#numero 11

Por Mónica Macha

Las distintas situaciones de exclusión social se manifiestan en los territorios. La expresión socio-espacial de la exclusión queda evidenciada, quizá de la manera más explícita, en los procesos de segregación territorial y privatización de los espacios públicos. Pero todas las situaciones de exclusión tienen una dimensión espacial: en los centros históricos degradados, en la relación entre el centro y las periferias, en la proliferación de asentamientos informales, en las condiciones de irregularidad de las personas inmigrantes, en el trato desigual y discriminatorio hacia las mujeres, las personas con diferentes orientaciones sexuales o de distintos grupos etnoculturales, en la falta de oportunidades para jóvenes, en la falta de atención a los/as niños/as y a los adultos mayores, en la inadecuación de los espacios y servicios públicos para las personas con discapacidad; todas expresiones variadas y diversas de las formas en que la exclusión se manifiesta en las ciudades.

Diversos conflictos urbanos emergen en la tensión entre la ciudad formal y la ciudad “informal”, entre la ciudad regulada por el mercado y las múltiples estrategias populares para habitar la ciudad, entre las distintas formas de habitar. Estos conflictos se expresan en las tensiones que se producen en relación a las villas y asentamientos informales, las ocupaciones de tierras y edificios abandonados, la problemática de los inquilinos, los desalojos, las disputas por el espacio público, las dificultades para acceder al transporte, los servicios públicos y la infraestructura urbana, los problemas de convivencia urbana sin violencia, etc.

Frente a estos conflictos, el quid de la cuestión es ¿qué respuestas construye el Estado y los distintos niveles de gobierno frente a estos conflictos?

Para abordar la conflictividad urbana y garantizar el derecho a la ciudad es necesario repensar el enfoque y las herramientas de gestión con las que se interviene desde el Estado. Integralidad en el abordaje. Multidimensionalidad de los problemas. Intersectorialidad y multiactoralidad. Participación comunitaria. Importancia de la información y el conocimiento sobre las problemáticas: rol de las universidades. Enfoque de DDHH para pensar el desarrollo de las ciudades: la calidad de vida de las personas, el bienestar y las posibilidades de desarrollo individual y colectivo, la inclusión social, la igualdad de género, la participación democrática, la sustentabilidad ambiental, en fin, el ejercicio efectivo de los derechos humanos en general, depende cada vez más de la dimensión urbana del desarrollo.

Abordar problemas complejos demanda elaborar soluciones y respuestas también complejas que implican nuevas capacidades del Estado. La transversalidad de las políticas y los enfoques integrales aparecen, así, como un camino necesario para superar las visiones tradicionales sectoriales y compartimentadas de los problemas (y las soluciones). Asimismo, debido a las diferentes competencias entre los diversos niveles de gobierno, resulta necesaria la articulación multinivel que asegure la coordinación entre las políticas de inclusión locales y supralocales.

En las ciudades se concentran la población, los recursos (materiales y simbólicos), las desigualdades, los riesgos y las oportunidades; y en ellas circulan las personas, los bienes y las ideas. Es allí, en las áreas urbanas, donde se configura el principal escenario de disputa para la democracia, la participación y la inclusión. Por eso los gobiernos locales se enfrentan con los mayores desafíos frente a la gestión de los conflictos urbanos.

Es desde el territorio donde pueden entenderse y comenzar a resolverse la mayoría de los problemas de exclusión social porque es allí, en los barrios, en la ciudad, en donde estas problemáticas aparecen con toda su complejidad y sus múltiples dimensiones. Son los gobiernos locales, por lo tanto, quienes tienen la responsabilidad y la oportunidad de abordarlos de una manera integral y eficaz.

El derecho a la ciudad es un concepto y una bandera detrás de la cual hoy en día numerosas organizaciones y movimientos sociales y urbanos, organismos públicos locales, nacionales e internacionales y dirigentes de todo el mundo, construyen un modelo de ciudad inclusivo, democrático y sustentable. Se trata de una manera de pensar y actuar, desde y para la ciudad, la promoción, el respeto, la defensa y la realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales garantizados en los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos para pensar la vida en la ciudad genera la oportunidad, como herramienta y como marco general, para reorientar de un modo integral un conjunto de propuestas de la sociedad civil y de políticas públicas locales que apunten a la construcción de modelos de ciudades incluyentes.  

El derecho a la ciudad significa pensar el cotidiano y el futuro de la ciudad a partir de la perspectiva del acceso y del incentivo a los derechos humanos, y de su promoción continua –el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a la cultura, al desarrollo individual y colectivo, a la participación democrática- para cada una y cada uno. El conjunto de las funciones de la ciudad metropolitana, su vida y sus usos, no puede ser privilegio de algunos, en cuanto se excluyen otros. Este derecho a la ciudad debe ser efectivo cualquiera que sea el lugar de la vivienda, la condición social, el origen, la nacionalidad o credo, el género, la edad o la antigüedad de ocupación en el territorio en cuestión.

