#ituango

Transfer of ex-FARC combatants who remained in the ETCR of Ituango, went to a new space in Mutatá

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In buses and with the support of the Public Force, the 93 ex-combatants left the Territorial Training and Reincorporation Area (ETCR) of Santa Lucía in Ituango towards Mutatá.

They had arrived there since the laying down of weapons but were left in the middle of the conflict due to disputes by armed groups in the area that were assassinated by several reinstated

“The transfer was carried…

Une militante colombienne a dénoncé jeudi, lors de son passage à l'Assemblée nationale à l'invitation de Québec solidaire, un investissement de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans l’important projet de barrage Hidroituango. Elle associe la construction, située à 200 kilomètres au nord de Medellín, à des dommages écologiques, à des expropriations forcées et même à de présumés assassinats.

Isabel Zuleta, du Mouvement Rios Vivos, dit avoir grandi à Ituango, tout près du barrage hydroélectrique, dont les travaux se sont amorcés en 2010.

La CDPQCaisse de dépôt et placement du Québec a annoncé en janvier 2018 avoir consenti un prêt de 313 millions de dollars à l’entreprise Empresas Publicas de Medellín (EPM) pour le plus grand projet de production d’énergie de source renouvelable en Colombie à ce jour, de 5 milliards de dollars. La province d’Antioquia est également partenaire dans le mégaprojet.

El nombre de Ituango ha sido conocido por el tema del “megaproyecto” Hidroituango, del grupo empresarial EPM. Este proyecto obligó a decenas de familias a abandonar su hogar e irse a los albergues que el Gobierno dispuso en coliseos y colegios del municipio, otros se fueron del lugar, debido al aumento del rio Cauca y por los sismos que se presentaron en la zona.

Pero esto no ha sido el único episodio de desplazamiento que ocurre en Ituango. En Junio del año 1996, un grupo de 30 paramilitares entró al corregimiento de La Granja, en Ituango, sacaron a todos los varones y, acusándolos de guerrilleros, asesinaron en plena plaza a 30 personas. Torturaron y desplazaron a decenas de familias campesinas indefensas.

El 22 de Octubre, del año 1997, en el corregimiento de El Aro, ocurrió una de las peores masacres cometidas por los paramilitares, donde torturaron y asesinaron a sangre fría a 15 campesinos y desplazaron a cientos de personas más, quitándoles sus terrenos, su ganado, sus tierras.

En el 2001 hubo un enfrentamiento entre los paramilitares y la exguerrilla de las FARC. Esta es considerada la batalla perdida de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), ya que en ese enfrentamiento fueron derrotados 700 hombres del bloque minero de las AUC. Esto obligó a que más ituanguinos salieran del corregimiento, dejando en el pasado todo lo que habían conseguido con tanto esfuerzo, muchos de ellos trabajaban la tierra.  

Cuando los ituanguinos se preparan para regresar a sus tierras, olvidar el pasado tormentoso y exigir reparación del Estado, se les presentó el “megaproyecto” Hidroituango. Un proyecto que buscaba generar energías limpias, amigables con el medio ambiente, pero fue todo lo contrario.

Según varias organizaciones que actúan en Ituango, a los habitantes de Ituango no se les avisó con detalle del proyecto, ni se les dijo sobre sus consecuencias ambientales. Solo fueron a “endulzarles el oído” con proyectos no viables. También, varias personas expresan tener pruebas de la influencia de los paramilitares en Hidroituango.

Los daños ambientales empezaron a ocurrir en Abril del año 2018. Se presentó un taponamiento en los túneles de la represa, ocasionando el desborde el rio Cauca y obligando a evacuar a cientos de personas de los municipios aledaños del rio. Luego, con la subida del rio Cauca, se presentaron los primeros miedos a un rompimiento de la represa, que ocasionaría una ola tipo tsunami, dijo el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Después, se presentaron otros taponamientos y a la par ocurrieron los sismos, atrasando las obras de normalización.

Los asesinatos a los opositores del proyecto y líderes sociales no se hicieron esperar. En Mayo del 2018 es asesinado Luis Torres, integrante de la organización Ríos Vivos; Hugo Leal es asesinado poco tiempo después. Luego, el 26 de Junio, Abraham García es asesinado. Al otro día, Julio Cesar Secerquia es asesinado también; sin mencionar los otros casos que han quedado en el olvido, o no han sido registrados. Según la policía, las investigaciones están en proceso para esclarecer los hechos.

Todos estos hechos no permiten que los familiares de las víctimas puedan encontrar, en las fosas comunes, los restos de sus seres queridos. Las constantes amenazas a los presidentes de juntas de Acción Comunal, a integrantes de organizaciones ambientales, entre otros, han provocado el miedo de los ituanguinos, que los obliga a callar y esperar la “reparación” del Estado.

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