Reporte Ambiental

Cerrar el grifo al lavarse los dientes ahorra más de 1.400 litros al mes por persona. El resto de los gestos suma parecido.

El año 2025 ha representado para Chile un periodo de contrastes marcados en la gestión de su patrimonio natural. Se han observado avances significativos en términos normativos e institucionales, con un enfoque particular en la conservación de ecosistemas específicos como los bosques nativos, las áreas protegidas y los salares altoandinos. Sin embargo, los diagnósticos regionales revelan una persistente contradicción entre la creación oficial de figuras de protección y las transformaciones reales que ocurren en el territorio. Los especialistas coinciden en que, si bien se han dado pasos administrativos, la velocidad para materializar los compromisos climáticos sigue siendo insuficiente frente a las urgencias actuales.

La posible derogación de la Ley Provincial 1355, que prohíbe las salmoneras en Tierra del Fuego, encendió las alarmas entre los científicos y los miembros de organizaciones ambientalistas como Greenpeace. La norma fue creada con el objetivo de proteger ecosistemas frágiles como el Canal Beagle, los lagos y las lagunas fueguinas, considerados de alto valor ecológico y con una capacidad de recuperación limitada.

Parece que aquel optimismo de finales de 2015 se ha quedado en un recuerdo borroso. El mundo acaba de cumplir diez años desde que se ratificó el Acuerdo de París, ese pacto firmado un 12 de diciembre en la capital francesa durante la COP21 que prometía cambiar el rumbo del planeta. El objetivo sonaba ambicioso pero necesario: frenar el calentamiento global por debajo de los 2°C y, si se podía, no pasar de los 1,5°C respecto a la era preindustrial. Sin embargo, la realidad de hoy es que el planeta se calienta a una velocidad que da miedo y las promesas de aquel momento histórico se sienten cada vez más lejanas.

El redescubrimiento del pez capitán de la sabana (Eremophilus mutisii) en el humedal La Conejera renueva las esperanzas para una de las especies más emblemáticas y amenazadas del Altiplano Cundiboyacense. Este hallazgo no solo deja en evidencia cuán resiliente puede ser la biodiversidad, sino también cuánto falta en materia de conservación urbana.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín resolvió mantener la cautelar que protege los humedales de Nordelta. De esta forma, impide que la industria inmobiliaria siga avanzando sin límites sobre el hábitat de los carpinchos. Los jueces destacaron en su declaración que, sin reglas claras, el ecosistema y las especies que habitan allí quedarían expuestos a daños irreversibles. 

El Proyecto San Jorge, en Mendoza, se convirtió en un tema central de debate público por su potencial impacto sobre la seguridad hídrica de la provincia. La media sanción legislativa desató la preocupación del público y de las organizaciones socioambientales como Greenpeace Argentina, en especial después de que se denunciara que el proceso está avanzando sin la información ni la participación necesaria. 

La contaminación en San Nicolás ha vuelto a quedar expuesta con la publicación de nuevos análisis oficiales que detectaron tóxicos altamente peligrosos en zonas vinculadas a la planta de Atanor. Los resultados, llevados a cabo por organismos científicos y técnicos del país, no hacen más que confirmar los daños comprobados en julio pasado, por vertidos ilegales realizados por la empresa química. 

El agujero de ozono se cerró más temprano y fue el más pequeño de los últimos 5 años. Así lo confirmó el monitoreo satelital del sistema Copérnico llevado a cabo a principios de diciembre. No se trata solo un dato técnico: sino que es una muestra concreta de que las políticas internacionales funcionan cuando los países deciden tomarse en serio la crisis ambiental.

Mientras se acerca la fase final de la campaña presidencial, los temas socioambientales permanecen excluidos de las discusiones políticas, a pesar de que la nación ha sido golpeada en décadas recientes por una devastadora megasequía, inundaciones torrenciales y una intensidad creciente en los incendios forestales que han arrasado comunidades. En los documentos programáticos de los candidatos, la mención al “clima” es infrecuente si no va acompañada de una estrategia explícita. Similarmente, la “sustentabilidad” se usa a menudo, pero vinculada a conceptos como “inversión”, “hidrógeno verde” o “infraestructura”. El análisis de estos planes de gobierno revela un diagnóstico común: aunque la crisis ecológica está incluida en el discurso, no se profundizan los aspectos fundamentales. La mayoría de las propuestas se enfocan en los recursos hídricos y la energía, excluyendo, en casi todos los casos, la justicia ambiental, la biodiversidad y la participación ciudadana.

La fuerte explosión ocurrida anoche dentro del Polo Industrial de Spegazzini, en Ezeiza, dejó más de veinte personas heridas, además de daños en barrios cercanos y una columna oscura de humo que se extendió por varios kilómetros. Las causas todavía están bajo investigación, aunque los primeros datos apuntan a que el fuego podría haberse originado en instalaciones ligadas al almacenamiento de productos químicos, incluidos insumos y residuos asociados al sector de los agroquímicos, y que luego habría alcanzado otras firmas del complejo. Ese episodio vuelve a exponer una realidad conocida y aún incómoda. Desde Greenpeace Argentina señalan que, en el país, el riesgo derivado de los agrotóxicos no disminuye sino que se vuelve cotidiano, mientras las comunidades quedan viviendo a pocos metros de sustancias altamente peligrosas del modelo agroindustrial, guardadas en depósitos y otros espacios productivos sin la información ni los controles que deberían estar garantizados.

La encuesta realizada por Greenpeace Argentina mostró que la mayoría de los argentinos vincula directamente la protección de los bosques con la lucha contra el cambio climático. El estudio indica que el 86% considera que estos ecosistemas cumplen un rol decisivo frente a la crisis global, mientras que ocho de cada diez personas creen que el gobierno debería asumir un compromiso mayor para detener la deforestación. Los resultados aparecen en un momento complejo, con cifras que ubican al país entre los quince con mayor pérdida de cobertura forestal, un dato que ayuda a dimensionar el impacto ambiental que se arrastra desde hace años.

Hay individuos que consagran su vida a un asunto concreto. Y luego tenemos a Pablo García Borboroglu, el investigador argentino que hizo de la protección de los pingüinos un asunto internacional. Su labor ha protegido más de 13 millones de hectáreas de hábitat crucial para estas aves; es miembro del CONICET, fundador de la Global Penguin Society (GPS) y una autoridad global en ecología marina. Un éxito que no había sido logrado por ningún otro experto.

Decir que los glaciares del planeta están desapareciendo a la vista no es una exageración alarmista sino una constatación literal. Cada día, la ciencia identifica nuevos casos de masas de hielo que se derriten. Para peor, ese deshielo avanza a un ritmo cada vez más acelerado.

El aniversario número quince de la Ley de Glaciares volvió a poner en primer plano un proceso que atravesó debates legislativos, presiones corporativas y una movilización social constante. La norma, sancionada en 2010 después de años de reclamos encabezados por Greenpeace Argentina y más de 300 organizaciones en todo el país, se convirtió en un punto de ruptura: definió límites a la actividad extractiva y reafirmó que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce. Su trayectoria, marcada por avances y retrocesos judiciales, enfrentamientos con empresas mineras y decisiones políticas que nunca terminaron de estabilizarse, sigue abierta. Sobre todo ahora, cuando vuelve a circular la posibilidad de un decreto que reduciría las áreas protegidas. La historia de la ley es, al mismo tiempo, la historia de una resistencia larga y persistente.