Danner González

30 de abril de 2015

El pasado jueves 23 de abril de 2015, en la Cámara de Diputados se votó y aprobó el proyecto de Decreto por el que se declara el primer viernes de marzo Día Nacional de la Oratoria.

La larga lucha por la conquista de derechos y libertades en México, está marcada por grandes oradores.

Lo fueron Ignacio Manuel Altamirano, Francisco Zarco Mateos, Ignacio Ramírez “El Nigromante”, los hombres de la Reforma de quienes Daniel Cosío Villegas escribió que parecían gigantes.

Ricardo Flores Magón tenía razón cuando decía que detrás de cada movimiento revolucionario hay una montaña de discursos, de artículos periodísticos y de manifiestos.

En la Crónica del Constituyente de Querétaro, pueden leerse las notables intervenciones en tribuna que perfilaron la primera Constitución, que antes que la de Weimar, introdujo derechos sociales. Allí Francisco J. Múgica, Heriberto Jara Corona, Luis Cabrera y Cándido Aguilar, entre otros, destacaron por sus magistrales intervenciones y lúcidos ideales.

Por amar a México y por decir la cruda verdad que denunciaba los excesos del poder, murió Belisario Domínguez. Las denuncias del médico chiapaneco tienen una pasmosa actualidad que se advierte cada año en el Senado en la entrega de la medalla que lleva su nombre, ante la presencia del Presidente de la República, cuando se lee la comunicación en que pide la renuncia de Victoriano Huerta. Son aquellas motivaciones, las mismas que nos llevarían a pedir hoy la deposición de un gobierno incapaz y corrupto.

Se silencia a los incómodos. Praxedis Guerrero, Antonio Villarreal, Serapio Rendón. La función social de la oratoria es agotar todos los medios para persuadir con palabras. Cuando los recursos dialécticos se agotan queda la elocuencia puntual de las balas. Como testimonio de ello, la palabra y la lucha de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, de Rubén Jaramillo que dijo: “Entierren las carabinas donde puedan volver a encontrarlas”.

El 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio pronuncia un discurso esperanzador que sacude las dolencias del régimen al tiempo que lo confronta con sus fantasmas. Después vendría el fatídico desenlace de Lomas Taurinas. Colosio era ya un candidato incómodo.

Las palabras son señas de identidad. De entre los silencios, quizá el que provoca la más grande ausencia en el lenguaje es el silencio político, cuando se calla lo que no conviene decir, aquello que puede lastimar intereses personales o de grupo, cuando callando se lacera el bien común.

En este casi mes y medio que he tenido la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados, un servidor, como muchos otros legisladores, he subido a tribuna a señalar lo que está mal, a tratar de convencer para que rectifiquen su voto o para que modifiquen un dictamen aquellos que se asumen como mayorías monolíticas e imperturbables. Lo único que hemos conseguido es que desdeñen los argumentos con votos de consigna.

Insistir a estas alturas de nuestra realidad en la capacidad transformadora de la oratoria sobre las grandes decisiones nacionales es más bien un acto de fe en el Congreso de la Unión. Quienes aspiramos a sacudir el letargo de la Asamblea somos tímidas voces en el desierto que creemos que sí hay de otra, y que un día la palabra volverá a ser agente activo de cambio. Mientras tanto, como diría el poeta, he aquí nuestra voz, en medio de la ruina y los discursos.

Tiene sentido la oratoria cuando la palabra no se empeña ni se vende, cuando no se obstina en defender lo indefendible, cuando no es mercenaria y sí, en cambio, tiene dignidad, cuando abandona el terreno de las ideas y se vuelca en acciones responsables, en beneficios palpables para la gente.

Tiene sentido la palabra cuando como el doctor José Manuel Mireles, hasta la fecha preso injustamente por defender a su pueblo, pregunta: ¿Es que ni por dignidad nos vamos a levantar?

Urge que escuchemos los reclamos de todos los rincones de esta patria mexicana, en donde aún existen gobiernos que pretenden silenciar a las voces que piden justicia en las sierras, en los pueblos, en los cinturones de miseria, en las fábricas y empresas que explotan a los trabajadores, en las plazas que el hampa ha secuestrado y que se llenan de sangre todos los días.