Primera Parte

El obturador captura un instante único que dice mucho sobre la historia reciente. La fotografía escribe con luz sobre urbanización y monoblocks, habla del potrero y la infancia. Muestra un salto al cielo sobre la silueta de un auto desarmado y el brillo de un 0km. Detrás del gigante de la salud pública del conurbano, el Hospital Nacional Posadas, y con el prólogo de la autopista Acceso Oeste, se encuentra el Barrio Carlos Gardel de El Palomar, Morón.

Fausto, compañero de ese barrio estigmatizado, ese barrio con muchos colores, ese barrio lleno de pibes y pibas jugando en las calles, ese barrio rodeado de géneros musicales que ahora también hablan de dignidad. En Avenida Marconi y Villegas estaba él, sentado en la vereda con una nena de tres años aproximadamente.

- “¿Fausto? -Sí, las estaba esperando”. Él es militante del barrio Carlos Gardel, flaco, alto, joven. Mientras caminamos por Villegas comenta que el Municipio estaba “intentando” pavimentar la calle de la Parroquia Virgen de la Asunción. Nos detuvimos en el supuesto asfalto lleno de piedras, barro y escombros, entre otras cosas que poco se parecían a un asfalto y señaló: “Llegaron con patrulleros, de todo, para presentar esto”. Preguntamos por Rosa y cómo ese día no estaba allí, seguimos camino hasta llegar a la casa de Eli.

“Del dicho al hecho hay un trecho”

El derrotero del barrio se funde en la historia de los cientos y miles de expulsados de las Villas de Capital y el Conurbano durante los años 60’. A finales de esa década se construyeron los primeros “Núcleos Habitacionales Transitorios”  que comenzaron a darle forma al trazo de éste territorio conocido durante muchos años como “La Gardel”.  

Un territorio que informes televisivos o programas como “Policías en Acción” construyeron de manera unívoca en el imaginario como peligroso y convulsionado. Donde sus edificaciones transitorias terminaron siendo permanentes. Donde la dictadura pasó con topadoras y secuestró gente que desapareció en el Centro de Detención Clandestina que funcionó en el Hospital Posadas, “El Chalecito”. Después pasaron los gobiernos democráticos que con hiperinflación, bicicleta financiera y convertibilidad, intentaron invisibilizar a la población.

Antes del año 2004, 2500 personas vivían hacinadas en pasillos sin numeración ni identidad, sin servicios, completamente alejadas de la urbanización. “Si tenes una emergencia los bomberos ahora entran, si tenes un problema con la luz, el gas, vienen. Antes eran todos pasillos cerrados que no entraba nadie, venían por la Av. Marconi y llegaban hasta ahí nomás. En cambio ahora son calles. Igual cuando vas a sacar un crédito, a buscar un laburo, antes vos decias Carlos Gardel o no decias Carlos Gardel y decias manzana 1 y casa tal - ¿De qué barrio? te decían.- era como que ya era fijo que tenias que decir. En cambio hoy en día decis yo vivo en Río Negro 1957, de qué localidad: Palomar, partido de Morón. Es como que te miran con otros ojos, antes era como que todos los que vivíamos acá éramos delincuentes”, comentó Eli, vecina del barrio.

El proceso de urbanización comenzó en el año 2004 durante el gobierno de Martín Sabbatella, quien gestionó la cesión de los terrenos del Hospital Posadas para así lograr la primera etapa. Ésta urbanización que significó la articulación de diferentes programas provinciales y nacionales, fue distinta a las demás.

Existe un tamiz que la sitúa en una transformación que tuvo alcance federal pero la carga de una particularidad reconocida por especialistas. Se trata de la intervención de los vecinos  y vecinas en un dispositivo denominado “Mesa de Gestión” que jerarquizaba la voz de todos los actores de la comunidad en un marco de horizontalidad.

“Muchos quisieron hacer muchas cosas, pero del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Venía uno, venía otro, pero no había una decisión concreta de decir -‘Bueno vamos a hacer esto y esto, y se hacía’. Se charló mucho eso en al capilla, se planteó mucho estos temas”, refiere entre mates bien dulces Rosa, vecina que formó parte de la última etapa.

“Junto con la construcción de viviendas del Plan Federal de Urbanización realizamos desde la gestión municipal la construcción de un Jardín Maternal, un Centro de Desarrollo Infantil, una Casa de la Juventud, un nuevo Centro de Salud y el acompañamiento territorial cotidiano desde un Centro de Coordinación Comunitaria.”, alude Mónica Macha, senadora Provincial que encabezó este proyecto desde el Secretaria de Relaciones con la Comunidad y Abordajes Integrales.

La participación de la comunidad fue la piedra fundamental y el motor de las decisiones. Se caminó esa transición que al fin y al cabo, era abandonar sus casas y emprender un nuevo camino. Equipos interdisciplinarios que combinaron saberes técnicos con la voluntad política se juntaron con organizaciones sociales que articulaban demandas, cooperativas donde se emplearon trabajadores y trabajadoras del barrio y  todo eso se mezcló durante la urbanización.

