#proceso judicial

Sumario: —1.° El hecho de darse por contestado la demanda en rebeldía del demandado, no atribuye a este la prueba que corresponda producir al actor.

2.° La confesión á que se refiere la Ley I, til. 4, lib. 4, R. C. solo produce el efecto de dar por contestada la demanda, trabajando así la litis contestación, y dejando la causa conclusa, bien para prueba, Bien para sentencia según fuere su naturaleza, y debiendo dictarse aquella, según corresponda en justicia.

3.° Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a los procedimientos judiciales.

Acuerdo

En Buenos Aires, a 20 de enero de 1880, reunida la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia en el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por D. Arturo B. Massani en los autos que contra este sigue el Dr. D. Salvador Doncel, por cobro de pesos, y de sentencia dictada por la Cámara 2.3 de Apelaciones en lo Civil, se procedió á practicar la insaculación prescrita por el art. 171 de la Constitución y 325 de la Ley de Enjuiciamiento, resultando de ella que en la votación debía guardarse el órden siguiente: Dres. Gonzalez, Escalada, Kier, Martinez, Villegas.

Estudiados los autos por la Suprema Corte se planteó la siguiente cuestión:

El inciso 9, art. 98 de la Constitución atribuye especialmente al Poder Legislativo, la legislación sobre tierras, y. la ejecución de esas leyes entra en la acción del Ejecutivo, facilitandoles por medio de Reglamentos o disposiciones especiales, como lo dice el 1er.

inciso del art. 142.

La venta, concesión, arriendo, reconocimiento de derechos en tierras conocidas por públicas, como parte que son de la hacienda pública, son actos esencialmente administrativos, que pueden tomar el carácter de contenciosos, cuando la acción administrativa, ha indebidamente desconocido derechos legítimos reclamados, que reivindica entonces la acción de la Corte, que conoce en única instancia judicial.

Esta garantía se funda en el inciso 3. del art. 156 no puede tener lugar sin la denegación previa de la autoridad administrativa al reconocimiento de derechos legítimos.

Esa intervención previa no es un acto de mera cortesía; el Tribunal que va a juzgar el proceder denegatorio tiene que examinar los motivos directos que se haya tenido para ello. No puede por consiguiente suprimirse esa acción administrativa por medio de una simple petición infundada, provocando la negativa y reservándose la prueba para el pleito, porque la Corte lo que decide es la justicia ó injusticia del proceder gubernativo; y no puede haber demanda contra actos legítimos, no puede reconocerse la buena acción del actor por el desconocimiento indebido de sus derechos y el legítimo proceder del demandado en el acto mismo que ocasiona la demanda.

Así es que opino que no puede crearse aquí la prueba, trayéndote la indispensable para establecer el derecho y que no se llevó al Ejecutivo; prueba nueva para demostrar que el Ejecutivo desconoció mal derechos ante hechos que no se le presentaron.

No voy por esta opinión a condenar toda recepción á prueba. Es necesaria para revestir legalmente la prueba que tiene otra forma cuando solo sirve de comprobante en gestión administrativa. Lo es para esclarecer hechos nuevos surgidos en la discusión, como para tomar aquella procedente que el Ejecutivo se negó a recibir.

Art. 9.º Ningún Escribano de Registro podrá extender aunque las partes consintieron en lo contrario, escritura alguna que transmita o modifique derechos reales, adquiridos con posterioridad al Establecimiento de las oficinas creadas por esta ley, sin tener á la vista el certificado del encargado del Registro respectivo, en que conste el dominio del inmueble y sus condiciones actuales.

Art. 10.° Los encargados de los Registros de propiedades de la campaña, pasarán mensualmente al encargado de la Oficina de la Capital, un índice prolijo y exacto de las inscripciones que hayan hecho durante el mes, á objeto de que se forme en la Oficina de la

Capital el índice general.

Art. 11.° Las Oficinas creadas por esta ley, estarán bajo la vigilancia inmediata del Juez de Subalternos del Departamento respectivo, en la misma forma que las Escribanías de Registro.

Art. 12.° El Poder Ejecutivo propondrá oportunamente a la Legislatura la dotación de empleados que considere necesario para el servicio de estas Oficinas y el Presupuesto de sueldos y gastos de instalación, así como el arancel para el cobro de los derechos correspondientes, indicando la forma en que han de percibirse.