Amable lector: Soto y Gama dijo en la Convención de Aguascalientes que: Cuando se viene a la tribuna no se es villista, ni zapatista, ni constitucionalista. Se es mexicano.

Con esa convicción en mente hago votos para que las próximas legislaturas del Congreso de la Unión eleven su responsabilidad social y sepan estar a la altura de las exigencias de los mexicanos; para que en nombre de las libertades humanas, de la justicia, de la ansiada democracia, reconozcamos a la oratoria como el más eficaz medio para alcanzar fines humanos.

Que el Día Nacional de la Oratoria sea una fecha de conmemoración y reflexión; que no sea utilizada como un coto de grupos que la usen como una franquicia.

21 de abril de 2015

El pasado 8 de abril de 2015, compareció ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé. La comparecencia fue una importante oportunidad para conocer la situación actual y perspectivas de la política monetaria del país, a través de una institución que, genérica y extensivamente, desde la crisis financiera del sudeste asiático, ocurrida hace ya casi veinte años (1997), ha estado sometida al debate público, académico y político; especialmente en el contexto de su autonomía o independencia, transparencia y rendición de cuentas e, indiscutiblemente, resultados.

Entre los principales temas que abordó el titular del Banco central destacaron la consolidación del sistema financiero, el “hecho histórico” de que la depreciación del peso frente al dólar no se haya traducido en mayor inflación, la cual, a decir de él, se ha mantenido dentro de los objetivos del Banco de México (3%), entre otros. Su visión de futuro fue optimista, por no decir ilusa, en consideración a las acciones que ha tomado el Banco Central y las que tomaría de ser necesarias, que pregona una y otra vez como evangelio gastado.

Como el futuro no nos pertenece, la referencia del pasado puede ilustrarnos mejor para juzgar el presente y vislumbrar con mayor certeza el futuro monetario del país. En primer lugar, cuando Carstens se desempeñó como Secretario de Hacienda urgió, junto con el entonces Presidente Calderón, la necesidad y conveniencia de que el Banco de México bajara la tasa de interés para enfrentar la crisis internacional y mantener el crecimiento del país, cuestión ampliamente conocida que Guillermo Ortiz, entonces gobernador de Banxico, se negó a bajar la tasa de interés, contraviniendo la posible coordinación de la política monetaria con la política fiscal en plena crisis nacional, que desembocó en una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor del 6%, una contracción del empleo y una profundización de la pobreza y miseria del país.

En segundo lugar, aún cuando constitucionalmente el Banco de México no debería financiar al gobierno federal la compra de Bonos del IPAB para inyectar liquidez realizada por el Banco Central, esto ha significado su financiamiento. Toda vez que tales obligaciones constituyen parte del saldo de los requerimientos financieros del gobierno federal, que es esencialmente la verdadera deuda pública, tal como lo admitió la SHCP en 2013 en la exposición de motivos de la reforma financiera del gobierno del Presidente Peña Nieto. Así, parece que la independencia política del Banco de México le permite aún contravenir aún la propia Constitución.

Todo indica que la estabilidad financiera no corre en paralelo con la realidad económica y las finanzas de los agentes económicos, del interés público y de la ciudadanía. Al respecto, baste tener presente el hecho y las consecuencias económicas y financieras que la conducta de la empresa Oceanografía han generado. Agréguese el caso de FICREA, que tanto ruido y daño patrimonial generó a los cuentahabientes, incluidas algunas instituciones oficiales. Sabemos que formalmente esa responsabilidad se centra en otras instituciones, pero sin duda deben ser parte de la estabilidad financiera que debería ser atribución del Banco de México.

Quisiéramos que los dichos del Doctor Carstens dieran frutos positivos para el país, pero la historia y su pasado lo condenan. Cuando Estados Unidos de América se debatía en la Gran Recesión que derivó en la crisis internacional de 2008-2009, Carstens dijo que a México sólo le iba a dar un “catarrito”. Lo que le dio realmente al país fue una pulmonía que evidenció plenamente el estancamiento secular que ha vivido desde hace casi seis lustros. Estancamiento que se ha dado en plena abundancia de ingresos petroleros, elevado gasto y mayor deuda pública; asuntos que directamente fueron responsabilidad de él.