“Lo que distinguió todo el proceso fue la vocación del Municipio, de hacerlo mediante la participación de los vecinos, nos concebimos otra forma que no sea con la participación plena de los vecinos en lo que era el cambio de su vida. Enfocando a los vecinos como sujetos adultos, lograr escucha y diálogo en un pie de igualdad. Un rasgo de identidad de nuestro gobierno fue la democracia de proximidad de los gobiernos locales y  Gardel sintetiza perfectamente eso” comentó Ernesto Gorbacz, quien estuvo al frente de la Dirección para la Producción Social del Hábitat.

“Si algo teníamos en claro cuando empezamos a planificar el trabajo en Gardel es que urbanizar no significa construir casas solamente, urbanizar es construir ciudad. Pensamos desde el principio un proceso integral que abarcara tanto material como simbólicamente la transformación del barrio. Nada de este proceso hubiera sido posible sin la voluntad política que tuvimos de transformar Gardel en términos integrales y participativos”, afirmó Mónica.

“Uno ve de afuera nada más”

“Yo no conocía la casa Rosada y me quedé con la boca abierta, había palmeras, varias puertas, un montón de cosas que yo pensé que de afuera no existían, porque uno siempre ve de afuera nada más”, narró Eli, referenta popular del barrio Carlos Gardel. Es de las “manzaneras” del plan de Chiche Duhalde y desde siempre cumplió un rol fundamental en su comunidad. Pelirroja, con una voz fuerte y firme. No se sienta, se queda parada y empieza a dialogar.

Eli fue una de las primeras vecinas que confió fuertemente en la palabra de Néstor Kirchner que en enero del 2005, con Martín Sabbatella como intendente, anunció el Plan de urbanización en asentamientos del conurbano. Néstor afirmó en ese discurso que Eli recuerda con lágrimas en los ojos: “Los hermanos y hermanas que están allí se den cuenta de que la Argentina los vuelve a tener en cuenta. Durante años se les dio la nuca, pero ahora empezamos a trabajar todos juntos”.

“Cuando empiecen a venir acá la gente  y vean se van a dar por enterados. Yo digo por qué un Presidente va a dar un anuncio tan importante y tan grande para todo el país. Yo digo con qué afán lo iba a decir si no era verdad. Y después cuando empezaron a venir la gente y todo eso no éramos las locas” compartió Eli. Luego recordó que las trataron como “tres locas”, ya que nadie confiaba en la palabra del estado.

Ella llegó al barrio Carlos Gardel con su  madre, su padre y su hermana en 1976. En aquel entonces el Ministerio de Bienestar le adjudicó una vivienda en el barrio de El Palomar con dos habitaciones, baño y cocina. La casa actual de Eli está rodeada de niños y niñas con útiles escolares en la mesa del comedor, imágenes religiosas en sus paredes, y sillones enormes en el living , un lugar de encuentro para la familia e invitados.  

“Desde el ladrillo, hasta llegar a la pared, pensamos en todos los componentes que podía tener la planificación de un barrio entero, no solamente la familia, esa complejidad implica también tener un flexibilidad en el crecimiento del proyecto” afirma Gorbacz.

Eli fue parte de la urbanización, participó fuertemente en los talleres donde se debatía desde la cantidad de habitaciones, las nombres de las calles, los vecinos y vecinas que querían tener al lado y al frente, entre otras cosas. “Los vecinos y vecinas de Gardel participaron en el diseño de las casa, adaptando el uso de los metros cuadrados y la distribución de los espacios a sus necesidades y beneficios familiares. Se realizaron talleres participativos para que las familias decidieran a quienes querían tener de vecinos o en qué calle preferían vivir ya que la urbanización abrió calles que antes no existían e integró el barrio a la traza urbana” afirmó Macha.

Esta “manzanera” recuerda con mucho anhelo esos momentos de debates colectivos dónde para todos era todo: “Cuando empezamos a hacer los talleres en la capilla para ver cómo querían que diseñaran nuestra casa. Si bien ellos ya venían con una idea que eran duplecitos con planta baja. Por ejemplo al pedirle no sé que nos dieran la opción de pedirles cerámicas, que viniera con un termotanque, eso se logró por mucho tiempo que hicimos reuniones y talleres”.

Los talleres implicaban la participación activa de los vecinos y vecinas del barrio, dónde se ponía en común distintas cuestiones de la cotidianidad del barrio. “Nosotros haciamos mucho hincapié con la división con el vecino, igual que el pasillito se logró por los talleres. De hecho hay que casas del otro lado que no tienen pasillitos . Y con los talleres se logró eso”, resaltó.

Fue una apuesta de la gestión de Martín Sabbatella acompañar ese proceso. Eli recuerda esos momentos y esa decisión del ex intendente de Morón constantemente. “Yo siempre voy a  estar agradecida a Néstor Kirchner  y a usted por dejarnos participar en los talleres, en la organización, en elegir cómo queriamos  nuestra casa, pero eso se tiene que dar así me decía él, no todos lo hacen le digo, yo sé de otros lados y no hicieron lo que nosotros hicimos”

***

Rosa llegó al barrio con su familia en los años 80’. Duda pero señala que fue en el 84’, apenas un año después de la apertura democrática. “Viví 30 años en los Monoblocks, en el 15, acceso 44, 3er piso departamento B. Lo habían comprado mis padres, antes alquilabamos. Mi papá en ese entonces era de PAMI y desde ahí trato de solicitar un préstamo”, señala al respecto.  Recuerda que su madre había estado buscando donde vivir por muchos lugares hasta que una vecina le recomendó la zona.

