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🏡⚡ ¿Quién responde cuando un huésped muere electrocutado en la alberca de un condominio? La jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación lo tiene claro: la administración del condominio SÍ puede ser responsable civilmente por los daños ocurridos en áreas comunes —aunque no tenga personalidad jurídica—, siempre que se acredite su culpa o dolo en la omisión de sus deberes legales. En este trágico caso, una persona falleció al recibir una descarga eléctrica en un espejo de agua del área de la alberca. Los tribunales locales negaron la responsabilidad argumentando que “la administración no es sujeto jurídico”, pero eso es un error de fondo: no se necesita personalidad jurídica para ser responsable subjetivamente, sino que basta con haber incumplido un deber de cuidado. La Ley de Propiedad en Condominio de Guerrero impone a la administración la obligación expresa de vigilar, conservar y mantener en buen estado las áreas comunes. Si falló en ello —y esa falla causó la muerte—, debe responder.

⚖️📌 Este criterio refuerza un principio básico del derecho civil: quien tiene el deber de cuidar, responde por el daño que ocurre por su negligencia. No se trata de responsabilidad automática, sino de responsabilidad subjetiva: hay que probar que la administración actuó con culpa (por ejemplo, no hizo revisiones eléctricas, ignoró reportes de fallas, o no contrató personal calificado). Pero una vez acreditada esa omisión y su nexo causal con el daño, la falta de personalidad jurídica no es excusa. Este fallo protege a las víctimas y obliga a los administradores de condominios a tomar en serio su función: no son simples gestores, son garantes de la seguridad de quienes —residentes o visitantes— entran a esos espacios. Porque la vida de las personas siempre debe estar por encima de tecnicismos legales.

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⚖️👶 ¿Qué pesa más: el ahorro para la vejez de un padre… o el plato de comida de su hijo hoy? La jurisprudencia responde con firmeza: cuando un menor tiene hambre, el derecho a los alimentos prevalece, incluso sobre la inembargabilidad de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. En este caso, un juez negó el embargo de los fondos del deudor alimentario, amparándose en la ley secundaria que protege esos ahorros. Pero la justicia constitucional no puede ser rígida: cuando se enfrentan dos derechos fundamentales —la seguridad social del trabajador y el derecho a la vida, salud y desarrollo de un niño—, debe prevalecer el que protege la existencia inmediata e irremplazable de la infancia. Porque un niño no puede esperar a que su padre se jubile para comer, estudiar o tener acceso a la salud. Su necesidad es hoy. Es constante. Es urgente.

📌💡 Este criterio no elimina la protección del ahorro social, sino que la pone en perspectiva: la Constitución no declara esos fondos inembargables —eso lo hace la ley secundaria—, y ningún derecho legal puede estar por encima de un derecho humano fundamental de un menor. La seguridad social mira al futuro del trabajador; los alimentos miran al presente del niño. Y en esa tensión, el interés superior de la infancia —principio rector del sistema jurídico mexicano— exige ceder la protección patrimonial para garantizar el mínimo vital de quien no puede valerse por sí mismo. Permitir lo contrario sería convertir la ley en cómplice del abandono. Este fallo no solo corrige una omisión judicial: establece un precedente ético y jurídico: ningún ahorro, por legítimo que sea, puede ser un muro contra el derecho de un niño a vivir con dignidad.

👶⚖️ ¿El ahorro para la vejez es intocable, incluso cuando un niño pasa hambre? La jurisprudencia responde con un rotundo: no, no lo es. En este caso, una madre luchó por el derecho de su hijo menor a recibir la pensión alimenticia que el padre —deudor reincidente— se negó a pagar. El juez inicial negó el embargo de la subcuenta de retiro, amparándose en el artículo 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que declara esos fondos inembargables. Pero la justicia, interpretada con perspectiva de derechos humanos, no puede ser ciega: la protección del ahorro del trabajador no puede prevalecer sobre el derecho a la vida y la subsistencia de un niño. La Suprema Corte, mediante una interpretación conforme a la Constitución y al interés superior de la infancia, establece que esa inembargabilidad no es absoluta cuando está en juego el derecho alimentario de un menor.

🔐💡 El criterio no abre la puerta a embargos indiscriminados, sino que traza un camino excepcional, proporcional y escalonado: primero, se debe verificar que el deudor está realmente desempleado y sin otros bienes; luego, se debe agotar el embargo sobre las aportaciones voluntarias (solo lo que exceda 20 SMGV/año); y solo si eso no basta, podrá embargarse —con estrictos límites— la subcuenta de retiro: el equivalente a 75 días de salario o el 10% del saldo, lo que sea menor. Además, el pago debe hacerse semanalmente, asegurando la subsistencia inmediata del niño, no un desfalco total. Este fallo no debilita la seguridad social, la humaniza: reconoce que un fondo para la vejez no puede convertirse en un escudo para evadir responsabilidades parentales. Porque al final del día, proteger a la niñez no es una opción… ¡es una obligación constitucional!

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⚖️ ¡Un fallo que pone a las personas por encima de las cláusulas! En esta importante tesis jurisprudencial, La Corte reconoce que, aunque las aseguradoras puedan establecer coberturas distintas para viajeros y terceros, no es válido que esa distinción impida una reparación integral cuando el daño sufrido —como una fractura de columna por negligencia del conductor— excede el monto pactado. La jueza de primera instancia se equivocó al centrarse únicamente en la formalidad del registro de la póliza, ignorando el fondo del asunto: la obligación de garantizar la integridad y la justa indemnización de quienes sufren daños en el transporte público. El amparo concedido abre la puerta a un nuevo análisis que priorice los derechos humanos sobre tecnicismos contractuales.

💡Este criterio refuerza lo que ya establece la Ley de Movilidad de la CDMX: el seguro obligatorio debe proteger por igual a viajeros y terceros, sin importar la etiqueta que se les asigne en la póliza. Si el monto destinado a “viajeros” es insuficiente, debe aplicarse el monto más alto previsto —aun si es el de “terceros”— para asegurar una reparación completa. ¡Es un avance clave en la protección de los usuarios del transporte público y un recordatorio de que el derecho debe servir para reparar, no para limitar! 🙌

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