En cuanto al rescate bancario, el país no ha pagado un sólo peso de capital desde 1998, tal como lo manifiesta actualmente el pasivo financiero del IPAB. En la explicación que dio literalmente él respecto de la crisis bancaria como funcionario del Banco de México a un investigador Norteamericano fue: “nosotros tomamos una apuesta calculada y perdimos”.[1] Obviamente apostaron entonces el país como en un juego o gambling, pero no le apostaron al país, y al final los que perdieron y siguen perdiendo realmente han sido casi todos los mexicanos.

Por lo demás, lo deseable es que el Banco de México deje en los hechos de ser un ente político independiente de los poderes instituidos y asuma una conducta de servicio a los ciudadanos, que son los que democráticamente dan el mandato de ley al gobierno.

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09 de abril de 2015

El artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que para hacer adiciones o reformas al texto jurídico fundamental de los mexicanos, se necesita el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes del Congreso de la Unión al momento de votarse dichos proyectos, y que éstos sean aprobados por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

Hago mención de lo anterior porque el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución federal en materia de disciplina financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que el Congreso de la Unión aprobó en diciembre pasado, se ha estancado en las legislaturas locales.

¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo: que los Estados y Municipios están mostrando un gran recelo por transparentar el manejo de los recursos públicos. ¿Por qué?, porque muchos Gobernadores y Alcaldes hacen de este dinero su caja chica para financiar intereses personales, políticos y electorales, aun cuando este dinero debiera destinarse única y prioritariamente a educación, salud, vivienda, obra pública, generación de empleos o bienestar social.

Precisamente por eso el día 7 de abril del año en curso, en la Cámara de Diputados aprobamos un acuerdo en el que se exhorta a las Legislaturas de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, para que discutan y, en su caso, aprueben el Proyecto referido.

Lo dije en tribuna y aquí refrendo mi posición. En este tema no pueden ni deben escatimarse recursos, ni andar con medias tintas, máxime cuando la corrupción y el endeudamiento de las Entidades Federativas y de los Municipios constituye una bomba de tiempo que si no se atiende hoy, el día de mañana puede ser el detonante de una crisis económica, social y de gobernabilidad.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que la deuda de Estados y Municipios sumó 509 mil 690 millones de pesos al cierre de 2014, lo que representa un incremento anual de 1.4% en términos reales, pero tan sólo en lo que va de la presente administración federal, la deuda interna de las Entidades Federativas y los Municipios se incrementó 75 mil millones de pesos.

Además, para el ejercicio fiscal 2013, los Estados y Municipios del país recibieron transferencias de recursos federales por 1 billón 474 mil 137.4 millones de pesos, cifra superior en 7.4% en términos reales a la registrada en el ejercicio fiscal 2012.

Lo más dramático es que estas exorbitantes cantidades están en el limbo económico, en el mejor de los casos, y en el peor, en el caño de la corrupción, toda vez que son inversamente proporcional a la calidad de vida de los habitantes, como muestra tenemos el caso de Veracruz, que es un Estado al cual se le inyectan año con año carretadas de millones de pesos pero año con año los indicadores señalan que la pobreza y la marginación social y educativa aumentan.

Y esto mismo lo reafirman los análisis de los informes de las cuentas públicas que realiza la Auditoria Superior de la Federación, que aparte de señalar la  gran dependencia de los gobiernos locales respecto de las transferencias federales, también puntualiza que hay irregularidades en el manejo de estos recursos públicos, uso excesivo de discrecionalidad, fallas en los resultados de los programas, así como ausencia de elementos suficientes y efectivos de supervisión y control.

24 de marzo de 2015

A partir de la década de los 40´s del siglo pasado se afianzó el fenómeno político denominado “Presidencialismo”, cuyos rasgos característicos eran bien conocidos por el enorme avasallamiento que el titular del Ejecutivo Federal ejercía no sólo en la vida económica, sino política e institucional del país, lo que propició un control sobre los otros dos poderes (Legislativo y Judicial), a tal grado de que era práctica aceptada que “el poder de los poderes” era el Ejecutivo.

El proceso de democratización que vivió el país a partir de 1977, la pluralidad de la sociedad, el desmantelamiento del partido hegemónico, el resquebrajamiento del corporativismo, la competencia electoral, la pluralidad y fortaleza en las instituciones públicas, así como la propia dinámica del sistema político y del entramado social influenciado por las crisis económicas y por el proceso de apertura de la globalización y las nuevas tecnologías de la información, hacían suponer que la división de los poderes y los pesos y contrapesos en México tenían una evolución progresiva.

