Una ley creada para combatir la corrupción no debería debilitar los controles que ayudan a prevenirla.
El Consejo de Estado ha cuestionado la reforma de la transmisión de participaciones sociales incluida en el Proyecto de Ley de Integridad Pública.
José Manuel Benítez, notario de Soria, analiza en este vídeo los riesgos de sustituir la intervención notarial previa por un documento privado con firma electrónica y una inscripción posterior en el Registro Mercantil.
La cuestión afecta a la identificación de quienes intervienen, la titularidad real de las sociedades, la prevención del blanqueo de capitales y la continuidad de las empresas familiares.
Pensemos en un caso cercano. Un padre fallece y deja a sus hijos las participaciones de su pequeño negocio. Mientras no se complete la inscripción, pueden surgir problemas para votar, administrar la sociedad, repartir beneficios o adoptar decisiones urgentes.
No es una disputa entre profesiones. Es decidir qué sistema protege mejor a las personas y evita que el problema se descubra cuando ya se ha producido el daño.
El vídeo diferencia el contenido del dictamen del Consejo de Estado, la interpretación jurídica del autor y las valoraciones políticas incluidas en la parte final.