Rosa tiene 54 años, trabajó como costurera durante 25, vive junto a su marido, Alberto, su hija y yerno. Alberto tiene 65 y se dedicó siempre a la enfermería pero hace algunos años labura en un cochería. Ambos comentan que su hija tiene un retraso madurativo. Como si hubiese sido ayer, relata que se anotó en el primer tramo de la urbanización y que en el verano del 2015,  cuando llegó de sus vacaciones, una vecina le avisó que había visto su nombre en un listado pegado en el Centro de Salud del barrio, el  “Islas Malvinas”. Al poco tiempo, recibió una carta que indicaba que debía presentar su documentación y acercarse al Polideportivo Gorki Grana donde se realizaría la entrega.

“A nosotros nos correspondía, acá atrás, arriba, pero por razones ovbias como veníamos con mi hermana (que posee dificultades de movilidad) pedimos cambiar a planta baja”, dijo Rosa. “Por ella también” interrumpió Alberto y continuó: “Ella también venía con problemas en los huesos, yo no quería que ella anduviera con escaleras como estábamos allá. Y da la casualidad que el matrimonio de aquel lado quería departamento con balcón hacia afuera. Y buenos, nos cambiamos”. Ella dijo: “Con la gestión anterior, obviamente, lo anotaron en la planilla y en la computadora, hicieron todo el registro. Los que estábamos inscriptos ya nos comunicamos con un referente del Municipio que nos fue ayudando el cambio, como fue Marina. Charlando con un vecino se logró el cambio entonces”.

Terminó el colegio con el programa Fines que funcionó en el Comedor “Los Gardelitos”. Entre mate y mate mostró su foto con el diploma en mano. “Yo no trabajo, no cumplo horario, estoy acá en la casa, voy a la Capilla, soy secretaria, antes éramos catequistas, también estudió computación los miércoles”, comentó.

La primera noche

En el mes de diciembre del año 2006 se mudaron  las primeras 70 familias . Entre el año 2007 y 2008 se mudaron 136 familias. En el año 2009 , 160 familias y en el año 2010 lo hicieron otras 76 familias. Eli fue una de esas vecinas  que se mudó de su antigua casa ubicada en una de las tantas manzanas y pasillos de aquel barrio. La recuerda con nostalgia, es ahí donde vivió parte de su infancia y la de sus hijas, y su amor, pero sabe perfectamente que este cambio se trataba de dignificar su vida y que el Estado era eso.

“Lo primero a mí me costó un montón. En la mudanza a mí me tocó una tutora Leticia, ella re copada. Yo le decía a ella es para el bien de mis hijos, para mi misma porque nosotros allá vivíamos con las cloacas tapadas, toda el agua que caía de la lluvia se me metia en en mi patio. Así que bueno yo digo me voy a algo mejor y ya nos vamos a sufrir esto. Mi papá es solo y tiene 81 años y él vivía con el baño tapado, el patio rebalsado, paracia una laguna en vez de salir por la puerta salía por la ventana. Y yo decía bueno para mi papá para sus últimos años decía yo que tenga una casa digna, calentita, sin goteras, sin barro, sin nada”  comentó Lidia mirando a su padre que estaba sentado en el sillón del medio junto a su nieta.

“Cada mudanza era una fiesta pero también era intenso porque se demolían viviendas y se seguía construyendo, y al mismo tiempo continuaba  el diálogo y en ése diálogo estaba presente la demanda vital de a quienes les parecía que tenían que tener vivienda y quizás la reglamentación que nosotros habíamos acordado con los vecinos decía que no. En ese aspecto había grises, la demanda era tan vital de los vecinos, la estrategia de acceder a la casa, que eso también convertía a todo esto en algo muy intenso”, dijo al respecto Gorbacz.

Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán

   Eduardo Reese

En diciembre de 2012 se aprobó en la Legislatura de la Provincia de Buenos de Aires la ley de acceso justo al hábitat después de cuatro años de intensos intercambios en numerosos foros y talleres y, también, de una muy fuerte oposición, en distintos momentos de su debate. 

Las profundas desigualdades en el acceso a los beneficios de la ciudad son la evidencia empírica de haber convertido un hecho social, colectivo y complejo como es la ciudad en pura mercancía y entenderla como la simple sumatoria de propietarios individuales. Está claramente demostrado que los mecanismos de mercado no pueden garantizar el uso sostenible y equitativo del suelo ni la producción y reproducción de la ciudad en los mismos términos. Por ello, a mediados de la década pasada un grupo importante de organizaciones sociales de la Provincia junto a técnicos de la universidad pública entendieron necesario elaborar una propuesta que fuera más allá de la reforma de los programas y que incidiera de manera transformadora en el orden urbanístico y jurídico vigente respecto al derecho a la ciudad y a la propiedad inmueble. Así, el objetivo central de la ley es el de romper la cadena de factores que tradicionalmente han generado la exclusión de los sectores medios y pobres a un hábitat digno. 