Sin embargo, con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder presidencial, no sólo el proceso de consolidación democrática sufrió un revés, sino que hay claros síntomas de regresión y autoritarismo que recuerdan los momentos más oscuros de un régimen que se resiste a morir.

Las consecuencias de ello se ven reflejadas en los poderes Judicial y Legislativo. Con la designación de Arely Gómez González al frente de la Procuraduría General de la República y con el nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sistema de procuración y administración de justicia están a merced de los intereses políticos de Los Pinos.

Es sorprendente además, que la dinámica del Congreso durante los últimos años haya estado sujeta a la línea política que el Presidente delineó a través de ese acuerdo político perverso denominado “Pacto por México”, que hizo posible las mal llamadas reformas estructurales como la hacendaria, la educativa y la energética, que lejos de mover a México hacia el progreso, lo han orientado por el camino del desgobierno y la desesperanza.

La importancia del Congreso en la vida política de cualquier Nación es ampliamente conocida. Se trata de un poder público que tiene la alta tarea de hacer leyes justas para la convivencia social armónica entre los individuos, pero también cuando funciona de manera efectiva evita los abusos del poder Ejecutivo y funge como portavoz e intermediario entre la sociedad –que es a quien se debe- y el resto de las instituciones.

¿Qué sucede hoy en el Congreso? Los partidos tradicionales evitan a toda costa debatir sobre los grandes problemas nacionales, como si la crítica del gobierno federal fuera cosa prohibida. Resulta irónico que un Poder que debiera asumir su rol de contrapeso al Ejecutivo acabe convirtiéndose en quien le cuida las espaldas, un Congreso plegado a los designios presidenciales, un Congreso doblegado.

Es entendible, en consecuencia, por qué menos del 20% de los mexicanos confían en los diputados, tal como señala el “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México 2014”, elaborado por el otrora Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE).

El país necesita un Poder Legislativo que revierta la sensación generada en la ciudadanía de que los legisladores no trabajan o que trabajan muy poco, en el mejor de los casos, y en el peor de que la mayoría parlamentaria sólo es un fiel portavoz de los mandatos del “señor Presidente”. El Congreso de la Unión debe trabajar con más intensidad, con más tiempo y en apego estricto a las demandas de los ciudadanos, pues éstos exigen y merecen legisladores de tiempo completo y profesionalismo, para poder cumplir celosamente con el mandato popular para el que fueron electos.

Basta asomarse por estos días a las sesiones de la Cámara de Diputados para toparse con una tierra baldía, de curules vacías y de legisladores –con honrosas excepciones– que oyen pero no escuchan lo que se dice en tribuna. En medio del fragor del proceso electoral, hay diputados que ya sólo esperan que llegue el 30 de abril para que se acabe el período ordinario y puedan hacer sus maletas.

14 de marzo de 2015

El día jueves 12 de marzo del año en curso, se hizo oficial la renuncia de Mauricio Audirac Murillo, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.

Una renuncia de un secretario a veces es necesaria para recomponer el camino y para renovar el gabinete a fin de fortalecerlo y hacerlo más eficiente, pero esto no es el caso del gobierno estatal, ¿por qué?, resulta que en lo que va de la actual administración de Javier Duarte han estado al frente de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Tomas Ruíz, Salvador Manzur, Carlos Aguirre, Fernando Charleston y Audirac Murillo.

Se trata de seis secretarios que han desfilado con más pena que gloria desde 2010 a la fecha. Esto no es una muestra de estabilidad ni de mejora continua para Veracruz, por el contrario, es timbre de inestabilidad, debilidad y retroceso. La cantidad de tesoreros ha sido inversamente proporcional al control de la hacienda pública bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Es muy crítica la situación por la que atraviesa Veracruz. Tal y como lo ha señalado Carlos Loret de Mola: Desde las más altas esferas del poder saben que la entidad es la cuarta más violenta del país, el sexto con más secuestros y que encabeza la lista de entidades donde más matan a periodistas, es el quinto peor en escolaridad y el cuarto con más analfabetas.[1]

