con acuerdos PSOE-Sumar), pero la esencia represiva permanece. Mientras tanto, la ley ha seguido aplicándose masivamente, recaudando millones y limitando protestas. Esto no es mera ineficacia legislativa: es falta de voluntad política real. Una vez en el poder, las prioridades cambiaron y la “seguridad ciudadana” (entendida como control) resultó más cómoda que defender las libertades que antes exigían.

Esta contradicción erosiona la credibilidad democrática: se critica al PP por aprobarla con rodillo, pero se mantiene viva con excusas y dilaciones. Revela que, para algunos, los derechos son un arma arrojadiza en la oposición y un estorbo en el Gobierno.

Consecuencias reales

Mantener esta ley supone normalizar la restricción de libertades bajo el pretexto de la seguridad. En un Estado democrático maduro, la protesta no debe ser vista como una amenaza sino como un elemento constitutivo. Multar a fotoperiodistas, activistas climáticos, independentistas o manifestantes por el simple hecho de ejercer derechos básicos genera un efecto disuasorio (“efecto chilling”) que empobrece la democracia.

La Ley Mordaza no solo es una herencia problemática del PP. Es el símbolo de una promesa rota por el PSOE: la de un Gobierno que llegó prometiendo regeneración democrática y que, una vez instalado, ha preferido gestionar el poder con las herramientas represivas que tanto denunciaba.