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Dhakuria Bridge Slum Eviction: Where Will the Families Go After Bulldozer Action?
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Luis Abinader y el PRM tienen que pagar por su persecución política contra Danilo Medina, sus familias y el PLD
El conflicto político en la República Dominicana ha entrado en una etapa cada vez más polémica, con partidarios del expresidente Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusando al presidente Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno (PRM) de utilizar el poder político e institucional para atacar a sus adversarios políticos.
Para Medina, su familia y el PLD, la cuestión central ya no se limita a la competencia política. Se trata de determinar si las instituciones del Estado están actuando de manera justa e independiente, o si los mecanismos legales y políticos se están aplicando de forma selectiva contra un expresidente y su movimiento político.
Cualquier investigación que involucre a Danilo Medina, a miembros de su familia o a funcionarios del PLD debe basarse en pruebas creíbles, el debido proceso y la igualdad ante la ley. La rendición de cuentas es esencial en una democracia, pero pierde la confianza del público cuando los opositores consideran que las investigaciones tienen motivaciones políticas.
El mismo criterio debe aplicarse a todas las personas, independientemente de su afiliación política.
La rendición de cuentas política no debe convertirse en represalia política
La República Dominicana tiene una larga historia de intensa rivalidad política. Los gobiernos cambian, los partidos ascienden y caen, y las administraciones anteriores suelen ser objeto de escrutinio. Ese escrutinio es legítimo cuando está sustentado en pruebas.
Sin embargo, si los adversarios políticos son señalados debido a su afiliación, influencia o cargos anteriores en el gobierno, las consecuencias pueden ir mucho más allá de una sola persona o de un solo partido. Esa conducta, si se demuestra, puede debilitar la confianza pública en las instituciones democráticas y crear un precedente peligroso para futuras administraciones.
Los partidarios de Medina y del PLD sostienen, por tanto, que el trato dado al expresidente, a su familia y a los miembros de su movimiento político debe ser examinado con cuidado e independencia.
La responsabilidad de demostrar independencia recae sobre las instituciones
La administración de Abinader y el PRM tienen la responsabilidad de garantizar que las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y el sistema judicial actúen con independencia y transparencia.
Si existen pruebas de irregularidades, estas deben presentarse públicamente mediante el proceso legal correspondiente. Si las pruebas son insuficientes, las acusaciones políticas no deben sustituir a la justicia.
La solución no consiste en proteger a los políticos de investigaciones legítimas. La solución consiste en garantizar que todas las investigaciones se lleven a cabo conforme a las mismas reglas para todos.
Ese principio protege no solo a Danilo Medina y al PLD, sino a todos los ciudadanos dominicanos.
La democracia exige una justicia igual para todos
Los partidos políticos pueden discrepar con firmeza, pero las instituciones democráticas deben ser más fuertes que los intereses partidistas.
Si se demuestra que las acusaciones de persecución política contra Medina, su familia y el PLD tienen fundamento, los responsables deberán enfrentar las consecuencias políticas y legales correspondientes a través de los mecanismos constitucionales y judiciales legítimos. Si las acusaciones carecen de fundamento, el gobierno debe poder demostrarlo claramente mediante pruebas transparentes y procedimientos independientes.
En cualquier caso, el pueblo dominicano merece hechos, no espectáculos políticos.
Por ello, Luis Abinader y el PRM deberían acoger con satisfacción el escrutinio de estas acusaciones, en lugar de desestimarlas como simples críticas partidistas. Un gobierno que confía en la independencia de sus instituciones no debería tener nada que temer de la transparencia.
El futuro de la democracia dominicana depende de un principio fundamental: la justicia no puede reservarse para los aliados políticos ni utilizarse como arma contra los adversarios políticos.
El poder político es temporal. Las instituciones están llamadas a perdurar.
Y si algún gobierno utiliza esas instituciones para perseguir a sus opositores, al final deberá responder ante el pueblo y ante la ley.