Si lo anterior ya es alarmante, espérese tatito amable lector que aún hay más. “Según la Auditoría Superior de la Federación, Veracruz es uno de los tres estados con mayor opacidad en el uso del presupuesto. Extraoficialmente se ha detectado un notable gasto en la renta de aviones particulares mientras hay proveedores a los que no se les ha pagado desde hace varios años y a quienes se les sugiere “arreglarse” con Tesorería…Lo cierto es que las finanzas estatales están en territorio de colapso. Fuentes de primera fila… revelan que el Presidente Peña Nieto ya fue informado que Veracruz está en situación de quiebra. Tal es el diagnóstico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.[2]

Precisamente, se rumora, que estos problemas financieros serían el detonante para que saliera por la puerta trasera Mauricio Audirac. La administración financiera y tributaria del gasto público parece no ser la carta fuerte del gobierno estatal.

Lo más seguro es que en próximas horas, a más tardar en días, se presente al nuevo Secretario de Finanzas como un funcionario eficiente y capaz, aunque el nuevo tesorero llegará a ese puesto por el mismo mérito que el resto de los funcionarios del gabinete: ser amigo personal y priísta leal.

De ser así, de nueva cuenta la incondicionalidad estará  por encima de la funcionalidad y la fidelidad por encima de la racionalidad administrativa.

[1] Loret de Mola, Carlos. “Aquí no pasa naaada”, EL UNIVERSAL, 11 de marzo de 2015. Disponible en: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2015/03/111594.php [Última consulta: 12 de marzo de 2015]

6 de marzo de 2015

Todo el circo maroma y teatro que representó la captura de Servando Gómez Martínez, mejor conocido como “La Tuta”, derivó en el bombardeo mediático que para el gobierno federal y los medios de comunicación afines a su causa, fue la cortina de humo perfecta (o si usted prefiere, amable lector,“La caja china” como diría Luis Estrada en “La dictadura perfecta) para borrar de la agenda política nacional un tema de suma relevancia: la sumisión del Instituto Nacional Electoral para favorecer claramente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

No es cuestionable la captura de un personaje que se ha encargado de infringir la Ley. Al contrario, todo aquel que daña a la sociedad y sistemáticamente se pasa por el arco del triunfo la norma debe ser sancionado. Pero sí debemos dejar asentado que esta captura no significará el fin de un problema estructural, a saber,  la inseguridad y la violencia, tal como quieren vender la idea desde el gobierno.

De ser así, las detenciones o abatimientos de muchos capos de 2006 a la fecha ya hubieran terminado con la producción, comercialización y violencia que genera el narcotráfico, y que nos han colocado como una de las naciones más inseguras y violentas del orbe. No habrá eficacia en el combate al narcotráfico mientras se insista en estrategias de corte punitivo y reactivo; mientras no se entienda la policromía del problema ni se instrumenten políticas públicas sociales, culturales, económicas, tendientes a generar mejores niveles de vida.

Pero volvamos al tema que nos ocupa. La detención del traficante antes aludido se dio en un contexto donde el INE estaba siendo objeto de severos cuestionamientos por parte de los propios partidos políticos, de la academia y hasta de la ciudadanía, producto del deterioro institucional  y la falta de imparcialidad.

¿Cuáles son los motivos? Entre las prácticas desleales y contrarias a un proceso electoral democrático puestas en marcha por el INE destacan la postergación para reglamentar la imparcialidad del uso de los recursos públicos y para garantizar el uso legal y no electoral de los programas sociales[1]; las decisiones en materia de radio y televisión que impusieron bloqueos estatales y restringieron el monitoreo a la cobertura de medios sobre campañas[2];la nula atención a la exigencia de los 243 Consejeros Locales (OPLES) para dictar los lineamientos que permitan evitar el uso de recursos públicos para la compra de votos[3]; así como la ausencia de una resolución en materia de fiscalización sobre el despliegue de la campaña multimillonaria “El Verde sí cumple” y el evidente uso ilegal de los datos personales del padrón electoral que deriva para promocionar la misma campaña “El Verde sí cumple”.[4]