¿Cuáles son las claves para entender la ley? La norma estableció cuatro principios básicos en los que se deben fundan las políticas bonaerenses en la materia: el derecho a la ciudad y a la vivienda; la función social de la propiedad; la gestión democrática de la ciudad y el reparto equitativo de cargas y beneficios de los procesos de desarrollo urbano. 

A partir de ello, las instrumentos se despliegan en tres campos que se complementan: por un lado se crea un conjunto de herramientas de apoyo a los productores de la ciudad popular; por el otro rompe la lógica burocratizada del urbanismo en la Provincia promoviendo la activa intervención pública en los procesos de producción de ciudad; y, por último, se define un conjunto de dispositivos para contar con recursos específicos (en tierra, dinero u obras) que, adicionalmente, impactan en forma directa en el funcionamiento de los mercados inmobiliarios. Estos últimos son esenciales para fortalecer la acción pública (tanto a nivel municipal como provincial), deben tener una imputación específica y ser destinados a una gran diversidad de acciones dirigidas a resolver el acceso a un hábitat digno, sobre todo de los sectores más vulnerados. 

En ese triple andarivel por donde transita la ley, la cuestión central es entender que unos sin los otros no funcionan correctamente. Para poner solo un ejemplo: desarrollar desde el gobierno provincial y los municipales planes de lotes populares con servicios mientras el mercado sin regulación sigue haciendo estragos en la oferta y en los precios del suelo es contradictorio y hasta altamente negativo. ¿Por qué? Porque el suelo que se requiere para esos planes se encarecerá cada vez más por efecto de la especulación que no sea controlada por medio de instrumentos adecuados. Además, este tipo de funcionamiento especulativo tiene efectos ambientales negativos, agrava la segregación social y tiene costos fiscales crecientes. De tal forma, es necesario aplicar de manera integral los mecanismos de la ley y con ello intervenir en el mercado inmobiliario a través de herramientas fiscales y extra fiscales para reducir las expectativas especulativas y al mismo tiempo, como se dijo, nutrir de recursos los programas y acciones. Como se dijo más arriba, los instrumentos de gestión de la ley pueden ser clasificados en tres grupos. 

En el primero se encuentran aquellos que sirven de apoyo más directo a las iniciativas de autogestión popular como los programas de promoción de procesos de producción social del hábitat, de urbanizaciones planificadas, de microcréditos, de integración socio urbana para villas y asentamientos y la creación de zonas especiales de promoción del hábitat social para ser aplicadas a predios ocupados. Las medidas de apoyo se complementan con importantes modificaciones al Decreto Ley 8912 de la dictadura cívico militar, la determinación de gratuidad para la tramitación de expedientes de urbanizaciones populares (que además deben tener tratamiento de pronto despacho), la gratuidad de la escrituración por parte de la Escribanía General de la Provincia y la suspensión de desalojos para las villas y asentamientos que forman parte del programa. 

Las medidas dirigidas a poner en marcha políticas urbanas que tengan capacidad operacional y de conducción de los procesos territoriales son los consorcios urbanísticos, el mecanismo de reajuste de tierras y el parcelamiento y/o la edificación obligatorios de los inmuebles urbanos baldíos. Sin embargo aquí también deberían ser incluidos las ya citadas modificaciones normativas al Decreto Ley 8912 y las zonas especiales de promoción del hábitat social cuando es aplicada a predios vacantes para formar reservas de suelo. 

Por último, los dispositivos fiscales y extra fiscales para la obtención de recursos son la participación municipal en las valorizaciones inmobiliarias, la aplicación de un mayor gravamen municipal sobre los inmuebles ociosos progresivo en el tiempo y el aumento del impuesto inmobiliario provincial a la tierra vacante. Con el fondeo de este último recurso se constituyó el Fondo Fiduciario con el se comenzaron a financiar diferentes iniciativas de los programas anteriores. 

¿Por eso decís que para entender los asentamientos hay que entender las ciudades?

-Sí, se asocia a eso y también a la demanda de mano de obra. ¿Por qué surgen los asentamientos y las villas? Tiene que ver, en el caso de Argentina y de Buenos Aires más concretamente, por un lado, con las crisis de las economías regionales y en paralelo, en Buenos Aires, comienza el proceso de industrialización sustitutiva, entonces la gente va donde hay trabajo. La gente no migra porque quiere migrar. Está forzada por la falta de fuentes de trabajo. Entonces si la fuente de trabajo está en la capital, va a ir a la capital. El proceso está muy relacionado a la dinámica económica: si hay demanda de mano de obra y hay crisis en la forma de ocupación agraria, la gente migra. Hay que entender la macroeconomía y su relación con la migración. Otra cosa que hay que entender es que la gente no es que quiere tomar tierra, lo que quiere es acceder a un lote y si no puede acceder comprándolo, lo toma como último recurso y pide que el Estado lo expropie y se lo venda en cuotas accesibles. Cuando conforma asentamientos, los habitantes no quieren que les regalen nada, quieren pagar por el suelo, pagar impuestos y no quieren hacer una villa. Esas son todas las consignas que se dicen en un asentamiento. No quieren la villa porque no quieren la estigmatización que ella acarrea, porque quieren una estructura urbana como la formal y alcanzada por procesos de regularización dominial: si es privado el suelo, el Estado debe expropiar y después vender a la gente, o si es tierra fiscal, vender a la gente en cuotas.