Art. 13.° El Poder Ejecutivo mandará sacar copia legalizada de las hipotecas, embargos é inhibiciones que actualmente reconozcan los bienes raíces, ubicados en cada uno de los Departamentos del Centro, Sud y Norte de la Provincia, á fin de que las oficinas que deben establecerse en dichos Departamentos queden habilitadas para expedir certificados, sin ocurrir á la del Departamento de la Capital.

Art. 14°. El Poder Ejecutivo dictará el reglamento necesario para la ejecución de esta ley.

Art. 15.° Comuníquese etc. Dado en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, á veintiuno de Mayo de mil ochocientos setenta y nueve.

Cúmplase, comuníquese á quienes corresponda é insértese en el Registro Oficial.

En las causas contencioso administrativas, es vate la Corte donde debe producirse la prueba cuando fuere de darse, salvo aquellos casos en que la prueba hubiese sido recibida por el Poder Ejecutivo antes de entrar en vigencia el actual órden judicial.

Cuando exista disconformidad en cuanto á los hechos, es indispensable la recepción de la causa á prueba, no obstante haberse tramitado como de puro derecho.

Ley

El Senado y la Cámara dé Diputados etc.

Art. 1.°: Créase en cada uno de los Departamentos Judiciales de la Provincia una Oficina de Registro de propiedades, embargos é inhibiciones á cargo de un Abogado o Escribano que nombrará el Poder Ejecutivo.

Art. 2.º: En estas Oficinas se tomará razón:

1.° De los títulos traslativos del dominio de inmuebles o derechos reales impuesto sobre los mismos.

2.° De los títulos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de hipoteca, usufructo, uso, habitación, enfiteusis, censos, servidumbre, ú otros cualesquiera derechos reales.

3.° De los actos o contratos en cuya virtud se adjudiquen bienes inmuebles o derechos reales, aun cuando sea con la obligación, por parte del adjudicatario de transmitirlos a otro u invertir su importe en objetos determinados.

4.° De las sentencias ejecutoriadas que por herencia, prescripción ú otra causa reconocieron adquirido el dominio ó cualquier otro derecho real sobre inmuebles.

5.° De los contratos de arrendamiento de bienes raíces por tiempo determinado.

6.° De las ejecutorias que dispongan el embargo de bienes inmuebles ó que inhiban á una persona de la libre disposición de los mismos.

Art. 3.° Las inscripciones ordenadas en el artículo anterior, sólo serán obligatorias para los títulos, actos o contratos pasados con posterioridad al establecimiento de las oficinas creadas por esta Ley.

Art. 4.° Para que puedan ser inscritos los actos 6 contratos expresados en el artículo anterior, deberán ser consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico.

Art. 5.° La inscripción empezará por la fecha de este acto, expresara la naturaleza y fecha del título ó ejecutoria, los nombres, apellidos y domicilios de las partes y la designación precisa del inmueble á que se refiera, con indicación de sus linderos y situación, según todo ello aparezca en el título.

Resolución

2.° Que por consiguiente quedan expresamente excluidos de este recurso, los autos que, si bien pueden causar gravámen y aun gravámen irreparable, no terminan el pleito ni impide su continuación.

3.° Que en este caso se halla la resolución de la Cámara de Apelaciones corriente á fs. 129, pues ella al revocar el auto de 1ª Instancia f. 80 vta., se limita mandar que la excepción deducida se sustancie juntamente con la acción principal, debiendo al efecto recibirse la causa á prueba. Por esto y de conformidad a lo dispuesto en el art. 348 de la citada ley, se confirma con costas la providencia f. 110 en la parte apelada y corran los autos según su estado.

Manuel M. Escalada

Alejo B. Gonzalez

Sisto Villegas

Sabiniano Kier

No estando integradas en la Corte, las partes pueden pedir el nombramiento de Conjueces para la resolución de sus asuntos.

Resolución

En los autos seguidos por D. Antonio Herós contra el Poder Ejecutivo sobre compra en Azul.

De acuerdo con lo pedido en este escrito y no pudiendo paralizar indefinidamente las causas por la falta de integración de la Corte, cuando las partes facilitan los medios de salvar ese obstáculo, entrando por otra parte el presente caso en el espíritu del artículo 112 de la ley de Enjuiciamiento: señálese el día 2 del corriente á las 2 p. m. para proceder á la insaculación del Conjuez que debe entrar á integrar el Tribunal. Póngase la foja.

Escalada

Gonzalez

Villegas

Kier