No es poca cosa lo que está en juego de cara al próximo mes de junio. En términos cuantitativos habrán de renovarse más de 2 mil cargos (entre diputaciones federales y locales, gubernaturas y alcaldías, hasta jefaturas delegacionales), pero más importante resulta el hecho de que en el plano cualitativo el INE está dando al traste con los principios constitucionales en materia electoral, a saber: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Con ello el INE le dice a las claras a la sociedad que la cultura de la tranza vale más que la cultura de la legalidad y que la cultura de la corrupción puede más que el repudio a la impunidad. Luego de dos procesos muy cuestionados y controvertidos como los de 2006 y 2012, las lecciones de las elecciones fueron que el país no merece ni puede tener un árbitro electoral timorato, indeciso o apocado que venda la elección al mejor postor. En democracias maduras el número de votos con los que se gana una elección es importante, pero más importante es la legitimidad con que se obtienen esos sufragios.

[1] “Abandonan 7 de 10 partidos sesión del INE”, LA BRECHA, 19 de febrero de 2015. Disponible en:  http://labrecha.me/2015/02/19/abandonan-7-de-10-partidos-sesion-del-ine/ [Última consulta: 1 de marzo de 2015]

[2] Ibídem.

[3] “243 consejeros critican al INE por no aprobar medidas que evitan la compra de votos”, SIN EMBARGO, 24 de febrero de 2015. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/24-02-2015/1261298 [Última consulta: 1 de marzo de 2015]

26 de febrero de 2015

Concluida la Revolución Mexicana y fortalecido el partido hegemónico (PNR, PRM, PRI), se concentraron en la figura del Presidente de la República enormes poderes que le permitieron, durante casi siete décadas, poner en marcha un sistema de calculados equilibrios, pesos y contrapesos. Se trató de una solución incluso más eficaz –para sus ambiciones– y desde luego institucional, que la de Porfirio Díaz, a costa de una política de privilegios, estímulos y corrupción entre los miembros de la clase política, para las grandes centrales corporativas y para los empresarios afines al sistema.

Es conveniente hacer este recuento porque los escándalos de la casa de Ixtapan de la Sal de Enrique Peña Nieto; la “Casa Blanca” en las Lomas de Chapultepec de Angélica Rivera; la casa de Malinalco de Luis Videgaray; la cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro a una empresa china por la poca transparencia con la que se llevó este proceso; sumado a que de los 25 integrantes del gabinete presidencial, 21 tienen en conjunto 102 propiedades de dudosa procedencia[1]; subrayan un hecho rotundo: que la corrupción en las altas esferas del poder revela que el viejo modus operandi del “nuevo” PRI está más vigente que nunca.

Estas reflexiones respecto al tema de la corrupción, son necesarias porque en 2013 nuestro país se ubicó en el lugar 109 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional. El cáncer de la opacidad, los negocios en lo oscurito y las corruptelas al amparo de conflictos de intereses, dañan a la sociedad y la confianza en las instituciones, al tiempo que deterioran la imagen del gobierno. Como consecuencia inmediata de ello, disminuyen los ingresos públicos destinados a bienes y servicios básicos como salud, educación, vivienda y bienestar social. Asimismo, reduce los niveles de crecimiento económico y empleo en el sector privado y en el público, lo que agrava la pobreza, la desigualdad social y daña los procesos de inversión en el país.

Por estos días, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión se discute y se votará –después de muchos dimes y diretes, de negociaciones, cambios y concesiones entre los partidos tradicionales (PRI-PAN-PRD) que como en aquella canción de Timbiriche, son uno mismo–, el muy publicitado Sistema Nacional Anticorrupción, que en la más pura teoría, representa una reingeniería institucional, que tiene entre los principales puntos del acuerdo ya consensado, los siguientes: la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito, auditorías en tiempo real e informes individuales a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, que podrá también conocer de asuntos locales a petición de los Congresos Estatales; los titulares de los órganos internos de control serán designados por la Cámara Baja; los servidores públicos deberán presentar declaración patrimonial y de conflicto de interés; se creará el Tribunal de Justicia Administrativa para sancionar faltas graves; los informes de fiscalización a nivel federal y local serán públicos y finalmente, uno de los puntos más discutidos: el Secretario de la Función Pública deberá ser ratificado por el Senado. ¿Suena bien, no? Pero eso es, le repito, amable y como yo desconfiado lector, en la más pura teoría.