-¿Qué momentos podés señalar respecto de la ocupación de suelo?

-Hay varios momentos. En los ‘40 y los ‘50, comienza a crecer la industria y la demanda de mano de obra, en paralelo también se mecaniza el campo, se expulsa mucha mano de obra. Crecen las ciudades y, como un continuum, crecen también los asentamientos y villas como una forma de acceso a la ciudad. Luego, el corte más abrupto fue con la dictadura. Ahí cambian todas las reglas de juego. Desde la normativa de ocupación del suelo, el código de construcción de la ciudad, se deja de incinerar la basura y se empieza a depositar en rellenos sanitarios, también se liberaliza el alquiler, las autopistas modifican toda la forma de comunicación dentro de la ciudad, e incluso la erradicación que en parte se hizo de industrias contaminantes desde la ciudad hacia la periferia y la erradicación casi total de las villas de la capital federal. Esa reestructuración territorial es fundamental, junto con un contexto de política de apertura económica. Entonces se dejó de producir muchísimo, las industrias se quebraron y hubo desocupación y caída del salario real, porque además era un contexto represivo y no se podía pelear por el salario. Todo eso hace que se reestructuren las reglas de juego. Algunas de esas normativas de la dictadura aún permanecen. Entonces, lo que antes era acceder a un lote barato, que significaba para la gente acceder a ser propietario y después en paralelo, a través de la sociedad de fomento, pedir el agua, pedir el asfalto, que pase el colectivo, el camión de la basura, hacer un centro de salud, etc. O sea, era como que la ciudad crecía como crecía la casa cuando el suelo era propio. Pero eso, con las normas de la dictadura se perdió. Fue muy abrupto. Luego, la segunda cuestión con la que también cambiaron las reglas de juego fue en los ’90. Un contexto de desocupación en el que se privatizaron todos los servicios, con lo cual el costo de vivir en la ciudad era muchísimo más alto. Aparecieron como modalidad de vivienda permanente los barrios cerrados y eso es algo fundamental porque en la periferia compitieron para vivir en ese mismo espacio barrios cerrados y asentamientos, con una particularidad, que como eran grandes capitales los que invertían, incluso se apropiaron de tierras que eran inundables. No obstante eso, con tecnología se convierte en urbanizable. El punto es -y se ve con las inundaciones- que se empezaron a urbanizar humedales, lugares inundables que se levantan y modifican todo el escurrimiento del agua. Entonces aparece una competencia, porque ahora la periferia ni siquiera es el lugar donde pueden vivir los pobres. Para ellos no hay lugar: en el centro no están porque los erradicaron en el ‘76, hay muchos mecanismos de expulsión: al mercado formal del suelo no pueden entrar, comprar una vivienda no pueden, alquilar tampoco, en la periferia no pueden. Hay barreras que se van poniendo, y no tienen un lugar. Por eso aumentó la conflictividad.

-Urbanizar el suelo es un negocio económico muy rentable. Cuando el Estado reaparece después de los ‘90, ¿cuál es su rol en cuanto a política pública las viviendas sociales?

-¿Qué pasó después de esas dos grandes crisis de los ‘70 y los ‘90 o el 2000? Después del 2003 apareció un Estado muy activo con planes sociales, primero para contener la peor crisis, y planes de vivienda, que además tiene que ver con acceder a un empleo y construir, además de bajar el déficit. También con políticas sociales de ingresos mínimos como la Asignación Universal por Hijo, y otra serie de beneficios sociales, como la mejora de leyes laborales. Se volvió a la idea de que el trabajo es el vector más importante de integración. Se apostó al empleo formal con una política activa del Estado y a un Estado de bienestar fuerte, mejoras en la calidad educativa, universidades en la periferia para compensar la desigualdad en la educación, más hospitales, calendario con más vacunas, etc. Pero en el tema vivienda se respondió de forma más clásica: vivienda llave en mano, aunque se dijo no a los conjuntos habitacionales en altura. Había una clara sensación de que no habían resultado. Se apostó a vivienda llave en mano unifamiliar, es decir, una casa en un lote propio donde la gente podía ampliar si necesitaba, poner un garaje, o un taller adelante. Respondía más a las necesidades de sectores populares, una vivienda que después sea flexible. También se respondió con urbanización de asentamientos y villas que era una deuda social muy importante, pero no hubo una respuesta en cuanto al suelo. Y una cosa muy importante fueron los servicios públicos. Claramente, la estatización de algunos servicios como el agua, los trenes, y también medidas como créditos para la vivienda. Pero no el suelo, que es el punto crítico; no se pudo construir todo lo que se quiso porque no había donde construir. Entonces el mismo Estado queda atrapado en la cuestión del suelo. La marca de la recuperación de los noventa tuvo que ver con todo esto, con subsidios a los transportes, a los servicios públicos, en algunos casos re estatización, como los ferrocarriles o agua y saneamiento, una política de vivienda, y también se agrega a la agenda lo ambiental, algunas acciones respecto de lo ambiental, como las modificaciones en algunas cuencas, la del río Reconquista, por ejemplo.

