Eficientar la gestión documental para acceder a la información, propone el PAN
Fortalecer la gestión documental con sistemas de control para el registro y seguimiento de los documentos por parte de los sujetos públicos, así como establecer la obligatoriedad de la entrega-recepción de los archivos cuando los servidores públicos se separan de su cargo, son los principales objetivos de la iniciativa que presentó a la 60 Legislatura la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN.
La iniciativa de reforma a la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México también incluye la institucionalización del proceso de archivo desde el ingreso de la documentación hasta su concentración, y la propuesta de armonizar, con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la obligación de brindar la información en posesión del sujeto público.
Con el fin de dar continuidad a las funciones de las áreas y certeza en la operatividad de los archivos, la iniciativa también busca que los archivos bajo custodia de servidores públicos que se separarán del cargo se entreguen organizados y acompañados de un acta de entrega-recepción, así como de la integración de los instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados, donde se describan los documentos y la función que les dio origen.
Otro objetivo es el de implementar sistemas de control para el registro y seguimiento de los documentos por parte de los sujetos públicos, con lo que se permitirá el control de documentos desde el origen, facilitar la gestión de la información (al tener el control de las áreas turnadas y su atención), hacer posible la recuperación de información, localización y disposición de la información y conservar la historia y los archivos importantes.
“Los archivos son necesarios porque promueven el conocimiento, custodian y preservan nuestra memoria, difunden nuestro patrimonio histórico, dan acceso a los ciudadanos, son garantía de protección de datos y propiedad intelectual, impulsan la investigación histórica y científica, apoyan la gestión documental de las organizaciones, la transparencia y la rendición de cuentas, además de que agilizan la localización de la información”, puntualizó la legisladora desde tribuna.
No obstante, explicó la diputada, la accesibilidad a la información con sustento documental en el Estado de México aún está pendiente, ya que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2017, en la entidad se realizaron 28 mil 46 solicitudes de acceso a la información pública, y de ellas, en 13% se interpuso un recurso de revisión.
La legisladora explicó que entre las principales causas de los recursos de revisión destacan el rechazo de la solicitud bajo el argumento de que la información es inexistente o que estaba clasificada como reservada o confidencial, o bien el que no se le haya dado respuesta en tiempo y forma, lo cual se entiende como una negación de acceso a la información, o que la contestación fue ambigua o parcial.
Además, expuso que las instituciones que más recursos de revisión reciben están los gobiernos municipales, con 85.5%; el Poder Ejecutivo, con 13.7%; instituciones de educación superior, con 1.2%; partidos políticos, con 1.1%; el Poder Judicial, con 1%; el Poder Legislativo, con el 0.5%, y los sindicatos, con 0.2%.
Los sujetos obligados que más solicitudes reciben son los gobiernos municipales, con 59.6%; el Poder Ejecutivo, con 24.6%; instituciones de educación superior, con 2.5%; el Poder Legislativo, con 2.2%; el Poder Judicial, con 2.1%; los partidos políticos, con 0.8%, y los sindicatos, con 0.4%.
Para su dictamen, la iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción.