Lo cierto, lo que vemos todos los días es un entramado de acuerdos entre los partidos de siempre para salirse con la suya, para sepultar sus escándalos de corrupción creando comisiones e instituciones con dientes que no muerden, leyes que al paso del tiempo se convierten en letra muerta y carecen de aplicación y eficacia.

Un balance se impone: por un lado, los ciudadanos no deben conformarse con que los legisladores les vendan espejitos, leyes y sistemas curalotodo, deben exigir su aplicación puntual; por otro lado, ya va siendo tiempo de que los servidores públicos de todos los niveles entiendan que su ministerio de ley les obliga a servir, no a servirse, que la función pública es un alto honor otorgado por quienes mandan –los ciudadanos– y no la ruta más corta para alcanzar riquezas y privilegios. Cuando todos en este país entendamos eso, habremos encontrado para la corrupción, el remedio y el trapito.

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A menudo pienso en la fugacidad de la vida, en que un día estamos y al siguiente hemos pasado. Y que siendo la vida tan breve, sería una lástima que la desperdiciáramos viendo películas malas, oyendo música mala, leyendo libros malos. Nunca he sentido la tentación de reseñar un libro –desde mi punto de vista–malo, una película mala. Su destrucción es labor del tiempo y del juicio puntual de sus testigos. En cambio, me gusta reseñar las obras que logran mover algo interior, las que son capaces de contarnos algo más que aquello que se mira.

Quizá la más reciente de estas experiencias sea Birdman, película de Alejandro González Iñárritu, estrenada el año pasado y que ha llegado a la entrega de los Óscares multipremiada, multireseñada y con nueve nominaciones a la máxima estatuilla.

Birdman tiene el acierto carveriano del satori de que hablaba Roland Barthes: una especie de disparador que hace a quien la mira salirse de allí, como Birdman, el personaje, en su desconcertante vuelo, para situarse en un punto omnisciente desde el que es posible abarcar un espectro más amplio con la mirada, o recordar algún aspecto anterior de su existencia.

El argumento de la película es a estas alturas por demás conocido: un viejo actor “comercial” –otrora famoso por interpretar a una suerte de superhéroe– se juega todo lo que tiene a la puesta en escena en Broadway de una adaptación a un relato de Raymond Carver: De qué hablamos cuando hablamos de amor.

Raymond Carver, nacido en una pequeña ciudad de Oregon, criado en Yakima, Washington (1938) y muerto a la temprana edad de 50 años, declaró en 1983 para The Paris Review que él creía en la literatura referencial, aquella que aludiera a la “realidad real” que todos conocemos, de la que somos parte a diario, una incluso autobiográfica, dijo. Los personajes de sus relatos son mucho más que aquello que el autor nos dice que son. Lo sabe el narrador y lo sabemos nosotros. El lector interesado encontrará, por ejemplo, una hondura sobrecogedora en el visitante ciego del relato Catedral o en la singularísima historia de Visor, donde un hombre sin manos toca un buen día a la puerta para venderle al propietario de la casa, una foto de esa misma casa.

Volviendo a Birdman, me parece que con ella González Iñárritu alcanza la mayoría de edad como cineasta mientras se consagra como un gran realizador que amén de una gran historia, trabaja con sumo cuidado cada uno de sus elementos: guión, fotografía, sonido, las actuaciones impecables, y esa quintaesencia carveriana presente a lo largo de toda la cinta, y hecha patente en los magistrales planos secuencia.

El 16 de febrero Jesús Silva-Herzog Márquez publicó en Reforma, “Birdman, el ojo que narra”. Nada más errónea que su percepción de la obra. Sostiene que de no ser por la cámara de Emmanuel Lubezki, la película habría sido “una pedante exhibición de citas literarias” y una historia que “borda los grandes temas sin morderlos de veras”. Silva Herzog se vuelca en elogios a Lubezki (merecidos desde luego) y acaba haciendo un artículo pretencioso. Qué bueno que haya leído a Emily Dickinson y la haya leído bien. Qué mal que no haya leído a Carver o lo haya leído mal, porque la lente prodigiosa de Lubezki alcanza la estatura de lo imaginado por Carver, la representación puntual de la teoría del iceberg de los buenos relatos: la superficie de la historia muestra apenas un porcentaje menor de todo lo que encierra.