-La ciudad informal crece más que la ciudad formal, ¿por qué se da ese fenómeno?

-Porque no se puede comprar, no se puede alquilar, no se puede ocupar si pagar, entonces crece la ciudad informal, pero la particularidad que remarcaría, que tampoco se resolvió y quedó muy claro con las últimas inundaciones, es el conflicto en la periferia entre barrios cerrados y asentamientos.

-Hubo erradicación en los ‘70, hubo desalojos, relocalización, políticas de maquillaje urbano, ¿cuál sería el desafío a enfrentar?

-Una política integral, no hay solución en serio si no es integral. Eso significa mejorar el espacio público pero mejorar también las calles, generar infraestructura comunitaria como centros de salud o centros comunitarios, hacer veredas, iluminar, poner cestos de basura, arbolar. Todo lo que tiene que ver con el espacio público, ponerlo en iguales características que el resto de la ciudad. Pero también lo ambiental, mejorar los basurales, la contaminación, las inundaciones. El PROMEBA (Programa Mejoramiento de Barrios) me parece un buen ejemplo de integralidad. En las villas es importantísimo intervenir en las viviendas porque son muy pocas las viviendas en las que se puede permanecer tal cual están, en cambio en los asentamientos es al revés, cuanto más antiguo es el asentamiento la intervención en vivienda es pequeñísima porque todo se centra en la cuestión dominial.

-¿Cuánto influyen las organizaciones sociales para generar un centro cultural, una salita de salud, un comedor?

-Es una buena pregunta. Cuando hay una organización muchas veces se defienden proyectos urbanos o se puede impedir si alguien quiere ocupar una canchita, o lo que estaba planificado para ser el medio de la calle. Hay organizaciones que tienen la capacidad de decir ‘vos no te venís acá porque en nuestro barrio queremos gente trabajadora’. Hay organizaciones que tuvieron la capacidad de poner sus propias reglas y de pelear con el Estado para conseguir el título o para que se pongan los servicios. La organización es muy importante pero lo que pasa es que no todas las políticas públicas pueden depender de que haya organizaciones.

-Hoy por hoy hay una mirada de derechos.

-Eso es muy importante. Te diría dos cosas. Existe esperanza en los asentamientos populares de que el Estado va a expropiar, va a vender, ellos van a poder comprar, van a pagar en cuotas, van a tener la chequera, sin embargo como hubo políticas contradictorias, la gente aun cuando hace treinta años que está, que paga la electricidad, el municipio hizo la calle, tienen agua con medidor, aun así duermen pensando que pueden ser desalojados. Ese trauma social que fueron los desalojos en la dictadura, se reactiva permanentemente con ejemplos de desalojo en capital y en el conurbano. La gente apuesta a un futuro, a mejorar el barrio pero también depende en qué contexto. Conocen más sus derechos, saben que hay políticas que regularizan, que se les otorga el título, luchan y saben que se puede lograr ser propietario, pero coexiste el miedo al desalojo. Hay una conciencia muy fuerte. Si el Estado da, después no se permite que el Estado retroceda. La gente sabe y está informada, sabe qué pasa en el otro lado de la ciudad porque está pendiente de eso.

Vía: http://estacionuntref.com/?podcast=los-habitantes-de-las-villas-son-personas-privadas-del-derecho-a-la-seguridad

Por Isaías Brizuela

El paisaje sonoro de las ciudades puede ser abrumador. El tráfico de automóviles; las máquinas de aire acondicionado incrustadas en las paredes de los edificios; las voces extendiendo sus conversaciones telefónicas al espacio compartido, todo compone una canción indescifrable pero constante: el ruido, la vida de una ciudad. 

Ingresar a las calles es como sumergirse en una piscina o en las profundidades del mar, pero, en vez de apagar los sonidos, las calles los encienden. Los movimientos de una ciudad están allí, en sus ruidos: cafés y restaurantes; mercados; obras en construcción; e incluso, los lugares comunes en sus conversaciones. Todo está ahí, hasta la naturaleza emergiendo delicadamente, casi imperceptible entre las máquinas, presente en el canto de un ave o en la copa de los árboles moviéndose por el influjo del viento. En el ruido de una ciudad hay una identidad imponiéndose, no amablemente.  La música puede convertirse en la banda de sonido del tránsito por una ciudad. De hecho, hay géneros definidos como urbanos. El tango lo fue en alguna época, retrato de una comunidad y fiel acompañante de las pistas de baile. El hip hop lo es actualmente, por los mismos motivos. La música está ahí, adaptándose a un territorio en mutación.  Esta selección reúne cinco géneros y estilos diferentes entre sí, en la búsqueda por acompañar las divergencias de una ciudad, desde las arquitecturas pasadas y presentes; hasta los espacios públicos cotidianos; desde las primeras horas de la mañana hasta la noche más profunda; en una ciudad no hay dos sitios iguales, de la misma forma, estas canciones no siempre tienen el mismo efecto. 

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Por Soledad Arenazza

Al igual que la mayoría de las constituciones sociales de mediados del siglo xx, la Constitución Argentina de 1949 consagró por primera vez el derecho a la vivienda y le asignó una función social al derecho de propiedad. Sin embargo, como nota distintiva de ese constitucionalismo al que perteneció, proscribió por primera vez a la discriminación basada en la raza. Esta prohibición, tomada de la Declaración Universal de Derechos Humanos sancionada en 1948, junto a las políticas de Estado que habían garantizado el acceso a la vivienda de la clase trabajadora durante décadas, se alterarían drásticamente a partir de 1976.

En términos generales, la dictadura cívico militar (1976-1983) adoptó un conjunto de medidas orientadas a expulsar a los sectores populares de la ciudad de Buenos Aires. El descongelamiento de los alquileres, la demolición de inmuebles ocupados como vivienda y la erradicación de las villas desalojaron a miles de personas de la ciudad, desplazándolas forzosamente al conurbano bonaerense. Como medida aún más extrema, miles de trabajadores migrantes que vivían en Argentina hacía décadas fueron deportados a sus países de origen. Paradójicamente, algunos medios de la época como la Revista Gente  cubrieron las deportaciones masivas en “trenes charter” como “el fin de una larga y difícil aventura”[1].

El imaginario de la dictadura quedó expuesto por el funcionario encargado de ejecutar el “plan integral de erradicación de villas” sancionado por la ordenanza municipal 33.652 en 1977: “(…) hay que definir una política de calidad para los habitantes (...) en estos últimos años hemos visto integrarse a nuestra geografía a esa población marginal de que le hablaba, de muy bajo nivel laboral. Nosotros solamente pretendemos que vivan en nuestra ciudad quienes están preparados culturalmente para vivir en ella (...) Concretamente: vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la merezca…[]”[2]. Esta frase de Del Cioppo le dio el título a un excelente libro del politólogo Oscar Oszlak: “Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano”. Con el verbo “merecer”, Oszlak logró condensar la lógica discriminatoria que guió a las políticas urbanas y de vivienda implementadas por la dictadura. Pero ¿quiénes eran los que no merecían o no tenían derecho a vivir en la ciudad?

Tras su experiencia de trabajo en Isla Maciel en 1966, el antropólogo Hugo Ratier acuñó la palabra “cabecitas” para llamar a una forma particular de racismo en Argentina, dirigido contra un sector de la población nativa cuya ascendencia mestiza se remonta al origen del poblamiento en el territorio argentino. En esta forma particular de racismo, el término “cabecita” sería utilizado por las clases medias y altas de Buenos Aires, junto a otros términos peyorativos y racistas como “aluvión zoológico” o “grasas”, para llamar a la nueva clase de trabajadores procedentes de las provincias que habían emigrado de sus pueblos y provincias natales para trabajar como peones, minifundistas y changarines. Sin embargo, el elemento que enfrentaba al “cabecita” con otros sectores sociales, como remarca Huber, provenía de su apoyo al peronismo: ser “negro” era ser peronista y viceversa.

Junto con la privación del derecho de la clase trabajadora a vivir en la ciudad, el cierre de las fábricas y su traslado al área metropolitana, así como el fomento del transporte privado por sobre el transporte público, restringieron su derecho a trabajar y a transitar por ella. A este conjunto de políticas fuertemente discriminatorias, fundadas en motivos de “raza” y “opinión política”, se sumaría la restricción del uso del espacio público con fines recreativos, culturales y políticos que negaría a los trabajadores su derecho a gozar de la ciudad.

Es evidente que las políticas urbanas de la dictadura tuvieron como objetivo reordenar espacialmente a esa misma clase social que el terrorismo de Estado aniquiló físicamente. Esto debería alertarnos ante un presente que nos enfrenta nuevamente a políticas de “merecimiento” de la ciudad, basadas en el origen nacional y popular o en la identidad política de las personas.

Pues de esto se trata, ni más ni menos, la suspensión de los programas vivienda[3], la subejecución de fondos destinados a la urbanización de las villas, los tarifazos de agua, luz y gas, la modificación a la Ley de Migraciones[4] -a fin de permitir la expulsión de personas migrantes posibilitando su detención desde el inicio del trámite de expulsión-, y la aprobación del “Protocolo de actuación en manifestaciones públicas”[5], -según el cual, el derecho de protesta pacífica debe recibir el tratamiento de una conducta delictiva cometida en fragancia-. Aunque esta vez, el elemento que enfrenta al “cabecita” con otros sectores sociales provenga de su apoyo al kirchnerismo.  

 [1] Revista Gente, Octubre de 1977

[2] Entrevista a Guillermo del Cioppo, Revista Competencia, marzo 1980, número 191.

[3] Resolución 61/2016 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación

[4] Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 70/2017

[5] Adoptado el 17/02/2016