Al inicio de la película, un epígrafe de Carver nos recibe. Se trata del Fragmento del final: “¿Y aún así conseguiste lo que querías en la vida? Y ¿qué es lo que querías? Saberme amado, sentirme amado en la tierra.” Un pasmoso comienzo que es también la síntesis de los temas abordados en la película. Birdman puede ser muchas películas en una sola: la de la crítica mordaz de la industria hollywoodense, la crítica de la crítica despiadada (el discurso que Riggan Thomson le espeta en el bar a la crítica de teatro), el discurso sobre la soledad del hombre y la pelea de este con sus demonios interiores, mientras lucha por recuperar aquello valioso que perdió en el camino (nada menos que su familia), además de una espléndida sátira de esa hoguera de vanidades que es la vida misma, que puesta a pasar, está siempre yéndose hacia alguna parte.

20 de febrero de 2015

En días pasados los organizadores del Hay Festival Xalapa anunciaron su decisión de no llevar a cabo este año dicho festival literario en nuestra ciudad, donde venía realizándose anualmente desde 2011, y en su lugar, hacer una edición virtual a fin de “llegar a todas las personas que tienen internet en México”. La decisión ha sido motivada por una carta firmada por un amplio número de creadores, escritores, periodistas, todos ellos defensores de la libertad de expresión, en repudio al clima de inseguridad que campea en Veracruz para ejercer el periodismo crítico.

El Hay Festival es, como se sabe, uno de los referentes culturales del mundo, es el Coachella de los escritores. Su llegada a Xalapa regocijó a los veracruzanos porque significaba un reconocimiento a la vida cultural de nuestra ciudad y un espacio propicio para la reflexión y el pensamiento creativo.

En la edición del año pasado, el gobierno de Veracruz promovió una foto del gobernador Javier Duarte con el célebre escritor Salman Rushdie, haciendo un uso político de esta fotografía así como de los distintos actos en que participaron. Rushdie contestó enfático a los cuestionamientos:

“Mi asistencia de ninguna forma respalda la posición de cualquier político. Mi presencia en una fotografía con el Gobernador no debe considerarse como un aval. No lo es. También estoy muy preocupado por los periodistas asesinados en Veracruz. En la Ciudad de México hablé sobre los peligros para los periodistas en México y la necesidad de protegerlos y de investigar los crímenes.”

Con la muerte del periodista Moisés Sánchez en Medellín, suman 15 los periodistas muertos o desaparecidos en Veracruz. No hay garantías para los periodistas. Los crímenes se minimizan o se resuelven de un plumazo diciendo que tienen un “móvil pasional”. Como en un libro de cuentos de nuestro querido Sergio Pitol, No hay tal lugar. Veracruz es ese lugar peligroso en donde han sido abolidas libertades esenciales.

El comunicado oficial, firmado por Cristina Fuentes La Roche y Peter Florence, directores del Hay Festival, sostiene que se identifica con el modelo de Charlie Hebdo, que ante la masacre, no cerró la revista, sino que respondió con un número más, haciendo lo que saben hacer. Sin embargo el Hay Festival no hace lo mismo, no se queda en Xalapa a denunciar desde su foro lo que pasa en Veracruz, no volverá a invitar a escritores de la talla de Wole Soyinka o Salman Rushdie y no se volverá a exigir desde allí garantías esenciales para el ejercicio de la libertad de expresión. La síntesis es elocuente: Charlie Hebdo se queda en París. El Hay Festival se va de Xalapa.

Hubiera sido deseable que el Hay Festival se quedara a decir lo que duele y lastima a la sociedad veracruzana y a la comunidad internacional. En lo personal, me habría gustado ver un Hay Festival organizado por la Universidad Veracruzana, como un espacio plural abierto a todas las voces y sin sesgos políticos.

Es muy lamentable que Xalapa no vaya a tener en el futuro inmediato, un foro de expresión de esta naturaleza. Es lamentable que un sector de la comunidad cultural no quiera venir a Xalapa por miedo o por la insensibilidad del gobierno del Estado ante temas preocupantes. Pero es más lamentable aún que en Veracruz no estemos peleando por generar espacios a la altura de nuestra reputación como el Estado grande que somos, y como la Atenas Veracruzana que Xalapa ha sido por mucho tiempo con sobrada solidez cultural y académica.